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“Macri es hoy un amontonamiento de promesas fracasadas, de frustraciones sin rumbo ni sentido, de soberbia mezclada con impericia, un nuevo gestor impostado en el imperio de la desesperanza”. Julio Bárbaro
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Paraná - 13-10-2017 / 16:10

Desde la CGT local rechazan la adhesión provincial a la Ley contra los juicios por accidentes

Desde la CGT local rechazan la adhesión provincial a la Ley contra los juicios por accidentes
El dirigente bancario Juan Carlos Navarro dijo que los sindicatos entrerrianos nucleados en la CGT local rechazan esa norma “porque pone al trabajador en una situación de desventaja”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Un proyecto de Ley presentado en Diputados propone la adhesión provincial a la Ley 27.348, que establece, ante accidentes o enfermedades laborales la intervención previa obligatoria de comisiones medicas jurisdiccionales para que los trabajadores puedan solicitar la determinación profesional de su enfermedad o dolencia. El dirigente bancario Juan Carlos Navarro dijo que los sindicatos entrerrianos nucleados en la CGT rechazan esa norma "porque pone al trabajador en una situación de desventaja".

 
Aunque al justicialismo entrerriano la disputa por los votos lo hace diferenciarse, desde el discurso de campaña, de la gestión Cambiemos, en las acciones de Gobierno y en la Legislatura sigue en sintonía fina con la nación y esta semana entró a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de adhesión a la norma nacional con la que Mauricio Macri inauguró su campaña contra la llamada "mafia de los juicios laborales".
 
La encargada de presentar la iniciativa fue la diputada Rosario Romero (Frente Para la Victoria), adhiriendo a los términos de la Ley 27,348, complementaria de la 24.557 de Riegos de Trabajo, que establece la obligatoria actuación de las previa de las Comisiones médicas jurisdiccionales para que un accidente o enfermedad pueda reclamarse como "de trabajo".
 
El texto de Romero da respuesta a algunos pedidos de centros comerciales de la provincia, entre ellos los de Concepción de Uruguay y Paraná, en función de "lo oneroso e inestable que continua siendo el escenario actual para las Pymes, las cuales necesitan de la conformidad a esta norma para transparentar el sistema de riesgos del trabajo".
 
 
Rechazo desde la CGT: las razones
 
Aunque admitió que a nivel nacional esta iniciativa se aprobó en consenso con la Confederación General del Trabajo (CGT), el secretario general de la Asociación Bancaria seccional Paraná, Juan Carlos Navarro, dijo a esta Agencia que "acá se ha planteado entre distintos compañeros integrantes de los gremios que el Gobierno no adhiera a la Ley".
 
Consultado por los puntos que cuestionan, Navarro analizó que "el tema de que tengan solamente dos o tres lugares donde puedan hacerse la revisión médica, al trabajador lo pone en una situación en desventaja".
 
En primer lugar, explicó que "el traslado tiene que correr por cuenta del trabajador. Esa imposibilidad que le puede generar el traslado si no es el lugar de origen donde tiene que ir a hacer la revisión médica puede ser que lo haga desistir de la decisión de solicitarla".
 
Por otro lado, alertó que a la junta médica la pone la aseguradora de riesgos de trabajo (ART). Con el aporte de la ART es que se sostiene está junta médica. Se supone que el médico tiene que tener un concepto independiente pero deja también un margen de duda si va a haber mucha objetividad con respecto a estas situaciones", alertó Navarro.
 
"El trabajador debe tener su resguardo y que se pueda verificar perfectamente que sí sufre un accidente de trabajo tenga los resultados que merece y no que primero se sospeche siempre de que el trabajador está mal utilizando este derecho para un beneficio propio", dijo el dirigente bancario integrante de la CGT Regional Paraná.
 
Consultado puntualmente respecto del ingreso de este proyecto a la Legislatura entrerriana lamentó "que no se haya tenido en cuenta o consultado de la opinión de la CGT. Creo que en función de la gobernabilidad por ahí el gobierno termina adhiriendo algunas decisiones nacionales que no sé si tienen consenso de los trabajadores".
 
Fuente: AIM
 

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17-10-2018 / 16:10
12-10-2018 / 11:10
La ex intendente de Paraná, Blanca Osuna, consideró que "hay muchas cosas que deberían tener un cauce mucho más ágil" en el marco de la causa narcomunicipio que tiene imputado al intendente Sergio Varisco y detenidos al concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
 
"Valoro el accionar de la justicia y del juez (Leandro) Ríos y eso puso en blanco y en foco una situación que a todas luces se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero en realidad lo que hoy tiene que suceder es agilizar y activar al máximo todas las cuestiones que contribuyan a que los paranaenses no estemos expuestos a tener al frente del municipio una persona con semejante sospecha", definió.
 
Sostuvo que "a la justicia hay que pedirle celeridad por el tenor de las acusaciones; esto tiene que ir a juicio cuanto antes y se debe resolver la situación del intendente porque no nos merecemos tener una persona así conduciendo los destinos de la ciudad". También dijo que "institucionalmente esto se puede resolver" porque "los paranaenses no nos merecemos esta situación".
 
"Esto es una responsabilidad que hoy tiene en manos la justicia, aunque lógicamente el primer responsable es el intendente, pero se maneja como si nada pasara, con su séquito, y hay que ponerle límite a esta situación que tiene algunos matices absurdos y una lógica casi perversa", sentenció. Por otra parte, manifestó su preocupación y criticó duramente la habilitación para instalar barrios privados en la ciudad.

11-10-2018 / 11:10
10-10-2018 / 17:10
10-10-2018 / 11:10
 
La Municipalidad de Paraná sumó otro allanamiento en la causa que investiga a Sergio Varisco, el tercero en lo que va del año. Por orden del juez federal que lo procesó por narcotráfico, un equipo de contadores de la Policía Federal fue a buscar registros de pago de facturas. Intentan probar si el intendente desvió pauta publicitaria oficial para financiar el negocio de de la droga.
 
El juez federal Leandro Ríos dispuso los allanamientos para intentar cerrar el círculo: quiere saber si el polémico Varisco desvió fondos públicos para financiar una red de tráfico de drogas dirigida por el jefe narco Daniel "Tavi" Celis.
 
La sospecha del juez es que usaban los nombres de distintas personas como fachada para "blanquear" el dinero administrativamente y usarlo para comprar droga. También se habrían "inflado" en los registros los montos de pautas reales, para desviar parte de la plata con el mismo fin.
 
La causa narco se está profundizando hacia la hipótesis de que la organización compró droga con plata de la Municipalidad. Creen que el pago de publicidad podría haber sido el mecanismo elegido para encubrir esos giros de dinero público.
 
Fuentes de la UCR afirmaron que Varisco "no quiere renunciar ni pedir licencia". Parece que el intendente de Paraná está lejos de querer dejar el sillón de Intendente. Incluso habló de competir por la reelección en 2019. Y hasta quiso medirse para pelear por la gobernación de Entre Ríos.  ¡Hay que tener la cara muy dura!
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