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Paraná - 28-12-2017 / 17:12
EL GRAN CUÑADO "DURMIÓ" HASTA FEBRERO UNA CAUSA DE CORRUPCIÓN

Juan Pablo Aguilera volvió a Tribunales: amplió su indagatoria en el marco de la causa por la contratación de su imprenta

Juan Pablo Aguilera volvió a Tribunales: amplió su indagatoria en el marco de la causa por la contratación de su imprenta
Juan Pablo “Juampi” Aguilera (der.), el cuñado de Sergio “Pato” Urribarri, volvió este jueves al Ministerio Público Fiscal de la provincia. Entró antes de las 8.30 al edificio ubicado sobre calle Santa Fe de la capital entrerriana, para ampliar su indagatoria frente al fiscal Alejandro Cánepa, en el marco de la causa por la contratación de su imprenta para publicidades del Estado provincial. Aguilera trató de evitar la lente de las cámaras y los micrófonos pero no lo logró. Salió acompañado por su abogado, Marcos Rodríguez Allende (izq.), a las 10.55. Foto: Análisis Digital
Juan Pablo "Juampi" Aguilera, el cuñado de Sergio "Pato" Urribarri, volvió este jueves al Ministerio Público Fiscal de la provincia. Entró antes de las 8.30 al edificio ubicado sobre calle Santa Fe de la capital entrerriana, para ampliar su indagatoria frente al fiscal Alejandro Cánepa, en el marco de la causa por la contratación de su imprenta para publicidades del Estado provincial. Aguilera trató de evitar la lente de las cámaras y los micrófonos pero no lo logró. Salió acompañado por su abogado, Marcos Rodríguez Allende, a las 10.55.
 
El legajo también involucra al ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial, Pedro Báez (FpV-Paraná); y al responsable de certificación de publicidades en vía pública del extinto Ministerio, Gustavo Tamay. Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
 
El cuñado del ex mandatario se había abstenido de declarar en una primera instancia, pero ahora fue quien solicitó ampliar su declaración indagatoria. En Tribunales vieron en el pedido otra intención: dilatar por unos meses la elevación de la causa a juicio, acto que los fiscales tenían previsto hacer antes de que termine el 2017.
 
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Es conocida como "la causa de la vaca". En el marco de ese expediente fue Juan Pablo Aguilera al Ministerio Fiscal, para ampliar su indagatoria. El cuñado del ex gobernador ingresó al edificio ubicado sobre calle Santa Fe antes de las 8.30 de este jueves, aunque estaba citado a las 9 y recién comenzó su indagatoria alrededor de las 9.30. Declaró por más de una hora y volvió a la vía pública a las 10.55.
 
"No voy a decir nada", se atajó, cuando salió del Ministerio Fiscal y se enfrentó a la prensa. Declaró, amplió su indagatoria, pero se rehusó a dar detalles. Salió acompañado por su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende. Juntos caminaron por la vereda del Ministerio hasta la esquina de calle Laprida. Ahí esperaron hasta que el semáforo se puso en rojo, cruzaron la calle con dirección al edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y luego volvieron a atravesar la vía orientándose hacia la Casa de Gobierno.
 
El expediente en cuestión es aquel que investiga las contrataciones por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación, que comandó Pedro Báez, para realizar publicidades en la vía pública. Esa cartera estatal benefició a las imprentas de Juan Pablo Aguilera, con jugosos negocios durante la gestión de Sergio Urribarri.
 
Es conocida como "la causa de la vaca", porque en la rendición de supuestas gigantografías colocadas a la vera de las rutas en la provincia, siempre aparece la misma vaca. En rigor, a través de una pericia los fiscales pudieron establecer que, para acreditar el cumplimiento de contratos en distintos periodos de tiempo, se presentó siempre la misma foto. Lo saliente es que la imagen del cartel publicitario que probaría el cumplimiento de distintos contratos con la imprenta, tiene la misma vaca pastando en todos los casos.
 
Ese ejemplo resultó más que elocuente hace poco más de un año atrás, cuando los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro tuvieron que explicar en una audiencia pública, ante el juez de Garantías Humberto Franchi, por qué se negaban a un pedido de la defensa de Pedro Báez.
 
Lo concreto que pedían los fiscales era que peritos corroboraran, a través de un análisis visual, si se utilizaron las mismas fotografías para acreditar el cumplimiento de distintas órdenes de publicidad emitidas.
 
Pero la defensa de Báez reclamaba que los peritos, en el marco del mismo análisis, establezcan si esas fotografías se correspondían o no con el efectivo cumplimiento, en terreno, del contrato de publicidad. Eran dos cosas distintas y en ese momento, a criterio del juez, el planteo de la defensa no tenía cabida por lo cual se rechazó. Luego la pericia terminó probando que efectivamente se había utilizado la misma fotografía para acreditar el cumplimiento de distintos contratos publicitarios.
 
Este expediente está cerca de cerrarse a criterio de los fiscales, por lo cual, en poco tiempo podría pedirse la elevación a juicio oral. Si eso ocurriera, podría ser la primera causa que involucra a la familia Urribarri-Aguilera, a Pedro Báez y otros funcionarios en llegar a debate público por las negociaciones con el Estado entrerriano.
 
Se trata del legajo judicial N° 31.253, caratulado "Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos".
 
"Urribarri, en su calidad de gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar", se leyó en noviembre del año pasado, en la audiencia para discutir la pericia, según recordó hace unos días atrás Entre Ríos Ahora.
 
La sospecha de los fiscales es que las contrataciones publicitarias fueron direccionadas. Y en la mira también quedaron las empresas de Martín Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay).
 
Fuente: Análisis Digital
 

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El Tribunal conformado por Alicia Vivian, Carolina Catagno y Gustavo Pimentel comenzó este lunes, desde las 9 y a puertas cerradas, a juzgar por abuso y corrupción de menores al cura Justo José Ilarraz. El sacerdote ingresó a Tribunales una hora antes del inicio del debate, llegó acompañado por su hermano y entró sin brindar declaraciones.
 
Antes de comenzar el debate, la jueza Vivian convocó a los periodistas presentes para aclarar algunas cuestiones del criterio que se utilizará ante la tarea periodística, y aclaró que el debate no es público por el tipo de delito que se juzga y también por una cuestión de imparcialidad del Tribunal, por lo cual procuran que no se hagan públicas imágenes del imputado dentro de la sala de audiencias.
 
La audiencia entró en un cuarto intermedio en el cual se resolverán tres cuestiones preliminares: sobre el carácter público de los alegatos y la sentencia (hay posturas diferentes), el estado de salud de Estanislao Karlic y Mario Luis Maulión -dos de los tres arzobispos que declararán, Juan Alberto Puiggari lo hará por escrito- y la presencia o no de Ilarraz mientras declaren algunas de las víctimas, ya que parte de los sobrevivientes solicitaron que se retire de la sala para cuando les toque declarar.
 
Luego del cuarto intermedio, brindarán testimonio tres de las víctimas de Ilarraz. En ese marco, desde la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos denunciaron penalmente a la curia porque el viernes por la noche convocaron por whatsap a una de las víctimas a que vaya a "ampliar su declaración como testigo" en el marco del proceso canónico, de noche, en soledad y al mismo lugar donde fue abusado por Ilarraz, al Seminario de Paraná.
 
El 7 y 8 de mayo serán los alegatos de las partes. Ilarraz se encuentra procesado por siete denuncias de abuso y corrupción de niñas, niños y adolescentes, mientras se desarrolló como prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993.
 
La causa penal se abrió de oficio en septiembre de 2012, luego de la publicación del caso en la Revista Análisis. Seis años después del comienzo de la instrucción penal y tras infinidad de dilaciones por parte de la defensa, Ilarraz está en el banquillo de los acusados.

14-04-2018 / 11:04
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