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Nacionales - 01-10-2017 / 11:10

Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
NEGACIONISMO RECARGADO Y ENCUBRIMIENTO ESTATAL. A dos meses de la desaparición del joven durante un operativo de Gendarmería en Chubut, el Gobierno ratifica su actitud negacionista en el informe que envió al organismo internacional. Al igual que ante la CIDH, la ministra Patricia Bullrich negó en el Senado cualquier responsabilidad de la Gendarmería por la desaparición de Maldonado.
Pasaron dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado y el gobierno de Mauricio Macri sigue repitiendo el mismo libreto negacionista, incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El cúmulo de falsedades podría resumirse así: no hay ninguna evidencia de que al joven se lo haya llevado la Gendarmería, ni siquiera de que haya estado en el lugar de los hechos, y la comunidad mapuche de Cushamen -cuyo reclamo por tierras y por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala él estaba apoyando- obstaculizó medidas de prueba. Así mienten descaradamente en el informe del Estado argentino que responde a las medidas cautelares que la CIDH había ordenado para dar con Maldonado e investigar los sucedido.
 
El Gobierno de Macri elevó los documentos emitidos por el juez federal Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila, quienes no dan crédito a los testimonios de los hombres y mujeres mapuches, pero sí informan en detalle sobre todas las personas que dijeron ver al desaparecido en otros diferentes puntos del país.
 
A diferencia del Gobierno, que sigue sin dar crédito a los mapuches, la CIDH ya ponderó esas pruebas y por eso emitió las medidas cautelares. Ahora van a demostrar el encubrimiento del Estado, que consiste en haber enviado al funcionario del ministerio de Seguridad, Daniel Barberis, para cerrar filas y no para saber realmente qué pasó.
 
"En el cuerpo del expediente están los formularios que ellos arman, no interrogan a todos los gendarmes sino sólo a once, y donde aparecían incoherencias, unificaron los criterios", dijo Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos. En el  expediente, la CIDH dictó medidas cautelares que no fueron cumplidas por el gobierno de Macri que ayer volvió a expresar cínicamente, a través de su cuenta oficial de Twitter, "su preocupación" por el paradero de Maldonado.
 
A dos meses de la desaparición de Santiago, su familia llamó a movilizarse hoy en todo el país para pedir su aparición con vida. "Les pedimos a todos que nos acompañen", señalaron los familiares del joven desaparecido, que también pidió "evitar provocaciones" que buscan "deslegitimar el reclamo de verdad y justicia". Personalidades de la cultura, dirigentes políticos y organismos de derechos humanos vienen convocando desde hace días a la movilización.
 
El reclamo también se oirá en el exterior. Hay actividades convocadas en Valparaíso, Quito, Montreal, Londres, París, Ginebra, Berlín, Milán, Pisa, Bari, Turín, Padova, Palermo y Modena tendrán actividades. En Londres, la convocatoria es frente a la embajada argentina; en Pisa, delante de la célebre torre inclinada; y en la capital alemana, en la Puerta de Brandenburgo.
 
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"Es vital entender que Barberis dice que están todos en el mismo barco el día 9 de agosto, y la mayoría de los informes posteriores son del 10 en adelante: No es cierto lo que dijo Bullrich de que los entrevistaron uno por uno. El gendarme Gómez reconoce que ayudó a redactar todos los formularios, como surge de los audios, está clarísimo", agregó el letrado.
 
Por eso ahora están elevando esa parte de la causa judicial, el famoso informe de Gendarmería elaborado para exculpar a la fuerza, en lugar de investigarla. "Le llevaron al juez eso para decirle que los gendarmes no tuvieron nada que ver, en lugar de obligarlos a presentarse a dar su testimonio libremente ante la justicia", describió.
 
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich rompió el silencio al que la habían conminado e hizo una declaración para estar en sintonía con los dos meses de la desaparición del joven artista, de 28 años, oriundo de La Plata y asentado desde abril en El Bolsón. "Que se sepa qué pasó, lo estamos buscando", dijo la funcionaria.
 
Cabaleiro optó por responder citando una imagen: "Varios de los carteles que ofrecen la recompensa de dos millones de pesos han sido 'intervenidos' con la frase 'se lo llevó Gendarmería', pero nosotros sólo vamos a seguir reclamando que aparezca con vida", replicó.
 
Y agregó que "vamos a insistir en que debe ser desarticulado el sistema de recompensas porque, tal como quedó demostrado en la respuesta del Estado a la CIDH, es lo que les permite sembrar la investigación con pistas falsas".
 
De hecho, poco antes de las conclusiones, la respuesta del gobierno enumeró el detalle de las más de 200 personas que dijeron haberlo visto a Maldonado en Gualeguaychú, intentando cruzar a Chile o yendo a Misiones a participar del encuentro del Movimiento Hippie, en Mar del Plata, en Colón y en la estación terminal ferrocarril Belgrano camino a Villa Rosa, entre otros puntos.
 
 
Negacionismo recargado
 
"Es menester insistir en que no existe por el momento ninguna constancia que corrobore el extremo relativo a que Santiago Maldonado hubiese sido privado de su libertad por agentes del Estado o grupos que actúen con su autorización, como requisito de la normativa internacional para declarar la existencia de una desaparición forzada", rezan las conclusiones enviadas a Washington por la administración de Mauricio Macri, que dan cuenta palmaria ya no de la falta de pruebas para inculpar a los gendarmes y sus superiores sino de la trama posterior de encubrimiento estatal.
 
"Asimismo, nuevamente se pone en vuestro conocimiento que la Gendarmería Nacional Argentina actuó en cumplimiento de una orden judicial liberando la ruta nacional 40 ante la comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal", previsto para la interrupción del tránsito, "que se encontraba interrumpido mediante la quema de cubiertas de automóvil, colocación de ramas de árbol y personas encapuchadas".
 
Nada dice el informe respecto a los testimonios de Soraya Maicoño y sus compañeras, detenidas al costado de la ruta 40 durante seis horas. En ese lapso, vieron dos veces al jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Indicaron que el tránsito vehicular había sido cortado por la propia Gendarmería, formando un operativo cerrojo que impedía el paso desde varias horas antes del procedimiento represivo en el cual desapareció Maldonado.
 
"A fojas 106 a 116 se desprende que durante la sustanciación de la manda judicial (de despejar la ruta) se produjeron graves actos de violencia contra los funcionarios de Gendarmería, no surgiendo de dicha acta que se hubiere detenido a persona alguna", respondió el Gobierno, que enumeró que tal acta fue validada con la firma de ocho funcionarios públicos.
 
"Por otro lado, del expediente no surge ninguna declaración testimonial que acredite la versión de los peticionantes relativa a que un "peñi" de la comunidad escondido entre los arbustos al otro lado del río pudo escuchar y observar que un funcionario de Gendarmería habría localizado a Maldonado y que luego éste, en conjunto con otros, habrían agredido y retirado al nombrado de ese lugar en una camioneta o en un Unimog", menciona el informe firmado por Damián Arabia, jefe de la Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de Seguridad. Y repite: "No existe ninguna declaración testimonial en ese sentido".
 
En su síntesis, el Gobierno insistió en que durante el procedimiento judicial de búsqueda de rastros realizado el 5 de agosto, en el cual los canes llegaron hasta el río luego de haber olisqueado la gorra blanca de Santiago, la comunidad se opuso a que la medida se siguiera realizando en la otra margen.
 
Las querellas, incluida la que está presentada en la CIDH desmintieron esto al explicar que los testimonios coincidían en que Maldonado no llegó a cruzar, y, además, que ese día los buzos de Prefectura Naval concluyeron que de haberse ahogado su cuerpo hubiera estado allí dada la cantidad de ramas y objetos, la baja profundidad y la escasa corriente.
 
Incluso en el escrito sostuvieron que la gorra fue aportada por la comunidad, en concordancia con el informe que adjuntaron de la fiscal Ávila, cuando en realidad la misma fue hallada por efectivos de la PSA y el defensor Fernando Machado, a poca distancia de donde el joven fue visto por última vez.
 
"El Estado Nacional y en especial el Ministerio de Seguridad, bajo las órdenes del juez de la causa, han agotado hasta el momento todas las medidas posibles en el interés de corroborar la veracidad de esta versión provista por los peticionantes sin que hasta el momento se encuentre ninguna prueba que confluya en esa vía", continúa la respuesta del Gobierno.
 
Como si los testimonios presentados por los mapuches ante la Procuración de Violencia Institucional no tuvieran valor alguno, repitió que "ninguna persona afirmó que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio en cuestión el día del procedimiento" del 1 de agosto, "como así tampoco que la Gendarmería hubiese procedido a la detención de persona alguna", en el marco de tal operativo.
 
También falta a la verdad el macrismo porque según consta en el expediente, que PáginaI12 pudo leer, ya desde el 3 de agosto la justicia contaba con las expresiones del periodista Ricardo Alejandro Bustos, quien el día previo en Facebook había publicado que Maldonado había sido detenido por Gendarmería "y ahora la justicia federal tiene la papa caliente".
 
Alguna relevancia habrá tenido porque los investigadores pidieron el audio de la entrevista que Bustos le hizo por FM Del Lago a Noceti. Además, en uno de los audios que trascendieron, un gendarme también habla de la detención de Maldonado con su pareja, quien se alerta por la gravedad de la situación.    
 
Naturaleza de Derechos ya pidió a la CIDH que tome medidas contra el Estado por el incumplimiento de las medidas cautelares, y requirió protección para los testigos, los abogados y todas las comunidades mapuches que siguen siendo objeto de graves violaciones a los derechos humanos, como quedó en evidencia en el operativo del lunes 18, cuando dos testigos del caso estuvieron en el piso con las manos precintadas durante doce horas, por orden del juez Otranto.
 
"Estamos insistiendo para que la CIDH le diga al Estado argentino que el sistema de recompensas debe quedar sin efecto, porque fue lo que permitió instalar todas las pistas falsas, colocando a Santiago en diferentes puntos del país cuando la sospecha más clara es que desapareció en el marco de la intervención de una fuerza del Estado, y de hecho en su respuesta al organismo termina diciendo que Maldonado no estuvo allí el 1 de agosto", destacó el letrado.
 
Cabaleiro también cuestionó que la fiscal Ávila no haya apelado el rechazo del juez Otranto a cruzar el teléfono de Noceti con los de los jefes de Gendarmería y a allanar el predio de Benetton. Consideró que esas medidas eran clave y afirmó que no se hicieron porque hubiera implicado que Otranto se involucrara a sí mismo.
 
De hecho, el periodista Horacio Verbitsky publicó que el juez ese día mantuvo un diálogo con Noceti, en el cual éste último prácticamente le ordenó avanzar contra la Lof de Cushamen invocando la "flagrancia".
 
La etapa actual del caso corresponde a la de las medidas cautelares pero la CIDH podría concluir que, ante los sucesivos incumplimientos, sea admisible un proceso ante la Corte Interamericana, como pasó con Iván Torres, cuando en 2011 Argentina fue condenada por la desaparición de este joven mapuche.
 
"Hay una responsabilidad internacional del país como miembro de la Organización de Estados Americanos que tiene un compromiso de cumplir con los tratados, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Tratado Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, pero con este comportamiento y los argumentos expuestos en su contestación está claro que no están actuando de buena fe", afirmó Cabaleiro.
 
Para el abogado, el encubrimiento tuvo como protagonistas tanto a los funcionarios del Ejecutivo como al juez Otranto y a la fiscal Ávila. "Estando recusado el juez ordenó peritar unas rastas en San Luis, cuando con los testimonios de la causa ya está probado que sí estuvo en la Lof el 1 de agosto", dice en referencia a las declaraciones de Matías Santana y Soraya Maicoño.
 
Respecto de la protección a los testigos, Cabaleiro admitió que las medidas de la CIDH no tienen un efecto coercitivo que garantice su cumplimiento, pero si tienen un efecto político. "Si el Estado no cumple queda en una situación de responsabilidad internacional", apuntó.
 
Por Adriana Meyer
 
Fuente: Página12
 

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Las mentiras del Gobierno de Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El funcionario macrista Daniel Barberis les bajó línea a los gendarmes y admitió que el Gobierno influyó sobre el juez. El encargado del área de violencia institucional del Ministerio de Seguridad se reunió con los gendarmes que estuvieron cerca del río para bajarles línea y manifestarles su apoyo. “Logramos que el juez escriba lo que no había escrito”, les dijo.
25-02-2018 / 12:02
El caso Correo Argentino vuelve a exponer una posible situación de conflicto de intereses (como los macristas llaman delicadamente a la corrupción) que roza a la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri. De acuerdo al expediente que tramita en la Justicia Comercial, la mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo.
 
El Estado es uno de los acreedores de Correo, pero hay al menos otros 354 representados en el expediente a través de apoderados. Se trata de empresas e individuos. Desde aerolíneas hasta proveedores de la época en que estaba en manos del Grupo Macri. También figura la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors.
 
Los apoderados de estos acreedores particulares son 14 abogados, de los cuales solo dos no están vinculados a quienes administran Correo, según surge del expediente. Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010.
 
Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores.
 
En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli.
 
El estudio Tonelli, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, representa a Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011. Antes era director titular. Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo, según consta en la causa.
 
Sencillamente, están de los dos lados del mostrador.

25-02-2018 / 12:02
25-02-2018 / 11:02
El gobierno de Mauricio Macri hizo todo que estaba a su alcance para limitar la cantidad de dirigentes sindicales que adhirieron al acto del miércoles 21. Festejó cada ausencia como un gol de media cancha, las preanunció con fruición, insinuó que los oradores hablarían ante un páramo.
 
También prodigó presiones o favores para inducir el ausentismo, tan detestado en otras facetas de la realidad. Más tarde, minimizó el número de participantes. En el primer intento se le fue la mano porque las imágenes de los drones tornaban ridículas sus estimaciones, la aumentó en cuestión de horas.
 
En todo momento, identificó al acto con sus convocantes. Las fotos del palco "punteando" a los dirigentes son válidas e ilustrativas, pero es falaz deducir que más de doscientas mil, tal vez un cuarto de millón de personas, sean clones o títeres de Hugo Moyano, de Cristina Fernández o de cualquier protagonista. No participó una masa informe ni un conjunto de Wallys o zombis sin personalidad, motivaciones, valores e intereses.
 
Eran trabajadores, formales o no, con o sin empleo. Provenían de todo el país, con la lógica preeminencia del área metropolitana. No cualquier persona puede costearse un viaje de larga distancia... para muchos hasta los vuelos lowcost de Flybondi son prohibitivos, sin contar que no suelen llegar a destino.
 
Una representación viva de la clase trabajadora se dio cita para cuestionar al Gobierno en general y practicar la nueva costumbre de insultar a Mauricio Macri, con todas las letras.
 
El macrismo echó mano al rebusque clásico de todos los gobiernos: comparar a los que ponen el cuerpo, se movilizan, caminan, se cansan y ejercen la acción colectiva versus los que "se quedaron en sus casas". Se da por hecho que todos y todas objetan la movida. Se sobre interpreta que la "mayoría silenciosa" obra con unanimidad, una falacia.
 
El Gobierno puede obstinarse en creer (o proclamar) que la muchedumbre congregada el miércoles está compuesta por "militantes" sin seso o pobres irracionales que son llevados de la nariz o a cambio de unos pesos. O atribuir la epidemia de insultos a Macri a un mero fenómeno futbolero. El relato macrista rechaza las conexiones causales.
 
La inflación galopa, el valor adquisitivo de sueldos y jubilaciones baja, los servicios públicos se encarecen y se corta el suministro de electricidad, los despidos cunden. La malaria se expande, la bronca ciudadana crece, se hace costumbre insultar a Macri.
 
La victoria en las elecciones se equiparó a un cheque en blanco. La imagen la pifia de movida. El cheque en blanco nunca existe en democracia: es ilusorio esperar una autorización absoluta y vitalicia para girar en descubierto.

24-02-2018 / 12:02
El interbloque Cambiemos no se reunió este año. Nicolás Massot juntó al PRO el martes y les sugirió que el aborto podía tratarse. Los radicales se enteraron por los diarios que el Gobierno estaba interesado en el tema y estallaron en los grupos de  whatsapp.
 
"¿Qué es eso que el Gobierno habilita el debate del aborto?", escribieron, temprano, varios diputados radicales en los grupos de whatsapp del interbloque Cambiemos, tras leer en los diarios que Marcos Peña había instruido a Massot y a Mario Negri a empujar el tratamiento de la ley que habilita la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas.
 
Se trata de una iniciativa que se presenta cada dos años y, tarde o temprano, llega a alguna comisión. Claro que siempre hace falta quórum y que el Gobierno de Macri instruya a no vaciar las bancas es un dato clave, inesperado para los propios oficialistas.
 
De hecho ya cambió los planes: los 11 oficialistas que firmaron la solicitada a favor intentaban esta tarde convencer a Victoria Donda (Libres del Sur) para no llamar a una sesión especial el 8 de marzo y esperar el giro a comisiones.
 
Con la garantía de quórum, a las abortistas les conviene ese esquema, porque si se trata un proyecto sin paso por comisión se requiere dos tercios para aprobarlo. Con dictamen, alcanza con los 129 votos de la mayoría simple.
 
Ahora el sumo pontífice es un enemigo declarado del Gobierno de Macri y el aborto un tema ideal para dejarlo mal parado y, de paso, revitalizar al Congreso tras el violento tratamiento de la reforma previsional de diciembre. Para muchos diputados de Cambiemos, se trata sólo de eso. Ni más ni menos. 

24-02-2018 / 10:02
El gobierno neoliberal conservador de Mauricio Macri da explicaciones sobre la economía a los empresarios y a nadie más. En otros frentes batalla los malos resultados de sus medidas los responde con un arsenal de posverdades y descalificaciones y su capacidad demostrada para manipular miedos y fantasmas, corrupción, autoritarismo y mano dura y ahora el rechazo a la despenalización del aborto.
 
Respaldado por los medios ultraoficialistas: Clarín, La Nación, Infobae y otros, en la previa de la convocatoria denunció que el acto era para defender a un Moyano acusado de corrupción. Después del acto, el jefe de gabinete se encargó de profundizar esa línea, pero asignando la responsabilidad por la convocatoria a Cristina.
 
"La única que faltaba en el escenario", dijo Marcos Peña. Demasiado esfuerzo para ocultar que el centro de la convocatoria fue la situación económica que ha generado quebrantos, pobreza y desempleo.
 
Ninguno de los centenares de miles que estaban en la 9 de Julio escuchó ni una consigna que aludiera a Moyano o a la ex presidenta. Cada columna cantaba sus cantitos y todos relacionados con la situación económica, la inflación, los bajos salarios, los tarifazos, el saqueo a los jubilados.
 
Cada quien tenía el suyo, pero en un momento, poco antes de que empezaran los oradores, todos confluyeron en uno solo: Mauricio Macri, la puta que te parió!". Ese fue el eje de coincidencia y la causa de la masividad.
 
Si algún mérito cosecha el líder camionero es su olfato para medir el clima social y generar una convocatoria a pesar de la renuencia de  la mayoría de los grandes sindicatos.
 
Este acto fue más grande que los que se realizaron antes con la participación de todos los gremios. Y seguramente la decisión de convocarlo, junto con los que se sumaron, lo coloca en el lugar de capitalización del descontento cada vez más amplio y más agudo.  
 
No ha habido ninguna respuesta oficial a los reclamos planteados en el imponente acto del miércoles. No significa que no sintiera el impacto. Ya no se trata de un gobierno con imagen en ascenso como en 2016 y 2017. Ahora está en bajada.
 
En ese contexto tan estrecho, donde los únicos que ganan son los ricos, el margen de la política también se achica porque no tiene nada que ofrecer a la mayoría, solo seguir echándole la culpa de todo a Cristina.
 
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