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Paraná - 12-12-2017 / 16:12
EL GOBIERNO NACIONAL BUSCA CAMBIAR EL DECRETO REGLAMENTARIO

Marcharon en Paraná en contra de los cambios en Salud Mental y en defensa de los DD.HH.

Marcharon en Paraná en contra de los cambios en Salud Mental y en defensa de los DD.HH.
Paraná se movilizó contra la reforma del decreto reglamentario de la norma que rige desde 2010 y a la que la Provincia adhirió en 2016. El “No a la reforma del Decreto Reglamentario de la Ley de Salud Mental” fue el reclamo principal. La marcha reivindicó el alcance jurídico y la cobertura en perspectiva de derechos humanos de la actual norma. Foto: Diario UNO
 
El "No a la reforma del Decreto Reglamentario de la Ley de Salud Mental" fue el reclamo principal de la marcha que diversas organizaciones sociales y políticas protagonizaron este lunes en Paraná. "El proyecto es un retroceso", definió el titular del órgano de revisión de la ley, Martín Cabrera.
 
"Este decreto nos ubica en estar discutiendo de nuevo la ley cuando los esfuerzos tienen que estar en discutir cómo implementamos la ley, cómo adecuamos los hospitales monovalentes a lo que dice el texto legal", distinguió. También Cabrera se manifestó el rechazo a las políticas de ajuste implementadas por los gobiernos y en contra de la violación de los derechos humanos.
 
La Opinión Popular

 
Diversas voces exigieron que no se toque la Ley de Salud Mental 26.657
 
Bajo la consigna "Los derechos se defienden" representantes del campo de la salud mental nucleados en la Asamblea en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 junto a organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, se movilizaron ayer en Paraná en rechazo al proyecto de decreto mediante el cual el gobierno nacional pretende modificar la reglamentación de la ley, considerada como modelo en materia de protección de los derechos humanos.
 
La convocatoria había sido pactada a las 18 en la Plaza 1° de Mayo, pero por cuestiones organizativas la actividad comenzó alrededor de las 19 en la intersección de Corrientes y Urquiza. A lo largo de una cuadra confluyeron una diversidad de reclamos, en su mayoría contra las políticas centrales que viene implementando la gestión de Mauricio Macri.
 
Desde la interpelación al Estado para que permita el acceso libre a la cultura, la exigencia de una Ley de Emergencia en Violencia de Género, el planteo en procura de ambientes sanos y libres de agrotóxicos y también de voces que repudiaron el fallo judicial que dictó el procesamiento y pidió la prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto encubrimiento del ataque a la AMIA.
 
"El proyecto oficial implica un retroceso en lo que es la lucha y conquista en materia de derechos humanos para todos los usuarios y usuarios del sistema de salud mental. Viene a modificar algunos aspectos fundamentales de la norma", advirtió el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental, Martín Cabrera.
 
Al dar cuenta de los principales puntos de la ley que el decreto cambiaría, Cabrera sostuvo que la idea apunta a modificar aspectos relacionados a la concepción de la salud mental, dejando de lado la perspectiva social de la temática, donde se abordan los factores ambientales, culturales e históricos de la persona. "Al reducirlo solo a la cuestión biológica, le da una preponderancia a la cuestión psiquiátrica y a los medicamentos, dejando de lado otro tipo de intervenciones, que hacen al mejoramiento y a la conservación de la salud mental de la persona", argumentó.
 
Respecto del estado actual de la iniciativa impulsada por la Dirección Nacional de Salud Mental y que volvió a estar en la agenda política al asumir el nuevo ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, el integrante de la Asamblea señaló: "Rubinstein manifestó públicamente que el proyecto se frenaba, que se iba a abrir una mesa de diálogo donde se iba a convocar a distintos sectores para seguir adelante o para ver que modificaciones se hacían. Lo que está claro es que el gobierno nacional continúa con la idea de modificar el decreto reglamentario de la ley y eso en sí implica un retroceso".
 
Cabrera consideró que en vez de estar discutiendo esta cuestión, se tendría que poner el eje "en cómo aplicar la Ley de Salud Mental y el decreto reglamentario. El decreto ya está, la ley ya está, es decir que las herramientas jurídicas y legales ya las tenemos", completó en diálogo con UNO.
 
La marcha pasó por Casa de Gobierno, continuó por la sede de Gendarmería y terminó su recorrido en la plaza Alvear donde se dio lectura a un documento consensuado previamente.
 
Por Marcelo Comas
 
Fuente: Diario UNO
 

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El Tribunal conformado por Alicia Vivian, Carolina Catagno y Gustavo Pimentel comenzó este lunes, desde las 9 y a puertas cerradas, a juzgar por abuso y corrupción de menores al cura Justo José Ilarraz. El sacerdote ingresó a Tribunales una hora antes del inicio del debate, llegó acompañado por su hermano y entró sin brindar declaraciones.
 
Antes de comenzar el debate, la jueza Vivian convocó a los periodistas presentes para aclarar algunas cuestiones del criterio que se utilizará ante la tarea periodística, y aclaró que el debate no es público por el tipo de delito que se juzga y también por una cuestión de imparcialidad del Tribunal, por lo cual procuran que no se hagan públicas imágenes del imputado dentro de la sala de audiencias.
 
La audiencia entró en un cuarto intermedio en el cual se resolverán tres cuestiones preliminares: sobre el carácter público de los alegatos y la sentencia (hay posturas diferentes), el estado de salud de Estanislao Karlic y Mario Luis Maulión -dos de los tres arzobispos que declararán, Juan Alberto Puiggari lo hará por escrito- y la presencia o no de Ilarraz mientras declaren algunas de las víctimas, ya que parte de los sobrevivientes solicitaron que se retire de la sala para cuando les toque declarar.
 
Luego del cuarto intermedio, brindarán testimonio tres de las víctimas de Ilarraz. En ese marco, desde la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos denunciaron penalmente a la curia porque el viernes por la noche convocaron por whatsap a una de las víctimas a que vaya a "ampliar su declaración como testigo" en el marco del proceso canónico, de noche, en soledad y al mismo lugar donde fue abusado por Ilarraz, al Seminario de Paraná.
 
El 7 y 8 de mayo serán los alegatos de las partes. Ilarraz se encuentra procesado por siete denuncias de abuso y corrupción de niñas, niños y adolescentes, mientras se desarrolló como prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano de Paraná entre 1985 y 1993.
 
La causa penal se abrió de oficio en septiembre de 2012, luego de la publicación del caso en la Revista Análisis. Seis años después del comienzo de la instrucción penal y tras infinidad de dilaciones por parte de la defensa, Ilarraz está en el banquillo de los acusados.

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