La Opinión Popular
                  06:55  |  Lunes 17 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
Cantor que cante a los pobres / Ni muerto se ha de callar / Pues ande vaya a parar el canto / De ese cristiano / No ha de faltar el paisano / Que lo haga resucitar. COPLAS DEL PAYADOR PERSEGUIDO
Recomendar Imprimir
Nacionales - 04-01-2018 / 09:01
SERÁN REMPLAZADOS POR MACRISTAS EN CARGOS "POLÍTICOS"

Despidos de Macri: más de 3.000 empleados quedaron sin trabajo en apenas un mes y el Gobierno va por más

Despidos de Macri: más de 3.000 empleados quedaron sin trabajo en apenas un mes y el Gobierno va por más
El ámbito político se sensibilizó por una ola macrista de despidos en el Estado. El listado es extenso y va desde Fabricaciones Militares hasta municipios como Morón o Quilmes, pasando por Radio Nacional y Paka Paka. En el Gobierno relativizan la medida pero los sindicatos preparan fuertes protestas. Por supuesto, los despedidos serán luego remplazados por macristas en nombramientos de cargos “políticos” (entre los superiores del organigrama) con la incorporación de secretarias, asistentes, operadores de confianza, asesores, acomodados, “amigas”, familiares de funcionarios, todos con remuneraciones que multiplican varias veces las de los despedidos. ¿Así quiere achicar el déficit el Gobierno de los Ricos?
La decisión del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con las cesantías en la mayoría de las dependencias estatales asoma como la primera tormenta política para el macrismo en el arranque del año.
 
La poda, impulsada por ministerios y organismos en apenas poco más de un mes, acumula no menos de 3.000 puestos laborales y, como es de prever, semejante recorte ya originó la primera medida de fuerza de envergadura.
 
Este jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo un paro nacional, y la protesta también incluye movilizaciones hacia el obelisco y ministerio de Modernización."Hay que poner freno a esta situación, que es producto del autoritarismo de este Gobierno y que se traduce en un hostigamiento permanente y en miles de despidos", afirma Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general del gremio.
 
En la vereda de enfrente, el macrismo reconoce los recortes de personal y alega que la magnitud es consecuencia directa de "un Estado que ha sido sobredimensionado por demás durante el kirchnerismo". ¡Siempre la misma excusa!
 
"Se dieron de baja muchos puestos vinculados con acuerdos políticos. Y la mayoría de los contratos que no fueron renovados se debe al exceso de recursos para la operatoria de los ministerios", señala una alta fuente del Gobierno de los CEOs. A la situación anterior se le suman la de convenios temporarios, que si bien existen desde hace varios años, el oficialismo quiere recortar.
 
El crecimiento del número de despidos va en línea con lo anticipado por el propio Macri quien, agrandado tras la victoria electoral de octubre, reparó en el exceso de personal estatal y adelantó que iba a ser uno de los temas a atacar en la segunda etapa de su mandato.
 
Pero, el gobierno de Macri va por más. En los próximos meses se vendría otra oleada con 20 mil nuevos despidos, lo que queda comprometida más de 13% del total de la plantilla del Estado nacional.


Por supuesto, los despedidos serán luego remplazados por macristas en nombramientos de cargos "políticos" (entre los superiores del organigrama) con la incorporación de secretarias, asistentes, operadores de confianza, asesores, acomodados, "amigas", familiares de funcionarios, todos con remuneraciones que multiplican varias veces las de los despedidos.

La Opinión Popular

 
Muchos recordaron en estos días cómo el mandatario había señalado a la Biblioteca del Congreso como un caso sintomático de la sobrepoblación injustificada de empleados. "Tiene más empleados que las bibliotecas más grandes que el mundo", señaló el Presidente, quien además detalló: "En los últimos años pasó de menos de 500 a más de 1.700 trabajadores".
 
Además, se había referido a la Legislaturas provinciales: "Han ido aumentando su dotación en más de un 10% cada año, al tiempo que advirtió que "hay legisladores que tienen más de 80 empleados".
 
 
Alta sensibilidad
 
En el arranque de 2018, las cesantías se dan en un contexto híper sensibilizado, a raíz de las discusiones sobre el cambio de fórmula de ajuste previsional y en pleno debate por la futura reforma laboral. De hecho, a juzgar por las reacciones que está generando, esta nueva ola de desvinculaciones se presenta como la primera conflictividad política del año.
 
Los funcionarios no niegan los despidos, pero prefieren recurrir a otra terminología: la "no renovación de contratos". "Con el cambio de Gobierno, se otorgó a cada ministerio la potestad para definir las renovaciones. Antes, esa tarea dependía exclusivamente de la jefatura de Gabinete, lo que alentó las renovaciones automáticas", añade la fuente del ministerio de Modernización.
 
"Ahora, en cambio, cada dependencia decide a partir de su presupuesto y de las tareas asignadas cuánto personal va a requerir para cumplir con sus metas anuales", completa.
 
Desde el macrismo también señalan que, en caso de que alguna de ellas necesite más recursos, estos sólo podrán ser tomados "para proyectos o iniciativas muy puntuales". Es decir, de haber incorporaciones, quedarán atadas a iniciativas previstas, como la concreción del G20 u otras anunciadas como el Plan Belgrano.
 
El modo en que se lleva a cabo la no renovación de contratos depende de cada cartera. Lo decide el área de recursos humanos del ministerio y hay autonomía en esas decisiones.
 
La fuente consultada, que pide reserva de identidad, recuerda que "hace poco estalló la polémica por los ex contratados en Radio Nacional, tema sobre el que decide Hernán Lombardi. Y así en cada caso. Las distintas dependencias aplican el método que creen conveniente", aclaró la fuente.
 
 
La lista
 
La decisión del Gobierno adquiere mayor relevancia cuando se repara en la abultada cifra acumulada en poco más de un mes. Concretamente, los contratos no renovados en el Estado rondan los 3.000, y todo indica que esa cifra se irá engrosando con el correr de las semanas.
 
La ola de despidos irá en aumento. De hecho ya están previstos 1.700 despidos en el Correo Argentino. Se sumarán a las desvinculaciones en Acumar (se ocupa de la limpieza de los ríos Matanza y Riachuelo), Río Tercero, entre tantos otros.
 
En este marco, voceros de los sindicatos advierten que "los gremios reaccionarán ante un Gobierno que está dejando miles de personas sin trabajo para que le cierren los números".
 
"Los despidos y cesantías forman parte de la profundización del ajuste de Macri. Todo se asocia a una tercera reforma del Estado y al pacto firmado con la complicidad de los gobernadores", afirma Godoy, de ATE.
 
"Ni jefatura de Gabinete ni desde el Ministerio de Trabajo respondieron a nuestros reclamos. Entonces, la única opción que tenemos es la medida de fuerza. Esta política económica no acierta en darle soluciones a la gente", completa.
 
Los directivos gremiales creen que el Estado fue en estos últimos años un empleador plagado de situaciones irregulares, lo cual relativiza la visión gubernamental sobre contratos que no se renuevan tras haber llegado a su fin.
 
Para ejemplificar, mencionan tres casos tipo:
 
- Los contratados que trabajan años sin ser formalmente incorporados a planta permanente
- Los incluidos en plantas "transitorias" que permanecen dentro de esa categoría mucho más tiempo del plazo legal
- El abuso del sistema de contratos "tercerizados" mediante convenios con otras entidades
 
En consecuencia, el reclamo de los líderes sindicales se focaliza en que la gran mayoría de los contratados, en realidad, son empleados en relación dependencia "encubierta". "No se trata de convenios no renovados, como dice el Gobierno, sino de miles de despidos sin causa que, para peor, en muchos casos no están sujetos al pago de una indemnización", indica una fuente consultada.
 
 
Planta transitoria y permanente
  
A diferencia de los empleadores privados, que están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el Estado se rige por la Ley de Empleo Público. En la primera ola de despidos del macrismo, muchos de los reclamos incluyeron un adicional por daños y perjuicios (además del resarcimiento por desvinculación sin causa o el pedido de reincorporación).
 
Los empleados públicos "de planta permanente" están a resguardo por el principio de inmovilidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (siempre que muestren buena conducta y que no haya razones objetivas para el cese de la relación).
 
¿Qué ocurre cuando hay conflictos? No son dirimidos en la Justicia laboral sino ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincial o nacional) según corresponda.
 
El régimen de contrataciones por tiempo determinado (denominado "de planta transitoria") comprende la prestación de servicios de carácter estacional que no puedan ser cubiertos por el personal de planta permanente.
 
De acuerdo con los convenios colectivos, el total de contratados bajo este régimen no puede superar el 15% respecto de estos últimos. Además, bajo la figura de locación de servicios (Monotributo) no gozan de la estabilidad propia de los asalariados públicos. Carecen de la protección de leyes laborales y de la propia del empleado público.
 
Son contratos a término, generalmente de un año, en los que se especifica que cualquiera de las partes -con 30 días de preaviso- puede rescindir el vínculo sin derecho a indemnización alguna.
 
Durante el kirchnerismo, surgió la polémica por la "triangulación" que el Estado realizaba a través de las universidades con las que firmaba convenios. Esto dio lugar a gran cantidad de problemas, ya que muchos contratos luego se perpetúan y muchos quieren ser incorporados a planta permanente, o al menos transitoria.
 
Puede suceder que el Estado decida rescindir el acuerdo y prescindir de sus servicios sin motivo alguno, amparándose en que el dependiente aceptó esas condiciones al momento de firmarlo. Si bien algunos pudieron pasar a planta transitoria, tuvieron que resignar antigüedad y allí quedaron al no haber vacantes en planta permanente.
 
Frente a ello, se entendió que, o bien estaban protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo o por el estatuto del empleado público.
 
En el primero de los casos, se exigía el pago del resarcimiento por despido injustificado, más vacaciones no gozadas, la parte correspondiente al SAC y demás requerimientos propios del derecho laboral.
 
En el segundo, el reclamo venía por el lado de una indemnización por daños y perjuicios (ante la desvinculación sin causa) o la reincorporación como empleados de planta permanente.
 
Hubo muchísimos ejemplos de contratados que excedieron el requisito de transitoriedad o estacionalidad, lo que genera una situación contractual irregular.
 
Hasta el caso D'Atri, en 2013, la Corte Suprema se había expedido a favor de indemnizar a los "contratados" (monotributistas que emitían facturas). A partir de allí, avaló el resarcimiento de planta transitoria.
 
En los precedentes "Ramos", "Martínez" y "Maurette", el máximo tribunal ordenó indemnizarlos con un mes de sueldo por año trabajado. Y, en el último caso mencionado, le sumó una compensación o preaviso.
 
Las cesantías en el Estado se multiplican y dividen las aguas. Cada caso involucra a personas empujadas a buscar nuevos horizontes laborales, mientras los economistas siguen reparando en si está bien o mal el "gradualismo" del Gobierno para ajustar las cuentas públicas.
 
Por Patricio Eleisegui - Sebastián Albornos
 
Fuente: iProfesional
 

Agreganos como amigo a Facebook
Despidos de Macri: más de 3.000 empleados quedaron sin trabajo en apenas un mes y el Gobierno va por más
A modo de referencia, este es el cuadro de las cesantías en varias dependencias.
16-12-2018 / 10:12
Hace exactamente un año, Guillermo Calvo visitó la Argentina. El economista argentino radicado en Washington insistió junto a su colega Carmen Reinhardt (experta en historias de crisis económicas) que era inevitable que el Gobierno de Macri recurriera al FMI, ante la necesidad de contar con un prestamista de última instancia. En ese momento, nadie le prestó atención.
 
Ahora Calvo visitó de vuelta el país invitado a participar de la CIEF (Conferencia Internacional de Economía y Finanzas) y realizó nuevas advertencias. Se concentró sobre todo en el duro programa monetario que implementó el Banco Central: "La verdad es que hoy ya ningún país utiliza el control de agregados monetarios para combatir la inflación, entre otros motivos porque los factores de creación de dinero son múltiples".
 
Y enseguida puntualizó que "la única certeza que tenemos es que este tipo de políticas lo único que logrará es alargar la recesión".
 
En los últimos días se multiplicaron las críticas al esquema monetario que el Gobierno negoció con el FMI para estabilizar las variables financieras. Resumiendo, se trata de controlar de manera estricta la expansión de dinero por parte del Central, junto con la definición de una zona de no intervención en la que la entidad no puede comprar ni vender dólares.
 
El programa que se puso en marcha a principios de octubre consiguió el objetivo inicial: estabilizar el dólar, aunque pagando el precio de una elevada tasa de interés. Pero tras la nueva devaluación de agosto, que había llevado a la divisa de $ 28 a más de $ 40, era imprescindible controlar el tipo de cambio cueste lo que cueste para evitar una espiralización de la inflación (en septiembre tocó un pico de 6,5%).
 
Desde la UIA también enfatizaron el efecto que esta política está generando en el aparato productivo. Esta semana fue especialmente duro el titular de la entidad fabril, Miguel Acevedo. "En el año ya perdimos 40.000 puestos de trabajo. Esta política de altas tasas y control monetario ya la tuvimos y dio muy malos resultados". Pero además advirtió que "es cierto que el dólar está más estable, pero la corrida no terminó. Sólo lo controlan con tasas muy altas".
 
El nivel de reactivación que hay por delante es un dato vital para las chances electorales de Macri. Una cosa es llegar a octubre del año que viene con la economía en franca recuperación luego de la crisis de 2018. Y otra muy distinta es hacerlo con un rebote tibio, que será casi imperceptible para los bolsillos.
 
Por ahora todo hace pensar en un "cabeza a cabeza" con Cristina. Y esas dudas sobre qué modelo gobernará la Argentina serán un factor preponderante a lo largo de 2019.

16-12-2018 / 09:12
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UDS-UCA) cuantifica algo consabido. La pobreza aumenta llegando a récords desoladores. Cualquier medición es discutible o falible: no hay por qué tomar como dogma la de UCA.
 
Saludable que la data llegue a la tapa de los diarios oficialistas: el exagerado prestigio de las universidades privadas a veces sirve para algo. Una gran virtud de los informes del ODS es la continuidad en el tiempo: las variaciones son más certeras que las cifras "desnudas". 
 
La trepada de la pobreza se incubó en el huevo de la serpiente: el programa económico devastador. Rompió el cascarón hace tres años, ahora repta en un medio ambiente propicio.
 
Despidos, suba del desempleo, redistribución regresiva del ingreso, baja del consumo, desindustrialización, cierre de empresas... No hay un guarismo aislado sino un conjunto.
 
El recorte del enfoque, fijado en la pobreza y la indigencia por ingresos, esclarece más si se amplía la mirada. 
 
Desde diciembre de 2015 creció la proporción de pobres pero no toda la sociedad se empobreció. Prosperan sectores productivos, financieros, una clase social... privilegiados y en continuo ascenso.
 
"Lo peor" no cesa ni se estaciona. Ni se condensa en la foto de los indicadores de un año, un semestre o un trimestre. Los deterioros en materia de salud y educación reflejarán la crisis de modo más lento.
 
Crecerán, a ritmos diversos, la violencia familiar y callejera, la anomia, la usura "hormiga" en los barrios tanto como la financiera de bancos y tarjetas de crédito. Cien etcéteras.
 
El mainstream político y mediático apela a la expresión "inseguridad" atándola al delito común, la violencia urbana. Estudios laborales afinados se valen de ella para describir las vivencias de los trabajadores cuando se desmantelan sus derechos y certezas.

15-12-2018 / 10:12
La contundencia del balance numérico de los 3 años de gestión de la alianza Cambiemos es desastroso: 291% de devaluación, 160% de inflación, 3008% de alza en el gas, 2136% en la luz, 515% en el agua, 22% de caída en el salario real promedio y 24% en el mínimo y 18,5% en la jubilación.
 
Pero además, la destrucción de 51.700 empleos privados, la resignación de 107.933 puestos industriales y la desaparición de 9609 Pymes. Aún así, a cada argentino le tocan $283.380 de la deuda contraída, que supera en 420% a la que dejó la economía K y que ocupa 17,7% del gasto público, 10,2 puntos más que desde que asumió el actual gobierno.
 
Uno de las mentiras de campaña, como la promesa de reducción del peso del Estado, se usó en realidad de camuflaje para echar personal de planta y contratado heredado de la gestión anterior, pero reemplazándolo con creces por "tropa propia" e inclusive mejor paga. Hay un crecimiento de 87.700 empleos públicos nacionales.
 
En verdad, se hipotecó el futuro: se achicó la actividad económica, hay menos trabajo, se benefició más a los ricos en desmedro de los pobres y se disminuyó la inversión destinada a educación y ciencia, ¿a cambio de qué?
 
Recién ahora, desde la industria se advierte sobre un posible agravamiento de la recesión si no se adoptan medidas que fomenten las inversiones y una mayor actividad.
 
Acusado, imputado y procesado por haber pagado coimas a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos, Paolo Rocca paradójicamente se acaba de convertir en "el vocero" de la agenda de temas que el empresariado local reclama que Mauricio Macri encare en su cuarto año de mandato.
 
La voz del titular del Grupo Techint -y también el hombre más rico de la Argentina- se escuchó en un seminario de la organización Pro Pyme de la cual el holding es parte importante y, entre sus pares, se leyó como un fuerte mensaje hacia el gobierno de los CEOs de Cambiemos.
 
Si bien no marcó directamente los errores de gestión que la mayoría de los ejecutivos del país le adjudican a Macri, sí hizo referencia a las medidas que el país "necesita" mirando a mediano y largo plazo.
 
En ese contexto, pidió un país que genere más divisas genuinas, que apoye las exportaciones, que no mire solamente al campo sino también a la industria y que mantenga un tipo de cambio competitivo, en especial en un año electoral como será el 2019.
 
La Opinión Popular

15-12-2018 / 08:12
En un país ya de por sí aterrorizado por la peor política económica que recuerde, se levantan tapas desde las que se abalanzan viejos monstruos, como esas cajas con resorte de las que salta un payaso de susto.
 
El escándalo de la Libertadores por la violencia en el fútbol derivó en que -¡salta el payaso!- la final de una copa con ese nombre se definiera entre dos equipos argentinos en el país del que fuimos liberados por los Libertadores.
 
La denuncia por la violación de una menor por parte de un adulto en el ámbito del espectáculo estalló en los medios como una granada que se multiplicó en miles de esquirlas y relatos de mujeres que contaron por primera vez que fueron abusadas o violadas de niñas.
 
Y -¡salta el payaso!- el presidente Mauricio Macri, quien dijo que no les cree a las mujeres cuando dicen que no les gusta, "que les digan qué lindo culo tenés", anunció que enviará al Congreso una ley de equidad de género.
 
El que fue presidente de un club que tiene una de las barras más agresivas está incapacitado moralmente para hablar de violencia en el fútbol porque no hizo nada cuando pudo hacerlo.
 
El hombre que juega con esa idea de que "aunque digan que no, es sí" y que piensa que es agradable para las mujeres que todo el tiempo los hombres hablen de sus culos, no puede decir que entiende o, siquiera, que trata de entender la violencia de género.
 
El presidente que encabezó una de las principales constructoras contratistas del Estado y cuyas empresas se multiplicaron durante la dictadura, no tiene autoridad para hablar de corrupción en la obra pública, porque su fortuna proviene de ese ámbito y nunca dijo nada.
 
Y como su hermano Gianfranco, que acaba de declarar esta semana ante la justicia que "nunca pagó sobornos, no sé mi padre", parece que en la familia presidencial se escudan en la discapacidad mental de Franco, il capo di famiglia.
 
Es el mismo Macri que prometió "pobreza cero" en la campaña y se acaba de demostrar que su gobierno ha sido el que con más rapidez aumentó los niveles de pobreza en el país, aún más que las dictaduras y que cualquier gobierno civil.
 
La mayoría de los argentinos votó a un presidente que encarna a sus peores congojas. Cada payaso monstruoso que brinca de las cajitas del horror argentino tiene un reflejo de la clase y el grupo social al que pertenece Macri.

14-12-2018 / 10:12
Gianfranco Macri compareció ayer ante el juez Claudio Bonadío, evitó defender su padre Franco y mandó a los cronistas tribunalicios a preguntarle "a él" si había pagado coimas para mantener sus cabinas de Autopistas del Sol durante el kirchnerismo, al que apoyó incluso cuando su primogénito buscaba destronarlo.
 
Ausol, en rigor, es controlada por el consorcio español Abertis y tiene como socia a la italiana Impregilo. La constructora del grupo Macri, SIDECO Americana, tuvo entre 1994 y 2001 un 23% del capital y redujo esa participación al 10% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, tras asegurarse la contratación de sus constructoras para las obras de los años 90.
 
En 2004, como explicó ayer Gianfranco, se licuaron las participaciones al incorporar un refuerzo de capital. Pero los Macri mantuvieron un 7% que recién vendieron el año pasado, después de que las acciones de Ausol treparan 394% por las subas de peajes dispuestas por el Gobierno de Macri.
 
Eso no es todo. Las multinacionales europeas que se quedaron con los peajes de los accesos tienen a su vez otros vínculos con la familia presidencial. Abertis pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con quien Macri compartió negocios en el mundo del fútbol.
 
Impregilo es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri.
 
Una de las prósperas empresas contratistas del Estado que compartieron durante años los Macri con Impregilo es la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.).
 
Esta semana, el diario La Nación reveló que el Tribunal Fiscal de la Nación dictaminó que Yacylec le debe a la AFIP 46 millones de pesos en impuestos atrasados, multas e intereses acumulados, además de las costas del juicio que hizo para intentar evitar pagar.
 
Llamativamente, apenas 24 horas después se incendió en el sexto piso de la sede central de la AFIP la oficina de Causas Tributarias, donde se almacenan expedientes y actuaciones administrativas como las que se ventilaron en ese juicio en el Tribunal Fiscal.
 
Ahora, el padre y el hermano del Presidente y jefe del clan familiar están acusados de haber pagado coimas para mantener las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el Acceso Norte a través de Autopistas del Sol (Ausol). Pero, el responsable de los negocios no es otro que Mauricio, y ni los CEOs ni Gianfranco participaban de las decisiones sin la venia del líder de Cambiemos.
 
La Opinión Popular

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar