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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Entre Ríos - 12-09-2017 / 13:09
PRECISIONES DEL MINISTRO DE ECONOMÍA, HUGO BALLAY

La demanda de Buenos Aires por coparticipación significan $3.500 millones menos para Entre Ríos

La demanda de Buenos Aires por coparticipación significan $3.500 millones menos para Entre Ríos
Hugo Ballay, ministro de Economía de Entre Ríos. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
 
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y el ministro de Economía, Hugo Ballay, expusieron en la situación generada por el reclamo judicial de la gobernadora María Eugenia Vidal para incrementar el fondo del conurbano bonaerense.
 
"El impacto fiscal sería de 3.500 millones de pesos por año. Representa una nómina salarial incluidos activos y pasivos del Estado provincial. Implica el 80% del déficit del sistema previsional", comparó el ministro de Economía.
 
"Esto significaría 52.000 millones de pesos en beneficio de la provincia de Buenos Aires e impacta negativamente en 23 provincias que dejar de percibir estos fondos que van a las arcas de Buenos Aires", expresó Ballay. Además, resaltó que la provincia comandada por Vidal tiene "75.000 millones de pesos de diferencia a favor en cuanto a subsidios. A esto, en la consideración general también hay que discutirlo".

 
Al respecto, Ballay precisó que el planteo se realiza sobre la "asignación especial que tiene el Impuesto a las Ganancias, pero con la particularidad de que los hace sobre dos incisos".
 
En declaraciones a Elonce TV, remarcó que "el impacto fiscal sería de 3.500 millones de pesos por año. Representa una nómina salarial incluidos activos y pasivos del Estado provincial. Implica el 80% del déficit del sistema previsional. Digo esto para tomar la magnitud".
 
Acotó que "el Estado nacional ha deslindado la responsabilidad, porque en este caso el no ve afectado un solo afectado de lo que coparticipa del mismo impuesto".
 
"Esto significaría 52.000 millones de pesos en beneficio de la provincia de Buenos Aires e impacta negativamente en 23 provincias que dejar de percibir estos fondos que van a las arcas de Buenos Aires", expresó Ballay. Además, resaltó que la provincia comandada por Vidal tiene "75.000 millones de pesos de diferencia a favor en cuanto a subsidios. A esto, en la consideración general también hay que discutirlo".
 
A su turno, el diputado Diego Lara puso de relieve que un fallo favorable al reclamo de la provincia de Buenos Aires sería "muy gravoso para todo el concierto de las provincias en cuanto a su estructura de recursos".
 
Y confirmó que el diputado Juan José Bahillo presentará "un proyecto de declaración como lo hizo el Senado mediante el cual acompañamos la postura del gobernador en defensa de los derechos de los entrerrianos y de los recursos que le corresponden a nuestra provincia".
 
Fuente: Elonce TV
 

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Estos son días de gloria para la alianza Cambiemos"La conquista del poder está terminada". Con estas palabras, Marcos Peña, Mario Quintana Gustavo Lopetegui, que "son yo", como alguna vez dijo Mauricio Macri, definían lo sucedido. En menos de 24 horas, después de muchas presiones y negociaciones, el Gobierno logró acordar con los gobernadores las reformas: fiscal y previsional, y con la cúpula de la CGT, la laboral, que incluye todo tipo de recortes a las conquistas que los trabajadores han conseguido en años de lucha.
 
Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los "consensos básicos" a alcanzar para llegar a 2019. No requirió de más de tres semanas para lograr que el 42% de los votos pesaran más que el restante 58%, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y a jefes sindicales peronistas.
 
Terminada "la conquista del poder", resta ahora ponerle la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que no se logrará en los plazos que impuso la Casa Rosada. La puerta está abierta de la mano del jefe del bloque FPV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, administrador legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes de la CGT.
 
El pacto firmado incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositiva, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo, aunque persisten incógnitas sobre esos proyectos. Las provincias se comprometen a reducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en tanto para los municipios se incluyó la apelación de que sólo cobren por servicios efectivamente prestados.
 
El más irritativo es el cambio del cálculo del aumento del haber de jubilados y pensionados, que se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta norma fija dos incrementos anuales con base en un índice que surge de combinar el aumento de la recaudación con el incremento de los salarios de los trabajadores registrados. En los últimos años, ese porcentaje estuvo por encima de la inflación, que es el indicador que propone Macri, con el objetivo de ahorrar unos 100 mil millones de pesos anuales, a costa del bolsillo de los jubilados.
 
Adherir al Pacto Fiscal implica el congelamiento del gasto público; en la economía real, con una inflación que se mantiene, esto significa un recorte y ajuste real sobre las partidas más sentidas por el pueblo trabajador: las de salud, educación, vivienda o asistencia social.
 
Desde el oficialismo provincial rebuscan argumentos para explicar que el acuerdo podría haber sido peor para la provincia, pero no sólo Buenos Aires se llevó de la mesa de negociación los mejores beneficios, sino que los gobernadores se quedaron sin espacio para la crítica frente a un macrismo antiperonista que impone las reglas de juego.
 
Todo este engranaje extorsivo se da en una la difícil coyuntura económica para las provincias y frente a la tríada de reformas tributarias y tarifazos en los servicios público impulsadas por el gobierno de Macri luego de las elecciones legislativas que ganó Cambiemos.

 
La Opinión Popular

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