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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Entre Ríos - 10-09-2017 / 17:09
EN MEDIO DE UN RECLAMO DE BLANQUEO

La Secretaría de Trabajo habría despedido a dos empleados y denunciaron persecución sindical

La Secretaría de Trabajo habría despedido a dos empleados y denunciaron persecución sindical
Desde la Asociación Trabajadores del Estado denunciaron que Balla persigue a los trabajadores.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que en la secretaría de Trabajo se pagan horas extras en negro. Esto a pesar de ser el organismo el encargado de dirimir las cuestiones que hacen a los derechos de los trabajadores. En el marco de un reclamo por esta situación, desde la cartera laboral se decidió el despido de dos trabajadores. Los despidos son encubiertos por la situación de precariedad laboral: al tener contratos inestables, se disfraza el despido bajo la figura de "no renovación".
 
El reclamo por el blanqueo de las horas extras -a través de un adicional- no es un capricho de los trabajadores, más allá de que es un derecho elemental que le paguen en blanco sus horas trabajadas, sino que el propio Oscal Balla -titular de la Secretaría- firmó un acta acuerdo en el mes de mayo y hasta el momento no cumplió con dicho arreglo, según ATE.
 
Trabajadores de la secretaría de Trabajo afirman que el titular del organismo, Oscar Balla, no cumplió con un acta acuerdo firmada en mayo y luego de los reclamos que hicieron en los últimos días, este miércoles despidió a dos empleados, supo AIM. Denuncian que el 40 por ciento del personal de la cartera laboral está precarizado, con contratos de obra y de servicio.
 
Dos empleados de la secretaría de Trabajo de la provincia fueron despedidos este miércoles. Aunque la modalidad de contratos a término -una de las formas de precarización laboral que pulula en la administración pública provincial- muchas veces encubre situaciones que no tienen que ver con un simple cese de contrato.
 
De hecho, denuncian que el 40 por ciento de los trabajadores de la cartera laboral se encuentra bajo esas condiciones y aseguran que los dos choferes fueron cesanteados por participar de una medida de fuerza, según publicó Aim Digital.
 
¿Cuál es el origen del conflicto? El secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Pedro Zuchuat, explicó que "los compañeros perciben las horas extras y el único comprobante que tienen es el resumen del banco cuando van al cajero. Lo único que están reclamando es la conformación de una mesa como para seguir dialogando y que se respeten actas que fueron firmadas el nombre y en representación del gobierno".
 
En mayo se firma un acta acuerdo cuando los trabajadores levantaron las medidas de fuerza -venían con reclamos desde enero- porque hubo un compromiso de parte del Gobierno para que los trabajadores a partir del 1 de julio, empezaran a percibir esas horas con un adicional que iba a figurar en el recibo de sueldo.
 
Sin embargo, eso no se cumplió, cuestionó Zuchuat: "Recién el 7 de julio empezó a caminar el expediente desde el Gobierno y los compañeros todavía siguen esperando que ese acta se haga efectivo".
 
El martes se manifestaron en el ministerio de Gobierno, del que depende la secretaría de Trabajo, y el secretario de Gobierno Germán Grané, les prometió una respuesta. Sin embargo la respuesta que llegó al otro día fue una resolución de Balla, en la que se da por concluido el contrato con dos de los trabajadores que participaron de las protestas. "Además, en forma permanente el secretario le dice a los compañeros delegados que le van a descontar los haberes, que van a tener conflictos", sostuvo el secretario gremial de ATE.
 
"El que tiene que responder y hacer efectivo ese compromiso firmado el 3 de mayo es el gobierno provincial no son los trabajadores", insistió el dirigente.
 
 
Trabajo precario en el organismo encargado de combatirlo
 
Zuchuat resaltó una serie de incongruencias existentes en el organismo, respecto de sus funciones vinculadas a proteger los derechos laborales de los trabajadores y el no cumplimiento de esa misión con los propios empleados de la secrearía. "Estamos hablando del organismo más importante en materia laboral que tiene el Estado provincial. Si usted firma un acta acuerdo en una mediación en un conflicto y eso no se concreta estamos complicados realmente".
 
Además, afirmó que la secretaría de Trabajo "tiene el 40 por ciento de la planta precarizada. Qué paradoja que quien tiene que controlar que no haya este tipo de situaciones en las empresas privadas las tiene adentro".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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Estos son días de gloria para la alianza Cambiemos"La conquista del poder está terminada". Con estas palabras, Marcos Peña, Mario Quintana Gustavo Lopetegui, que "son yo", como alguna vez dijo Mauricio Macri, definían lo sucedido. En menos de 24 horas, después de muchas presiones y negociaciones, el Gobierno logró acordar con los gobernadores las reformas: fiscal y previsional, y con la cúpula de la CGT, la laboral, que incluye todo tipo de recortes a las conquistas que los trabajadores han conseguido en años de lucha.
 
Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los "consensos básicos" a alcanzar para llegar a 2019. No requirió de más de tres semanas para lograr que el 42% de los votos pesaran más que el restante 58%, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y a jefes sindicales peronistas.
 
Terminada "la conquista del poder", resta ahora ponerle la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que no se logrará en los plazos que impuso la Casa Rosada. La puerta está abierta de la mano del jefe del bloque FPV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, administrador legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes de la CGT.
 
El pacto firmado incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositiva, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo, aunque persisten incógnitas sobre esos proyectos. Las provincias se comprometen a reducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en tanto para los municipios se incluyó la apelación de que sólo cobren por servicios efectivamente prestados.
 
El más irritativo es el cambio del cálculo del aumento del haber de jubilados y pensionados, que se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta norma fija dos incrementos anuales con base en un índice que surge de combinar el aumento de la recaudación con el incremento de los salarios de los trabajadores registrados. En los últimos años, ese porcentaje estuvo por encima de la inflación, que es el indicador que propone Macri, con el objetivo de ahorrar unos 100 mil millones de pesos anuales, a costa del bolsillo de los jubilados.
 
Adherir al Pacto Fiscal implica el congelamiento del gasto público; en la economía real, con una inflación que se mantiene, esto significa un recorte y ajuste real sobre las partidas más sentidas por el pueblo trabajador: las de salud, educación, vivienda o asistencia social.
 
Desde el oficialismo provincial rebuscan argumentos para explicar que el acuerdo podría haber sido peor para la provincia, pero no sólo Buenos Aires se llevó de la mesa de negociación los mejores beneficios, sino que los gobernadores se quedaron sin espacio para la crítica frente a un macrismo antiperonista que impone las reglas de juego.
 
Todo este engranaje extorsivo se da en una la difícil coyuntura económica para las provincias y frente a la tríada de reformas tributarias y tarifazos en los servicios público impulsadas por el gobierno de Macri luego de las elecciones legislativas que ganó Cambiemos.

 
La Opinión Popular

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