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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
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Nacionales - 12-11-2017 / 10:11
EL SENADOR PINO SOLANAS DENUNCIÓ PENALMENTE AL MINISTRO DE ENERGÍA POR ESTA OPERACIÓN

Denuncian que la offshore de Aranguren se quedó con siete de los ocho barcos que le dieron a Shell

Denuncian que la offshore de Aranguren se quedó con siete de los ocho barcos que le dieron a Shell
Mauricio Macri y el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
 
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, quedó en el ojo de la tormenta tras la nueva filtración de los Paradise Papers. Ahora fue denunciado penalmente por el senador Fernando "Pino" Solanas, quien lo acusa de haber ocultado deliberadamente en sus declaraciones juradas su nexo con dos offshore vinculadas a Shell.
 
La denuncia que Solanas radicó en el juzgado Federal de María Servini de Cubría se basa en que -mientras era CEO de Shell- Aranguren integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Limited (subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC) y Sol Antilles y Guianas Limited (filial de la petrolera anglo-holandesa).
 
La denuncia penal dice que  Shell Western Supply and Trading Limited  resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del Gobierno de Macri. Sin embargo, Aranguren como funcionario no cumplió con la Ley 25.188 que le exige incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales, lo que incluye este vínculo con las offshore
 
En concreto, explica que Shell Western Supply and Trading Limited en abril de 2016 se quedó con siete de los ocho cargamentos de gasoil licitados por Cammesa, que es un organismo que depende de Aranguren. Además de la operación -revelada el año pasado por Perfil- también se detalla que YPF, la compañía de petróleo con mayoría estatal, también participó en el proceso ya que estuvo encargada de elegir a los oferentes que luego contrató Cammesa.
 
La denuncia aclara que Aranguren se "excusó" de las negociaciones con Shell y dejó a cargo al ministro de Producción, Francisco Cabrera. Sin embargo, para Solanas no existe forma de controlar esa excusación, siendo de toda evidencia que la política energética es de resorte exclusivo del ministro del área.
 
Es decir, Aranguren tendría siempre el voto final: es quien decide qué es lo que se va a hacer y con quién se va a negociar, más allá de la intervención de Enarsa o de Cammmesa que además dependen de su propia cartera.
 
Cuando se llevó a cabo la operación, Aranguren era accionista de Shell y en ese sentido habría una manifiesta incompatibilidad por intereses cruzados. Como accionista de Shell, el ministro estaba de un lado del mostrador vendiendo GNL, y después estaba del otro lado del mostrador comprando GNL.
 
Solanas lo acusa de que esta relación no era "neutral": estuvo casi 40 años como ejecutivo de la empresa vendedora y apenas dos años de ministro comprador, pero siempre accionista de la británica Shell central, ahora con única sede en La Haya.
 
Por eso, pese a excusarse, Solanas lo acusa de que la participación de Shell no dejó de crecer y la offshore Shell Western Supply and Trading -que no figura en su declaración jurada- recibió un beneficio importante con la licitación de Cammesa.
 
A raíz del nuevo escándalo que se desató con los Paradise Papers, la Oficina Anticorrupción (OA) les pidió recién ayer a Aranguren y su par de Finanzas, Luis Caputo, que "ratifiquen o rectifiquen" los datos de sus respectivas declaraciones juradas.
 
Los datos, que fueron difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), señalan los vínculos de ambos ministros con sociedades offshore.
 
Caputo aparece como quien manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Este dato le valió un comunicado de Unidad Ciudadana, la fuerza política de Cristina Kirchner, donde le exigen a Mauricio Macri la inmediata salida de Caputo de su gobierno.
 
Fuente: La Política Online
 
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El gobierno de Mauricio Macri se tropieza con obstáculos en el camino para aprobar a toda velocidad el paquete de reformas antiobreras que envió al Senado, a pedido del FMI. El titular de la comisión de Trabajo, el pampeano Daniel Lovera, les avisó a varios senadores que no avalará un "tratamiento exprés" de la reforma laboral, por lo que quedó descartado que el macrismo logre sacar dictamen de comisión el martes próximo luego de una sola audiencia.
 
Por su parte, el senador peronista Miguel Ángel Pichetto condicionó el tratamiento del proyecto de reforma a favor de los empresarios hasta que la CGT no explicite su aval en la comisión de Asuntos Laborales. Pichetto, que mantuvo varias reuniones secretas tanto con funcionarios macristas como con los sindicalistas, no está hoy en condiciones de garantizar el apoyo gremial en la reunión del martes, cuando la cúpula de la central obrera exponga ante los legisladores.
 
Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, dos de los tres integrantes del triunvirato de mando de la CGT, están en Roma y no definieron aún la postura que adoptarán en el Congreso. Carlos Acuña, el tercer cacique sindical, lo resolverá el lunes de manera corporativa tras un debate de mesa chica que ya anticipa diferencias. Uno de los tres jefes, sin embargo, dio una pista sobre el rol que adoptarán: "No vamos a salir con la bandera a defender esto".
 
Esta sentencia mina de incertidumbre el curso del proyecto laboral macrista proempresario. El pronóstico es reservado en al menos tres frentes. Siembra dudas sobre el eventual respaldo que Pichetto y el peronismo no-K le puedan dar ahora a la iniciativa. Sin el PJ, a Cambiemos se le complicaría el camino en el recinto, pero también en la comisión laboral, que preside Lovera, que es, además, referente gremial de los empleados de comercio de General Pico.
 
La otra complicación serían los plazos que la Casa Rosada se había impuesto para consagrar la ley. El deseo oficial es que se concrete antes del recambio de legisladores; es decir, antes de la llegada de Cristina al recinto. No hay certezas aún de que pueda darse en esos tiempos. El tercer coletazo de esta inesperada rebelión del triunvirato sería que podría hacer caer el acuerdo político sellado con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El funcionario accedió a dar marcha atrás con los artículos que modificaban el corazón de la ley de Contrato de Trabajo y consensuar un proyecto menos jodido a cambio del aval de los gremios. Pero, Triaca quiere que den la cara en el Congreso.
 
En Roma, el docente Horacio Ghilini les planteó a Daer y Schmid su rechazo y el de la Corriente Federal, el bastión rebelde de la CGT. En Buenos Aires, lo espera un sector interno dispuesto a patear la unidad de la central obrera tras el acuerdo con el Gobierno. Lidera esa cruzada Pablo Moyano, el virtual número tres de la CGT, impulsor de la movilización para rechazar el proyecto macrista. El pacto también es resistido por Pablo Micheli y José Rigane, de la CTA Autónoma, y por Ricardo Peidró y Hugo Godoy, miembros de la otra CTA.
 
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