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Nacionales - 26-11-2017 / 10:11

Represión en la Patagonia: Un manifestante fue muerto en un operativo de las fuerzas de seguridad federales

Represión en la Patagonia: Un manifestante fue muerto en un operativo de las fuerzas de seguridad federales
El violento asesinato de un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Bariloche a manos de uniformados federales, coronó una semana negra para el macrismo. También fueron baleados con municiones de plomo otros integrantes de la comunidad, en un hecho producido el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado. Los miembros de la comunidad fueron atacados cuando regresaban de la montaña en la que se habían resguardado por varios días para proteger su integridad física durante la cacería que desplegaron el pasado jueves 23 de noviembre los miembros de la Policía Federal, en una operación conjunta con grupos especiales Geop y Albatros, con el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional.
El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven artesano hallado muerto en el río, 78 días después de haber desaparecido tras una represión de la Gendarmería de Macri a los mapuches en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu fue asesinado cerca de Bariloche.
 
El jueves 23 la Policía Federal, Prefectura Nacional, los grupos especiales GEOP y ALBATROS y la Gendarmería Nacional, orquestaron una represión a la comunidad mapuche, metiendo presas a mujeres y sus hijos, precintándolos durante horas. Este sábado, mientras miembros de la comunidad bajaban de la montaña, fueron baleados brutalmente. El resultado es un asesinado y dos heridos de bala.
 
La víctima es Rafael Nahuel, de solo 22 años, quien fue baleado ayer por fuerzas de seguridad federales, dependientes del ministerio que conduce Patricia Bullrich, que lo perseguían en la zona de donde habían sido desalojados el jueves pasado. Nahuel falleció antes de llegar al hospital, adonde fueron trasladados también una mujer llamada Johana Colhuan y un hombre, ambos heridos con balas.
 
La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo. Otro punto de concentración fue el hospital. Allí se congregaron al menos 200 personas para aguardar alguna información sobre las víctimas, que hasta el cierre de esta edición no les fue dada.
 
Antes, durante y después del operativo en que murió Rafael Nahuel, en la periferia de la ciudad los retenes de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 y dejaron incomunicados los accesos desde Bariloche hasta la zona del Parque Nahuel Huapi donde el jueves ocurrió la represión.
 
Por su parte, Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, afirmó: "hacemos responsable de este crimen de Estado al gobierno nacional, a las fuerzas de seguridad y policiales, y al juez federal Gustavo Villanueva, quien ordenó la brutal represión. Ese mismo juez es quien quiere garantizar la extradición de Jones Huala a Chile, injustamente detenido en base a una causa completamente armada junto a los servicios de inteligencia. Está en una cruzada contra el pueblo mapuche."
 
Todo esto fue concretado a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el gobierno de Macri promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.
 
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Hace tres días, la Gendarmería, el grupo GEOF de la Policía Federal y el grupo Albatros de la Prefectura habían dado indicios de que la violencia aumentaría. Ese jueves, durante el desalojo detuvieron y precintaron a mujeres y niños que habían ocupado ese predio.
 
Entonces, en el operativo estuvo presente el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané. Se trata del mismo funcionario que el gobierno nacional envió a intervenir en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.
 
En medio de la represión, que incluyó disparos de balas de goma, una decena de los mapuches, en su mayoría hombres, huyó hacia el monte cercano para no ser atrapados. Desde entonces no se supo nada de ellos hasta que ayer a la tarde cuatro de ellos bajaron al lugar que habían tomado y volvió la arremetida de las fuerzas de seguridad federales.
 
Desde la comunidad mapuche señalaron a Gendarmería como responsable del operativo que terminó con un muerto y dos heridos. Desde esa fuerza de seguridad negaron haber participado y dijeron que el procedimiento lo realizó el grupo Albatros. Lo mismo consignaron los medio locales.
 
Luis Pilquiman, responsable zonal de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, ratificó que "cuando desalojaron había solo mujeres y niños, porque el resto subió para el monte. Durante estos días se los anduvo persiguiendo. Y les metieron balas nomás", lamentó durante un diálogo con PáginaI12.
 
Si bien no hubo una versión oficial, las fuerzas de seguridad hicieron trascender que cuando los agentes llegaron al Lago Mascardi fueron agredidos con disparos de armas de fuego por parte de los mapuches. Pilquiman descartó esa versión y también aquella otra que el jueves se hizo trascender sobre la participación de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en la ocupación.
 
El operativo de ese día había tenido una inusitada intensidad. La decena de camionetas de las fuerzas de seguridad apostadas en la zona aledaña al territorio cortaron durante varias horas la ruta 40 y había dejado prácticamente aisladas a las ciudades de Bariloche y El Bolsón. Hasta un helicóptero sobrevoló la zona.
 
Natalia Anaya, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) local cuestionó el procedimiento de ayer: "No sabemos quién ordenó ni cómo se desencadenó este operativo represivo, que más que eso es una caza, una caza racista", dijo a este diario.
 
El caso está bajo la órbita del juez federal Gustavo Villanueva, quien el jueves pasado dio la orden de desalojo luego de varias intimidaciones. Ese día se intentó poner fin a la toma iniciada el 14 de septiembre pasado, fecha en que la comunidad ingresó a ese predio que está bajo jurisdicción de Parques Nacionales.
 
El magistrado se hizo presente ayer, tras la muerte de Nahuel, en el lugar de los hechos junto a un secretario del juzgado y miembros del Ministerio Público de Río Negro. Los abogados de APDH y los representantes de la comunidad no pudieron acercarse al lugar debido a los retenes policiales.
 
Varios de los detenidos el jueves que fueron liberados esa misma noche y otros miembros de Lafken Winkul Mapu salieron a desvincular de la recuperación del territorio con la RAM. "Esa versión es una gran mentira. Los hermanos fueron a ese lugar porque necesitaban volver a un territorio propio para poder desarrollarse", defendió Pilquiman.
 
Lo que ocurre, añadió, es que "la idea es hacer creer que el pueblo mapuche es el enemigo interno". Tanto el oficialismo como algunos medios de comunicación "están haciendo todo lo posible para instalar eso para justificar la avanzada contra la comunidad".
 
Lo que le cuentan los miembros de todas las comunidades que tienen representantes en el Parlamento de ese pueblo originario es que "después de lo de Santiago Maldonado, el hostigamiento (de las fuerza de seguridad y la Justicia) contra la comunidad mapuche, aumentó; la persecución se hizo más fuerte".
 
Lo que hay detrás, sostuvo, son "intereses inmobiliarios". Varios sectores que están bajo la órbita de Parques Nacionales son explotados como emprendimientos turísticos y comerciales. "Constantemente se le están cediendo tierras a privados", aseguró el dirigente indígena.
 
En este contexto, para Pilquiman, hechos como el asesinato de Rafael Nahuel y la represión en el Lago Mascardi "son cosas que van a continuar, porque la lucha de nosotros por el territorio va a continuar".
 
Por Adrian Figueroa Diaz
 
Fuente: Página12
 

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Represión en la Patagonia: Un manifestante fue muerto en un operativo de las fuerzas de seguridad federales
Rafael Nahuel, el joven asesinado en un operativo del grupo Albatros.
Represión en la Patagonia: Un manifestante fue muerto en un operativo de las fuerzas de seguridad federales
Personas pertenecientes a la lof lafken Winkul Mapu se manifestaron cerca de la catedral de Bariloche
21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
21-02-2018 / 11:02
La marcha contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno de Mauricio Macri promete ser multitudinaria. El sector combativo de la CGT y las dos CTA son los convocantes. No será la primera movilización contra la alianza Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.
 
El gobierno de Macri ha intentado por todos los medios desmerecer las razones de la convocatoria como una forma de reducir el caudal de participación popular. El número de gremios que decidieron no participar de la movilización fue difundido por los grandes medios ultra macristas como Clarín, La Nación e Infobae, a modo de presagio negativo de la magnitud de la marcha.
 
Sin embargo, la estrategia macrista sucia anti-Moyano comienza a generar ruido en todo el sindicalismo. En su afán por aislar al líder camionero, el macrismo incurrió en prácticas que el resto de la CGT teme se puedan trasladar al resto de las organizaciones, incluidas las "Macri friendly". El temor compartido por los "gordos", los grandes gremios de servicios e "independientes", colaboracionistas con todos los gobiernos, es que las presiones oficiales sobre el camionero se vuelvan un boomerang contra el resto del sindicalismo.
 
De todos modos y más allá de esta situación gremial, lo real es que el grado de desmoronamiento de la economía llevará no solo a partidos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos sino también a gente sin una afiliación definida a participar de esta concentración.
 
La marcha cuenta con el aval del Consejo Directivo de una CGT en crisis, acordada con las dos CTAs, siendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno de los principales sindicatos de esas centrales. Además participará la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene en Sergio Palazzo de Bancarios uno de sus principales referentes.
 
La Ctera, el gremio mayoritario en docentes a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires a través de Suteba está iniciando la pelea salarial contra el techo del 15% que propone María Eugenia Vidal en las paritarias, también será de la partida.
 
Los movimientos sociales ligados a la conducción espiritual del Papa Francisco también saldrán a protestar: se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
 
El peronismo, que intenta superar su crisis con iniciativas de reunificación, sumará columnas desde el conurbano bonaerense: Gustavo Menéndez, que está al frente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, convocó a participar. Un sector del PJ apuesta a que una movilización masiva contribuya a consolidar una oposición al Gobierno de Macri para el 2019. La intranquilidad del macrismo, los grandes medios oficialistas y el establishment económico es manifiesta.
 
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20-02-2018 / 18:02
20-02-2018 / 13:02
El "pañuelazo" convocado por la Campaña por el Derecho al Aborto reunió a miles de mujeres y centenares de hombres de distintas generaciones. En redes, #AbortoLegalYa fue tendencia mundial. Protestaron frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.
 
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una jornada de reclamos en favor a la interrupción del embarazo que incluye un "pañuelazo" frente al Congreso. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia", es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres.
 
La exigencia es de "aborto legal ya" a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientos de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año. Según Amnistía Internacional, en la Argentina se realizan casi medio millón de abortos por año.
 
La socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, afirmó: "Las mujeres y las identidades disidentes hemos avanzado mucho en visibilidad en el último tiempo y eso es fruto de la enorme lucha que venimos llevando hace décadas. Sin embargo, todavía falta que ese avance en la agenda mediática se materialice en derechos concretos y la responsabilidad de ello lo tienen quienes están sentados en los recintos del Congreso y en la Casa Rosada".
 
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