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Nacionales - 10-01-2018 / 09:01
APUNTAN A LOS MOYANO, SANTA MARÍA Y ALBERTO ROBERTI

Por miedo a perder más capital político, Macri quiere más sindicalistas presos antes de volver a tratar la reforma laboral

Por miedo a perder más capital político, Macri quiere más sindicalistas presos antes de volver a tratar la reforma laboral
Macri quiere más sindicalistas presos antes de volver a tratar la reforma laboral. En el Gobierno se convencieron que acelerar la reforma laboral para febrero podría traer otro conflicto social. Ahora apuestan a esperar más escándalos judiciales con sindicatos para ablandar a los legisladores. Hubo una idea en el Congreso para dividir la reforma en dos, pero Macri y Triaca la descartaron. Quieren sancionarla como llegó al Senado para dar un mensaje favorable a los supuestos inversores.
Mauricio Macri volverá a la carga con la reforma laboral precarizadora en unos meses -tal vez en marzo-, luego que estallen nuevos escándalos judiciales de sindicalistas, entre los que se menciona a Víctor Santa María, Alberto Roberti, Carlos Quintana y hasta alguno de los Moyano.
 
La idea es generar en la sociedad un clima de condena hacia los dirigentes gremiales, que le quite legitimidad a los planteos que haga el sindicalismo contra la reforma propatronal, cuando se trate.
 
La revisión de la estrategia es producto del aprendizaje de reforma previsional, donde el Gobierno se concentró más en conseguir los votos en el Congreso, que en mirar el impacto de la iniciativa en la sociedad y en los adversarios que podrían capitalizarlo.
 
La decisión de no presentar la reforma en las extraordinarias, como estaba previsto, responde a un cambio de táctica, pero no de objetivo, explicaron fuentes del Gobierno, que igual reconocían que los costos políticos de la iniciativa abrieron un debate profundo en el gabinete.

 
El tema es que el propio Macri es uno de los más interesados en sancionar el proyecto de ley que descansa en el Senado desde noviembre y cuya aprobación le sirve como mensaje a los inversores para promover inversiones, más allá que se trata de una reforma laboral descafeinada que cambia poco en los temas que importan.
 
La idea de apurarlo para febrero no cerraba en las primeras filas del Gobierno, tras las traumáticas sesiones en Diputados para sancionar la reforma previsional antes de Navidad.
 
"Nos concentramos en juntar los votos y no miramos a la sociedad. El kirchnerismo aprovechó la situación y Macri perdió 10 puntos de imagen", explicaron a LPO fuentes del Gobierno.
 
Acelerar la reforma laboral para febrero no tendría un final distinto, o al menos nadie puede garantizarlo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue uno de los que advirtió que era demasiado voluntarista imaginar que en ese mes sería posible conseguir que una reforma tan delicada desde lo simbólico, pasara sin problema por las dos cámaras.
 
En el Gobierno ya hablan incluso de no llamar a sesiones extraordinarias e iniciar la agenda legislativa con el discurso presidencial del 1 de marzo.
 
Una idea de los referentes legislativos de Cambiemos fue dividir la reforma. Proponían reducirla al blanqueo laboral y al fondo compensador, dejar la actualización de la ley de contratos de trabajo para otro momento y sacar agregados menores por decreto.
 
Pero Macri y Triaca prefirieron ir a fondo con la ley y muchos legisladores los apoyaron. "El costo político se va a pagar por tratar la ley, ya no por su contenido. Es un disparate pagarlo en cuotas", sostuvo ante LPO otro legislador de Cambiemos.
 
Además, el contenido del proyecto tampoco tuvo el rechazo de la CGT, aunque el triunvirato no está dispuesto a promocionarla en el Congreso como exige Miguel Pichetto para ponerla en tratamiento.
 
Para ablandar a los legisladores el plan del Gobierno será esperar golpes de impacto con casos de sindicalistas corruptos como los que animaron los últimos meses.
 
El clan Moyano no se quedará afuera, pese a la participación de Jorge Triaca en la inauguración de Sanatorio Antártida, en Caballito. Pronto se supo que era una maniobra de distracción.
 
Por la tarde, el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, pidió investigar un posible lavado de dinero a Hugo y Pablo Moyano en Independiente.
 
Fue poco después de confirmar la detención del vicepresidente del club, Noray Nakis y Pablo "Bebote" Álvarez, referente de la barrabrava del reciente campeón de la Copa Sudamericana.
 
En el Gobierno aseguran que nadie protegerá a los Moyano en Tribunales, pero que además, pronto estallarán otros escándalos rimbombantes.
 
Uno de los apuntados seria Alberto Roberti, el sindicalista petrolero que es diputado hasta 2019 y que ayudó con el quórum a sancionar la última reforma previsional. Espera que le alcance para no sufrir represalias.
 
En la provincia de Buenos Aires hay otros apuntados, como Hugo Quintana, de UPCN, que fue generoso con Vidal para acordar la paritaria de 2016 pero no estaría dispuesto a apoyar su reforma previsional.
 
En el Gobierno confirmaron además que avanzar contra sindicalistas obscenamente corruptos como los platenses Balcedo y "Pata" Medina, despiertan una adhesión casi unánime y son pura ganancia política.
 
Fuente: La Política Online
 

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21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
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