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Entre Ríos - 20-09-2017 / 17:09
¿APORTÓ ALGÚN DATO O PREFIRIÓ DESENTENDERSE DEL ASUNTO?

El cuñado de Urribarri en tribunales: ¿De qué cumbre hablan?

El cuñado de Urribarri en tribunales: ¿De qué cumbre hablan?
Juan Pablo “Juampi” Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri, fue citado como testigo en la causa por la Cumbre del Mercosur. ¿Aportó algún dato o prefirió desentenderse del asunto?
 
El cuñado del ex gobernador Urribarri fue convocado como testigo en la causa donde se está investigando la posible comisión de varios delitos en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur, realizada en Paraná en 2014.
 
Juan Pablo "Juampi" Aguilera fue un hombre importante durante la gestión de Sergio Urribarri. Si bien su función en el organigrama no lo sindicó como tal, con el correr del tiempo se convirtió en una pieza clave para el entonces gobernador. Cualquier cuestión vinculada a la política e incluso al manejo de subsidios y fondos de campaña, era el cuñado de Urribarri en muchos casos al que se debía acudir. Esto lo confiesan ex legisladores, intendentes y funcionarios.
 
Aguilera declaró este martes en carácter de testigo en la causa donde se está investigando a funcionarios, ex funcionarios y empresarios por las presuntas anomalías en la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para aquella jornada que recibió en Paraná a presidentes latinoamericanos. 

 
Este lunes lo hizo la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, quien en la gestión anterior fue designada como coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), la comisión creada para canalizar las obras y servicios a realizarse.
 
Aguilera declaró ante la fiscal Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quien se desempeña ahora como fiscal auxiliar.
 
El cuñado de Urribarri se desentendió de la Cumbre del Mercosur. Dijo que no tuvo nada que ver en la organización del evento diplomático. En rigor, Aguilera fue citado por la cuestionada contratación de publicidad con la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
 
 
El contrato por 28 millones de pesos fue para poner al aire en canales nacionales cuatro spots que -según sospecha la Justicia- fueron utilizados como propaganda para la campaña presidencial de Urribarri. Aparte del exuberante costo.
 
En ese legajo ya declararon como imputados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y Sergio Urribarri. También lo hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pero como testigo. Lo hicieron ante los fiscales Santiago Brugo, Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.
 
 
Negociaciones incompatibles
 
Aguilera está involucrado en otras causas. Como ex secretario del Senado y luego coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, el cuñado de Urribarri también está sospechado de haber incurrido en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública, peculado y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.
 
Para la Justicia, el gobierno contrató a la empresa de Aguilera TEP SRL, ex 5 Tipos y que funciona bajo el nombre de Formato Urbano "de manera arbitraria y constante" desde 2010 hasta 2015. Lo hizo -según la acusación penal escrita por la fiscal Yedro- "sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionando contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (?) posteriormente aprobadas por medio de decretos". En ese legajo se citó al cuñado de Urribarri y a su esposa Belén Almada, pero se abstuvieron.
 
Sobre Aguilera pesa también la investigación que se está llevando adelante por enriquecimiento ilícito a la familia de Urribarri, luego de una denuncia de los abogados locales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet tras conocerse un crecimiento del patrimonio del ahora presidente de la Cámara de Diputados publicado en la Revista Análisis.
 
Fuente: Página Judicial 
 

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18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
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