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“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 16-11-2017 / 07:11
LAS TARIFAS AUMENTARÁN HASTA UN 58% EN DICIEMBRE

Macri descargará un tarifazo de gas recargado para las fiestas

Macri descargará un tarifazo de gas recargado para las fiestas
La suba promedio anunciada ayer es del 45 por ciento. Además aumentan las exigencias para acceder al premio por ahorro y se reduce la bonificación a la que acceden los hogares con tarifa social. Otro golpe al bolsillo popular cuando la luz ya aumentó en promedio entre 600 y el 1.000 % desde diciembre de 2015 a septiembre, el gas en promedio creció 600 %. La suba salarial no pasó del 60 %.
En otra medida antipopular, el gobierno de Mauricio Macri informó ayer en la audiencia pública que las tarifas de gas residenciales subirán 45 por ciento en promedio a partir de diciembre. La categoría de menor consumo será la más perjudicada al tener que enfrentar un aumento promedio de 58 por ciento. Estas subas impactarán sobre boletas que en el último año treparon un 400 por ciento en promedio para los hogares y se espera que en abril vuelvan a aumentar.
 
Conjuntamente, se incrementarán las exigencias para acceder al premio por ahorro, se reducirá la bonificación a la que acceden los hogares con tarifa social y se anunció que el precio que pagan los beneficiarios del Programa Hogar por las garrafas subsidiadas pasará de 20 a 39 pesos (95 por ciento más). Para los comercios las subas promedio de gas serán de 58 por ciento.
 
Además, se adelantó que para lograr una reducción del 10 por ciento en la tarifa habrá que consumir un 30 por ciento menos de gas que en el mismo período de 2015, una vara muy difícil de superar para quienes en ese momento no derrochaban el gas y vivían con lo justo. A su vez, la tarifa social ya no bonificará el 100 por ciento del gas para los que superen el umbral de consumo de un R1.
 
Los aumentos de gas desde que asumió Macri llegaron a un pico de un 600 por ciento. Si, por ejemplo, un usuario sufrió un aumento en el gas del 500 por ciento y ahora debe afrontar un 40 por ciento más, se le agregará a su presupuesto el 40 por ciento del 500 por ciento: un plus del 200 por ciento. Más el 500 por ciento original, un aumento total del 700 por ciento desde el 10 de diciembre de 2015. Nadie aumento su ingreso en esa magnitud.
 
En otro duro golpe para el bolsillo del pueblo trabajador, el precio mayorista del gas que pagan los usuarios volverá a ser ajustado tomando en cuenta el cronograma que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, trazó el año pasado para darle un horizonte de precios creciente a las petroleras para beneficio de las ganancias millonarias de las empresas.
 
El objetivo del Gobierno es reducir el subsidio estatal de las boletas. Hoy en día promedia un 45% y, con este nuevo aumento, buscan reducirlo al 37%, en sintonía con el ajuste neoliberal que viene encabezando el macrismo. Y la voluntad del Gobierno es la de no escuchar las observaciones, críticas y propuestas que realizan los consumidores en las audiencias.
 
La excusa del Gobierno para aumentar las tarifas es recortar el déficit fiscal, el gasto, sin embargo presenta una reforma tributaria que beneficia a los empresarios y reduce su presión fiscal. Mientras los sectores populares deberán pagar tarifas más altas, los empresarios pagarán menores impuestos. La Ceocracia gobierna para los ricos.
 
La Opinión Popular

 
El subsecretario de Exploración y Producción del ministerio de Energía, Marcos Pourteau, ofreció ayer en la audiencia pública realizada en el Teatro de la Ribera una serie de ejemplos sobre cómo aumentarán las tarifas, con impuestos incluidos.
 
En el caso de Metrogas, para un usuario R1 con un promedio de 25 metros cúbicos por mes la tarifa promedio pasará de 127 a 201 pesos mensuales (58 por ciento), para un R2 (56 m3 por mes) de 239 a 370 pesos (55 por ciento), para el R2-2 (70 m3 por mes) de 309 a 478 pesos (55 por ciento) y para un R2-3 (85 m3 mes) de 384 a 596 pesos (55 por ciento). Esas categorías concentran al 55 por ciento de los usuarios.
 
En el otro extremo, la categoría R3-4 con un promedio de 210 m3 por mes, que concentra al 11 por ciento de los usuarios, pasará de 1670 a 2342 pesos (40 por ciento). No obstante, recién cuando los cuadros tarifarios estén disponibles se podrá calcular con precisión la suba que deberá afrontar cada usuario.
 
La tarifa de gas integra los costos de producción, transporte, distribución e impuestos. En esta ocasión la suba obedece a un ajuste del gas en boca de pozo (que representa un 44 por ciento del total de la factura) y a una mejora en la remuneración que perciben transportistas y distribuidores (que en conjunto inciden en un 28 por ciento de la factura). 
 
 
Gas en boca de pozo
 
El precio mayorista del gas que pagan los usuarios volverá a ser ajustado tomando en cuenta el cronograma que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, trazó el año pasado para darle un horizonte de precios creciente a las petroleras.
 
En abril del año pasado, el funcionario intentó elevar el precio promedio que pagaba el usuario por el gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares por millón de BTU, un 266 por ciento. La cifra de 4,72 dólares no fue azarosa ya que era lo que en promedio recibían entonces las petroleras por el crudo.
 
"Lo que quisimos hacer fue llevar el 1,29 que heredamos de la gestión anterior a 4,72 dólares, que era el precio promedio de remuneración del productor local. Queríamos de un golpe eliminar el subsidio a la producción local. Que los usuarios pagaran por el precio de esa producción y que el Estado nacional siguiera haciendo frente al subsidio a la importación", aseguró por entonces Aranguren.
 
Ese esquema trajo consigo en algunos casos tarifas superiores al 1000 por ciento. Fue entonces cuando la reacción de los usuarios y el freno que puso la Corte Suprema en agosto de 2016, obligó al gobierno a barajar y dar de nuevo.
 
En septiembre del año pasado se convocó a la primera audiencia pública por el tema del gas y la nueva propuesta fue elevar el precio promedio que pagan los usuarios por el gas en boca de pozo de 1,29 a 3,42 dólares en octubre de 2016 y seguir ajustando cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. Distinta es la situación de la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde la gradualidad es mayor porque se partió de un piso más bajo y se prevé alcanzar ese objetivo en 2022.
 
Como parte de ese esquema, en abril el precio promedio trepó a 3,77 dólares y ahora subirá a 4,19 dólares. No todos pagarán 4,19 dólares por el gas ya que ese es un promedio ponderado. Dentro de los residenciales, las categorías más bajas (R-1, R2-1, R2-2 y R2-3) pagarán 3,17 dólares. Las categorías medias (R3-1, R3-2 y R3-3) abonarían 4,63 y la categoría R3-4 desembolsará 5,73 dólares por millón de BTU.
 
Según los datos suministrados ayer el gobierno, los productores locales están percibiendo este año 4,91 dólares por millón de BTU en promedio, cifra que surge de ponderar los 2,49 dólares que las petroleras reciben por la producción "vieja" y los 7,33 dólares que cobran por la producción adicional respecto de sus valores históricos.
 
Los 4,19 dólares que pagarán en promedio los usuarios no están muy lejos de los 4,91 dólares por millón de BTU que embolsan los productores locales. El problema es que la producción local abastece sólo el 74 por ciento del consumo y el 26 por ciento restante se importa a precios mayores: 13 por ciento de gas de Bolivia a un precio promedio de 4,75 dólares por millón de BTU, 9 por ciento de Gas Natural Licuado a 7,03 dólares y 3 por ciento de gasoil y fueloil a 10,62 dólares y 1 por ciento de gas proveniente de Chile a 7,55 dólares. El déficit previsto para ese año por esa importación es de 1200 millones de dólares.
 
El precio ponderado que reciben los productores por el gas, tomando en cuenta producción local e importación, es 5,43 dólares el millón de BTU. Por lo tanto, el horizonte de 6,80 dólares que debería convalidar la demanda en 2019 no sólo implica un recorte de subsidios sino fundamentalmente un horizonte sostenido de aumento de precios para la industria, aumento que no tiene ninguna relación con los costos de extracción del fluido.
 
 
Transporte y distribución
  
A transportistas y distribuidoras, el Ente Nacionales de Regulación del Gas (Enargas) les autorizó el año pasado un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) a ser aplicado en tres cuotas. En abril incrementaron su remuneración un 30 por ciento, ahora ajustarán otro 40 por ciento y abril de 2018 el 30 por ciento restante.
 
Ese incremento surgió de la Revisión Tarifaria Integral para los próximos cinco años, pero además se acordó un ajuste por inflación que toma como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim). Entre abril y octubre ese índice trepó un 14 por ciento y hace que la recomposición para las distribuidoras ahora llegue al 54 por ciento.
 
Por Fernando Krakowiak
 
Fuente: Página12
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.
 
El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago.
 
Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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