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“Macri sigue emitiendo deuda y se olvida de la Salud, la Educación, el Medioambiente y la Cultura. Le recorta los ingresos a los jubilados pero perdona al Grupo Macri su deuda con el Correo Argentino”. Pino Solanas
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Nacionales - 01-10-2017 / 11:10

Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
NEGACIONISMO RECARGADO Y ENCUBRIMIENTO ESTATAL. A dos meses de la desaparición del joven durante un operativo de Gendarmería en Chubut, el Gobierno ratifica su actitud negacionista en el informe que envió al organismo internacional. Al igual que ante la CIDH, la ministra Patricia Bullrich negó en el Senado cualquier responsabilidad de la Gendarmería por la desaparición de Maldonado.
Pasaron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado y el gobierno de Mauricio Macri sigue repitiendo el mismo libreto negacionista, incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El cúmulo de falsedades podría resumirse así: no hay ninguna evidencia de que al joven se lo haya llevado la Gendarmería, ni siquiera de que haya estado en el lugar de los hechos, y la comunidad mapuche de Cushamen -cuyo reclamo por tierras y por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala él estaba apoyando- obstaculizó medidas de prueba. Así mienten descaradamente en el informe del Estado argentino que responde a las medidas cautelares que la CIDH había ordenado para dar con Maldonado e investigar los sucedido.
 
El Gobierno de Macri elevó los documentos emitidos por el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila, quienes no dan crédito a los testimonios de los hombres y mujeres mapuches, pero sí informan en detalle sobre todas las personas que dijeron ver al desaparecido en otros diferentes puntos del país.
 
A diferencia del Gobierno, que sigue sin dar crédito a los mapuches, la CIDH ya ponderó esas pruebas y por eso emitió las medidas cautelares. Ahora van a demostrar el encubrimiento del Estado, que consiste en haber enviado al funcionario del ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, para cerrar filas y no para saber realmente qué pasó.
 
"En el cuerpo del expediente están los formularios que ellos arman, no interrogan a todos los gendarmes sino sólo a once, y donde aparecían incoherencias, unificaron los criterios", dijo Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos. En el  expediente, la CIDH dictó medidas cautelares que no fueron cumplidas por el gobierno de Macri que ayer volvió a expresar cínicamente, a través de su cuenta oficial de Twitter, "su preocupación" por el paradero de Maldonado.
 
A dos meses de la desaparición de Santiago, su familia llamó a movilizarse hoy en todo el país para pedir su aparición con vida. "Les pedimos a todos que nos acompañen", señalaron los familiares del joven desaparecido, que también pidió "evitar provocaciones" que buscan "deslegitimar el reclamo de verdad y justicia". Personalidades de la cultura, dirigentes políticos y organismos de derechos humanos vienen convocando desde hace días a la movilización.
 
El reclamo también se oirá en el exterior. Hay actividades convocadas en Valparaíso, Quito, Montreal, Londres, París, Ginebra, Berlín, Milán, Pisa, Bari, Turín, Padova, Palermo y Modena tendrán actividades. En Londres, la convocatoria es frente a la embajada argentina; en Pisa, delante de la célebre torre inclinada; y en la capital alemana, en la Puerta de Brandenburgo.
 
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"Es vital entender que Barberis dice que están todos en el mismo barco el día 9 de agosto, y la mayoría de los informes posteriores son del 10 en adelante: No es cierto lo que dijo Bullrich de que los entrevistaron uno por uno. El gendarme Gómez reconoce que ayudó a redactar todos los formularios, como surge de los audios, está clarísimo", agregó el letrado.
 
Por eso ahora están elevando esa parte de la causa judicial, el famoso informe de Gendarmería elaborado para exculpar a la fuerza, en lugar de investigarla. "Le llevaron al juez eso para decirle que los gendarmes no tuvieron nada que ver, en lugar de obligarlos a presentarse a dar su testimonio libremente ante la justicia", describió.
 
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich rompió el silencio al que la habían conminado e hizo una declaración para estar en sintonía con los dos meses de la desaparición del joven artista, de 28 años, oriundo de La Plata y asentado desde abril en El Bolsón. "Que se sepa qué pasó, lo estamos buscando", dijo la funcionaria.
 
Cabaleiro optó por responder citando una imagen: "Varios de los carteles que ofrecen la recompensa de dos millones de pesos han sido 'intervenidos' con la frase 'se lo llevó Gendarmería', pero nosotros sólo vamos a seguir reclamando que aparezca con vida", replicó.
 
Y agregó que "vamos a insistir en que debe ser desarticulado el sistema de recompensas porque, tal como quedó demostrado en la respuesta del Estado a la CIDH, es lo que les permite sembrar la investigación con pistas falsas".
 
De hecho, poco antes de las conclusiones, la respuesta del gobierno enumeró el detalle de las más de 200 personas que dijeron haberlo visto a Maldonado en Gualeguaychú, intentando cruzar a Chile o yendo a Misiones a participar del encuentro del Movimiento Hippie, en Mar del Plata, en Colón y en la estación terminal ferrocarril Belgrano camino a Villa Rosa, entre otros puntos.
 
 
Negacionismo recargado
 
"Es menester insistir en que no existe por el momento ninguna constancia que corrobore el extremo relativo a que Santiago Maldonado hubiese sido privado de su libertad por agentes del Estado o grupos que actúen con su autorización, como requisito de la normativa internacional para declarar la existencia de una desaparición forzada", rezan las conclusiones enviadas a Washington por la administración de Mauricio Macri, que dan cuenta palmaria ya no de la falta de pruebas para inculpar a los gendarmes y sus superiores sino de la trama posterior de encubrimiento estatal.
 
"Asimismo, nuevamente se pone en vuestro conocimiento que la Gendarmería Nacional Argentina actuó en cumplimiento de una orden judicial liberando la ruta nacional 40 ante la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal", previsto para la interrupción del tránsito, "que se encontraba interrumpido mediante la quema de cubiertas de automóvil, colocación de ramas de árbol y personas encapuchadas".
 
Nada dice el informe respecto a los testimonios de Soraya Maicoño y sus compañeras, detenidas al costado de la ruta 40 durante seis horas. En ese lapso, vieron dos veces al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Indicaron que el tránsito vehicular había sido cortado por la propia Gendarmería, formando un operativo cerrojo que impedía el paso desde varias horas antes del procedimiento represivo en el cual desapareció Maldonado.
 
"A fojas 106 a 116 se desprende que durante la sustanciación de la manda judicial (de despejar la ruta) se produjeron graves actos de violencia contra los funcionarios de Gendarmería, no surgiendo de dicha acta que se hubiere detenido a persona alguna", respondió el Gobierno, que enumeró que tal acta fue validada con la firma de ocho funcionarios públicos.
 
"Por otro lado, del expediente no surge ninguna declaración testimonial que acredite la versión de los peticionantes relativa a que un "peñi" de la comunidad escondido entre los arbustos al otro lado del río pudo escuchar y observar que un funcionario de Gendarmería habría localizado a Maldonado y que luego éste, en conjunto con otros, habrían agredido y retirado al nombrado de ese lugar en una camioneta o en un Unimog", menciona el informe firmado por Damián Arabia, jefe de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad. Y repite: "No existe ninguna declaración testimonial en ese sentido".
 
En su síntesis, el Gobierno insistió en que durante el procedimiento judicial de búsqueda de rastros realizado el 5 de agosto, en el cual los canes llegaron hasta el río luego de haber olisqueado la gorra blanca de Santiago, la comunidad se opuso a que la medida se siguiera realizando en la otra margen.
 
Las querellas, incluida la que está presentada en la CIDH desmintieron esto al explicar que los testimonios coincidían en que Maldonado no llegó a cruzar, y, además, que ese día los buzos de Prefectura Naval concluyeron que de haberse ahogado su cuerpo hubiera estado allí dada la cantidad de ramas y objetos, la baja profundidad y la escasa corriente.
 
Incluso en el escrito sostuvieron que la gorra fue aportada por la comunidad, en concordancia con el informe que adjuntaron de la fiscal Ávila, cuando en realidad la misma fue hallada por efectivos de la PSA y el defensor Fernando Machado, a poca distancia de donde el joven fue visto por última vez.
 
"El Estado Nacional y en especial el Ministerio de Seguridad, bajo las órdenes del juez de la causa, han agotado hasta el momento todas las medidas posibles en el interés de corroborar la veracidad de esta versión provista por los peticionantes sin que hasta el momento se encuentre ninguna prueba que confluya en esa vía", continúa la respuesta del Gobierno.
 
Como si los testimonios presentados por los mapuches ante la Procuración de Violencia Institucional no tuvieran valor alguno, repitió que "ninguna persona afirmó que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento" del 1 de agosto, "como así tampoco que la Gendarmería hubiese procedido a la detención de persona alguna", en el marco de tal operativo.
 
También falta a la verdad el macrismo porque según consta en el expediente, que PáginaI12 pudo leer, ya desde el 3 de agosto la justicia contaba con las expresiones del periodista Ricardo Alejandro Bustos, quien el día previo en Facebook había publicado que Maldonado había sido detenido por Gendarmería "y ahora la justicia federal tiene la papa caliente".
 
Alguna relevancia habrá tenido porque los investigadores pidieron el audio de la entrevista que Bustos le hizo por FM Del Lago a Noceti. Además, en uno de los audios que trascendieron, un gendarme también habla de la detención de Maldonado con su pareja, quien se alerta por la gravedad de la situación.    
 
Naturaleza de Derechos ya pidió a la CIDH que tome medidas contra el Estado por el incumplimiento de las medidas cautelares, y requirió protección para los testigos, los abogados y todas las comunidades mapuches que siguen siendo objeto de graves violaciones a los derechos humanos, como quedó en evidencia en el operativo del lunes 18, cuando dos testigos del caso estuvieron en el piso con las manos precintadas durante doce horas, por orden del juez Otranto.
 
"Estamos insistiendo para que la CIDH le diga al Estado argentino que el sistema de recompensas debe quedar sin efecto, porque fue lo que permitió instalar todas las pistas falsas, colocando a Santiago en diferentes puntos del país cuando la sospecha más clara es que desapareció en el marco de la intervención de una fuerza del Estado, y de hecho en su respuesta al organismo termina diciendo que Maldonado no estuvo allí el 1 de agosto", destacó el letrado.
 
Cabaleiro también cuestionó que la fiscal Ávila no haya apelado el rechazo del juez Otranto a cruzar el teléfono de Noceti con los de los jefes de Gendarmería y a allanar el predio de Benetton. Consideró que esas medidas eran clave y afirmó que no se hicieron porque hubiera implicado que Otranto se involucrara a sí mismo.
 
De hecho, el periodista Horacio Verbitsky publicó que el juez ese día mantuvo un diálogo con Noceti, en el cual éste último prácticamente le ordenó avanzar contra la Lof de Cushamen invocando la "flagrancia".
 
La etapa actual del caso corresponde a la de las medidas cautelares pero la CIDH podría concluir que, ante los sucesivos incumplimientos, sea admisible un proceso ante la Corte Interamericana, como pasó con Iván Torres, cuando en 2011 Argentina fue condenada por la desaparición de este joven mapuche.
 
"Hay una responsabilidad internacional del país como miembro de la Organización de Estados Americanos que tiene un compromiso de cumplir con los tratados, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, pero con este comportamiento y los argumentos expuestos en su contestación está claro que no están actuando de buena fe", afirmó Cabaleiro.
 
Para el abogado, el encubrimiento tuvo como protagonistas tanto a los funcionarios del Ejecutivo como al juez Otranto y a la fiscal Ávila. "Estando recusado el juez ordenó peritar unas rastas en San Luis, cuando con los testimonios de la causa ya está probado que sí estuvo en la Lof el 1 de agosto", dice en referencia a las declaraciones de Matías Santana y Soraya Maicoño.
 
Respecto de la protección a los testigos, Cabaleiro admitió que las medidas de la CIDH no tienen un efecto coercitivo que garantice su cumplimiento, pero si tienen un efecto político. "Si el Estado no cumple queda en una situación de responsabilidad internacional", apuntó.
 
Por Adriana Meyer
 
Fuente: Página12
 

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Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El funcionario macrista Daniel Barberis les bajó línea a los gendarmes y admitió que el Gobierno influyó sobre el juez. El encargado del área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad se reunió con los gendarmes que estuvieron cerca del río para bajarles línea y manifestarles su apoyo. “Logramos que el juez escriba lo que no había escrito”, les dijo.
23-09-2018 / 12:09
Las plantas automotrices de Córdoba y Santa Fe ofrendaron al descontento general 5.500 operarios suspendidos por culpa de la recesión, que en el caso de la industria textil ya acumula 13 meses de trabajo destruidos, entre la competencia importada previa a la devaluación y la caída de las ventas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la población.
 
En este contexto es que INdEC registra en su último reporte que la desocupación alcanzó al 9,6% de una clase económicamente activa engrosada porque muchas mujeres tuvieron que salir a buscar algún refuerzo a las arcas hogareñas, castigadas por la inflación localizada en su costo de vida (alimentos, combustibles, transporte, servicios públicos, cuotas de salud y educación privadas).
 
En ese marco, las centrales sindicales convocan a un paro la semana próxima que comenzaría el lunes al mediodía con la convocatoria de la CTA y el martes se sumaría la CGT con un paro sin movilización y sin un plan de lucha.
 
El secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, confirmó que los sindicatos del sector se sumarán al paro decretado por la CGT. "Cada vez hay más fábricas cerradas y falta trabajo. La situación cada vez se complica más. No hay dialogo y eso nos lleva a una medida de fuerza", justificó el dirigente de los colectiveros.
 
En tanto, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió sobre "el desastre" que está provocando el Gobierno y destacó que ninguno de los funcionarios macristas "sabe lo que es que te falte un plato de comida".
 
El paro general afectará a la mayoría de las actividades y servicios en todo el país. El transporte público, el de mercaderías, la atención en dependencias públicas, la apertura de comercios, la actividad financiera, el dictado de clases en las escuelas, el funcionamiento de centros médicos, la recolección de basura y la provisión de combustibles serán algunas de las actividades afectadas por la medida de fuerza.
 
Con lo cual se espera un paro contundente y una jornada con muy poco movimiento.
 
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23-09-2018 / 10:09
El desempleo en los grandes conglomerados urbanos rasguña el 10 por ciento según guarismos oficiales del segundo trimestre. Superará los dos dígitos, todo lo indica. Agravarán el cuadro la inflación colosal de julio y agosto, la superior que se espera para septiembre, el traslado a precios de aumentos de tarifas y combustibles. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar precedentes tan tremendos.
 
El contorno de la caída del empleo se conoce: acentuado en el Conurbano bonaerense, con visos de catástrofe en la industria, particularmente en la textil y la metalúrgica. Los análisis críticos lo anunciaban desde que arrancó la presidencia de Mauricio Macri. Su séquito de economistas y opineitors, a regañadientes, viene reconociendo lo innegable desde hace meses.
 
El empleo informal añade otro dato preocupante. El impacto de la crisis pega más duro en las changas que en los empleos registrados. Cuando se leen con cuidado los indicadores se percibe que buscan trabajo aun los que tienen la suerte de laburar. En criollo, el sueldo no les alcanza para vivir.
 
La coyuntura se debe leer también con datos que llegan de las calles, los sistemas educativos y de salud, los comedores populares. El universo de la gente de carne y hueso, una millonada. Lo que late y trata de sobrevivir más allá de la City financiera.
 
Se incrementa el número de comedores y merenderos, aún en parajes donde no funcionaban o no hubo jamás. Las provisiones escasean entre otros motivos porque el flujo de requirentes se engrosa más rápido que las respuestas gubernamentales. Más chicas y chicos se quedan a comer en las escuelas, a hurtadillas se llevan parte de sus raciones (insuficientes de por sí) para la cena con la familia.
 
Se ralenta o paraliza la entrega de remedios a hospitales, en los que se nota que hay pacientes que discontinúan tratamientos porque el viaje "les duele".
 
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) grafica el sadismo del mercado de medicamentos, una muestra de cómo funciona el capitalismo salvaje. La inflación en el rubro remedios es superior a la media. El gap crece para los medicamentos que necesitan las personas de tercera edad. Todos tenemos que poner el hombro, preconiza Macri, pero los más vulnerables son quienes más se sacrifican.
 
En medio de la caída, la Nación se empeña en Cruzadas hueras de sensibilidad social. Mantener congelado el Fondo de Incentivo Docente, suspender el Fondo Compensador que ayudaba a las provincias más pobres a sostener el salario de los maestros. La Casa Rosada se ilusiona con suprimir el subsidio al transporte intra provincial.
 
La aspiración del macrismo es llegar al déficit cero, cuenta engañosa porque no incluye los servicios del pago de la deuda externa, a esta altura el mayor gasto para 2019.

22-09-2018 / 08:09
La reforma jubilatoria se encontraba durmiendo en los cajones, junto a otra cantidad de cambios neoliberales con los que en su momento se había entusiasmado el macrismo.
 
Pero la crisis financiera hizo que el Gobierno de Mauricio Macri tomara la decisión de adelantar algunas medidas que parecían condenadas al largo plazo: ahora se impulsarán con "bajo perfil" y camufladas dentro de leyes como la del Presupuesto 2019.
 
Entre ellas se encuentran la iniciativa de restringir el acceso al cobro de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se abona a aquellas personas que llegan a los 65 años pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios para acceder al beneficio.
 
Esta idea se estaba trabajando en el anteproyecto de reforma previsional a cargo de un grupo multidisciplinario, pero la necesidad de recortar fondos fiscales para lograr el denominado "déficit cero" hizo que ahora se plasme en el texto que empezará a debatir el Congreso para definir el Presupuesto.
 
Otro de los temas que se quiere impulsar en el corto plazo es el "principio de sustitutividad" de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador. La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un "techo" de aproximadamente el 60 por ciento.
 
El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario. La sentencia será cuestionada por la Anses ante la Corte Suprema, pero desde el Gobierno no quieren correr riesgos de que, con ese antecedente, pueda generarse un efecto multiplicador.
 
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
 
En el macrismo destacan que mantener el sistema vigente es "inviable" y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.

22-09-2018 / 08:09
El gobierno de Mauricio Macri mandó un Presupuesto de hambre al Congreso pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al kirchnerismo de preparar una especie de "guerrilla de saqueos".
 
El gobierno sabe que el ajuste brutal que está enunciado en el proyecto de ley gatillará la conflictividad social, porque ése es el verdadero saqueo, pero acusa de esa conflictividad a la única fuerza que, junto con la izquierda, se ha manifestado abiertamente en contra del presupuesto que encenderá y hará explotar la protesta.
 
O sea, el kirchnerismo, acusado de conflictivo, sería la fuerza que está tratando de pacificar y el gobierno, que dice que quiere pacificar, está echando kerosene al fuego. Lo mismo pasa con los movimientos sociales.
 
El macrismo adiestró a sus seguidores en el odio a cualquier mecanismo solidario que surja del Estado o la sociedad. Las personas que desfilan con los movimientos sociales son tratadas como vagos que no quieren trabajar  pero si no fuera por esos movimientos, el país ya se hubiera convertido en un gran incendio.
 
La acusación de Bullrich buscó colocar al kirchnerismo como el principal interlocutor de la oposición. Piensa que de esa forma le resulta más fácil controlar la posible fuga de simpatías hacia su vereda de enfrente.
 
Pero eso fue durante los dos primeros años del macrismo. La crisis trastocó ese cálculo: ahora el que aparezca como oposición más clara, sea el que sea, ganará las simpatías de la mayoría. Con la caída de su imagen, el gobierno cambió de lugar y produjo un reacomodo en el tablero.
 
La mayoría de los analistas sigue pensando con la lógica de los dos primeros años, pero basta con hacer la cola del colectivo o tomar el Sarmiento en hora pico para darse cuenta de que ya nadie puede defender a este gobierno en voz alta porque inmediatamente le tapan la boca.
 
El imaginario hegemónico invencible, construido con cuadernos de corrupción e imágenes de pobres dándose la gran vida a costa del trabajo de los otros, ya no resiste la catástrofe de los precios altos y los salarios en caída, más la devaluación, más inflación, más desempleo, más caída del consumo, más destrucción de la salud y la educación pública y hasta el fetiche derechista de la inseguridad se les ha dado vuelta.
 
Es un escenario nuevo del que probablemente todavía no den cuenta las encuestas, pero que habla de un cambio de tendencia en la conciencia de las mayorías. La persistencia de las corporaciones mediáticas del oficialismo en dar por descontado el impacto de las fotocopias profundiza esa confusión. Titulares y más titulares darían la impresión falsa de que la sociedad está pendiente de lo que sucede con esa causa.
 
Es probable que una porción de la sociedad siga aferrada a ese relato, pero es un tema que ya suena como algo viejo porque ni siquiera genera la ilusión de resolver ninguno de los problemas actuales.

21-09-2018 / 10:09
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió ayer al Congreso para defender el proyecto de Presupuesto 2019, ya arreglado con la directora del FMI, Christine Lagarde. De hecho ayer, como salido de un manual, el organismo respaldó la iniciativa que prevé un ajuste mayor al actual.
 
El objetivo es el déficit cero a como dé lugar, por ejemplo, subiendo el impuesto a las Ganancias, para que sean los trabajadores los que más paguen.
 
Dujovne negó algunos rumores de las últimas jornadas: como un megacanje para reestructurar la deuda o un plan de convertibilidad para volver al 1 a 1, que implicaría más miseria, más destrucción de empleos y salarios más bajos.
 
Desde la oposición, las críticas se centraron en las modificaciones en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en las futuras jubilaciones que se pagarán en zonas desfavorables; el costo del dólar y la inflación presupuestados; los fondos para las universidades; el financiamiento de la PPP y el peso de la deuda pública, entre otras cuestiones.
 
El ministro confirmó que la "salida" de la crisis que emprenderá el Gobierno de los Ricos irá por la vía más recortes, y que gobernadores y legisladores acompañarían un Presupuesto que contiene un ajuste durísimo contra el pueblo trabajador.
 
Sin reconocer errores propios, Dujovne justificó la compleja coyuntura en la "serie de shocks" que sufrió el país como explicación del derrumbe actual. Lejos de la autocrítica, aseguró que uno de esos "shocks" fue la causa de los "cuadernos de las coimas", a la que definió como una "orgía de corrupción" que atenta contra la confianza de los inversores.
 
No dijo Dujovne que de esa "corrupción" de la Patria contratista, a la que se deben muchos de los dramas actuales, hubo una familia que en tiempos del kirchnerismo y desde mucho antes, desde la última dictadura militar, se llevó la mayor tajada: los Macri.
 
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