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Nacionales - 02-11-2017 / 09:11
PUSO A LA VENTA UNA SERIE DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

Envalentonado por las urnas, el gobierno de Macri activa la privatización eléctrica

Envalentonado por las urnas, el gobierno de Macri activa la privatización eléctrica
El gobierno de Mauricio Macri se desprenderá de la participación del Estado en seis centrales termoeléctricas, una porción de la proveedora nuclear Dioxitec y acciones en otras compañías del sector energético. También se deja abierta la puerta para privatizar las represas del sur, aún no construidas.
 
El gobierno de Mauricio Macri puso ayer a la venta por decreto su participación en seis centrales  termoeléctricas, una porción de la proveedora nuclear Dioxitec y acciones en otra serie de compañías del sector energético. El objetivo oficial es recaudar 1000 millones de dólares. Fuentes oficiales aseguran que para desprenderse de esos activos no requieren autorización del Congreso.
 
En los considerandos de la norma también se dejó abierta la puerta para vender en el futuro las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, las cuales todavía no se comenzaron a construir, pero a las que el decreto rebautizó como La Barrancosa y Condor Cliff, respectivamente, nombre original que tenían al comienzo del proyecto.
 
El otro punto destacado de la norma es la fusión por absorción de los activos de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Ebisa) dentro de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la cual ahora pasará a llamarse Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa). 

 
La lista de empresas a la venta incluye seis centrales térmicas:
 
Ensenada de Barragán (Buenos Aires)
Brigadier López (Santa Fe)
Manuel Belgrano (Buenos Aires)
José de San Martín (Santa Fe)
Vuelta de Obligado (Santa Fe)
Guillermo Brown (Buenos Aires)
 
El decreto 882/17 aclara que quien adquiera los activos de las centrales a cielo abierto Ensenada de Barragán y Brigadier López deberá completar su cierre de ciclo, obra que le sumará 450 megavatios al sistema.
 
La construcción de Ensenada estaba a cargo de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, y Brigadier López en manos de la española Isolux, pero ninguna de las firmas completó la obra y el año pasado el gobierno rescindió el contrato con el acuerdo de los privados. 
 
Las otras cuatro centrales de ciclo combinado fueron construidas mediante el Fondo de Inversiones para el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem), un fideicomiso conformado en 2005 con fondos que Cammesa les debía a las generadoras y un aporte adicional desembolsado con el Estado.
 
Los contratos con las generadoras preveían la construcción de las centrales y su operación por diez años. Luego los activos se repartían de acuerdo al aporte que hizo cada parte para construirlos. El Estado ahora venderá la suya.
 
Una vez que Enarsa se desprenda de su participación en esas seis centrales, el Estado nacional habrá resignado todo tipo de propiedad en el segmento de generación termoeléctrica, donde había ido ganando mercado durante el kirchnerismo.
 
Hugo Balboa, presidente de Enarsa, lo confirmó ayer en una entrevista con el portal especializado EconoJournal: "El Estado, a través del Ministerio de Energía, definió que la generación térmica no es un activo estratégico, por lo que va a desprenderse de esos activos", aseguró.
 
El decreto prevé además la privatización parcial de Dioxitec, una firma estatal con sede en Córdoba controlada hasta ayer por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que produce dióxido de uranio para las centrales nucleares.
 
En este caso el Gobierno hace valer el artículo 4 del decreto 1286 de noviembre de 1996 que creó la firma, donde dice que el 51 por ciento de las acciones clase C están sujetas a privatización, posibilidad que hasta ahora nunca se había hecho valer. Antes de avanzar con la venta, el presidente Macri transfirió esas acciones al Ministerio de Energía.
 
El Gobierno también se desprenderá del 50 por ciento que posee en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica (Citelec), firma controlante del 52 por ciento de Transener, la mayor transportadora de electricidad del país. De este modo, el Estado se desprenderá de otro activo de alto valor estratégico. 
 
Por último, se aclara que también están a la venta las participaciones minoritarias en Central Puerto, Central Térmica Güemes, Central Dique, Centrales Térmicas Patagónicas y Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa).
 
Fuentes oficiales dejaron trascender que esperan recaudar 1000 millones de dólares con la venta de las acciones del Estado en todas las empresas mencionadas, aunque especialistas del sector privado aseguraron a este diario que esa cifra está por debajo del valor que acumulan esos activos. 
 
Otro de los puntos clave del proyecto es la absorción de Ebisa por parte de Enarsa y su cambio de nombre por Integradora Energética Argentina. En su artículo 4, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial establece que bajo la órbita de esta última firma quedará la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz, la central termoeléctrica a carbón que se está llevando adelante en la ciudad de Río Turbio, el gasoducto regional Centro II del corredor lechero Esperanza-Rafaela-Sunchales, el gasoducto Sistema Cordillerano/Patagónico, el gasoducto Cordillerano y el gasoducto de la Costa.
 
Con respecto a las represas sobre el río Santa Cruz, en los considerandos del decreto dice que "en una primera etapa y a los fines de la celebración de los contratos de abastecimiento de energía que sean necesarios para el financiamiento del proyecto, resulta conveniente otorgar a Enarsa la concesión para la explotación de las centrales de generación eléctrica referidas, la que podrá ser transferida a empresas del sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo".
 
Con esa aclaración final, el decreto deja abierta la posibilidad de avanzar también con la privatización de esas represas hidroeléctricas en lo que constituye una muestra de gran ansiedad por parte del gobierno, pues antes de privatizarlas primero será necesario construirlas.
 
Por Fernando Krakowiak
 
Fuente: Página12
 

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22-02-2018 / 17:02
El jefe de Gabinete, Marcos Peña,  señaló que "no hay ningún caso de corrupción" en el Gobierno de Mauricio Macri, dijo que la gestión que integra tiene la intención de "elevar la vara de la institucionalidad", y que el a la vez que señaló que el presidente Macri le pidió "máxima dureza y rigor"  a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la militante ultra macrista Laura Alonso para que investigue a los funcionarios macristas.
 
Quienes conocen muy de cerca el funcionamiento del equipo de gobierno sostienen que Marcos Peña es el prestidigitador que se mueve detrás del trono. Por eso no extraña que haya sido él quien salió también a dar la nota y fijar el tono de lo que será la respuesta oficial a la movilización popular en la calle. El Jefe de Gabinete afirmó que "la única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner", adjudicándole a la ex presidenta la condición de "líder intelectual" de la protesta.
 
Lo dicho deja a la vista que, frente a la falta de argumentos que emerjan como resultados de su propia gestión, el Gobierno tiene que recurrir a fórmulas que, si bien le dieron rédito en el pasado, el devenir de la política y de la propia gestión de Cambiemos han ido desgastando.
 
Es probable que los focus group manejados por los asesores de marketing comunicacional del Gobierno todavía le sigan aconsejando a Peña que alimentar como un fantasma político la presencia de la ex presidenta como la mano oculta que todo lo decide continúa aportando réditos a favor del oficialismo.
 
Quizás también el gobierno de la Alianza Cambiemos comienza a tener dificultades para encontrar en su gestión los argumentos y las razones a su favor, porque a la vista está que no puede exhibir los logros de "cambiar pasado por futuro". Sin embargo lo más revelador es que se pretende negar la evidencia de la realidad y recurren a las chicanas.
 
Quienes se movilizaron a la 9 de Julio lo que hicieron fue aprovechar una circunstancia política y un escenario para poner en acto su descontento. Casi sin importar quién o quiénes eran los convocantes y, mucho menos, entrar en la elucubración pseudo erudita de los "autores intelectuales".
 
En todo caso, habría que explicarle al Jefe de Gabinete que los verdaderos autores intelectuales de la movilización popular que ganó la calle son el presidente Macri y el "mejor equipo de los últimos cincuenta (y dos) años" que la Alianza Cambiemos puso en ejercicio para intentar quitarle derechos sociales a los argentinos en favor de las corporaciones para las que reamente trabajan y a las que sirven.    
 
La Opinión Popular

22-02-2018 / 11:02
22-02-2018 / 10:02
El Gobierno de los Ricos quiso menospreciar la masiva movilización de trabajadores  calificándola y circunscribiéndola al "acto de Moyano". Así se encargaron de titular los medios de comunicación: Clarín, La Nación e Infobae, aliados y "pauta dependientes" del macrismo. Sin embargo, la presencia multitudinaria y plural la convirtió en una manifestación opositora en todos sus términos.
 
La mal llamada "marcha de Moyano" fue masiva y contundente. Una noticia pésima para el gobierno de Mauricio Macri. Una verdadera multitud participó de la concentración de trabajadores que convocaron gremios de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales y políticos para repudiar las medidas de ajuste salvaje neoliberal y flexibilización laboral que aplica el Gobierno de los Ricos.
 
Los organizadores calcularon 400 mil participantes. El creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías populares es uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización. El saqueo a los jubilados inició un proceso declinante para el Gobierno, que el olfato de Moyano terminó empujado a las calles una movilización que concentró la oposición social a Macri.
 
Los discursos tuvieron como denominador común la crítica al modelo económico neoliberal, la persecución a dirigentes sindicales y la necesidad de generar un polo opositor al gobierno conservador de derecha. Cambiemos sumó, a la falta de respuesta de la economía y al creciente descontento social, la pérdida de la calle que nunca tuvo. Y también el desprestigio a los dirigentes sindicales colaboracionistas que quedaron pintados de amarillo fosforescente.
 
No hay que ser un genio de la política para saber quien quedó mejor parado: Si Moyano golpeando sobre las consecuencias del ajuste neoliberal ante ciento de miles de personas o los burócratas sindicales a punto de subirse a un avión para pasear por Europa con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
 
Además, Moyano sumó en la convocatoria a intendentes peronistas: pejotistas y massistas, movimientos sociales, partidos de izquierda, La Cámpora y un sector del movimiento sindical peronista. No es poco para un dirigente que estaba más para jubilarse que para pasar dar estas peleas y que el antiobrerismo de Macri empujó a la oposición activa.
 
El camionero logró sortear sin despeinarse la ofensiva del gobierno de los CEOs para dejarlo en soledad, porque juega un juego distinto a la política electoral, lo suyo es la discusión de poder descarnada en base a demostraciones de fuerza de acción directa. No se somete al voto ni espera validarse en la opinión pública. Se convirtió así en el líder de facto de la resistencia de base social al proyecto de Macri.
 
La Opinión Popular

21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
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