Nacionales - 08-12-2017 / 09:12
A PESAR DE LAS DIVISIONES, EL RECHAZO FUE UNÁNIME EN EL PJ
Macri es el máximo responsable de perseguir a la oposición para sostener el ajuste neoliberal
En una conferencia de prensa en el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ –acompañada por legisladores de esa y otras fuerzas políticas–, Cristina redobló la apuesta: “No quieren nuestra voz en el Senado denunciando. No nos vamos a callar, no nos vamos a asustar, no nos van a disciplinar frente al ajuste y el saqueo y tampoco nos vamos a dejar provocar”, dijo y propuso una “reacción serena” al “desvarío judicial” que impulsa el Gobierno. Denunció una “persecución inédita a la oposición en tiempos democráticos” y la existencia de una campaña de “hostigamiento y humillación”.
Mauricio Macri profundiza la criminalización de la protesta. Ayer a la madrugada ordenó una verdadera cacería de opositores: la prisión de Cristina Fernández -que no se efectivizó porque requiere del desafuero-, de Héctor Timerman -en prisión domiciliaria por enfermedad-, de Carlos Zannini y de los dirigentes de agrupaciones opositoras: Luis D'Elía, Jorge Youssef Kahlil y Fernando Esteche. Se trata de órdenes de detención sin juicio ni condena, con el argumento poco serio de que pueden obstaculizar la investigación.
"El presidente Macri es el máximo responsable de la organización política y judicial para perseguir a la oposición", afirmó la senadora electa y ex presidenta Cristina Fernández, tras la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesarla con prisión preventiva y pedir su desafuero parlamentario por "traición a la patria" y "encubrimiento" del atentado a la AMIA.
Las acciones de Bonadio, impulsadas por el Gobierno, son una "cortina de humo", sirven para tapar las críticas que le estallaron a Macri por el hundimiento del submarino ARA San Juan y, sobre todo, con los cuestionamientos a los fuertes recortes a los jubilados y a la reducción de derechos a los trabajadores que implica la reforma laboral.
El expediente elegido fue el del tratado con Irán, que nunca entró en vigencia y que fue votado por las dos cámaras del Congreso. La figura usada es emblemática, la "traición a la patria", una calificación que no se utilizó nunca desde que se acusara por ese delito a Juan Perón en 1955, en el marco de la persecución oligárquica de la autodenominada "Revolución Libertadora".
Mientras la derecha política que gobierna el país se llena la boca de palabras vacías hablando de "diálogo" e "institucionalidad", la razzia de opositores de ayer encaja con la ofensiva de este diciembre para criminalizar a la oposición. El contexto político se completa y explica con la escalada represiva e ilegal, que ya se cobró las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
El objetivo es reducir el impacto de una agenda complicada para Macri y dar una clara señal de lo que les puede pasar a aquellos que no estén dispuestos a alinearse, por acción u omisión, con las iniciativas de los macristas, que festejan y aplauden estas medidas apoyados en el rencor político o en la sed de venganza. Así, pretenden tapar la pérdida del submarino y las reformas claramente impopulares, rechazadas por el 70% de la población.
Frente a ese panorama, el fallo de Bonadio salió al rescate de Macri. Lo concreto es que el Gobierno tiene, desde ayer, más opositores presos sin juicio y sin condena. Mediante esta operación judicial, Cambiemos está restringiendo sistemáticamente los límites de la democracia, arrasando con derechos elementales, comenzando por la libertad de las personas.
La Opinión Popular
OPINIÓN
Un país inesperado
Estamos asistiendo a la realidad de un país inesperado. Ni el más sabio y experimentado de los analistas políticos podría haber imaginado que con la llegada de Cambiemos al gobierno estaríamos hoy en la situación de indefensión institucional a la que están siendo sometidos no solo los directamente afectados para la cacería política desatada por el Poder Judicial que actúa en coordinación con la Casa Rosada, sino toda la ciudadanía.
Están en peligro también aquellos que hoy festejan y aplauden apoyados en el rencor político o en la sed de venganza. Porque la institucionalidad democrática avasallada con perversión y mezquindad genera una forma de estado de excepción no declarado a partir de cual desaparecen las garantías individuales. Y esta situación de hecho, que hoy afecta a aquella parte de la oposición que "pone palos en la rueda", mañana puede castigar hasta por discrepancias menores a los hoy festejantes de la medida.
Mediante la operación judicial el Gobierno está restringiendo sistemáticamente las fronteras de la democracia, arrasando con derechos esenciales, comenzando por la libertad de las personas. El espacio político se reduce a tal punto que ni siquiera cabe en los estrechos márgenes de ciudadanía aceptados teóricamente por la derecha política que gobierna el país y que se llenó la boca de palabras vacías hablando de "diálogo" e "institucionalidad".
Se traspasaron todos los límites. El cinismo discursivo y las operaciones mediáticas no alcanzan para tapar las violaciones montadas sobre aberraciones jurídicas. Y triste, lamentable y peligrosamente, por el camino que estamos transitando como sociedad y como comunidad política se pueden seguir sumando muertes a las ya cosechadas. Es la prepotencia del poder que no repara en los medios y los justifica todos para alcanzar sus fines.
Estamos frente a un país inesperado, porque habíamos comenzando a confiar en la solidez de una democracia que construimos no sin sobresaltos y dificultades.
Es inesperado porque desde el Gobierno, usando al Poder Judicial como escudero, se judicializa la política, se sanciona a los que piensan diferente, se amenaza y se silencia a las voces disidentes. Pero también es un país inesperado porque la sociedad, la comunidad ciudadana, sigue mostrando falta de reflejos, de reacciones rápidas y oportunas que le pongan freno a la cacería política desatada.
Hay responsabilidad compartida. La mayor, sin duda, es de quienes amparándose en el fraude institucional y en la mentira sistemática utilizan ilegítimamente los recursos legales para obrar en contra de la vigencia de los derechos.
Pero también son responsables quienes, desde cualquier lugar de la oposición, continúan anclados en rencores y en diferencias -grandes o pequeñas- sin advertir que lo que se está perdiendo es el patrimonio de la democracia, la base de la convivencia, el sostén de la calidad de vida en todos sus niveles.
Seguramente no hay fórmulas conocidas para salir de esta encrucijada. El Gobierno y sus aliados ya mostraron sus cartas. Y nada indica que cambiarán el rumbo, no obstante algunos de quienes integran las filas del oficialismo ya hablan en voz baja mostrándose alarmados por lo que ocurre y, cuando menos, dejan de aplaudir. Saben que sembrando odio no se cosechan buenos frutos.
Desde el lugar de la ciudadanía consciente de los daños producidos, de sus consecuencias y de los riesgos que se avecinan con efectos devastadores cual huracán tropical, no podría seguir postergándose la reacción.
Esto es: una respuesta unificada que aglutine en torno a la defensa de los derechos fundamentales, más allá de las diferencias políticas que -aún siendo importantes- pasan a ser casi irrelevantes frente al desquicio perpetrado.
Porque lo que está en riesgo son los valores de la convivencia social y política. Frente a un país inesperado habrá que hacer esfuerzos inimaginables para sumar inteligencia y creatividad. De lo contrario serán muchas más las pérdidas de todo tipo que tengamos que seguir lamentando.
Por Washington Uranga
Fuente: Página12