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“Han venido a saquear al país, y lo saquearon: deuda externa eterna, fuga de capitales, condonación de deudas privadas, bicicleta financiera y un plan de Macri con el FMI que es irrealizable”. “Pino” Solanas
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Internacionales - 25-01-2018 / 08:01

Condena arbitraria de Lula: La única chance de la derecha golpista para seguir en el poder

Condena arbitraria de Lula: La única chance de la derecha golpista para seguir en el poder
DIFICULTAN LA CANDIDATURA DEL LÍDER DEL PT PARA LAS ELECCIONES DE OCTUBRE, DONDE ES CLARO FAVORITO. El de hoy es un día de luto para la democracia en el mundo. Tres jueces arrojaron por la borda toda la evidencia que confirmaban la inocencia de Lula y lo condenaron a una pena de doce años y un mes por haber supuestamente incurrido en el delito de corrupción. Para colmo, estos funestos personajes que manchan de manera indeleble a la Justicia brasileña decidieron aumentar la pena que originalmente le había fijado el juez Sergio Fernando Moro que era de 9 años y seis meses de prisión. Tal como ocurriera en el caso de Dilma Rousseff no existen pruebas irrefutables que Lula hubiera recibido el famoso triplex en Guarujá a cambio de favores concedidos a ciertas empresas. Pero la certeza incontrovertible del delito, fundamento del debido proceso, no es ya necesaria en Brasil, como en Argentina, para condenar a un enemigo político.
Hace seis meses que Luiz Inácio "Lula" da Silva gana en todas las encuestas de intención de voto. También redujo en 20 puntos el rechazo que generaba su figura. Y lo hizo en solo un año. Nadie, en las encuestas, pone en riesgo a Lula. Ni el ultraderechista Jair Bolsonaro ni la verde Marina Silva, ni el gobernador de Sao Paulo, Gerardo Alckmin. Nadie de ellos es challenger del viejo boxeador de 72 años que regresaba tras superar un cáncer y un golpe de Estado.
 
En este contexto, hablar del proceso en sí contra Lula parece innecesario. Vale la pena hacerlo, de todos modos. Lula tiene cinco denuncias. Dos son por supuesta relación con empresas de un hijo y de un sobrino. La relación no está demostrada más allá de la relación familiar. Las otras tres acusaciones son palabra contra palabra. Incluso, las pruebas son a favor de su inocencia. La relación con el Lava Jato fue introducida por una delación comprada, que no presentó pruebas.
 
Pero, tres ignotos jueces de segunda instancia del Tribunal Federal Regional 4, con jurisdicción en la región sur de Brasil, le dieron continuidad al golpe institucional perpetrado en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff. En una votación unánime, los jueces aprobaron la arbitraria condena de Lula, basada en fundamentos jurídicos muy frágiles. Interfieren así en el derecho democrático de millones de brasileños de votar a quienes consideren.
 
Los jueces João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus profirieron la aplicación de la condena en forma unánime. Según la opinión de Gebran, la pena de Lula debería subir respecto de la estipulada por Moro, de 9 a 12 años de cárcel. Los mecanismos utilizados fueron importados del sistema judicial yanqui: inversión de la carga de la prueba y condena por un hecho que no consta de la denuncia, lo que permite a los jueces formar su "convicción por la libre interpretación de la prueba", como dijo Victor Laus.
 
Procesos armados presionando declaraciones de testigos con prisiones preventivas arbitrarias, filtración de pruebas y testimonios, permeabilidad de escuchas telefónicas, y ahora la condena arbitraria de un ex presidente con acusaciones que se prestan al circo mediático. La justicia aparece como una herramienta política usada contra los procesos populares. Este creciente autoritarismo judicial y el cercenamiento de los derechos democráticos por un régimen político cada vez más represivo tienen efectos negativos sobre los trabajadores.
 
Inhabilitar a Lula es la única chance de la derecha golpista para mantenerse en el poder. Los jueces que lo condenaron en base a exclusivamente  "indicios" y "convicciones" no ignoran esa circunstancia. Este ataque al derecho del pueblo a elegir a quién votar es prueba de la degradación de una "democracia" para los ricos, en la que jueces y fiscales tiran abajo presidentes y definen las elecciones.
 
La Opinión Popular

 
OPINIÓN
  
Criminalizar a la oposición
 
El cumplimiento estricto de las reglas electorales es condición necesaria (aunque no suficiente) para la existencia de una democracia constitucional. Dicho de otro modo: sin comicios libres y sin proscripciones es imposible hablar de democracia. La decisión de excluir al ex presidente Lula da Silva de las elecciones de octubre a las que llegaba como favorito termina de redefinir al sistema político brasileño.
 
Tres camaristas ignotos intentaron cerrar el círculo que otros trazaron. Tenían poder para proscribir a Lula, jamás para resolver su segunda reelección, supeditada a la decisión del pueblo soberano. La sentencia es un ejemplo acabado de la perversa judicialización de la política. Los jueces suplieron al cuerpo electoral, lo privaron de sus derechos.
 
Lula estará hoy en las tapas de todos los medios del mundo pero ayer se condenó también (acaso principalmente) a millones de personas comunes del país hermano. Tal vez la sentencia se revise o revoque en otras instancias pero el panorama judicial parece sombrío.
 
La táctica de criminalizar a la oposición dista de ser una exclusividad brasileña: es compartida por la derecha regional.
 
El Poder Judicial es uno de los arietes de coaliciones amplias, encabezadas por los poderes económicos concentrados, los medios hegemónicos y la dirigencia política que los acompaña. La delación premiada, los pactos espurios con delincuentes buchones, constituye una de las herramientas predilectas.
 
La evidente sincronía de los procesos políticos no autoriza a sindicarlos como idénticos. El presidente Mauricio Macri fue ungido y revalidado en elecciones libres: sus legitimidades de origen y de ejercicio son diferentes (superiores) a las de su colega Temer. Pero en la Argentina también se criminaliza a la oposición, se procura sacarla de la competencia. No vencerla sino excluirla.
 
A pocos días de asumir, el macrismo ordenó la encarcelación sin condena de la dirigente social Milagro Sala. Lleva dos años de prisión, apenas aliviados por una chirle y tardía decisión de la Corte Suprema de Justicia.
 
A dos años de gestión, hay una veintena de presos políticos sin condena.
 
Santiago Maldonado murió en circunstancias atroces, todavía no develadas del todo. Ocurrió en un contexto de una represión salvaje e ilegal, comandada por el Poder Ejecutivo. El homicidio calificado de Rafael Nahuel echa nueva luz sobre la muerte violenta de Santiago, un hilo conductor los liga. Sobran similitudes, minga de casualidad: hay un patrón de conducta. El Gobierno ordenó disparar a mansalva en la misma geografía, en el mismo pseudo conflicto. Hasta ahora no hay ningún represor o instigador procesado. El oficialismo incitó la violencia, la encubrió mientras pudo, la justificó y bancó siempre. La arquetípica traducción institucional fue el ascenso de uno de los gendarmes que persiguió a Maldonado, blandió armas, participó del operativo.
 
De nuevo: eso no equipara al gobierno con una dictadura genocida pero sí como una democracia imperfecta, en creciente degradación.
 
En los próximos meses se medirá si la pérdida de calidad institucional se ameseta, se acrecienta, disminuye. En principio, será sencillo hacerlo.  Bastará con contar la cantidad de presos políticos sin condena, de manifestantes gravemente heridos en ejercicio del derecho de protesta social, de detenidos al voleo. Ojalá que no haya que lamentar nuevas muertes causadas por el accionar brutal de fuerzas de seguridad, premiadas desde la Casa de Gobierno.
 
En aras de una discusión precisa y de precaver chicanas, formulamos dos aclaraciones. La primera es que consideramos que en Venezuela, con otras coordenadas, la calidad democrática también está en caída creciente.
 
 La segunda, más relevante, es que este análisis crítico no incluye la aplicación de programas político- económicos de derecha. Los ajustes, las reformas económicas regresivas o reaccionarias forman parte de las incumbencias de los gobiernos. Oponerse férreamente a ellos no equivale a equipararlos con la ruptura de las reglas del sistema. Hay mecanismos para enfrentarlos, impugnarlos y hasta derogarlos.
 
Nos centramos en conductas estatales anti sistema, en privaciones crecientes de derechos esenciales. Elegir autoridades o ser electo, ejercer la protesta social, ser libre salvo que medie una condena firme. Vivir, tan luego.
 
No hay motivo para someterse a esquemas binarios o simplistas: el presidente en ejercicio Michel Temer no es (hasta hoy) un dictador idéntico a los que asolaron este Sur en la etapa del terrorismo de estado. Pero ya se parece más al ex presidente uruguayo José María Bordaberry (líder de la transición al autoritarismo pleno) que a Lula o Dilma Rousseff cuando ejercieron su cargo. Los debates que vendrán tipificarán ese régimen. La magnitud de su involución está por verse, el cambio cualitativo es indudable.
 
Lula da Silva y el presidente Evo Morales son ejemplos de ascenso social y político inédito en la región. Dos estadistas que llegaron desde los sectores sociales más castigados. Las presidentas reelectas de Argentina, Brasil y Chile fueron pioneras, elegidas en una etapa democrática. No en tiempos de insurgencia u olor a pólvora.
 
 Esos y otros gobiernos populares y progresistas de la región cumplieron o cumplen con las reglas democráticas. Sus adversarios pudieron (y pueden) organizarse, expresarse, competir en elecciones libres. Hoy en día, fuerzas de signo opuesto quieren revertir dicha "pesada herencia".  Brasil es un caso extremo pero no una excepción. Las campanas doblan por nuestro gran vecino, por Lula, por otros dirigentes, por otros partidos, por los pueblos de otros países.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: Página12
 

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Condena arbitraria de Lula: La única chance de la derecha golpista para seguir en el poder
“Sentenciado injustamente, el hermano Lula da Silva es víctima de una conspiración que busca impedir que sea candidato y gane las elecciones con el apoyo del pueblo al que le dedicó toda su vida. Fuerza, hermano Lula”. Con estas palabras, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció su incondicional apoyo al ex presidente brasileño ante la ofensiva judicial desatada en su contra, luego de que el tribunal federal de Porto Alegre ratificara la condena en su contra y aumentara su pena de nueve años y medio a doce.
Condena arbitraria de Lula: La única chance de la derecha golpista para seguir en el poder
The New York Times publicó una columna sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Brasil. “La evidencia en contra de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense”, dice la nota que escribió Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política de Washington y presidente de Just Foreing Policy. El artículo se titula “La democracia brasileña al borde del abismo” y sostiene que, si se impide a Lula participar en las elecciones, “Brasil se habrá reconstituido como una forma mucho más limitada de democracia electoral, una en la que un Poder Judicial politizado puede evitar que un líder político popular se postule a la presidencia. Eso sería una calamidad para los brasileños, América latina y el mundo”.
23-10-2018 / 19:10
23-10-2018 / 19:10
La campaña presidencial en Chile del año 1970 fue dura, pero sin violencia. Las primeras encuestas daban por ganador, con mayoría absoluta, a Jorge Alessandri, candidato de la derecha, por sobre Salvador Allende. Pero su campaña se fue deteriorando, principalmente por su avanzada edad.
 
Seguros de la victoria de Alessandri, sus partidarios se irritaron de sobremanera cuando el general en jefe del ejército, René Schneider, señaló que debía responder el Congreso Pleno, según lo establecido en la Constitución, y que el Ejército se apegaría totalmente a los postulados de la carta fundamental, si ninguno de los dos candidatos obtenía mayoría absoluta.
 
El 4 de septiembre, se celebró la elección presidencial en un clima de orden y tranquilidad y, pasada la medianoche, se supo el resultado de los comicios: Allende: 36,6%, Alessandri: 34,9%, Tomic: 27,8%.
 
En Washington, Richard Nixon ordenó evitar que Allende asumiera la presidencia. La CIA organizó dos planes para detener la elección de Allende en el Congreso pleno (el Congreso debía dirimir entre las dos más altas mayorías el día 24 de octubre), los que serían conocidos como el Track One y el Track Two:
 
El Track One consistía en que el Congreso eligiese a Alessandri: éste renunciaría y se llamaría a nuevas elecciones en que la derecha apoyaría a Eduardo Frei. El Track Two consistía en crear un clima de inestabilidad política, para que las Fuerzas Armadas intervinieran y anularan la elección.
 
Se encargó su ejecución al general Roberto Viaux, cuyo plan era secuestrar al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, ocultarlo y provocar la situación de inestabilidad. El 22 de octubre se ejecutó el plan, pero, al intentar defenderse, el general fue baleado por sus asaltantes, quienes huyeron al instante. Su chofer lo llevó al Hospital Militar donde falleció dos días después.
 
El 24 de octubre, a las 10:39 h, se inició la votación del Congreso: Allende obtuvo 153 votos contra 35 de Jorge Alessandri y 7 en blanco. En consecuencia, el Congreso proclamó presidente a Salvador Allende.
 
Por Carlos Morales

21-10-2018 / 20:10
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