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Entre Ríos - 03-12-2017 / 17:12
AVANZA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Causa Parador en Mar del Plata: los retornos del Sueño Entrerriano

Causa Parador en Mar del Plata: los retornos del Sueño Entrerriano
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a Presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces Presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
 La Justicia puso el ojo sobre los "retornos" del "El Sueño Entrerriano", el sello de campaña que utilizó el ex gobernador Sergio Urribarri para promover su precandidatura a Presidente de la Nación, en 2015. En el Ministerio Público Fiscal el actual presidente de la Cámara de Diputados tiene varios frentes de batalla judicial abiertos y uno de ellos es el que investiga la instalación del parador en Mar del Plata, que se inauguró el 3 de enero de 2015.
 
Según la Fiscalía, Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador a través de una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al ex director de Contenidos del "Fútbol para Todos", Gerardo Caruso; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
 
Todos ellos, imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

 
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a Presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces Presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
 
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al ex director de Contenidos del "Fútbol para Todos", Gerardo Caruso; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.
 
El parador es sólo la punta del iceberg. Alrededor de los inflables, las palmeras en la arena y el cotillón, hubo otro montaje que en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a desmantelar: las maniobras para redireccionar dineros de los entrerrianos a la campaña de Urribarri.
 
La operación se resume del siguiente modo: la provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, "Castromil SRL" y "El Juego en que andamos SRL". La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
 
De modo que descartado el competidor -que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada giró una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del entonces gobernador.
 
"El Juego en que andamos SRL", de la que es socio gerente Gerardo 'Foia' Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los 14 millones de pesos que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo "X la Plata Publicidad" Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron 338.800 pesos.
 
La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un "retorno" de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por 2.000.000 de pesos, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como "intermediarias" como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por 2.468.700 de pesos.
 
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
 
 
La firma de 'Foia', en la casa de Virué
 
Los trámites para contratar a "El juego en que andamos SRL" se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri sobre la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma "ficticia", ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
 
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el "aporte imprescindible" de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que "Foia" contó con "información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma", y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
 
La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces secretario de Justicia, Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
 
Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por "El Juego en que andamos". La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.
 
Según se informó, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El ex funcionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en "Fútbol para Todos", donde "Foia" era su jefe.
 
Por Gonzalo Núñez
 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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25-09-2018 / 18:09
25-09-2018 / 13:09
En el nuevo "federalismo" argentino, con Mauricio Macri a la cabeza, se multiplican los instrumentos coercitivos: la transferencia de servicios sin contrapartida financiera, las limitaciones a la utilización del poder tributario provincial, la tendencia a la uniformidad tributaria, las afectaciones de recursos coparticipables y las transferencias directas de la Nación a las municipalidades.
 
En ese marco apareció la semana que pasó un convenio entre el Gobierno nacional y las provincias: el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios; una suerte de compensación por la eliminación del Fondo Solidario Federal, o fondo soja.
 
El nuevo Programa fija que aplicando los índices de coparticipación se distribuirá entre las provincias un monto de $ 4.125 millones, de los cuales a Entre Ríos le tocarían algo menos de $ 400 millones hasta fin de año. Algo es algo, dicen en la Casa Gris.
 
El mandatario provincial admite que no es lo mejor que se consiguió con el acuerdo, pero entiende que seguirán las negociaciones por recursos. La discusión Nación-Provincias es por la plata, y en forma desesperada. El presupuesto 2019 pone en tensión el federalismo en el afán por recortar gastos en un año en el que habrá renovación política.
 
Este debate seguirá en el Congreso con el Presupuesto nacional 2019, cada lado con sus propios intereses, la alianza Cambiemos por mostrarlo al FMI para seguir endeudándose sin límites y los gobernadores objetando ajustes que perjudiquen las economías locales.
 
Con los $ 400 millones, la Provincia se asegura algo de dinero hasta fin de año, y lo que pueda recibir en 2019 dependerá de los tira y afloje en el Parlamento por el desaparecido fondo sojero, los subsidios al transporte y la tarifa social a la electricidad y el gas.
 
Se trata de jugadas que revelan que, en ese mundo de acercamientos y desconfianzas mutuas, el gobernador Gustavo Bordet sigue consolidándose en la liga de gobernadores con un perfil más dialoguista frente al poder central a diferencia del discurso más radicalizado y combativo del pampeano Carlos Verna.
 
El Gobernador se siente fuerte porque, de alguna manera, sus reclamos y amenazas de luchar por los fondos que llegaban con las retenciones que se hacían a la exportación de soja tuvieron algunos resultados al recibir del Gobierno Nacional la promesa de pagar estos millones hasta diciembre.
 
La Opinión Popular

24-09-2018 / 10:09
23-09-2018 / 11:09
23-09-2018 / 11:09
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