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"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
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Nacionales - 08-10-2017 / 10:10

¿Qué hay de cierto en el supuesto éxito económico que Maurcio Macri llama a votar?

¿Qué hay de cierto en el supuesto éxito económico que Maurcio Macri llama a votar?
LAS MENTIRAS QUE VENDE EL GOBIERNO DE MACRI: anuncios sin sustento, manipulaciones del Indec, créditos retocados, planes de salud que desprotegen… Si algo no puede discutirse es la eficacia de los dispositivos de comunicación y propaganda que llevaron a Macri al gobierno. La Cobertura Universal de Salud (CUS), la reducción de la pobreza y el boom de los créditos hipotecarios para la construcción de viviendas son los últimos ejemplos de este juego de artificios que diseña Jaime Duran Barba, idóneos para ocultar la realidad tras bellas palabras. Dólar bajo, intereses altos, balanza de pagos desastrosa y tomando deuda externa en forma ilimitada. En ese caos, siempre hay una mejora pasajera del consumo.
La alianza antiperonista de Mauricio Macri avanza hacia las urnas por una ruta pavimentada de oportunos anuncios: la economía crece, la inflación y la pobreza se reducen, los créditos para vivienda alcanzan nuevas cumbres, la Cobertura Universal de Salud (CUS) cubrirá a 15 millones de personas que no tienen prepagas u obras sociales. El problema es que esta hábil ficción poco tiene que ver con la realidad.
 
La Cobertura Universal de Salud (CUS), por ejemplo, es solo una nueva etapa de desmonte del derecho a la salud y del sistema nacional de salud pública establecido durante el peronismo por Ramón Carrillo bajo la noción de Estado de Bienestar. Ahora, el gobierno de Macri busca fomentar la medicina privada, anular la resistencia sindical, utilizar el dinero de las obras sociales, como ya hizo la dictadura del general Onganía hace medio siglo.
 
Desde que Jorge Todesca se hizo cargo del Indec, la pobreza no ha dejado de bajar, de un modo impresionante. El primer trimestre de 2016 no se publicó, por el apagón estadístico de la alianza Cambiemos. A partir de allí se produjo el vertiginoso descenso de la pobreza, del 32,2% al 28,6% en el primer semestre de 2017. Que la nueva cifra se difunda a pocos días de las elecciones legislativas es sospechoso y una disminución de 10% en la pobreza en un período tan corto, lejos de ser un éxito de gestión, demuestra la manipulación de los indicadores.
 
Por otra parte, Macri dijo que resolvería el problema de la vivienda y los grandes medios lo festejan. Sin embargo no es serio referirse al crédito hipotecario sin hacer mención a la incidencia del programa PRO.CRE.AR: si se incluye a los créditos para la vivienda otorgados y/o subsidiados por ese programa, el boom actual implica un nivel de crédito hipotecario inferior al de los años 2014-2015, y con modificaciones en las tasas de interés pactadas que implican condiciones más gravosas para los deudores.
 
Durante las semanas previas a las PASO, Macri reconocía que "hay gente a la que todavía no le llegó el cambio". Eran momentos en que la inflación de julio había pegado un salto y numerosos casos de cierres de fábricas y despidos salían a la luz. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Cambiaron los números de la economía o cambió la realidad?
 
Lo que ocurrió es que el gobierno de Macri concentró una gran cantidad de iniciativas de política económica para que impacten en el período electoral: la obra pública, aumentos en paritarias, descuentos del Banco Provincia, préstamos a beneficiarios de la Anses, entre otras. No obstante, los resultados no son para celebrar: la economía todavía no termina de recuperarse íntegramente de la destrucción del 2016.
 
¿Cómo se lograron estos circunstanciales "buenos" resultados económicos? Agudizando los desequilibrios prexistentes, como ocurre con el déficit fiscal y la estampida de la deuda. Para colmo, la clase empresarial reclama cargar en las espaldas del pueblo trabajador los costos del reordenamiento económico a través de reformas fiscales, laborales y previsionales, después de las elecciones.
 
La Opinión Popular

LO QUE SE VIENE PARA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES
 
La entrada en OCDE es sin salida
 
 
El capítulo de las reformas estructurales que prepara el Gobierno para después de las elecciones de octubre incluye como una de las prioridades la aceleración de los pasos para que la Argentina sea aceptada como miembro de la OCDE.
 
Es una decisión de enorme trascendencia de la que por ahora pocos toman nota en medio de los debates de campaña y frente a problemáticas coyunturales más urgentes.
 
Va en la línea de los acuerdos con las principales potencias que firmó el menemismo en los 90, como los Tratados Bilaterales de Inversión y la aceptación de tribunales extranjeros y organismos internacionales para la resolución de controversias de orden financiero o con las multinacionales, cuyos efectos aún persisten y han sido fuertemente costosos para el país.
 
La OCDE sintoniza con el FMI y con la Organización Internacional del Comercio (OMC) en la imposición de un modelo económico centrado en la valorización financiera y la apertura comercial, pero va más allá al definir reglas de funcionamiento interno de los países en aspectos sensibles como educación, el sistema jubilatorio, la política impositiva o las compras estatales.
 
"El retiro a los 67 años es una edad razonable cuando la expectativa de vida se alarga cada vez más", definió por ejemplo el mes pasado Ángel Gurría, titular de este club de los países más poderosos y otros que orbitan a su alrededor consustanciados con los parámetros de la ortodoxia globalizadora.
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) registra como antecedente la coordinación de la ayuda a Europa tras la segunda guerra mundial bajo el esquema del Plan Marshall. En 1948 se llamó Organización para la Cooperación Económica Europea y fue promovida por Estados Unidos y Canadá.
 
En 1961 se transformó en la actual OCDE, conformada por esos países americanos y las naciones europeas de occidente. En 1964 adhirió Japón, a principios de los 70 lo hicieron Australia y Nueva Zelanda y después de la caída del Muro de Berlín se acoplaron varias de las ex repúblicas soviéticas, pero no Rusia. Más tarde se incorporaron México, Chile, Israel y Corea del Sur. En total son 35 socios.
 
En América latina, Perú, Colombia y Costa Rica están en proceso para sumarse, mediante una constante adaptación de sus políticas y sus instituciones a las exigencias del club.
 
El gobierno de Mauricio Macri empezó a transitar el mismo camino y ya tuvo un guiño de Donald Trump para ser considerado como aspirante, aunque la resolución es a mediano plazo tras aprobar una larga lista de recomendaciones en casi todas las áreas de la gestión pública. Brasil también viene avanzando en estrechar lazos con la OCDE con vistas a una participación plena más adelante.
 
"La OCDE es el gran think tank para el diseño de políticas conservadoras. Es un organismo técnico que se presenta como la mayor santificación de los países que están en 'el buen camino', en los términos en que los define el mainstream, y que son 'institucionalmente robustos'", explica Jorge Carrera, especialista de la Universidad Nacional de La Plata.
 
Al igual que el FMI, del que algunos consideran que está incluso más a la derecha, la OCDE elabora informes anuales sobre la situación de los países socios donde destaca los progresos en la aplicación de políticas neoliberales y renueva exigencias hacia los gobiernos, con la presentación de investigaciones en distintas áreas y proyectos legislativos para ser debatidos internamente.
 
Es un organismo planificador de políticas públicas con una orientación bien definida y que ejerce de fiscalizador sobre el accionar de los estados nacionales.
 
Uno de los mayores riesgos de ingresar a la OCDE para un país como Argentina es que después le resultaría altamente dificultoso anular la membrecía por las amenazas que debería soportar a nivel político y económico.
 
Los mercados financieros aplicarían una reversión violenta de los flujos de capitales frente al desafío a las grandes potencias y se complicaría el acceso al endeudamiento internacional, del cual el actual gobierno nacional tiene una dependencia absoluta para cubrir el creciente desequilibrio externo.
 
"Incorporarse a la OCDE es un camino de ida. No hay forma de salir para un gobierno que pretenda apartarse de los lineamientos de políticas definidos por el club. Chile, por ejemplo, no puede avanzar con la educación universitaria gratuita entre otras razones porque el organismo le pone resistencia", ejemplifica Stella Maris Biocca, experta en derecho internacional.
 
De ahí que apurar los pasos para el ingreso como lo anticipa el oficialismo es una decisión trascendental con consecuencias a largo plazo. De hecho, el kirchnerismo no pudo en doce años de gobierno desprenderse de los Tratados Bilaterales de Inversión que condicionan la relación con las multinacionales de los países centrales.
 
Mucho más difícil sería una decisión tan drástica como abandonar la OCDE. Solo una crisis como la de 2001 dio margen para una jugada osada como desprenderse de la dependencia del FMI.
 
El gobierno de Cambiemos es consciente de la mala reputación del Fondo Monetario, por eso prefiere incursionar por un camino paralelo que conduce al mismo destino.
 
La OCDE se presenta como un organismo técnico, que aporta a la transparencia estadística y remarca la importancia de lograr el desarrollo de las naciones con inclusión social y cuidado del medio ambiente.
 
Pero detrás de esa fachada impone limitaciones precisas a los países para la toma de decisiones que contradigan la orientación dominante. En la práctica, las políticas que impulsa el organismo buscan cristalizar el modelo de la desregulación financiera, la liberalización del comercio y el statu quo. "Es el órgano internacional de las grandes corporaciones", insiste Biocca.
 
Una de las condiciones que impone la OCDE a los países miembros es la firma de acuerdos que restringen la posibilidad de imponer regulaciones a los mercados de capitales. "También reclaman una baja generalizada de los aranceles de importación y reformas en el sistema jubilatorio, en las leyes laborales y la estructura tributaria", indica Biocca.
 
En julio pasado el organismo le entregó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, un informe de 174 páginas sobre el estado de la economía nacional, según sus criterios, cargado de sugerencias sobre las transformaciones que serían necesarias para sintonizar con los estándares del club.
 
"Tras años de políticas económicas insostenibles, Argentina realizó recientemente reformas drásticas y un cambio de rumbo en sus políticas que le permitieron evitar otra crisis y estabilizar la economía", juzgó allí en referencia a la etapa kircherista. El documento fue presentado por Gabriela Ramos, directora del organismo.
 
En materia laboral, sostiene que el país necesita un régimen más "flexible", eufemismo para la rebaja de costos salariales y recorte de derechos a los trabajadores. Por ejemplo, defiende el reemplazo de las indemnizaciones por despido por un seguro costeado por el trabajador con descuentos de su salario para la eventualidad de resultar echado.
 
"Estas reformas implicarán costos porque habrá empleos que se pierdan en algunas firmas y sectores mientras se crean en otros lugares", admite.
 
También cuestiona el elevado déficit fiscal y pide un duro ajuste del gasto público. Para disminuirlo, recomienda achicar las erogaciones en seguridad social. "El gasto en pensiones es alto y el envejecimiento poblacional amenaza a largo plazo la sostenibilidad del sistema de jubilaciones", afirma, frente a lo cual indica que se debe igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres y deja flotando un aumento para todos más allá de los 65 años.
 
"Es necesario racionalizar el empleo público, especialmente en las provincias, y eliminar gradualmente los subsidios a la energía", agrega en pos del mismo objetivo de ajustar las cuentas públicas con cesanteados estatales y tarifazos  de servicios esenciales.
 
Cambiemos apuesta a que un triunfo electoral en dos semanas aumente el espacio político para afianzar transformaciones como las que plantea la OCDE, y con esos deberes hechos adelantar varios casilleros en su objetivo de que Argentina forme parte del club de ricos para los ricos, del cual después no será nada fácil salir.
 
Por David Cufré
 
Fuente: Página12, La Izquierda Diario y La Opinión Popular
 

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22-02-2018 / 17:02
El jefe de Gabinete, Marcos Peña,  señaló que "no hay ningún caso de corrupción" en el Gobierno de Mauricio Macri, dijo que la gestión que integra tiene la intención de "elevar la vara de la institucionalidad", y que el a la vez que señaló que el presidente Macri le pidió "máxima dureza y rigor"  a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la militante ultra macrista Laura Alonso para que investigue a los funcionarios macristas.
 
Quienes conocen muy de cerca el funcionamiento del equipo de gobierno sostienen que Marcos Peña es el prestidigitador que se mueve detrás del trono. Por eso no extraña que haya sido él quien salió también a dar la nota y fijar el tono de lo que será la respuesta oficial a la movilización popular en la calle. El Jefe de Gabinete afirmó que "la única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner", adjudicándole a la ex presidenta la condición de "líder intelectual" de la protesta.
 
Lo dicho deja a la vista que, frente a la falta de argumentos que emerjan como resultados de su propia gestión, el Gobierno tiene que recurrir a fórmulas que, si bien le dieron rédito en el pasado, el devenir de la política y de la propia gestión de Cambiemos han ido desgastando.
 
Es probable que los focus group manejados por los asesores de marketing comunicacional del Gobierno todavía le sigan aconsejando a Peña que alimentar como un fantasma político la presencia de la ex presidenta como la mano oculta que todo lo decide continúa aportando réditos a favor del oficialismo.
 
Quizás también el gobierno de la Alianza Cambiemos comienza a tener dificultades para encontrar en su gestión los argumentos y las razones a su favor, porque a la vista está que no puede exhibir los logros de "cambiar pasado por futuro". Sin embargo lo más revelador es que se pretende negar la evidencia de la realidad y recurren a las chicanas.
 
Quienes se movilizaron a la 9 de Julio lo que hicieron fue aprovechar una circunstancia política y un escenario para poner en acto su descontento. Casi sin importar quién o quiénes eran los convocantes y, mucho menos, entrar en la elucubración pseudo erudita de los "autores intelectuales".
 
En todo caso, habría que explicarle al Jefe de Gabinete que los verdaderos autores intelectuales de la movilización popular que ganó la calle son el presidente Macri y el "mejor equipo de los últimos cincuenta (y dos) años" que la Alianza Cambiemos puso en ejercicio para intentar quitarle derechos sociales a los argentinos en favor de las corporaciones para las que reamente trabajan y a las que sirven.    
 
La Opinión Popular

22-02-2018 / 11:02
22-02-2018 / 10:02
El Gobierno de los Ricos quiso menospreciar la masiva movilización de trabajadores  calificándola y circunscribiéndola al "acto de Moyano". Así se encargaron de titular los medios de comunicación: Clarín, La Nación e Infobae, aliados y "pauta dependientes" del macrismo. Sin embargo, la presencia multitudinaria y plural la convirtió en una manifestación opositora en todos sus términos.
 
La mal llamada "marcha de Moyano" fue masiva y contundente. Una noticia pésima para el gobierno de Mauricio Macri. Una verdadera multitud participó de la concentración de trabajadores que convocaron gremios de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales y políticos para repudiar las medidas de ajuste salvaje neoliberal y flexibilización laboral que aplica el Gobierno de los Ricos.
 
Los organizadores calcularon 400 mil participantes. El creciente deterioro de las condiciones de vida de las amplias mayorías populares es uno de los motivos de fondo que habilitó el éxito de la movilización. El saqueo a los jubilados inició un proceso declinante para el Gobierno, que el olfato de Moyano terminó empujado a las calles una movilización que concentró la oposición social a Macri.
 
Los discursos tuvieron como denominador común la crítica al modelo económico neoliberal, la persecución a dirigentes sindicales y la necesidad de generar un polo opositor al gobierno conservador de derecha. Cambiemos sumó, a la falta de respuesta de la economía y al creciente descontento social, la pérdida de la calle que nunca tuvo. Y también el desprestigio a los dirigentes sindicales colaboracionistas que quedaron pintados de amarillo fosforescente.
 
No hay que ser un genio de la política para saber quien quedó mejor parado: Si Moyano golpeando sobre las consecuencias del ajuste neoliberal ante ciento de miles de personas o los burócratas sindicales a punto de subirse a un avión para pasear por Europa con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
 
Además, Moyano sumó en la convocatoria a intendentes peronistas: pejotistas y massistas, movimientos sociales, partidos de izquierda, La Cámpora y un sector del movimiento sindical peronista. No es poco para un dirigente que estaba más para jubilarse que para pasar dar estas peleas y que el antiobrerismo de Macri empujó a la oposición activa.
 
El camionero logró sortear sin despeinarse la ofensiva del gobierno de los CEOs para dejarlo en soledad, porque juega un juego distinto a la política electoral, lo suyo es la discusión de poder descarnada en base a demostraciones de fuerza de acción directa. No se somete al voto ni espera validarse en la opinión pública. Se convirtió así en el líder de facto de la resistencia de base social al proyecto de Macri.
 
La Opinión Popular

21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
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