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Nacionales - 22-11-2017 / 08:11
EL OFICIALISMO ACTIVARÁ DENUNCIAS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El Gobierno de Macri continúa su ofensiva contra jueces y fiscales a los que considera hostiles

El Gobierno de Macri continúa su ofensiva contra jueces y fiscales a los que considera hostiles
El macrismo activará denuncias en el Consejo de la Magistratura.
 
Envalentonado después de la destitución del camarista Eduardo Freiler, el macrismo en el Consejo de la Magistratura planea activar mañana una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado en un dictamen del radical Ángel Rozas que le atribuye "mal desempeño" por haber archivado por inexistencia de delito la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Fernández y el ex canciller Héctor Timerman (entre otros) por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA en base al Memorándum con Irán.
 
Rozas se inspiró, a su vez, en una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff. En esencia, no les agradó la decisión del juez que, a la vez fue confirmada dos veces por la Cámara Federal, avalada por el fiscal de la Cámara de Casación Penal y por prestigiosos juristas.
 
Partía de la base de que el acuerdo Irán no podía ser un delito en sí mismo, que en Argentina lo votó el Congreso, que el parlamento iraní no lo refrendó, por ende nunca se aplicó, ni se creó la Comisión de la Verdad que intervendría para que declaren los acusados, ni quedaron en duda las alertas rojas para lograr su captura.
 
Si avanza esta acusación, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo.

 
Rozas puso a circular esta semana el dictamen contra Rafecas y el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, lo agregó en el temario de la reunión de mañana para que los consejeros voten si lo citan bajo la fórmula del artículo 20 del reglamento del Consejo, que es comparable a una indagatoria en una causa penal.
 
La denuncia contra el juez cumplirá tres años en marzo, que es el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados. La primera presentación fue hecha por Carrió pocos días después de que Rafecas archivó la denuncia hecha por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento.
 
Tonelli, quien decidió poner el pie en el acelerador, es el mismo consejero que se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler, que fue aprobada por una mayoría circunstancial del Consejo, producto de que le impidieron votar al senador Ruperto Godoy por no tener título de abogado. Freiler y Rafecas, junto a otros, integran una especie de lista negra de jueces que el Gobierno nacional quiere expulsar, y que difunde desde comienzos de año a través de algunos medios afines.
 
Si el Consejo decidiera avanzar e impulsar el juicio político a Rafecas en función del dictamen de Rozas, será la primera vez que el organismo se lance a acusar a un juez por el contenido de una sentencia.
 
La jurisprudencia del Consejo y de la Corte Suprema en realidad van completamente en contra de esa posibilidad, pero un párrafo del dictamen acusatorio busca establecer una excepción: "Los jueces no responden políticamente por el contenido de sus decisiones, salvo en los supuestos de desvío de poder o de error judicial continuado o con consecuencias gravísimas", dice el texto de Rozas, que agrega que los juicios políticos consisten en analizar "la idoneidad" para ejercer el cargo.
 
La denuncia de Carrió acusaba a Rafecas de resolver rápido, sin investigar, abortando la búsqueda de pruebas y con el fin de "congraciarse con el Poder Ejecutivo". Wolff coincidía en el concepto, y agregó el relato de una reunión con el juez cuando él era vicepresidente de la DAIA, en la que les habría explicado a las autoridades de la entidad sus razones para cerrar la causa.
 
Recriminó que mostrara que Nisman tenía guardados en su caja fuerte dos escritos donde afirmaba exactamente lo contrario que diría su denuncia: evaluaba de manera positiva la actuación del Gobierno en relación al atentado a la AMIA. El diputado además sostuvo que después de darle una entrevista televisiva al periodista Nelson Castro en la que cuestionó la decisión judicial, Rafecas lo "intimidó y hostigó" en una conversación telefónica y aseguró que escuchó una voz de fondo que le gritaba "te vas a morir hijo de puta". 
 
Cuando tuvo oportunidad de presentar un descargo en el Consejo, Rafecas argumentó su decisión sobre la denuncia de Nisman: señaló que ni siquiera existía el comienzo de ejecución de un delito, que no había pruebas de que Timerman presionara a Interpol para dar de baja las circulares rojas y que incluso el secretario General de Interpol, Ronald Noble, lo descartó y planteó lo contrario.
 
Respecto de Wolff, reconoció cuestionarle lo que decía en televisión por tratarse de tergiversaciones, pero negó rotundamente insultos o amenazas. Además, y para contrarrestar el argumento de la supuesta falta de investigación y la celeridad, recordó que con la misma lógica archivó una causa contra Mauricio Macri por la emisión de Lebac y deuda externa por tratarse de decisiones de política económica. En este caso, la fiscal Paloma Ochoa le había pedido una lista de medidas de prueba a las que no hizo lugar. La sala II de la Cámara confirmó luego su decisión. 
 
El dictamen de Rozas, que agrega una tercera denuncia similar a la de Carrió, acusa a Rafecas de mal desempeño y falta de idoneidad moral por supuestamente: incumplir en forma intencional el deber de investigar la comisión de delitos vulnerando derechos de las víctimas; obstaculizar el avance de la causa relacionada con el atentado a la AMIA, calificado como crimen de lesa humanidad; abandonar su función esencial de tutela de derechos y garantías fundamentales y la eficaz prestación del servicio de justicia; negarse a producir prueba, actuar con parcialidad y finalmente desestimar con "insuficientes fundamentos" la denuncia de Nisman de supuesta existencia de un "plan delictivo" para dotar de impunidad a los iraníes.
 
Rozas dice que dictó un fallo de contenido político, que fue parcial y usó elementos no jurídicos. Da por hecho "actos ofensivos al decoro de la función judicial", sobre hechos de los que no existen pruebas, solo la palabra de Wolff como "haber hecho una llamada para reprochar y hostigar".  
 
Dos de los jueces de Casación que, ya con la presidencia Macri, impulsaron la reapertura de la denuncia de Nisman no sólo no figuran en la lista de indeseables del Gobierno sino que están cerca: Gustavo Hornos es un nombre que le gusta al Presidente para Procurador General y Mariano Borinsky dirige la comisión de reforma penal que reporta al Ministerio de Justicia.  
 
Uno de los temas históricos por los que el radicalismo -y un sector del peronismo- le tienen particular inquina a Rafecas se remonta a la causa de los sobornos en el Senado, del año 2000, que él consideró probados y por los que dispuso enjuiciar al ex presidente Fernando de la Rúa, parte de su gobierno y a ex senadores.
 
El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos y denunció al juez, pero el Consejo desestimó la denuncia precisamente porque avanzaba sobre el contenido de la decisión judicial del juez. Rafecas también fue denunciado por mantener conversaciones informales por WhatsApp con uno de los abogados del caso Ciccone. El plenario del organismo nunca consiguió los dos tercios para mandarlo a juicio.
 
El texto que presentó Rozas a sus colegas consejeros alude a un pedido de auditoría que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo.
 
Ambas, además, fueron las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Colegio de Montevideo es el escenario que elige Macri para hablar de "la Justicia" y prometer buscar otros jueces si los que hay no satisfacen sus cánones de búsqueda de la verdad.
 
La impronta de esas instituciones quizá explique también el ensañamiento con jueces como Rafecas que han tenido una actuación crucial en las causas sobre crímenes de la última dictadura.
 
En su caso, además, también fue el primero en decir en una resolución que la denuncia sobre la apropiación de Papel Prensa (finalmente cerrada por su colega Julián Ercolini) debía ser analizada bajo el esquema de los delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Una postura similar tuvo como camarista el destituido Freiler, quien fue uno de los que firmó -además- la confirmación de la desestimación de la denuncia de Nisman por encubrimiento.
 
Dos semanas atrás, el Colegio de Montevideo y Será Justicia alertaron al Consejo que a la luz de los primeros resultados de la auditoría de causas de corrupción, Rafecas tenía retrasos. Lo mismo dijo respecto de Ariel Lijo, quien retrucó de inmediato con la detención del ex vicepresidente Amado Boudou.
 
Al Consejo le presentó una explicación causa por causa con todos los movimientos de investigación y medidas procesales. A Rafecas le achacaban demoras en seis expedientes, decían que no había siquiera indagado, y para refutarlo hizo un informe público que precisa que en tres de las causas tomó indagatorias, dos fueron archivadas por falta de delito y una está en pleno trámite.
 
Rozas insiste en que el 30,8 por ciento de las causas del juzgado de Rafecas tienen más de 5 años de trámite, pero en la de Nisman objetó que se tramitara con celeridad. Lijo también integra la "lista" de jueces en la mira del Gobierno, junto con Rodolfo Canicoba Corral y la camarista de Casación Ana María Figueroa.
 
En la comisión de Disciplina, todo indica que habrá mayoría para citar a Rafecas ya que apoyarían el dictamen acusatorio Tonelli, el delegado del Poder Ejecutivo Juan Mahiques, el abogado Miguel Piedecasas, Rozas y el radical Gustavo Valdés. No votarían o lo harían en contra el académico Jorge Candis, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes y el senador del FpV Mario País.
 
En la comisión con mayoría se puede resolver una citación. En el plenario de 13 consejeros, mientras rija la ley actual, se requieren dos tercios de los votos, lo que hace el escenario más complicado para el oficialismo. Pero la ofensiva está en marcha. Si avanza esta acusación, además, abrirá la puerta a echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les gusta un fallo.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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