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Entre Ríos - 06-10-2017 / 09:10
PEDIDO DE INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE VIALIDAD

Sigrid Kunath quiere que el gobierno de Macri informe acerca de la creación de Corredores Viales SA

Sigrid Kunath quiere que el gobierno de Macri informe acerca de la creación de Corredores Viales SA
“No podemos mantenernos al margen de estas nuevas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional”, dijo Sigrid Kunath. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
La senadora nacional Sigrid Kunath (PJ - Entre Ríos), presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la creación de la nueva Sociedad Anónima denominada "Corredores Viales S.A.", que se conoció mediante la publicación del Decreto 794/17 en el Boletín Oficial el 4 de octubre.
 
"Teniendo en cuenta la amplitud del objeto social de la nueva empresa y la importancia que reviste para todo el país la obra pública se torna necesario obtener precisiones con respecto a esta nueva medida y cuáles son los alcances y derivaciones que de ella se desprenden", sostuvo la legisladora entrerriana.

 
Según se define en esta norma, el nuevo ente de carácter privado tiene por objeto "la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera, así como también la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de 'Áreas de servicio', explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social".
 
Kunath preguntó en el proyecto de comunicación, entre otras cuestiones, si el nuevo ente privado "asumirá alguna función de la Dirección Nacional de Vialidad y si está previsto que ingresen como accionistas de la nueva sociedad personas de carácter privado, y en ese caso, quiénes y bajo qué mecanismos de control". Asimismo cuestionó acerca de "cuáles son las obras y las concesiones de peaje que se conferirán a la nueva empresa como así también se informe sobre la nómina de personal y condiciones de contratación de empleados, ya que surge de los considerandos del Decreto que habrá transferencia de trabajadores al ente privado".
 
"Recientemente hemos conocido también la creación de la Fundación PAMI a través de la Resolución 956 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyos objetivos se parecen mucho a los de la obra social de los jubilados ya que se la habilita a dar prestaciones sanitarias y sociales que brinden el o los efectores cuya gestión se encargue, con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios, pudiendo, asimismo, la fundación hacer compras directas y contratar personal", indicó la senadora.
 
"No podemos mantenernos al margen de estas nuevas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que se torna necesario requerir las explicaciones y solicitar la información pertinente que asegure un adecuado control de la Administración Pública Nacional", finalizó.
 
Fuente: Análisis Digital
 

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18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
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