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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
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Entre Ríos - 12-09-2017 / 13:09

Dany Rossi pidió ser sobreseído en causa que investiga cuentas en el exterior

Dany Rossi pidió ser sobreseído en causa que investiga cuentas en el exterior
Domingo Daniel “Dany” Rossi y su esposa Patricia Díaz.
 
Domingo Daniel "Dany" Rossi y su esposa Patricia Díaz pidieron el sobreseimiento en la causa donde ambos están imputados por supuesto enriquecimiento ilícito, y supuestas cuentas en el exterior, que la Justicia provincial instruyera con base en una publicación periodística. En principio, el planteo fue rechazado por el fiscal Álvaro Piérola porque, según dijo, está pendiente la producción de pruebas que permitirán determinar fehacientemente si Rossi y Díaz tienen cuentas bancarias o inversiones en el exterior.

 
El juez Eduardo Ruhl anunciará el próximo viernes si hay elementos para sostener la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y su esposa, la ex diputada provincial Patricia Díaz.
 
La investigación judicial se inició a partir de una información periodística aparecida en diciembre del año pasado, donde se reveló que la ex legisladora tenía una cuenta a su nombre en el Discount Bank de Montevideo (actualmente Scotia Bank) donde habría 1.160.000 dólares e inversiones en títulos públicos en distintos países Chile, Brasil, Estados Unidos, México y Uruguay por 886.148 dólares.
 
 
Una maniobra
 
Los defensores Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo rechazan la acusación, aseguran que "es falsa", ofrecieron a la justicia viajar al Uruguay y levantar el secreto bancario para que se informe si existen cuentas a nombre de Rossi o Díaz "en cualquier banco del país o del planeta" (sic) y presentaron un informe que habría sido emitido por el Scotia Bank que negaría la publicación periodística.
 
Con esos elementos, los defensores pidieron el sobreseimiento de ambos bajo el argumento de que "el hecho investigado no ha existido" e implícitamente esperan que el magistrado declare que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado los imputados, como lo establece el Código Procesal Penal de la provincia.
 
Los defensores cuestionaron la investigación, objetaron al nuevo Código Procesal Penal porque, a su criterio, vulnera el derecho de defensa, y dejaron entrever que la causa constituye una maniobra del procurador Jorge García: "El mismo personaje que condenó a Rossi (por enriquecimiento ilícito en el año 2006) es el que le cuelga otra vez el manto de corrupto", dijo Martínez en alusión al procurador, aunque sin nombrarlo.
 
 
Lo que falta por investigar
 
Pero el fiscal Álvaro Piérola no está de acuerdo con eso. Explicó que se trata de una investigación "compleja" y "de difícil prueba" y resaltó que hay pruebas pendientes de producción antes de determinar si Rossi y Díaz en enriquecieron en forma ilícita y, en ese caso, corresponde que sean citados a prestar declaración de imputados; o en cambio corresponde archivar la causa.
 
El fiscal sostuvo que "la sospecha va más allá de un banco puntual" porque se trata de determinar si Rossi y/o Díaz son poseedores de títulos, valores, bonos o han realizado transferencias bancarias que no puedan justificar.
 
En ese sentido, afirmó que "para saber si el hecho existió o no se necesita evidencia" y detalló que se pidió información a organismos de control, registros públicos y está pendiente la producción de un informe por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto de inversiones que puedan tener Rossi y/o Díaz en la República Oriental de Uruguay. "La defensa pretende que nos conformemos con una nota del Scotia Bank, firmada por no se quién, diciendo que la señora Patricia Díaz no tendría una nueva cuenta desde enero de 2008. Ese no es el modo en que investigamos", replicó el fiscal en la audiencia celebrada ayer en los tribunales.
 
 
Inentendible
 
Para Rossi, es inexplicable "que el juez no acepte los documentos que le aportamos a la causa, traídos desde el mismo banco que indica la publicación que ellos toman para iniciar la causa. Como dijo el doctor Marciano Martínez, no vamos a traer documentación falsa e incurrir en un delito", puntualizó en comunicación con Radio La Voz.
 
"Pero aparte, la segunda publicación dice que como no desmintió, el Procurador inició la causa. Pero bueno, concretamente lo que planteamos en la audiencia, es que trajimos el comprobante del banco. Y si no nos cree, que cruce el charco y pregunte".
 
 
Sentencia, el viernes
 
Oídos los argumentos, el juez Ruhl anunció que el próximo viernes anunciará si corresponde el sobreseimiento para Rossi y Díaz o si, en cambio, debe continuar la investigación penal preparatoria.
 
Fuente: Radio La Voz
 

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Estos son días de gloria para la alianza Cambiemos"La conquista del poder está terminada". Con estas palabras, Marcos Peña, Mario Quintana Gustavo Lopetegui, que "son yo", como alguna vez dijo Mauricio Macri, definían lo sucedido. En menos de 24 horas, después de muchas presiones y negociaciones, el Gobierno logró acordar con los gobernadores las reformas: fiscal y previsional, y con la cúpula de la CGT, la laboral, que incluye todo tipo de recortes a las conquistas que los trabajadores han conseguido en años de lucha.
 
Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los "consensos básicos" a alcanzar para llegar a 2019. No requirió de más de tres semanas para lograr que el 42% de los votos pesaran más que el restante 58%, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y a jefes sindicales peronistas.
 
Terminada "la conquista del poder", resta ahora ponerle la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que no se logrará en los plazos que impuso la Casa Rosada. La puerta está abierta de la mano del jefe del bloque FPV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, administrador legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes de la CGT.
 
El pacto firmado incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositiva, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo, aunque persisten incógnitas sobre esos proyectos. Las provincias se comprometen a reducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en tanto para los municipios se incluyó la apelación de que sólo cobren por servicios efectivamente prestados.
 
El más irritativo es el cambio del cálculo del aumento del haber de jubilados y pensionados, que se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta norma fija dos incrementos anuales con base en un índice que surge de combinar el aumento de la recaudación con el incremento de los salarios de los trabajadores registrados. En los últimos años, ese porcentaje estuvo por encima de la inflación, que es el indicador que propone Macri, con el objetivo de ahorrar unos 100 mil millones de pesos anuales, a costa del bolsillo de los jubilados.
 
Adherir al Pacto Fiscal implica el congelamiento del gasto público; en la economía real, con una inflación que se mantiene, esto significa un recorte y ajuste real sobre las partidas más sentidas por el pueblo trabajador: las de salud, educación, vivienda o asistencia social.
 
Desde el oficialismo provincial rebuscan argumentos para explicar que el acuerdo podría haber sido peor para la provincia, pero no sólo Buenos Aires se llevó de la mesa de negociación los mejores beneficios, sino que los gobernadores se quedaron sin espacio para la crítica frente a un macrismo antiperonista que impone las reglas de juego.
 
Todo este engranaje extorsivo se da en una la difícil coyuntura económica para las provincias y frente a la tríada de reformas tributarias y tarifazos en los servicios público impulsadas por el gobierno de Macri luego de las elecciones legislativas que ganó Cambiemos.

 
La Opinión Popular

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