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Paraná - 15-10-2017 / 16:10
JUSTICIA MILITANTE PRO (PATRONAL)

Periodistas repudiaron el fallo de la jueza laboral Viviana Murawnik que criminaliza a los trabajadores

Periodistas repudiaron el fallo de la jueza laboral Viviana Murawnik que criminaliza a los trabajadores
JUSTICIA MILITANTE PRO PATRONAL DE CAMBIEMOS. Jueza laboral Viviana Murawnik.
 
Desde el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) expresaron su enérgico repudio al fallo dictado por la jueza laboral Viviana Murawnik, que habilita la posibilidad del despido de un trabajador gráfico de El Diario de Paraná por haber realizado pintadas, supuestamente, en la fachada de la empresa en el marco de una protesta en reclamo por el pago de salarios atrasados, informaron desde el gremio.

 
El fallo "constituye un atropello contra los trabajadores de los medios de comunicación y contra el conjunto del movimiento obrero, y demuestra una intromisión inadmisible de la jueza en la representación obrera", dice el documento al que accedió esta Agencia.
 
"Dice la jueza que pintar paredes para rebelarse contra el patrón que no paga los salarios ni el aguinaldo, que retiene el dinero de la cuota alimentaria a los hijos de sus trabajadores, que somete a sus trabajadores a condiciones laborales indignas, que no realiza aportes previsionales, que no les paga a las obras sociales el aporte que les retiene a los trabajadores; rebelarse contra todo eso, dice la jueza, es un delito; dice que hacerlo es un acto de vandalismo que justifica el despido de un trabajador, que además es delegado gremial", apuntaron.
 
En ese marco, el gremio rechazó "la criminalización de la protesta encarnada por la jueza Murawnik, que elige como propios los argumentos de la patronal y se vuelve funcional a una política antiobrera de persecución laboral, que produce cada vez más pobres, menos trabajo y más familias en riesgo".
 
En ese sentido, exigieron "la revisión de este fallo por violento, por ignorar el contexto y la gravedad de la situación que padecen decenas de familias, por distorsionar la conducta solidaria de un delegado gremial al punto de convertirla caprichosamente en delito" y reclamaron "la intervención de los organismos competentes para restablecer los derechos vulnerados a los trabajadores, hecho que también desconoce la jueza Murawnik, al negar los innumerables reclamos administrativos y judiciales que vienen realizando los trabajadores y que son de dominio público".
 
"Resulta angustiante para nosotros, y vergonzoso para el sistema de justicia, que una jueza se aparte como lo hizo de sus funciones (y del derecho), pretenda juzgar el desempeño de un delegado gremial y, sobre todo, se atreva a responsabilizarlo por los flagrantes incumplimientos de la patronal", dijeron..
 
Dice la jueza: "Si los testigos hablan de problemas que datan de años atrás y que han venido soportando, ignoro a ciencia cierta cuál es la real representatividad del delegado gremial, qué hacía por sus compañeros para que cobren los salarios supuestamente atrasados y la falta de aportes, reclamaba, a quién. Pintar las paredes como único medio de presión me parece que trasluce la ineficacia de la representatividad sindical que ostenta el delegado gremial, nada más ni nada menos que delegado, es un fracaso, porque bien podría haber instado acciones administrativas y judiciales a fines de la protección de los derechos de sus compañeros y no limitarse a hacer ruido con manifestaciones y salir a pintar las paredes de la propiedad del empleador, realmente no observo que la representatividad del delegado gremial haya sido un éxito".
 
"¿Por qué no consulta la jueza todos los esfuerzos de los trabajadores, junto a sus delegados, para reclamar derechos pisoteados? ¿Qué autoridad se atribuye para descalificar a un representante obrero, cuando no es ella trabajadora de la empresa? Siguiendo su enredada forma de razonar, se entenderá que cuanto más eficaces y perversos sean los atropellos patronales, más fácil les será echar a los obreros solidarios", dijeron.
 
Además, repudiaron "el fallo que, desde todos sus flancos, configura un ataque al derecho constitucional que como trabajadores tenemos de reclamar a los patrones y, en consecuencia, un ataque al conjunto de los trabajadores y a la sociedad toda por la vulneración del derecho a protestar".
 
Fuente: AIM
 

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17-10-2018 / 16:10
12-10-2018 / 11:10
La ex intendente de Paraná, Blanca Osuna, consideró que "hay muchas cosas que deberían tener un cauce mucho más ágil" en el marco de la causa narcomunicipio que tiene imputado al intendente Sergio Varisco y detenidos al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
 
"Valoro el accionar de la justicia y del juez (Leandro) Ríos y eso puso en blanco y en foco una situación que a todas luces se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero en realidad lo que hoy tiene que suceder es agilizar y activar al máximo todas las cuestiones que contribuyan a que los paranaenses no estemos expuestos a tener al frente del municipio una persona con semejante sospecha", definió.
 
Sostuvo que "a la justicia hay que pedirle celeridad por el tenor de las acusaciones; esto tiene que ir a juicio cuanto antes y se debe resolver la situación del intendente porque no nos merecemos tener una persona así conduciendo los destinos de la ciudad". También dijo que "institucionalmente esto se puede resolver" porque "los paranaenses no nos merecemos esta situación".
 
"Esto es una responsabilidad que hoy tiene en manos la justicia, aunque lógicamente el primer responsable es el intendente, pero se maneja como si nada pasara, con su séquito, y hay que ponerle límite a esta situación que tiene algunos matices absurdos y una lógica casi perversa", sentenció. Por otra parte, manifestó su preocupación y criticó duramente la habilitación para instalar barrios privados en la ciudad.

11-10-2018 / 11:10
10-10-2018 / 17:10
10-10-2018 / 11:10
 
La Municipalidad de Paraná sumó otro allanamiento en la causa que investiga a Sergio Varisco, el tercero en lo que va del año. Por orden del juez federal que lo procesó por narcotráfico, un equipo de contadores de la Policía Federal fue a buscar registros de pago de facturas. Intentan probar si el intendente desvió pauta publicitaria oficial para financiar el negocio de de la droga.
 
El juez federal Leandro Ríos dispuso los allanamientos para intentar cerrar el círculo: quiere saber si el polémico Varisco desvió fondos públicos para financiar una red de tráfico de drogas dirigida por el jefe narco Daniel "Tavi" Celis.
 
La sospecha del juez es que usaban los nombres de distintas personas como fachada para "blanquear" el dinero administrativamente y usarlo para comprar droga. También se habrían "inflado" en los registros los montos de pautas reales, para desviar parte de la plata con el mismo fin.
 
La causa narco se está profundizando hacia la hipótesis de que la organización compró droga con plata de la Municipalidad. Creen que el pago de publicidad podría haber sido el mecanismo elegido para encubrir esos giros de dinero público.
 
Fuentes de la UCR afirmaron que Varisco "no quiere renunciar ni pedir licencia". Parece que el intendente de Paraná está lejos de querer dejar el sillón de Intendente. Incluso habló de competir por la reelección en 2019. Y hasta quiso medirse para pelear por la gobernación de Entre Ríos.  ¡Hay que tener la cara muy dura!
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