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Nacionales - 07-10-2017 / 10:10
"ALTA PREOCUPACIÓN" DE NACIONES UNIDAS

Caso Santiago Maldonado: durísimo informe de la ONU contra el Gobierno de Macri

Caso Santiago Maldonado: durísimo informe de la ONU contra el Gobierno de Macri
El organismo internacional manifestó su alta preocupación por la falta de avance en la investigación y cuestionó los intentos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de desviarla en defensa de la Gendarmería. También advirtió sobre la falta de protección a la familia del joven desaparecido y a los mapuches.
La desaparición de Santiago Maldonado sumó ayer un serio revés para el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se conociera una nueva resolución de Naciones Unidas en torno del caso. En el informe se menciona que el Comité contra la Desaparición Forzada del organismo "sigue altamente preocupado porque la suerte y el paradero del señor Santiago Maldonado todavía no han sido esclarecidos y la información disponible refleja una falta de avance en las investigaciones del caso".
 
A lo largo de seis páginas señalaron una serie de recomendaciones al Estado argentino y le requirieron que envíe información antes del 6 de noviembre. Firmado por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, el Comité "considera necesario reiterar algunas de las recomendaciones y preguntas" que fueron planteadas al Estado argentino, poco después de comenzado el caso, el 7 de agosto pasado. En tanto que señala varios puntos que atañen al comportamientos de miembros del Ejecutivo, como la ministra Bullrich.
 
Y sostuvieron que "pasó más de un mes antes de que las autoridades iniciaran su labor investigativa tomando en cuenta el conjunto de los testimonios y elementos probatorios disponibles" y recordaron al Estado la importancia de los momentos inmediatamente posteriores a la desaparición de una persona. En tanto que avanzaron también contra la serie de declaraciones públicas que se hicieron a lo largo de los días que siguieron a la desaparición de Santiago, "por altos mandos del Gobierno", rechazando la participación de Gendarmería en el caso.
 
Entre los ejemplos, la ONU citó varios dichos de Bullrich, como "estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho". Y agregó que "el Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva".
 
El Comité también "lamenta" que se haya esperado más de un mes para "iniciar con las entrevistas" a Gendarmería en Chubut, "donde aparecen elementos precisos sobre los hechos tales como el dato de que un gendarme habría arrojado una piedra a un manifestante en el río y que al menos otro reconoce haber disparado con balas de goma en el río".
 
Ante este cúmulo de situaciones, el Comité pidió a los funcionarios macristas la "plena imparcialidad, independencia y autonomía" de la investigación de la desaparición de Maldonado y que se excluya de la misma "a toda persona que pueda estar involucrada". A juzgar por los durísimos términos de la respuesta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, el Estado conducido por Macri hizo poco y nada, y mal, en la búsqueda de Santiago Maldonado.
 
La Opinión Popular

 
DURA RESPUESTA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS AL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI
 
En la mira de la ONU por el caso Maldonado
 
El organismo se mostró "altamente preocupado porque su suerte y el paradero todavía no han sido esclarecidos y la información disponible refleja una falta de avances en las investigaciones en curso", y requirió al Estado que informe "las razones por las cuales las autoridades a cargo de la búsqueda del señor Maldonado y de la investigación de su desaparición esperaron más de un mes para tomar en cuenta de forma efectiva todas las hipótesis investigativas disponibles y relevantes".
 
La preocupación del Comité se hizo extensiva a la situación de los familiares del joven desaparecido dado que "han encontrado grandes dificultades para tener acceso de forma debida y rápida a la información relacionada con el desarrollo de su búsqueda".
 
Y también mostró alarma por "la entrega tardía de las actuaciones administrativas con datos sobre la actuación de la Gendarmería en el operativo", además de advertir sobre los riesgos que implica la estigmatización de la comunidad mapuche y la falta de respuestas respecto a la protección de ésta ha requerido.
 
En ese contexto, pidió "esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en  los  hechos,  y  en  caso  de  demostrarse, establecer   y  sancionar a  sus responsabilidades, tomando en cuenta que la identificación  de los perpetradores de la desaparición forzada puede resultar clave para ubicar a la persona desaparecida".
 
En su nota de seguimiento al Estado parte, el Comité rechazó el planteo del Gobierno de que las acciones de la ONU se superponen con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
 
"Una petición de acción urgente puede incluir medidas cautelares, pero no es en sí misma una medida cautelar. Por lo tanto, una acción urgente no tiene la misma naturaleza jurídica que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH", explicó y resaltó que las iniciativas de ambos organismos lejos de colisionar son complementarias.
 
El organismo internacional señaló que "pasó más de un mes antes de que las autoridades iniciaran su labor investigativa" y que "los primeros momentos tras la desaparición de una persona son de mayor relevancia en la perspectiva de ubicarla".
 
En el documento, al que accedió PáginaI12, el Comité se mostró, de nuevo, "altamente preocupado" por las declaraciones públicas de los funcionarios del Gobierno tras la desaparición de Maldonado, rechazando la hipótesis del involucramiento de las fuerzas estatales en los hechos, así como la tipificación de los mismos en una desaparición forzada.
 
El Comité citó varias declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y en particular se detuvo en su dicho del 18 de agosto de que "hasta el momento no hay ninguna persona en la causa judicial que haya prestado un testimonio (...) en el cual se hubiese aseverado que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento" contra la comunidad mapuche en el que el joven fue visto por última vez.
 
"El Comité queda sorprendido por esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se lo ubicaba en el territorio", reza el documento.
 
En uno de los párrafos más duros, el organismo de la ONU expresó su alarma "porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas en forma pública antes de que se haya realizado una investigación exhaustiva e integral de los hechos, y en particular, del proceder de la Gendarmería".
 
Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de los uniformados "fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de búsqueda de personas desaparecidas".
 
El Comité lamentó "que se haya esperado hasta el 7 de septiembre para iniciar con las entrevistas a la Agrupación XIV de la Gendarmería de Chubut, donde aparecen elementos precisos sobre los hechos, tales como el dato de que un gendarme había arrojado una piedra a un manifestante en el río, y que al menos otro reconoce haber disparado con balas de goma en la orilla".
 
Reprobó también que "dichos elementos no fueron integrados al expediente de habeas corpus sino hasta el 10 de septiembre y que hasta esta fecha no se conocía la existencia de actuaciones de la propia Gendarmería".
 
En ese sentido, añadió que además "la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que al menos hasta el 4 de septiembre no existía formalmente ni siquiera un Sumario Administrativo en los términos previstos por la legislación  nacional", por lo cual cuestionó su validez.
 
Por otra parte, el Comité de manifestó estar "muy preocupado porque gran parte de los aportes del Ministerio fueron adelantados a los medios de comunicación previo a su ingreso a la causa judicial, lo cual no es  compatible con los principios básicos de confidencialidad y debido proceso aplicables a la investigación de cualquier caso de desaparición forzada".
 
Ante este cúmulo de situaciones, el Comité pidió a los funcionarios macristas la "plena imparcialidad, independencia y autonomía" de la investigación de la desaparición de Maldonado y que se excluya de la misma "a toda persona que pueda estar involucrada". También señaló que se debe garantizar que los investigadores cuenten "con la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus funciones".
 
El organismo de la ONU fue directo acerca de la necesidad de "esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades". Y también en cuanto a que se debe "investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer" la búsqueda de Maldonado.
 
"El Comité también está preocupado por la información recibida según la cual, tal como lo denunció el Defensor Federal de Esquel, los vehículos de la Gendarmería involucrados en el operativo podrían haber sido lavados, y que varias fotos e imágenes del operativo habrían sido faltantes", dice la nota de la ONU.
 
También se pronunció respecto a la gravedad que podría implicar para el caso "la información pública según la cual las autoridades estatales a cargo de la búsqueda e investigación inicialmente elaboraron su estrategia con base en declaraciones no verificadas indicando que los gendarmes no habrían llegado hasta el Río Chubut".
 
"Tal y como lo sabe el Estado parte, fotografías y declaraciones de varios gendarmes en las investigaciones internas desmintieron esta afirmación", remarcó el Comité, que requirió "adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger los elementos probatorios disponibles" y asegurar que toda la información disponible sea debidamente tomada en cuenta como indicio.
 
El Comité también advirtió que debe ser garantizado el acceso a la familia Maldonado y sus abogados a toda la información del caso. Recordó que en su nota al Estado del 7 de agosto pasado requirió "la  adopción de medidas cautelares de protección a favor de los familiares de Santiago Maldonado y de sus representantes, así como de los miembros de la comunidad mapuche". También lamentó que el Gobierno haya acusado a la familia y a la comunidad mapuche de no haber colaborado en la causa.
 
Por Adriana Meyer
 
Fuentes: Página12, Perfil y La Opinión Popular
 

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18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
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16-09-2018 / 09:09
Aumentar el IVA al 22%. Como en Uruguay, pero sin la eficiencia de aquel Estado y con más del triple de pobres que allí. La medida, que ya estaría en manos del presidente neoliberal Mauricio Macri, sería una de las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar el próximo desembolso por US$3.000 millones, que debía llegar el lunes, pero que el Fondo no garantizará hasta tanto el Gobierno no avance en reformas "más profundas".
 
Es un capítulo más en la historia antiperonista del sometimiento neocolonial, pérdida de soberanía y dependencia de la República, desde que en mayo pasado el gobierno de la alianza de conservadores y radicales, denominada Cambiemos, anunció la vuelta al Fondo, a las relaciones carnales con Estados Unidos, cuya administración ya propone la vuelta del 1 a 1, como en las épocas de Menem y Cavallo.
 
Al calor de una crisis como la actual, con devaluación, inflación y recesión, subir el IVA equivaldría a un doble perjuicio. Achicaría todavía más el mercado interno, haría estragos entre las Pymes y ciudadanos de a pie, sobre todo entre aquellos, trabajadores y jubilados, cuyos pocos ingresos tienen un único destino: la compra de alimentos.
 
Junto a la suba del IVA al 22%, las exigencias del Fondo contemplan subir la edad jubilatoria, más despidos y recorte de salarios, facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía nacional a las importaciones y regulaciones favorables a la "competencia". Solo así el organismo desembolsaría los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario, producto de las groseras fallas del actual Gobierno.
 
La postergación del desembolso agrega una incertidumbre adicional a la cotización de la moneda yanqui. Pues, a pesar de las erradas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar cerró la semana en un nuevo máximo histórico de $40,53, echando más nafta al fuego de la inflación y con los alimentos y sus consumidores como principales afectados. Así gestiona el Gobierno de los Ricos.
 
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