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Nacionales - 07-02-2018 / 10:02
NACIÓN DIO PLAZO HASTA AL 30 DE JUNIO PARA QUE HOMOLOGUEN LOS DATOS

Gobernadores reclaman mayor presupuesto para cubrir déficit de las cajas jubilatorias

Gobernadores reclaman mayor presupuesto para cubrir déficit de las cajas jubilatorias
La ley prevé $ 17.000 millones para cubrir el rojo de los 13 distritos que no trasladaron la caja. El Gobierno impuso hasta al 30 de junio para que homologuen los datos. La intención del gobierno de Macri es llevar a todas las provincias al régimen Anses disminuyendo ampliamente el aporte y el porcentaje de jubilación, aumentando la edad jubilatoria a más de 65 años y únicamente contando con los últimos 10 años como referencia de aporte para el cálculo jubilatorio, pasando del 82% a un 52% de jubilación.
Con la orden del presidente Mauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio puso en marcha a su equipo para avanzar en la armonización de las 13 cajas jubilatorias provinciales que no están transferidas a la Nación. Un balance económico poco claro y poco transparente, ya que no es de fácil acceso.
 
Para ello, se reunieron ayer con los titulares y representantes de las carteras de Economía, Hacienda y Finanzas de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego y le volvieron a poner fecha límite para la entrega de datos.
 
"A la provincia que para el 30 de junio no haya entregado los datos necesarios para hacer la simulación del déficit, se le congelarán los anticipos automáticos", explicaron desde el Gobierno nacional. La decisión de poner ese plazo responde a la "necesidad" de contar con un dato que certifique el envío de dinero.
 
El sistema recrea un déficit de cómo quedaría la caja si, en vez de estar con pautas provinciales, estuviera con las de Nación. En función de eso simulan cuál sería el déficit de cada uno de los distritos por afuera de las transferencias automática.
 
El presupuesto 2018 es de $ 17.000 millones, de los cuales $ 12.000 millones son trasferencias automáticas y el resto queda para cubrir los déficit. El problema es que, teniendo en cuenta la inflación y que sólo Córdoba ya piensa en un rojo de más de $ 6000 millones para este año, los números no cierran, por lo menos para los ministros de Hacienda provinciales.
 
"La sensación que tenemos es que no van a alcanzar los fondos y vamos a entrar en una carrera en donde cobrará el que primero llegue", explicó uno de los ministros provinciales que participó del encuentro. "Está bastante claro para todos nosotros las provincias que van a tener que hacer una ampliación presupuestaria porque si no no van a poder cubrir la deuda", agregaron otros ministros.
 
Desde el Gobierno de los CEOs se defienden y aseguran que "sin los números, es imposible saber si nos alcanza o no. Puede ser que alcance o no, pero para eso necesitamos hacer las simulaciones". Mientras tanto, este viernes comenzarán reuniones entre Interior y cada una de estas provincias para trabajar cada caso por separado con la mirada puesta en el 30 de junio.
 
Por otro lado, las provincias se llevaron la promesa de revisar en abril la deuda entre lo que se transfirió automáticamente y el déficit a cubrir desde enero de este año, y de ahí revisarlo trimestralmente. Los últimos dos años esto se hizo en diciembre, por lo que las provincias recién ahí recuperaban la diferencia del pago de las jubilaciones.
 
La Opinión Popular

 
BUSCAN QUE LOS GOBERNADORES CALCULEN SU DÉFICIT TOTAL ANTES DE MITAD DE AÑO Y PAGAR TRIMESTRALMENTE
 
El Gobierno cortará en junio los giros automáticos para cajas jubilatorias provinciales
 
El Gobierno nacional dará tiempo hasta junio para que las provincias envíen la información que permita calcular con exactitud cuál es el déficit de caja previsional que deberá cubrir la administración nacional.
 
Ayer funcionarios del Ministerio del Interior anticiparon a representantes de trece gobernaciones que ese será el último mes en que continuará con el envío de fondos automático. Este año el presupuesto nacional incluye 8.000 millones de pesos para estas transferencias a los gobernadores.
 
En el encuentro de ayer, el primero del año por este motivo, los funcionarios enviado por Rogelio Frigerio, el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero acordaron con las trece provincias una agenda para que agenda de trabajo conjunto para que "cada jurisdicción aporte las informaciones requeridas antes del 30 de junio para definir el déficit de sus cajas jubilatorias".
 
El problema radica en que en algunas provincias el "rastreo" de datos hacia atrás cuenta con cierta dificultad por lo que no es posible cumplir con el pliego de requerimientos que Anses busca para hacer el cálculo en cada provincia. Cuatro de las trece gobernaciones en cuestión aún no pudieron mandar ningún dato, otro grupo envió información aunque incompleta y sólo Córdoba pudo completar el trámite.
 
El Presupuesto 2018 estipula unos $8.000 millones para cubrir los giros estándar a provincias
 
Actualmente el modo en que la Nación fue cubriendo el año pasado las cajas jubilatorias fue a través de envíos automáticos "estándar" a cada jurisdicción. La tarea de las gobernaciones, de acuerdo a la ley de Reparación Histórica, era realizar una suerte de "simulacro" para calcular cuánto debería pagar en jubilaciones cada distrito en el caso de que sea cada administración provincial la que se haga cargo de esa erogación.
 
Pero desde mitad del año pasado varias provincias avisaron que los requerimientos de datos eran demasiado exigentes para algunos de sus sistemas. La Anses, por eso, entregó ayer un documento particular para cada provincia con la información que le falta en cada caso.
 
En los próximos días se emitirá un decreto reglamentario que estipulará el último día de junio como límite para rendir esos datos. Si alguna provincia no cumple hasta esa fecha, la Nación cortará el giro de fondos automático.
 
La idea del Gobierno nacional, para las provincias que vayan normalizando su situación, es poner en marcha un esquema de pagos trimestrales. De esa forma, en abril, ya con los datos de los primeros tres meses del año, se enviaría el primer pago del año.
 
"Desde el Gobierno nacional se continuará trabajando con cada jurisdicción y se pautaron reuniones puntuales entre los equipos técnicos nacionales y provinciales para avanzar en la materia", concluyó un comunicado enviado ayer por el Ministerio del Interior.
 
Para este año el presupuesto estipula unos 8.000 millones de pesos sólo para cubrir los envíos automáticos. Una vez que se conozca realmente el déficit que debe cubrir la Nación esa cifra podría modificarse. El año pasado Hacienda destinó 10.851 millones de pesos en concepto de transferencias corrientes a provincias para la seguridad social.
 
Por Mariano Boettner
 
Fuentes: BAE Negocios y El Cronista
 

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21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
21-02-2018 / 11:02
La marcha contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno de Mauricio Macri promete ser multitudinaria. El sector combativo de la CGT y las dos CTA son los convocantes. No será la primera movilización contra la alianza Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.
 
El gobierno de Macri ha intentado por todos los medios desmerecer las razones de la convocatoria como una forma de reducir el caudal de participación popular. El número de gremios que decidieron no participar de la movilización fue difundido por los grandes medios ultra macristas como Clarín, La Nación e Infobae, a modo de presagio negativo de la magnitud de la marcha.
 
Sin embargo, la estrategia macrista sucia anti-Moyano comienza a generar ruido en todo el sindicalismo. En su afán por aislar al líder camionero, el macrismo incurrió en prácticas que el resto de la CGT teme se puedan trasladar al resto de las organizaciones, incluidas las "Macri friendly". El temor compartido por los "gordos", los grandes gremios de servicios e "independientes", colaboracionistas con todos los gobiernos, es que las presiones oficiales sobre el camionero se vuelvan un boomerang contra el resto del sindicalismo.
 
De todos modos y más allá de esta situación gremial, lo real es que el grado de desmoronamiento de la economía llevará no solo a partidos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos sino también a gente sin una afiliación definida a participar de esta concentración.
 
La marcha cuenta con el aval del Consejo Directivo de una CGT en crisis, acordada con las dos CTAs, siendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno de los principales sindicatos de esas centrales. Además participará la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene en Sergio Palazzo de Bancarios uno de sus principales referentes.
 
La Ctera, el gremio mayoritario en docentes a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires a través de Suteba está iniciando la pelea salarial contra el techo del 15% que propone María Eugenia Vidal en las paritarias, también será de la partida.
 
Los movimientos sociales ligados a la conducción espiritual del Papa Francisco también saldrán a protestar: se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
 
El peronismo, que intenta superar su crisis con iniciativas de reunificación, sumará columnas desde el conurbano bonaerense: Gustavo Menéndez, que está al frente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, convocó a participar. Un sector del PJ apuesta a que una movilización masiva contribuya a consolidar una oposición al Gobierno de Macri para el 2019. La intranquilidad del macrismo, los grandes medios oficialistas y el establishment económico es manifiesta.
 
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20-02-2018 / 18:02
20-02-2018 / 13:02
El "pañuelazo" convocado por la Campaña por el Derecho al Aborto reunió a miles de mujeres y centenares de hombres de distintas generaciones. En redes, #AbortoLegalYa fue tendencia mundial. Protestaron frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.
 
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una jornada de reclamos en favor a la interrupción del embarazo que incluye un "pañuelazo" frente al Congreso. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia", es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres.
 
La exigencia es de "aborto legal ya" a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientos de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año. Según Amnistía Internacional, en la Argentina se realizan casi medio millón de abortos por año.
 
La socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, afirmó: "Las mujeres y las identidades disidentes hemos avanzado mucho en visibilidad en el último tiempo y eso es fruto de la enorme lucha que venimos llevando hace décadas. Sin embargo, todavía falta que ese avance en la agenda mediática se materialice en derechos concretos y la responsabilidad de ello lo tienen quienes están sentados en los recintos del Congreso y en la Casa Rosada".
 
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