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Lo dijo el doctor René Favaloro hace 20 años: “Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.
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Entre Ríos - 20-09-2017 / 17:09
¿APORTÓ ALGÚN DATO O PREFIRIÓ DESENTENDERSE DEL ASUNTO?

El cuñado de Urribarri en tribunales: ¿De qué cumbre hablan?

El cuñado de Urribarri en tribunales: ¿De qué cumbre hablan?
Juan Pablo “Juampi” Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri, fue citado como testigo en la causa por la Cumbre del Mercosur. ¿Aportó algún dato o prefirió desentenderse del asunto?
 
El cuñado del ex gobernador Urribarri fue convocado como testigo en la causa donde se está investigando la posible comisión de varios delitos en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur, realizada en Paraná en 2014.
 
Juan Pablo "Juampi" Aguilera fue un hombre importante durante la gestión de Sergio Urribarri. Si bien su función en el organigrama no lo sindicó como tal, con el correr del tiempo se convirtió en una pieza clave para el entonces gobernador. Cualquier cuestión vinculada a la política e incluso al manejo de subsidios y fondos de campaña, era el cuñado de Urribarri en muchos casos al que se debía acudir. Esto lo confiesan ex legisladores, intendentes y funcionarios.
 
Aguilera declaró este martes en carácter de testigo en la causa donde se está investigando a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por las presuntas anomalías en la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para aquella jornada que recibió en Paraná a presidentes latinoamericanos. 

 
Este lunes lo hizo la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, quien en la gestión anterior fue designada como coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), la comisión creada para canalizar las obras y servicios a realizarse.
 
Aguilera declaró ante la fiscal Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quien se desempeña ahora como fiscal auxiliar.
 
El cuñado de Urribarri se desentendió de la Cumbre del Mercosur. Dijo que no tuvo nada que ver en la organización del evento diplomático. En rigor, Aguilera fue citado por la cuestionada contratación de publicidad con la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
 
 
El contrato por 28 millones de pesos fue para poner al aire en canales nacionales cuatro spots que -según sospecha la Justicia- fueron utilizados como propaganda para la campaña presidencial de Urribarri. Aparte del exuberante costo.
 
En ese legajo ya declararon como imputados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y Sergio Urribarri. También lo hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pero como testigo. Lo hicieron ante los fiscales Santiago Brugo, Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.
 
 
Negociaciones incompatibles
 
Aguilera está involucrado en otras causas. Como ex secretario del Senado y luego coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, el cuñado de Urribarri también está sospechado de haber incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública, peculado y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.
 
Para la Justicia, el gobierno contrató a la empresa de Aguilera TEP SRL, ex 5 Tipos y que funciona bajo el nombre de Formato Urbano "de manera arbitraria y constante" desde 2010 hasta 2015. Lo hizo -según la acusación penal escrita por la fiscal Yedro- "sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionando contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (?) posteriormente aprobadas por medio de decretos". En ese legajo se citó al cuñado de Urribarri y a su esposa Belén Almada, pero se abstuvieron.
 
Sobre Aguilera pesa también la investigación que se está llevando adelante por enriquecimiento ilícito a la familia de Urribarri, luego de una denuncia de los abogados locales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet tras conocerse un crecimiento del patrimonio del ahora presidente de la Cámara de Diputados publicado en la Revista Análisis.
 
Fuente: Página Judicial 
 

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En medio del Mundial, hay dos cuestiones que preocupan a la gestión de Gustavo Bordet. Una tiene que ver con los posicionamientos políticos e institucionales de los principales referentes del peronismo local. El otro está relacionado con la manera de administrar las cuentas públicas en un marco de restricciones y de reducción paulatina de impuestos provinciales. Y la discusión de ambas situaciones se ha desatado con anticipación.
 
Lo primero: la cuestión financiera. El propio Bordet tendrá que sentarse a negociar con el gobierno de Mauricio Macri acerca de cuál será la pauta de ingresos coparticipables que marcará el ritmo del Presupuesto 2019: sí, el del año electoral.
 
Las obras públicas no tendrán la misma velocidad que suele tomar en los años impares, de convocatoria a las urnas. La gestión provincial lo sabe, pero tampoco asoma un escenario razonable para salir a tomar deuda en el mercado de capitales. Todo es caro para una argentina desbordada por la inflación y que ha recurrido al nefasto FMI para intentar enderezar el rumbo económico del país.
 
El Presupuesto Provincial 2019 tendrá un techo acotado. Claro que al cerrar el año, la Provincia puede llegar a tener más excedentes, producto del reajuste de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que, a partir de 2019, tendrán que bajar progresivamente para algunas actividades. El otro efecto favorable, para las cuentas provinciales en los ingresos, es la mejora del giro por coparticipación federal.
 
Sin embargo, Bordet ha decidido sentarse arriba de la caja porque tendrá que abrirla para cumplir aquello que pactó con los gremios de estatales y docentes. "Vamos a cumplir la cláusula gatillo en el tiempo establecido", afirmó el mandatario al momento de acordar el incremento salarial para este año.
 
Si se observa lo que se estimó oficialmente de expansión del nivel de gastos corrientes, quedará poco margen para destinar fondos a otros rubros que no sean el de Personal. La inflación es un estigma que, por un lado, licúa el endeudamiento público, pero por otro lado incrementa el nivel de compromisos a pagar por parte del Estado.
 
La paz social tiene su costo financiero y también político. Y, por esa razón, el gobernador invierte en tranquilidad. ¿Cómo? Abonando regularmente los salarios del sector público. De aquí en más al gobernador que le dice no al ajuste se le presenta un horizonte con dos premisas: evitar disputas políticas en el oficialismo y seguir sentado en la caja para evitar cualquier cirugía mayor en las cuentas públicas.
 
Lo segundo: la irrupción del urribarrismo pidiendo pista en el armado del partido Unidad Ciudadana en la provincia no le ha caído en gracia al gobernador. No porque Sergio Urribarri o sus seguidores tengan alguna posibilidad de retorno al principal despacho de la Casa de Gobierno, sino que una prematura definición de candidaturas puede restarle espacio de poder y margen de maniobra institucional a un año y pico de las elecciones.
 
La Opinión Popular

17-06-2018 / 13:06
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