La Opinión Popular
                  06:32  |  Martes 22 de Mayo de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha”. CGT de los Argentinos, 1 de mayo de 1968
Recomendar Imprimir
Entre Ríos - 05-02-2018 / 17:02
RODRÍGUEZ SIGNES RESPALDARÍA LA POSTURA DEL PROCURADOR GENERAL GARCÍA, LUEGO DEBERÁ RESOLVER EL STJ

La Fiscalía de Estado rechazaría la presentación de Arralde sobre el Ministerio Público Fiscal

La Fiscalía de Estado rechazaría la presentación de Arralde sobre el Ministerio Público Fiscal
Según fuentes gubernamentales, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes rechazará el planteo del radical Arralde y esto implicará un respaldo al Procurador General Jorge Amílcar García. Foto: Blas García para La Opinión Popular
El ex constituyente Juan Carlos Arralde hizo un planteo de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal referida al llamado de los concursos internos para ocupar cargos de fiscales auxiliares.
 
Si bien la cuestión de fondo la terminará por resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Fiscalía de Estado como representante de los intereses de la Provincia debe posicionarse al respecto de manera previa.
 
Según fuentes gubernamentales, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes rechazará el planteo del radical Arralde y esto implicará un respaldo al Procurador General Jorge Amílcar García. La Fiscalía de Estado tiene hasta el 23 de febrero para emitir su opinión. El máximo órgano judicial resolverá si el artículo N° 50 de la Orgánica es o no constitucional.

 
En los últimos días de febrero vence el plazo para que la Fiscalía de Estado, órgano encargado de defender los intereses del Estado entrerriano, responda la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde contra un artículo de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal que permite realizar concursos internos para ocupar cargos de fiscales auxiliares.
 
Fuentes del Gobierno adelantaron que el organismo que comanda Julio Rodríguez Signes rechazará la presentación de inconstitucionalidad y apoyará el criterio del Procurador Jorge Amilcar García, quien defiende los concursos que no pasan por el Consejo de la Magistratura. El plazo para responder la demanda finaliza el 23 de febrero.
 
Esta controversia judicial comenzó el 13 de noviembre de 2017, cuando el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde, en representación de la abogada Delfina Valeria Geist, quien aspira a convertirse en fiscal de Federación, promovió una demanda de inconstitucionalidad para invalidar las propuestas de designación de 15 fiscales auxiliares en la provincia, con el argumento de que no habían sido sometido al concurso público que debe realizar el Consejo de la Magistratura, asegurando que es el organismo constitucional competente para tomar los exámenes, seleccionar y otorgar puntaje a los aspirantes a los cargos judiciales, publicó Entre Ríos Ahora.
 
La presentación cuestiona el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece que los cargos de fiscales y defensores auxiliares no se cubren mediante el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura, según lo fija el artículo 182° de la Constitución.
 
Para el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García el recurso de inconstitucionalidad presentado por Arralde es inadmisible. En una presentación que formuló el 27 de noviembre de 2017, defendió los concursos internos del Ministerio Público Fiscal para los cargos de fiscales auxiliares. Argumentó que "la ley que rigió desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema adversarial, (decreto 4.384, ratificado por Ley 10.049), consideró que las tareas investigativas que realizaba por delegación el fiscal auxiliar, -igual que en su ámbito el defensor auxiliar-, eran las correspondientes a la jerarquía de secretario del antiguo sistema, y que el sistema de designación de los mismos no era igual que el de los restantes magistrados, en el sentido que no requerían su tramitación ante el Consejo de la Magistratura".
 
El 6 de diciembre de 2017, un tribunal especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que interpuso el exconvencional y ordenó al Senado y al Poder Ejecutivo la suspensión de las audiencias públicas "hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxiliares tramitado bajo expediente Nº 12.206".
 
La decisión fue firmada por el vocal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, junto a los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik. Estos últimos debieron integrar el tribunal ya que ocho restantes vocales del STJ se excusaron.
 
Así, el Senado suspendió las audiencias para los siguientes aspirantes a fiscales auxiliares: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.
 
La Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Estado entrerriano, fue notificada de la decisión del Tribunal el miércoles 20 de diciembre de 2017 y que el plazo para responder la demanda de inconstitucionalidad finaliza el viernes 23 de febrero. Fuentes del Gobierno adelantaron que la Fiscalía a cargo de Julio Rodríguez Signes seguramente apoyará el criterio adoptado por el Procurador General Jorge Amilcar García, es decir: rechazará que se declare inconstitucional el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
 
Luego del descargo de la Fiscalía de Estado, el STJ deberá definir sobre la cuestión de fondo: ¿es constitucional o inconstitucional el artículo N° 50 de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal?
 
Fuente: Análisis Digital 
 

Agreganos como amigo a Facebook
21-05-2018 / 12:05
15-05-2018 / 16:05
15-05-2018 / 09:05
14-05-2018 / 21:05
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó lo que ya se daba por descontado. El préstamo stand-by que le ofrece al gobierno de Mauricio Macri (cuyos montos y detalles son guardados bajo siete llaves) está atado a una serie de conocidas instrucciones que deberán inexorablemente cumplir.
 
Estas son reducción del déficit fiscal, disminución de empleados públicos, reducción de jubilaciones y planes sociales, disminución de las transferencias a las provincias y municipios, mayor apertura comercial a las importaciones, liberalización financiera y profundización de las reformas laborales: abaratando el despido, fomentando el empleo temporario y limitando las negociaciones paritarias.
 
Qué decir que ya no se sepa. Esta política de paulatina pérdida de la soberanía y de manos libres al FMI para intervenir en nuestros asuntos internos es una calesita que nos lleva a los viejos lugares del fracaso. Otra vez la sensación de "esto ya lo vivimos": devaluación, inflación más recesión, sin crecimiento y destrucción del aparato productivo. El "mercado" -ese conjunto de atorrantes- manda en el reino de la especulación, mientras comercios, pymes e industrias bajan sus persianas. Es el esplendor de la mala praxis neoliberal.
 
Cuando estaban ensoberbecidos por los focus groups, que los mostraban ganadores hasta 2027 no le daban bola a nadie. De pronto, como una espada de Damocles, aparece el fantasma de la crisis de 2001. La palabra "corralito", tímida, se cuela en las conversaciones y hasta su ideólogo, Domingo Cavallo, vuelve a la fama en los canales de televisión afines al Gobierno.
 
Ahora, ante la crisis, Macri se acordó de los gobernadores del PJ y los convocó, le pidió apoyo o silencio respecto del acuerdo con el FMI. En la reunión, mediante una sutil presión política, sobrevoló el chantaje del recorte de los recursos financieros de la Nación. Pero también la zanahoria de la obra pública y la promesa de "no entorpecer" las aspiraciones reeleccionarias de aquellos gobernadores que aspiran y pueden seguir en su cargo en 2019.
 
Los gobernadores del PJ lo escucharon y comprometieron apoyo, pero ninguno de ellos lo hizo luego en público al retirarse de la Casa Rosada. Ese silencio es político: busca evitar que el Presidente les traslade el costo ante la sociedad de haber recurrido al sometimiento del país a la voluntad absoluta del Fondo Monetario, que equivale prácticamente a la supresión formal del derecho de autodeterminación de nuestro pueblo.
 
Así las cosas, el gobierno de Macri no ha podido articular un nuevo "relato" que le permita recuperar algo de terreno político y de imagen perdida que reflejan todas las encuestas. Lo que ha hecho es: minimizar la crisis, minimizar la duración, minimizar el impacto social y minimizar las exigencias que impondrá el FMI. Un verdadero disparate.
 
La Opinión Popular

13-05-2018 / 10:05
NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar