reducción de transferencias federales" este año y por ello también deberán endeudarse más.
 
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                  00:01  |  Jueves 22 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
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"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
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Nacionales - 05-02-2018 / 09:02
ALGUNOS DISTRITOS YA AJUSTAN VALUACIONES FISCALES Y ALÍCUOTAS DE ESOS TRIBUTOS

Provincias apuran impuestazos inmobiliarios para compensar bajas de Ingresos Brutos

Provincias apuran impuestazos inmobiliarios para compensar bajas de Ingresos Brutos
OTRO AGUJERO EN EL BOLSILLO DE LA CLASE MEDIA. Los incrementos en el revalúo de las propiedades implicará que todo el mundo ahora va a ser millonario y entonces va a tener que pagar el impuesto a la riqueza o bienes personales. Los avalúos inmobiliarios que ya están realizando las provincias, con ajustes récord de hasta el 900% en Buenos Aires, generarán un aumento en la presión impositiva sobre la clase media que tendrá que pagar más al fisco a partir de 2019, un año electoral. El Gobierno de Macri elevó el 2 de enero de 950.000 pesos a 1.050.000 pesos (10,5%) el piso no imponible para 2018, que se paga en 2019. Ese piso equivale a unos 52.500 dólares, dinero con el que se puede comprar un departamento de uno o dos ambientes en un barrio modesto.
La reducción obligada por el gobierno de Mauricio Macri de alícuotas de Ingresos Brutos incluida en el Consenso Fiscal que firmaron la Casa Rosada y los gobernadores exige a algunas provincias a ajustar el nivel de tributación que tienen sobre los inmuebles.
 
En el caso bonaerense, el revalúo fiscal se tradujo en un incremento promedio en el impuesto inmobiliario urbano de 56% aunque en otros casos llega al 900% de reajuste.
 
Otras provincias también están implementando aumentos en el impuesto que grava las propiedades, en algunos casos sólo como actualización inflacionaria y otros en magnitudes más grandes e incluso en algunos distritos ya disparó conflictos con organizaciones rurales o con intendentes, que en algunas provincias tienen la potestad de recaudar el impuesto urbano.
 
De acuerdo a información que manejan en la Casa Rosada, cinco provincias ya implementaron cambios en sus valuaciones o alícuotas mientras el resto espera a las sesiones extraordinarias de sus parlamentos locales para avanzar.
 
El pacto fiscal rubricado con casi todos los gobernadores en noviembre del año pasado implica cambios en las estructuras tributarias de las provincias. Por un lado, se dispuso una reducción paulatina en alícuotas de Ingresos Brutos (para algunos rubros desaparecerá el impuesto) mientras que el documento propone ajustar a nivel de mercado las valuaciones fiscales, para que las administraciones provinciales amplíen su base imponible para los tributos a las propiedades.
 
Para eso, el Gobierno buscará que un organismo federal tenga acceso a registro catastrales provinciales para coordinar los recálculos. Esa base imponible será gravada con los nuevos cuadros de tasas del impuesto inmobiliario, que se dividen en: urbano edificado, urbano baldío, rural, suburbano, subrural, rural y secano, dependiendo de cada provincia.
 
Este avalúo de 2018 llevará a que millones de familias que tienen una vivienda única en la que residen y un auto de gama media, tengan que comenzar a pagar Bienes Personales en 2019. Se trata de un impuesto que apuntó a que los ricos tributen por lo que tienen registrado. Pero las decisiones políticas del gobierno de Macri, hará que ahora recaiga sobre personas que antes no lo pagaban y no porque se hayan vuelto millonarios, como los funcionarios de Macri.
 
Por otra parte, ante la caída de transferencias nacionales, los gobernadores se ven obligados a reajustar los tributos provinciales para mantener los ingresos. Según un estudio de la calificadora de riesgo Moody's, las provincias sufrirán una "reducción de transferencias federales" este año y por ello también deberán endeudarse más.
 
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De acuerdo a información del Ministerio del Interior, hasta el momento 15 provincias aprobaron en sus legislaturas el Consenso Fiscal. Otras 8 esperan las sesiones de febrero y San Luis no firmó el pacto.
 
Según el diagnóstico oficial, "las provincias que sancionaron su norma tributaria posterior al Consenso estarían cumpliendo con la mayoría de los puntos acordados. Aquellas jurisdicciones que dictaron su ley tributaria con anterioridad a la firma y no estarían cumpliendo, esperan las sesiones de sus legislaturas para poder modificar los puntos necesarios", afirma un informe de la cartera que dirige Rogelio Frigerio.
 
Entre los ejemplos de provincias que ya adecuaron sus alícuotas entre un rango de 0 y 2% del valor fiscal nombra a Buenos Aires, la CABA y Jujuy. Aunque otros distritos como Santa Cruz (inmobiliario rural) y Tucumán (urbano y rural) también implementaron cambios a sus tasas inmobiliarias.
 
"Las jurisdicciones que aún no cumplen con el rango de alícuota están trabajando no sólo en eso sino en la actualización de los valores fiscales", concluye el estudio del ministerio.
 
En algunas provincias la readecuación de los valores de terrenos generará tensiones: en Entre Ríos ya comenzaron las reuniones entre funcionarios y representantes gremiales rurales; en La Pampa, intendentes afirman que el revalúo subirá el impuesto hasta 1000% para los productores y en otro grupo de provincias los gobernadores tendrán que negociar con los jefes municipales, que tienen la potestad sobre ese gravamen.
 
 
Buenos Aires y Santa Fe negocian la adhesión de sus intendentes al Consenso Fiscal
 
Los gobiernos bonaerenses y santafecinos mantienen negociaciones con intendentes municipales para lograr su adhesión al pacto fiscal firmado con el Gobierno nacional en noviembre.
 
Los municipios tienen, en el marco de ese acuerdo, una tarea fundamental, ya que el texto del Consenso Fiscal incluye un compromiso para que los gobiernos locales también implementen bajas en las tasas municipales, además de la creación de distintas normas de responsabilidad fiscal como la que ya rige para los gobernadores.
 
Desde que el Congreso bonaerense se adhirió en diciembre al pacto fiscal, ya son más de 50 las intendencias que sumaron su apoyo. La gran mayoría pertenecen al oficialismo, mientras menos de diez forman parte de los partidos opositores. En los últimos días, algunos jefes comunales del PJ manifestaron estar "estudiando" la posibilidad de adherir al consenso.
 
Este jueves, en tanto, tendrá lugar una reunión entre funcionarios del gobierno de Santa Fe con intendentes de todas las fuerzas políticas para negociar la adhesión de cada municipio.
 
Hay un grupo de seis provincias que además tendrán que negociar con sus municipios la readecuación de los impuestos inmobiliarios, ya que en todos los casos sus leyes locales prevén que sean las municipalidades las que cobren ese impuesto para zonas urbanas.
 
Ellas son Corrientes, Chaco, Chubut (que también cobra la rural), Formosa, Salta y Santa Cruz. Tierra del Fuego mantiene un conflicto judicial sobre esta materia.
 
Por Mariano Boettner
 
Fuente: BAE Negocios
 

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21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
21-02-2018 / 11:02
La marcha contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno de Mauricio Macri promete ser multitudinaria. El sector combativo de la CGT y las dos CTA son los convocantes. No será la primera movilización contra la alianza Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.
 
El gobierno de Macri ha intentado por todos los medios desmerecer las razones de la convocatoria como una forma de reducir el caudal de participación popular. El número de gremios que decidieron no participar de la movilización fue difundido por los grandes medios ultra macristas como Clarín, La Nación e Infobae, a modo de presagio negativo de la magnitud de la marcha.
 
Sin embargo, la estrategia macrista sucia anti-Moyano comienza a generar ruido en todo el sindicalismo. En su afán por aislar al líder camionero, el macrismo incurrió en prácticas que el resto de la CGT teme se puedan trasladar al resto de las organizaciones, incluidas las "Macri friendly". El temor compartido por los "gordos", los grandes gremios de servicios e "independientes", colaboracionistas con todos los gobiernos, es que las presiones oficiales sobre el camionero se vuelvan un boomerang contra el resto del sindicalismo.
 
De todos modos y más allá de esta situación gremial, lo real es que el grado de desmoronamiento de la economía llevará no solo a partidos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos sino también a gente sin una afiliación definida a participar de esta concentración.
 
La marcha cuenta con el aval del Consejo Directivo de una CGT en crisis, acordada con las dos CTAs, siendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno de los principales sindicatos de esas centrales. Además participará la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene en Sergio Palazzo de Bancarios uno de sus principales referentes.
 
La Ctera, el gremio mayoritario en docentes a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires a través de Suteba está iniciando la pelea salarial contra el techo del 15% que propone María Eugenia Vidal en las paritarias, también será de la partida.
 
Los movimientos sociales ligados a la conducción espiritual del Papa Francisco también saldrán a protestar: se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
 
El peronismo, que intenta superar su crisis con iniciativas de reunificación, sumará columnas desde el conurbano bonaerense: Gustavo Menéndez, que está al frente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, convocó a participar. Un sector del PJ apuesta a que una movilización masiva contribuya a consolidar una oposición al Gobierno de Macri para el 2019. La intranquilidad del macrismo, los grandes medios oficialistas y el establishment económico es manifiesta.
 
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20-02-2018 / 18:02
20-02-2018 / 13:02
El "pañuelazo" convocado por la Campaña por el Derecho al Aborto reunió a miles de mujeres y centenares de hombres de distintas generaciones. En redes, #AbortoLegalYa fue tendencia mundial. Protestaron frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.
 
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una jornada de reclamos en favor a la interrupción del embarazo que incluye un "pañuelazo" frente al Congreso. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia", es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres.
 
La exigencia es de "aborto legal ya" a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientos de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año. Según Amnistía Internacional, en la Argentina se realizan casi medio millón de abortos por año.
 
La socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, afirmó: "Las mujeres y las identidades disidentes hemos avanzado mucho en visibilidad en el último tiempo y eso es fruto de la enorme lucha que venimos llevando hace décadas. Sin embargo, todavía falta que ese avance en la agenda mediática se materialice en derechos concretos y la responsabilidad de ello lo tienen quienes están sentados en los recintos del Congreso y en la Casa Rosada".
 
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