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Paraná - 28-12-2017 / 17:12
EL GRAN CUÑADO "DURMIÓ" HASTA FEBRERO UNA CAUSA DE CORRUPCIÓN

Juan Pablo Aguilera volvió a Tribunales: amplió su indagatoria en el marco de la causa por la contratación de su imprenta

Juan Pablo Aguilera volvió a Tribunales: amplió su indagatoria en el marco de la causa por la contratación de su imprenta
Juan Pablo “Juampi” Aguilera (der.), el cuñado de Sergio “Pato” Urribarri, volvió este jueves al Ministerio Público Fiscal de la provincia. Entró antes de las 8.30 al edificio ubicado sobre calle Santa Fe de la capital entrerriana, para ampliar su indagatoria frente al fiscal Alejandro Cánepa, en el marco de la causa por la contratación de su imprenta para publicidades del Estado provincial. Aguilera trató de evitar la lente de las cámaras y los micrófonos pero no lo logró. Salió acompañado por su abogado, Marcos Rodríguez Allende (izq.), a las 10.55. Foto: Análisis Digital
Juan Pablo "Juampi" Aguilera, el cuñado de Sergio "Pato" Urribarri, volvió este jueves al Ministerio Público Fiscal de la provincia. Entró antes de las 8.30 al edificio ubicado sobre calle Santa Fe de la capital entrerriana, para ampliar su indagatoria frente al fiscal Alejandro Cánepa, en el marco de la causa por la contratación de su imprenta para publicidades del Estado provincial. Aguilera trató de evitar la lente de las cámaras y los micrófonos pero no lo logró. Salió acompañado por su abogado, Marcos Rodríguez Allende, a las 10.55.
 
El legajo también involucra al ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial, Pedro Báez (FpV-Paraná); y al responsable de certificación de publicidades en vía pública del extinto Ministerio, Gustavo Tamay. Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
 
El cuñado del ex mandatario se había abstenido de declarar en una primera instancia, pero ahora fue quien solicitó ampliar su declaración indagatoria. En Tribunales vieron en el pedido otra intención: dilatar por unos meses la elevación de la causa a juicio, acto que los fiscales tenían previsto hacer antes de que termine el 2017.
 
La Opinión Popular

 
Es conocida como "la causa de la vaca". En el marco de ese expediente fue Juan Pablo Aguilera al Ministerio Fiscal, para ampliar su indagatoria. El cuñado del ex gobernador ingresó al edificio ubicado sobre calle Santa Fe antes de las 8.30 de este jueves, aunque estaba citado a las 9 y recién comenzó su indagatoria alrededor de las 9.30. Declaró por más de una hora y volvió a la vía pública a las 10.55.
 
"No voy a decir nada", se atajó, cuando salió del Ministerio Fiscal y se enfrentó a la prensa. Declaró, amplió su indagatoria, pero se rehusó a dar detalles. Salió acompañado por su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende. Juntos caminaron por la vereda del Ministerio hasta la esquina de calle Laprida. Ahí esperaron hasta que el semáforo se puso en rojo, cruzaron la calle con dirección al edificio del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y luego volvieron a atravesar la vía orientándose hacia la Casa de Gobierno.
 
El expediente en cuestión es aquel que investiga las contrataciones por parte del Ministerio de Cultura y Comunicación, que comandó Pedro Báez, para realizar publicidades en la vía pública. Esa cartera estatal benefició a las imprentas de Juan Pablo Aguilera, con jugosos negocios durante la gestión de Sergio Urribarri.
 
Es conocida como "la causa de la vaca", porque en la rendición de supuestas gigantografías colocadas a la vera de las rutas en la provincia, siempre aparece la misma vaca. En rigor, a través de una pericia los fiscales pudieron establecer que, para acreditar el cumplimiento de contratos en distintos periodos de tiempo, se presentó siempre la misma foto. Lo saliente es que la imagen del cartel publicitario que probaría el cumplimiento de distintos contratos con la imprenta, tiene la misma vaca pastando en todos los casos.
 
Ese ejemplo resultó más que elocuente hace poco más de un año atrás, cuando los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro tuvieron que explicar en una audiencia pública, ante el juez de Garantías Humberto Franchi, por qué se negaban a un pedido de la defensa de Pedro Báez.
 
Lo concreto que pedían los fiscales era que peritos corroboraran, a través de un análisis visual, si se utilizaron las mismas fotografías para acreditar el cumplimiento de distintas órdenes de publicidad emitidas.
 
Pero la defensa de Báez reclamaba que los peritos, en el marco del mismo análisis, establezcan si esas fotografías se correspondían o no con el efectivo cumplimiento, en terreno, del contrato de publicidad. Eran dos cosas distintas y en ese momento, a criterio del juez, el planteo de la defensa no tenía cabida por lo cual se rechazó. Luego la pericia terminó probando que efectivamente se había utilizado la misma fotografía para acreditar el cumplimiento de distintos contratos publicitarios.
 
Este expediente está cerca de cerrarse a criterio de los fiscales, por lo cual, en poco tiempo podría pedirse la elevación a juicio oral. Si eso ocurriera, podría ser la primera causa que involucra a la familia Urribarri-Aguilera, a Pedro Báez y otros funcionarios en llegar a debate público por las negociaciones con el Estado entrerriano.
 
Se trata del legajo judicial N° 31.253, caratulado "Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos".
 
"Urribarri, en su calidad de gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar", se leyó en noviembre del año pasado, en la audiencia para discutir la pericia, según recordó hace unos días atrás Entre Ríos Ahora.
 
La sospecha de los fiscales es que las contrataciones publicitarias fueron direccionadas. Y en la mira también quedaron las empresas de Martín Bustamante (Paraná) y Fernando Montañana (Concepción del Uruguay).
 
Fuente: Análisis Digital
 

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12-10-2018 / 11:10
La ex intendente de Paraná, Blanca Osuna, consideró que "hay muchas cosas que deberían tener un cauce mucho más ágil" en el marco de la causa narcomunicipio que tiene imputado al intendente Sergio Varisco y detenidos al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
 
"Valoro el accionar de la justicia y del juez (Leandro) Ríos y eso puso en blanco y en foco una situación que a todas luces se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero en realidad lo que hoy tiene que suceder es agilizar y activar al máximo todas las cuestiones que contribuyan a que los paranaenses no estemos expuestos a tener al frente del municipio una persona con semejante sospecha", definió.
 
Sostuvo que "a la justicia hay que pedirle celeridad por el tenor de las acusaciones; esto tiene que ir a juicio cuanto antes y se debe resolver la situación del intendente porque no nos merecemos tener una persona así conduciendo los destinos de la ciudad". También dijo que "institucionalmente esto se puede resolver" porque "los paranaenses no nos merecemos esta situación".
 
"Esto es una responsabilidad que hoy tiene en manos la justicia, aunque lógicamente el primer responsable es el intendente, pero se maneja como si nada pasara, con su séquito, y hay que ponerle límite a esta situación que tiene algunos matices absurdos y una lógica casi perversa", sentenció. Por otra parte, manifestó su preocupación y criticó duramente la habilitación para instalar barrios privados en la ciudad.

11-10-2018 / 11:10
10-10-2018 / 17:10
10-10-2018 / 11:10
 
La Municipalidad de Paraná sumó otro allanamiento en la causa que investiga a Sergio Varisco, el tercero en lo que va del año. Por orden del juez federal que lo procesó por narcotráfico, un equipo de contadores de la Policía Federal fue a buscar registros de pago de facturas. Intentan probar si el intendente desvió pauta publicitaria oficial para financiar el negocio de de la droga.
 
El juez federal Leandro Ríos dispuso los allanamientos para intentar cerrar el círculo: quiere saber si el polémico Varisco desvió fondos públicos para financiar una red de tráfico de drogas dirigida por el jefe narco Daniel "Tavi" Celis.
 
La sospecha del juez es que usaban los nombres de distintas personas como fachada para "blanquear" el dinero administrativamente y usarlo para comprar droga. También se habrían "inflado" en los registros los montos de pautas reales, para desviar parte de la plata con el mismo fin.
 
La causa narco se está profundizando hacia la hipótesis de que la organización compró droga con plata de la Municipalidad. Creen que el pago de publicidad podría haber sido el mecanismo elegido para encubrir esos giros de dinero público.
 
Fuentes de la UCR afirmaron que Varisco "no quiere renunciar ni pedir licencia". Parece que el intendente de Paraná está lejos de querer dejar el sillón de Intendente. Incluso habló de competir por la reelección en 2019. Y hasta quiso medirse para pelear por la gobernación de Entre Ríos.  ¡Hay que tener la cara muy dura!
09-10-2018 / 09:10
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