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Entre Ríos - 20-09-2017 / 16:09
“ESTAMOS TRANQUILOS DE NUESTRO ROL EN LA PROTESTA”

Tractorazo 2015: “El único fin de los policías es la indemnización de un millón de pesos”, cuestionó Bel

Tractorazo 2015: “El único fin de los policías es la indemnización de un millón de pesos”, cuestionó Bel
Alfredo Bel dijo estar "tranquilo" del rol de los dirigentes durante la protesta de 2015. Foto: Blas García para La Opinión Popular
El delegado de Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo Bel, que fue imputado junto a otros tres dirigentes por el delito de instigación a la violencia durante el tractorazo que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2015 en las puertas de Casa de Gobierno, se manifestó "tranquilo" y dijo tener "la conciencia tranquila de lo que hicimos ese día" que fue "en un contexto absolutamente difícil".
 
"La cosa venía muy caliente, la gente estaba muy molesta, y siempre se trató de contener a la gente, de canalizar la protesta de la forma más pacífica posible, los reclamos siempre fueron justos y en eso estamos tranquilos al igual que sobre nuestro rol en la protesta", describió.
 
Mencionó que en el marco de la causa judicial "hubo una etapa de mediación que se cerró sin acuerdo" ya que los 10 policías involucrados, incluido el actual jefe de la Policía provincial, Gustavo Maslein "pidieron indemnización dineraria de un millón de pesos".
 
"Ese era el único fin de ellos; en lo único que se centró la discusión de la mediación era el pedido de estos policías de un millón de pesos de indemnización", cuestionó el dirigente. Mencionó que ante ello ofrecieron que "si el Estado provincial se sentía afectado podíamos hacer una acción solidaria de mantenimiento en un grupo de escuelas del departamento La Paz" que fue "automáticamente rechazado".
 
Para la mediación los productores no designaron abogado pero ante la falta de acuerdo y la continuidad de la acción judicial dispusieron como patrocinante al doctor Julio Federick

 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Bel refirió que la causa "se inició por un grupo de policías que cuidaba el ingreso a Casa de Gobierno" y por la cual "se hizo una mediación penal pero se cerró esa etapa sin acuerdo".
 
"Estamos completamente tranquilos, tenemos la conciencia tranquila de que lo que hicimos ese día fue en una situación y en un contexto absolutamente difícil", afirmó respecto del accionar de los dirigentes acusados, y recordó: "En el contexto de ese año habíamos estado una semana acampanado en Casa de Gobierno, el gobierno nos pidió un mes para instrumentar una serie de medidas ya que había un posible convenio con Banco Nación y con YPF a implementar previo a la cosecha, pero luego de un mes y medio no había avanzado nada".
 
Agregó que "lo más significativo de esto es que el gobierno reconoció la situación porque hubo un acuerdo, y como el gobierno no tuvo capacidad de implementar la medida anunciada recurrió al Banco de Entre Ríos, es decir que nos dio una herramienta para trabajar y hubo una medida concreta -aunque insuficiente- a las demandas del sector".
 
"La cosa venía muy caliente, la gente estaba muy molesta, y siempre se trató de contener a la gente, de canalizar la protesta de la forma más pacífica posible, los reclamos siempre fueron justos y en eso estamos tranquilos al igual que sobre nuestro rol en la protesta. Así lo marcan las imágenes y todos los registros de ese momento, cuando Elvio (Guía) pide a la gente que se contenga. Todo totalmente alejado de lo que se plantea ahora de esta situación", explicitó.
 
Respecto de la etapa de mediación, informó que "los policías pidieron indemnización dineraria" y criticó que "ese era el único fin de ellos: un millón de pesos". "Hay 10 policías involucrados, de los cuales uno se siente más afectado, y hasta el propio jefe de la Policía, Gustavo Maslein, reclama la indemnización. En lo único que se centró la discusión de la mediación es el pedido de estos policías de un millón de pesos de indemnización", cuestionó Bel.
 
Ante ello, mencionó que "si se sentía afectado el Estado provincial, se ofreció como reparación hacer una acción solidaria de mantenimiento en un grupo de escuelas del departamento La Paz, como una especie de gesto de nuestra parte, pero eso automáticamente fue rechazado y se cerró la mediación sin acuerdo".
 
Explicó que este ofrecimiento "sería una reparación hacia el Estado provincial, que si hubo algún daño o afectación lo reparábamos además con una disculpa pública, ya que desde el primer día planteamos que bajo ningún aspecto promovíamos ningún tipo de violencia".
 
Especificó que los abogados patrocinantes de la querella son "Marcos Rodríguez Allende y otros cuatro abogados de la policía".
 
Sobre la continuidad de la acción judicial, refirió que "en 2016 se cerró la mediación en el Superior Tribunal de Justicia por lo cual el expediente volvió al juez y ahora el fiscal vuelve con esta situación de la que nos enteramos por los medios".
 
Sobre ello, agregó que "ya se formalizaron las acciones, con errores porque Atilio De Angeli no estuvo en ningún momento ese día" y criticó que "demuestra que hay poca seriedad respecto a cómo se encaran las acciones porque tenemos la total certeza de que Atilio no estuvo ese día en Paraná".
 
Por otra parte, sostuvo que "nunca tuvimos acceso al expediente ya que nos citaron por si queríamos ir a la mediación y en esa etapa ni siquiera designamos abogado, pero ahora que está planteado un juicio se verá cómo se sigue por lo cual designamos a Julio Federick como abogado patrocinante".
 
Vale recordar que además de Alfredo Bel, están imputados Elvio Guía, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos; Juan Echeverría, referente de la FAA; y Atilio de Ángeli, hermano del senador nacional de Cambiemos Alfredo De Ángeli. Deberán prestar declaración indagatoria el 27 y 28 de este mes.
 
Para finalizar, reiteró: "Estamos muy tranquilos de cual fue nuestro rol ese día de septiembre y tenemos la seguridad de que el reclamo era absolutamente justo, a tal punto que esa tarde nos reunimos con funcionarios del gobierno y al otro día con el gobernador y se avanzó en una respuesta a lo que estábamos pidiendo".
 
Fuente: Análisis Digital 
 

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18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
17-09-2018 / 12:09
17-09-2018 / 11:09
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