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Entre Ríos - 05-02-2018 / 17:02
RODRÍGUEZ SIGNES RESPALDARÍA LA POSTURA DEL PROCURADOR GENERAL GARCÍA, LUEGO DEBERÁ RESOLVER EL STJ

La Fiscalía de Estado rechazaría la presentación de Arralde sobre el Ministerio Público Fiscal

La Fiscalía de Estado rechazaría la presentación de Arralde sobre el Ministerio Público Fiscal
Según fuentes gubernamentales, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes rechazará el planteo del radical Arralde y esto implicará un respaldo al Procurador General Jorge Amílcar García. Foto: Blas García para La Opinión Popular
El ex constituyente Juan Carlos Arralde hizo un planteo de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal referida al llamado de los concursos internos para ocupar cargos de fiscales auxiliares.
 
Si bien la cuestión de fondo la terminará por resolver el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la Fiscalía de Estado como representante de los intereses de la Provincia debe posicionarse al respecto de manera previa.
 
Según fuentes gubernamentales, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes rechazará el planteo del radical Arralde y esto implicará un respaldo al Procurador General Jorge Amílcar García. La Fiscalía de Estado tiene hasta el 23 de febrero para emitir su opinión. El máximo órgano judicial resolverá si el artículo N° 50 de la Orgánica es o no constitucional.

 
En los últimos días de febrero vence el plazo para que la Fiscalía de Estado, órgano encargado de defender los intereses del Estado entrerriano, responda la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde contra un artículo de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal que permite realizar concursos internos para ocupar cargos de fiscales auxiliares.
 
Fuentes del Gobierno adelantaron que el organismo que comanda Julio Rodríguez Signes rechazará la presentación de inconstitucionalidad y apoyará el criterio del Procurador Jorge Amilcar García, quien defiende los concursos que no pasan por el Consejo de la Magistratura. El plazo para responder la demanda finaliza el 23 de febrero.
 
Esta controversia judicial comenzó el 13 de noviembre de 2017, cuando el ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde, en representación de la abogada Delfina Valeria Geist, quien aspira a convertirse en fiscal de Federación, promovió una demanda de inconstitucionalidad para invalidar las propuestas de designación de 15 fiscales auxiliares en la provincia, con el argumento de que no habían sido sometido al concurso público que debe realizar el Consejo de la Magistratura, asegurando que es el organismo constitucional competente para tomar los exámenes, seleccionar y otorgar puntaje a los aspirantes a los cargos judiciales, publicó Entre Ríos Ahora.
 
La presentación cuestiona el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece que los cargos de fiscales y defensores auxiliares no se cubren mediante el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura, según lo fija el artículo 182° de la Constitución.
 
Para el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García el recurso de inconstitucionalidad presentado por Arralde es inadmisible. En una presentación que formuló el 27 de noviembre de 2017, defendió los concursos internos del Ministerio Público Fiscal para los cargos de fiscales auxiliares. Argumentó que "la ley que rigió desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema adversarial, (decreto 4.384, ratificado por Ley 10.049), consideró que las tareas investigativas que realizaba por delegación el fiscal auxiliar, -igual que en su ámbito el defensor auxiliar-, eran las correspondientes a la jerarquía de secretario del antiguo sistema, y que el sistema de designación de los mismos no era igual que el de los restantes magistrados, en el sentido que no requerían su tramitación ante el Consejo de la Magistratura".
 
El 6 de diciembre de 2017, un tribunal especial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a una medida cautelar de no innovar que interpuso el exconvencional y ordenó al Senado y al Poder Ejecutivo la suspensión de las audiencias públicas "hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxiliares tramitado bajo expediente Nº 12.206".
 
La decisión fue firmada por el vocal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, junto a los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik. Estos últimos debieron integrar el tribunal ya que ocho restantes vocales del STJ se excusaron.
 
Así, el Senado suspendió las audiencias para los siguientes aspirantes a fiscales auxiliares: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.
 
La Fiscalía de Estado, que representa los intereses del Estado entrerriano, fue notificada de la decisión del Tribunal el miércoles 20 de diciembre de 2017 y que el plazo para responder la demanda de inconstitucionalidad finaliza el viernes 23 de febrero. Fuentes del Gobierno adelantaron que la Fiscalía a cargo de Julio Rodríguez Signes seguramente apoyará el criterio adoptado por el Procurador General Jorge Amilcar García, es decir: rechazará que se declare inconstitucional el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
 
Luego del descargo de la Fiscalía de Estado, el STJ deberá definir sobre la cuestión de fondo: ¿es constitucional o inconstitucional el artículo N° 50 de la Orgánica del Ministerio Público Fiscal?
 
Fuente: Análisis Digital 
 

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21-02-2018 / 11:02
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20-02-2018 / 17:02
El sermón en la misa de cuerpo presente es la que se dice estando el cadáver del difunto expuesto y preparado para llevarlo después al entierro. Es lo que escuchó el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, del discurso de Bordet en la Asamblea Legislativa, en donde el gobernador le recriminó que le dejó más deudas que haberes.
 
El repaso del mandatario fue contundente: la batería de anuncios fue un examen que puso blanco sobre negro de cómo heredó Bordet la provincia de manos de Urribarri. Garantizar el agua potable, caminos, puertos y una inversión en energía, y el arreglo de la Caja de Jubilaciones, son metas que apuntan a corregir lo que no se hizo en el gobierno anterior.
 
La construcción de las defensas sur y norte en Concordia y Concepción del Uruguay son obras emblemáticas de un trabajo articulado entre Nación y provincia, botón de muestra de que hay cosas que se pudieron hacer, pero que nunca se hicieron a pesar de esos años de bonanza y de la estrecha relación de Urribarri con el gobierno de Cristina.
 
Sin darse por aludido, Urribarri puso esa extraña cara que ponen los perritos cuando "le hacen el amor", e imperturbable seguía el repaso de los problemas, que no son otra cosa que las grandes deudas de su gestión y lo que quedó sin saldar de su "sueño entrerriano", del que ahora deberá dar explicaciones ante la Justicia.
 
En la Asamblea, Urribarri sintió el sabor áspero del ostracismo. El tiempo que prometió Bordet en su discurso, es un futuro que para Urribarri es cada vez más incierto. Por ahora respira tranquilo, ya que cuenta con los votos necesarios como para garantizar sus fueros.
 
Para Urribarri, éstas no fueron las únicas horas adversas de la semana. La Justicia provincial dispuso un embargo de 26 millones de pesos, en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los 24 millones de pesos. Ante una acusación cuyo primer efecto fue el escándalo, el ex gobernador eligió victimizarse, una respuesta de manual para estos casos, pero que no tiene validez siempre.
 
La noticia despertó el interés por el nuevo rumbo que tomó la interna del PJ provincial, con el gobernador fortalecido dentro del Partido y un proyecto de continuidad, y el ex gobernador reculando en chancletas. Tal vez no sea esto definitivo, pero se generó un nuevo clima de transición.
 
Fue llamativo el silencio, tanto del gobernador como del vice, frente a la denuncia que involucró al padrino político de ambos. Las lealtades se miden en las malas porque en las buenas es fácil acompañar. Y Urribarri quedó más solo que loco malo, justo en el momento en que buena parte de la dirigencia nacional del PJ se encamina a la unidad.
 
La necesidad de candidatos para el 2019 con el sello "libre de denuncias", en un partido donde varios de sus referentes tuvieron o tienen que dar explicaciones en la Justicia, hoy es fundamental.
 
La Opinión Popular

20-02-2018 / 10:02
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