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Entre Ríos - 10-09-2017 / 17:09
EN MEDIO DE UN RECLAMO DE BLANQUEO

La Secretaría de Trabajo habría despedido a dos empleados y denunciaron persecución sindical

La Secretaría de Trabajo habría despedido a dos empleados y denunciaron persecución sindical
Desde la Asociación Trabajadores del Estado denunciaron que Balla persigue a los trabajadores.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que en la secretaría de Trabajo se pagan horas extras en negro. Esto a pesar de ser el organismo el encargado de dirimir las cuestiones que hacen a los derechos de los trabajadores. En el marco de un reclamo por esta situación, desde la cartera laboral se decidió el despido de dos trabajadores. Los despidos son encubiertos por la situación de precariedad laboral: al tener contratos inestables, se disfraza el despido bajo la figura de "no renovación".
 
El reclamo por el blanqueo de las horas extras -a través de un adicional- no es un capricho de los trabajadores, más allá de que es un derecho elemental que le paguen en blanco sus horas trabajadas, sino que el propio Oscal Balla -titular de la Secretaría- firmó un acta acuerdo en el mes de mayo y hasta el momento no cumplió con dicho arreglo, según ATE.
 
Trabajadores de la secretaría de Trabajo afirman que el titular del organismo, Oscar Balla, no cumplió con un acta acuerdo firmada en mayo y luego de los reclamos que hicieron en los últimos días, este miércoles despidió a dos empleados, supo AIM. Denuncian que el 40 por ciento del personal de la cartera laboral está precarizado, con contratos de obra y de servicio.
 
Dos empleados de la secretaría de Trabajo de la provincia fueron despedidos este miércoles. Aunque la modalidad de contratos a término -una de las formas de precarización laboral que pulula en la administración pública provincial- muchas veces encubre situaciones que no tienen que ver con un simple cese de contrato.
 
De hecho, denuncian que el 40 por ciento de los trabajadores de la cartera laboral se encuentra bajo esas condiciones y aseguran que los dos choferes fueron cesanteados por participar de una medida de fuerza, según publicó Aim Digital.
 
¿Cuál es el origen del conflicto? El secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Pedro Zuchuat, explicó que "los compañeros perciben las horas extras y el único comprobante que tienen es el resumen del banco cuando van al cajero. Lo único que están reclamando es la conformación de una mesa como para seguir dialogando y que se respeten actas que fueron firmadas el nombre y en representación del gobierno".
 
En mayo se firma un acta acuerdo cuando los trabajadores levantaron las medidas de fuerza -venían con reclamos desde enero- porque hubo un compromiso de parte del Gobierno para que los trabajadores a partir del 1 de julio, empezaran a percibir esas horas con un adicional que iba a figurar en el recibo de sueldo.
 
Sin embargo, eso no se cumplió, cuestionó Zuchuat: "Recién el 7 de julio empezó a caminar el expediente desde el Gobierno y los compañeros todavía siguen esperando que ese acta se haga efectivo".
 
El martes se manifestaron en el ministerio de Gobierno, del que depende la secretaría de Trabajo, y el secretario de Gobierno Germán Grané, les prometió una respuesta. Sin embargo la respuesta que llegó al otro día fue una resolución de Balla, en la que se da por concluido el contrato con dos de los trabajadores que participaron de las protestas. "Además, en forma permanente el secretario le dice a los compañeros delegados que le van a descontar los haberes, que van a tener conflictos", sostuvo el secretario gremial de ATE.
 
"El que tiene que responder y hacer efectivo ese compromiso firmado el 3 de mayo es el gobierno provincial no son los trabajadores", insistió el dirigente.
 
 
Trabajo precario en el organismo encargado de combatirlo
 
Zuchuat resaltó una serie de incongruencias existentes en el organismo, respecto de sus funciones vinculadas a proteger los derechos laborales de los trabajadores y el no cumplimiento de esa misión con los propios empleados de la secrearía. "Estamos hablando del organismo más importante en materia laboral que tiene el Estado provincial. Si usted firma un acta acuerdo en una mediación en un conflicto y eso no se concreta estamos complicados realmente".
 
Además, afirmó que la secretaría de Trabajo "tiene el 40 por ciento de la planta precarizada. Qué paradoja que quien tiene que controlar que no haya este tipo de situaciones en las empresas privadas las tiene adentro".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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17-07-2018 / 00:07
Frente al futuro oscuro que impone el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, los gobernadores del PJ advirtieron, con tonadas y énfasis diversos, que no se someterán dócilmente a los recortes resueltos en la Casa Rosada. Ni de peronismo hablamos: apenas es defensa propia.
 
Aunque, lo real es que la oposición hoy está entre la espada y la pared, ya que si se opone y no aprueba el proyecto 2019, el gobierno de Macri amenaza seguir con el presupuesto 2018, que perjudicará notablemente a las provincias. Por ello, un grupo de gobernadores justicialistas está preparando una propuesta alternativa.
 
En el interior del país, a Horacio Rodríguez Larreta lo llaman irónicamente "el príncipe de Dubai". Grafican de ese modo la riqueza presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires en comparación con las provincias argentinas. Con esa mezcla de humor e intencionalidad política, argumentan que la Capital Federal debe absorber una parte significativa del ajuste que pretende el Gobierno de los CEOs.
 
La mira de los gobernadores y legisladores del interior está enfocada de ese modo no sólo por la histórica demanda federal frente al centralismo porteño, sino también porque la Capital es el distrito de origen del macrismo, su base política. De ahí que se considere que si Macri reclama un fuerte recorte de gastos, entonces el achique "debe empezar por casa".  Y la casa del PRO es Buenos Aires.
 
En números, la pretensión de los gobernadores del interior -un bloque más o menos homogéneo con el que negocia la Casa Rosada- es que la Capital y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de al menos $80.000 millones de los $150.000 millones de ajuste que reclama Macri a las provincias. Una suma idéntica correría por cuenta de la Nación.
 
Vidal y Larreta se enfrentan, en este marco, a una fuerte presión política para que la Nación les traspase las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, y la de aguas Aysa. Además están los $70.000 millones que el año pasado destinó el Estado nacional a subsidios al transporte público -colectivos, trenes-, $ 66.000 millones se aplicaron al área metropolitana de Buenos Aires. La consecuencia es notoria: las tarifas son más caras en el interior del país.
 
Por otra parte, la idea de Macri es que las provincias utilicen créditos de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, para hacer las obras que no financiará más el Gobierno Nacional. Para cortar cintas durante el año electoral habrá que endeudarse. La cuestión es que el aval debe darlo la Nación. Además, se les pedirá a los gobernadores que financien temas que hoy se ejecutan con fondos nacionales, como el pago del Incentivo docente y programas de salud.
 
En resumen, ¿qué implicaría para las provincias acompañar el ajuste del FMI? En principio, recortar el gasto salarial y de bienes y servicios hasta el 1,2% del PBI. Y adaptarse a un tope de aumento de sólo el 8% para los empleados públicos en 2019.
 
La Opinión Popular

16-07-2018 / 17:07
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