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Entre Ríos - 29-12-2017 / 11:12
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Presentan una denuncia penal contra Luis Miguel Etchevehere por el cobro de $ 500.000 de la Rural

Presentan una denuncia penal contra Luis Miguel Etchevehere por el cobro de $ 500.000 de la Rural
Denuncian penalmente a Etchevehere por el bono y piden allanar La Rural. La presentación es por "dádivas, negocios incompatibles y administración fraudulenta". Se sospecha que Etchevehere pidió el bono por la pérdida económica que le causará su ingreso al Estado, no solo por los tres meses que demorará en cobrar su primer sueldo, sino también que como presidente de la SRA ganaba un 30% más que como ministro.
Un abogado presentó una denuncia penal contra el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, por haber cobrado $ 500.000 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) luego de su desvinculación de la entidad como presidente.
 
La denuncia que hizo Leonardo Martínez Herrero es para que se investigue a Etchevehere por dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta. La presentación está en el Juzgado Federal 4, subrogado hoy por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
 
En su denuncia contra Etchevehere, Martínez Herrero solicitó que se secuestre toda la documentación contable y actas donde conste el pago de los $ 500.000. También que se constate si el dinero correspondió a una relación laboral y si se aportó la totalidad de las cargas sociales. El abogado también pidió una prueba pericial sobre el movimiento de los fondos de la Rural.
 
Ahora Etchevehere salió a decir que el pago de la S.R.A. fue por "sueldos pendientes". Es evidente que sólo podía recibir dinero de la Rural por tareas ejercidas de forma previa al ejercicio de la función pública. Si el pago es por el fin de la relación laboral, sería por los meses que le quedaban de mandato, no por honorarios adeudados.
 
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Increíble pero real: Etchevehere dijo que el pago de la S.R.A. fue por "sueldos pendientes"
 
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, se encargó de remarcar que ese dinero se movió "con la mayor transparencia". "Es algo normal de dónde venimos, pero parece extraordinario", espetó.
 
El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo que el dinero que le pagó Sociedad Rural Argentina (S.R.A.) al concluir su función como presidente de esa entidad, fue en concepto de una "liquidación de sueldos pendientes". Etchevehere se encargó de remarcar que ese dinero se movió "con la mayor transparencia".
 
"Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes y eso se hizo con la mayor transparencia", explicó sobre el pago de 500 mil pesos que recibió de parte de la Sociedad Rural al asumir como titular de Agroindustria.
 
"Es algo normal de dónde venimos, pero parece extraordinario", espetó.
 
"Mi actividad anterior, como todos saben, fue ser presidente de la Sociedad Rural Argentina; desde hace 20 o 25 años ese cargo es remunerado, o sea, se le paga un sueldo al presidente y al vice porque la entidad pide que se deje la actividad particular del dirigente. Para que éste la pueda dejar, se le da una remuneración para que pueda seguir adelante con su vida", señaló.
 
"Como en cualquier actividad profesional, cuando se termina, se liquidan los sueldos; se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes, y eso se hizo con la mayor transparencia, a través de una comisión directiva y la verdad que no hay mucho más que explicar", dijo Etchevehere, quien dejó entrever que la S.R.A. no pagaba los sueldos a término.
 
"Me dijeron que no había ningún tipo de incompatibilidad, porque se entiende que venía de una actividad laboral anterior", dijo. "Para aceptar el cargo de ministro renuncié como presidente y como socio a la Sociedad Rural Argentina, porque a partir de ahora, mi actividad es la de trabajar con absolutamente todas las actividades y todos los eslabones de las cadenas agroindustriales del país", tuvo que aclarar.
 
Fuente: Infonews
 

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En medio del Mundial, hay dos cuestiones que preocupan a la gestión de Gustavo Bordet. Una tiene que ver con los posicionamientos políticos e institucionales de los principales referentes del peronismo local. El otro está relacionado con la manera de administrar las cuentas públicas en un marco de restricciones y de reducción paulatina de impuestos provinciales. Y la discusión de ambas situaciones se ha desatado con anticipación.
 
Lo primero: la cuestión financiera. El propio Bordet tendrá que sentarse a negociar con el gobierno de Mauricio Macri acerca de cuál será la pauta de ingresos coparticipables que marcará el ritmo del Presupuesto 2019: sí, el del año electoral.
 
Las obras públicas no tendrán la misma velocidad que suele tomar en los años impares, de convocatoria a las urnas. La gestión provincial lo sabe, pero tampoco asoma un escenario razonable para salir a tomar deuda en el mercado de capitales. Todo es caro para una argentina desbordada por la inflación y que ha recurrido al nefasto FMI para intentar enderezar el rumbo económico del país.
 
El Presupuesto Provincial 2019 tendrá un techo acotado. Claro que al cerrar el año, la Provincia puede llegar a tener más excedentes, producto del reajuste de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que, a partir de 2019, tendrán que bajar progresivamente para algunas actividades. El otro efecto favorable, para las cuentas provinciales en los ingresos, es la mejora del giro por coparticipación federal.
 
Sin embargo, Bordet ha decidido sentarse arriba de la caja porque tendrá que abrirla para cumplir aquello que pactó con los gremios de estatales y docentes. "Vamos a cumplir la cláusula gatillo en el tiempo establecido", afirmó el mandatario al momento de acordar el incremento salarial para este año.
 
Si se observa lo que se estimó oficialmente de expansión del nivel de gastos corrientes, quedará poco margen para destinar fondos a otros rubros que no sean el de Personal. La inflación es un estigma que, por un lado, licúa el endeudamiento público, pero por otro lado incrementa el nivel de compromisos a pagar por parte del Estado.
 
La paz social tiene su costo financiero y también político. Y, por esa razón, el gobernador invierte en tranquilidad. ¿Cómo? Abonando regularmente los salarios del sector público. De aquí en más al gobernador que le dice no al ajuste se le presenta un horizonte con dos premisas: evitar disputas políticas en el oficialismo y seguir sentado en la caja para evitar cualquier cirugía mayor en las cuentas públicas.
 
Lo segundo: la irrupción del urribarrismo pidiendo pista en el armado del partido Unidad Ciudadana en la provincia no le ha caído en gracia al gobernador. No porque Sergio Urribarri o sus seguidores tengan alguna posibilidad de retorno al principal despacho de la Casa de Gobierno, sino que una prematura definición de candidaturas puede restarle espacio de poder y margen de maniobra institucional a un año y pico de las elecciones.
 
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