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Entre Ríos - 03-12-2017 / 17:12
AVANZA LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Causa Parador en Mar del Plata: los retornos del Sueño Entrerriano

Causa Parador en Mar del Plata: los retornos del Sueño Entrerriano
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a Presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces Presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
 La Justicia puso el ojo sobre los "retornos" del "El Sueño Entrerriano", el sello de campaña que utilizó el ex gobernador Sergio Urribarri para promover su precandidatura a Presidente de la Nación, en 2015. En el Ministerio Público Fiscal el actual presidente de la Cámara de Diputados tiene varios frentes de batalla judicial abiertos y uno de ellos es el que investiga la instalación del parador en Mar del Plata, que se inauguró el 3 de enero de 2015.
 
Según la Fiscalía, Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador a través de una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al ex director de Contenidos del "Fútbol para Todos", Gerardo Caruso; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel.
 
Todos ellos, imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

 
La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron 14.561.870 pesos para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a Presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces Presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.
 
Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al ex director de Contenidos del "Fútbol para Todos", Gerardo Caruso; el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; y la contadora de las empresas de éste, Corina Cargnel. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.
 
El parador es sólo la punta del iceberg. Alrededor de los inflables, las palmeras en la arena y el cotillón, hubo otro montaje que en el Ministerio Público Fiscal comenzaron a desmantelar: las maniobras para redireccionar dineros de los entrerrianos a la campaña de Urribarri.
 
La operación se resume del siguiente modo: la provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, "Castromil SRL" y "El Juego en que andamos SRL". La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.
 
De modo que descartado el competidor -que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada giró una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del entonces gobernador.
 
"El Juego en que andamos SRL", de la que es socio gerente Gerardo 'Foia' Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los 14 millones de pesos que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo "X la Plata Publicidad" Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron 338.800 pesos.
 
La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un "retorno" de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por 2.000.000 de pesos, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como "intermediarias" como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por 2.468.700 de pesos.
 
Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.
 
 
La firma de 'Foia', en la casa de Virué
 
Los trámites para contratar a "El juego en que andamos SRL" se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri sobre la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma "ficticia", ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.
 
Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el "aporte imprescindible" de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que "Foia" contó con "información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma", y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.
 
La firma tiene su sede en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces secretario de Justicia, Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.
 
Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por "El Juego en que andamos". La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.
 
Según se informó, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El ex funcionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en "Fútbol para Todos", donde "Foia" era su jefe.
 
Por Gonzalo Núñez
 
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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18-07-2018 / 16:07
18-07-2018 / 12:07
17-07-2018 / 17:07
17-07-2018 / 00:07
Frente al futuro oscuro que impone el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, los gobernadores del PJ advirtieron, con tonadas y énfasis diversos, que no se someterán dócilmente a los recortes resueltos en la Casa Rosada. Ni de peronismo hablamos: apenas es defensa propia.
 
Aunque, lo real es que la oposición hoy está entre la espada y la pared, ya que si se opone y no aprueba el proyecto 2019, el gobierno de Macri amenaza seguir con el presupuesto 2018, que perjudicará notablemente a las provincias. Por ello, un grupo de gobernadores justicialistas está preparando una propuesta alternativa.
 
En el interior del país, a Horacio Rodríguez Larreta lo llaman irónicamente "el príncipe de Dubai". Grafican de ese modo la riqueza presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires en comparación con las provincias argentinas. Con esa mezcla de humor e intencionalidad política, argumentan que la Capital Federal debe absorber una parte significativa del ajuste que pretende el Gobierno de los CEOs.
 
La mira de los gobernadores y legisladores del interior está enfocada de ese modo no sólo por la histórica demanda federal frente al centralismo porteño, sino también porque la Capital es el distrito de origen del macrismo, su base política. De ahí que se considere que si Macri reclama un fuerte recorte de gastos, entonces el achique "debe empezar por casa".  Y la casa del PRO es Buenos Aires.
 
En números, la pretensión de los gobernadores del interior -un bloque más o menos homogéneo con el que negocia la Casa Rosada- es que la Capital y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de al menos $80.000 millones de los $150.000 millones de ajuste que reclama Macri a las provincias. Una suma idéntica correría por cuenta de la Nación.
 
Vidal y Larreta se enfrentan, en este marco, a una fuerte presión política para que la Nación les traspase las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, y la de aguas Aysa. Además están los $70.000 millones que el año pasado destinó el Estado nacional a subsidios al transporte público -colectivos, trenes-, $ 66.000 millones se aplicaron al área metropolitana de Buenos Aires. La consecuencia es notoria: las tarifas son más caras en el interior del país.
 
Por otra parte, la idea de Macri es que las provincias utilicen créditos de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, para hacer las obras que no financiará más el Gobierno Nacional. Para cortar cintas durante el año electoral habrá que endeudarse. La cuestión es que el aval debe darlo la Nación. Además, se les pedirá a los gobernadores que financien temas que hoy se ejecutan con fondos nacionales, como el pago del Incentivo docente y programas de salud.
 
En resumen, ¿qué implicaría para las provincias acompañar el ajuste del FMI? En principio, recortar el gasto salarial y de bienes y servicios hasta el 1,2% del PBI. Y adaptarse a un tope de aumento de sólo el 8% para los empleados públicos en 2019.
 
La Opinión Popular

16-07-2018 / 17:07
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