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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Macri es una mezcla de superficialidad e ignorancia. Hay mucha gente enojada con el Gobierno por la situación económica que nunca termina de arrancar y puede darle un castigo en las elecciones de octubre”. Beatriz Sarlo
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Nacionales - 09-09-2017 / 08:09
EL GOBIERNO MULTA A LAS EMPRESAS QUE NO PRESTAN SERVICIO

Se agrava el paro de micros de larga distancia

Se agrava el paro de micros de larga distancia
Mientras los choferes acusan al empresariado de realizar un “lock out patronal”, los transportistas argumentan haber recurrido la resolución ministerial que los obliga a pagar un aumento a los trabajadores. En tanto, los ministerios de Trabajo y Transporte salieron a explicar que la situación se origina por el incumplimiento de un grupo de compañías del acta que dispuso una suba salarial del 21% a los choferes.
El paro iniciado por los choferes de micros de larga distancia, en reclamo del pago de la suba salarial del 21% dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria del sector, devino en un cruce de acusaciones entre empresarios transportistas y trabajadores, que denuncian un "lock out patronal".
 
Según el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, el gremio había decidido llevar adelante la medida de fuerza hasta el martes en cuatro empresas: Flechabus, TATA, Vía Bariloche y San José. "Si no cumplían (con el abono adeudado), ese día pararíamos dos o tres firmas más", puntualizó. Pero, ayer a la mañana en la terminal de Retiro hubo empresas de larga distancia que cerraron los portones y no permitieron salir a ninguna unidad. "En definitiva, es un paro patronal", denunció el representante de los conductores.
 
El portavoz de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), Gustavo Gaona, negó categóricamente que las firmas realizaran un paro patronal, mientras que el titular de la entidad, Mario Verdaguer, argumentó que el sector no puede afrontar los reclamos salariales de los choferes. "Le venimos diciendo al Ministerio de Transporte que la ecuación económica del sector está rota desde hace años", señaló. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno de Macri.
 
Desde la UTA acusaron a los "grupos empresarios grandes" de paralizar el resto de los servicios "para negociar con el Gobierno" de Macri y advirtieron que "primero tienen que cumplir con la ley". "Dicen no tener dinero para pagar los incrementos a sus choferes pero quieren invertir en el sector aerocomercial", cuestionan fuentes oficiales.
 
El conflicto evidencia la crisis del sector transportista; el empresariado confirmó la profunda recesión que golpea a la actividad. "El sector está virtualmente parado porque viene pagando muy mal el salario en los últimos meses, en cuotas, en algunos casos", aseguró Verdaguer, ante el conflicto desatado.
 
Por su parte, Gaona, denunció "el crecimiento sostenido de servicios irregulares bajo la mirada indiferente de las autoridades de control". Además, indicó que otro de los problemas del sector "es el constante aumento de todos los costos que las compañías evitan trasladar a la tarifa para detener la caída de pasajeros" y "la quita irregular de compensaciones, únicamente al ómnibus de larga distancia".
 
Mientras el Gobierno multa a las empresas que no prestan servicio, el paro dispuesto por la UTA en cuatro empresas de micros de larga distancia, se extendió a otras sin haber sido dispuesto por el gremio, y mantiene paralizada la actividad e las principales ciudades del país.
 
La Opinión Popular

 
Se agrava el conflicto en los micros de larga distancia: el Gobierno multa a las empresas que no prestan servicio
 
El Gobierno salió a multar a las empresas de micros de larga distancia que cerraron sus ventanillas y no devolvieron los importes de los tickets a todos los pasajeros afectados por un paro anunciado por el gremio del sector.
 
Si bien la medida de fuerza es impulsada por el personal de un grupo de 10 empresas nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para los ministerios de Trabajo y Transporte los responsables la situación deriva del incumplimiento por parte de estas compañías del pago del aumento salarial del 21% decretado a fin del mes pasado por la cartera que dirige Jorge Triaca.
 
De hecho, desde la UTA también salieron a despegarse del conflicto y a denunciar que estas firmas impiden el normal funcionamiento de los servicios. De todos modos, sus voceros aclararon que la medida de fuerza se debe al incumplimiento empresarial del acta de aumento de salarios ya firmada en Trabajo a fines de agosto.
 
Hasta el momento, una decena de compañías, las más grandes y con la mayor cantidad de oferta de servicios, están afectadas por el quite de colaboración de su personal. Y con el correr del fin de semana más empresas se sumarían al paro.
 
Entre las marcas más reconocidas se destacan Flechabus y Vía Bariloche, casualmente las dos compañías de este sector que también pretenden ingresar al negocio aerocomercial y que el miércoles presentaron sendos pedidos en la audiencia pública organizada por Transporte.
 
"Dicen no tener dinero para pagar los incrementos a sus choferes pero quieren invertir en el sector aerocomercial", cuestionan fuentes oficiales.
 
En este marco, Transporte comenzó a encarar una serie de acciones en las terminales para labrar infracciones y multar a las empresas. A través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se están labrando actas de infracción por incumplimiento del servicio, por ventanilla cerrada y por no devolución de los pasajes.
 
Hasta ahora, las empresas sancionadas son Chevallier,  Ciudad de Gualeguaychú, Flecha Bus, Empresa Argentina, General Urquiza, Pullman, San José, Andesmar, Tata, Costera Criolla, Sierras de Córdoba, Quebus; Micromar, Tigre Iguazú, Cata Internacional, Autotransporte San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan, El Rápido Internacional y Vía Bariloche.
 
En cuanto a las sanciones, desde Transporte explicaron a iProfesional que la CNRT se basa en el Decreto 1395/98 que dispone multas por no devolver el dinero a los pasajeros afectados que van desde el costo de 500 a 5000 tickets mínimos (de $3000 a $30.000).
 
Si se constatan ventanillas cerradas, la sanciones van desde el valor de 500 a 10.000 boletos mínimos. Es decir, de $3000 y $60.000. Y si la infracción es reiterada puede llegar a suspenderse o caducarse el permiso para operar.
 
En cuanto a los pasajeros, la CNRT trata de reubicarlos en otras empresas que estén operando y se los asesora para que realicen las denuncias por incumplimiento del servicio. Se les pide que visiten una delegación del organismo o llamen al centro telefónico de atención al usuario 0800-333-0300. Además un inspector puede acompañarlos y labrar las actas de infracción en el momento por ventanillas cerradas o por no realizar la devolución del dinero del pasaje.
 
Pero más allá de estas medidas, el conflicto promete extenderse si no hay acuerdo entre los choferes y las cámaras empresarias en cuanto a la validez del acta que homologó el aumento.
 
"No vamos a levantar el paro hasta que las empresas abonen lo pactado", sostuvo Mario Calegari, vocero de la UTA, quien también recordó que la suba salarial "forma parte de un acta firmada por nosotros y las cámaras empresarias junto con las autoridades del Ministerio de Trabajo".
 
Pero según las compañías, esta especie de "paritaria forzada" fue avalada por dos organizaciones empresariales de menor envergadura ya que la entidad que agrupa a la mayoría de las empresas de micros de larga distancia desconoció el convenio.
 
Se trata de la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi), que la semana pasada rechazó el acta que habían firmado funcionarios de la cartera laboral con representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
 
Para la Celadi, el aumento salarial no está homologado y por lo tanto no se debe cumplir. Sin embargo, desde Trabajo aseguraron a iProfesional que el acta está vigente y advirtieron a las empresas sobre su obligación de hacer frente al incremento salarial.
 
La discusión gira en torno a la validez de la resolución 595-E/2017, publicada por el Ministerio de Trabajo, y por la cual las compañías deberán incrementar los salarios de su personal un 21% en promedio distribuido en tres tramos. El primero de 8% a partir de este mes, cuando un chofer, por ejemplo, pasaría a cobrar $21.600. El segundo de 15% acumulado, con lo cual es sueldo subiría a $23.000, y el tercero llegaría al 21% en enero del año próximo, momento en el que los ingresos de los conductores deberían estar en los $24.000 por mes.
 
La medida incluye otras sumas complementarias, no remunerativas, de un total de $9900, distribuidos en seis cuotas de $1650 cada una a partir de agosto.
 
Para las empresas nucleadas en Celadi, los aumentos son imposibles de cumplir debido a la actual ecuación económica de crisis que sufren, con caída de la demanda, mayor competencia con las aerolíneas y costos crecientes.
 
En concreto, aseguran que el incremento salarial agravará el complicado escenario en el que se encuentran las empresas de micros, con una ocupación cada vez más baja y que hoy llega al 47% de la capacidad de una unidad. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional.
 
Amenazan también con recurrir a la Justicia para frenar la suba y advierten que se pone en juego la estabilidad laboral de 4000 de los 17.000 trabajadores que emplea el sector y causar la desaparición de varias compañías que aseguran tener fondos para sostener sus actividades sólo hasta fin de año.
 
Por Andrés Sanguinetti
 
Fuentes: iProfesional, Hoy en la Noticia y La Opinión Popular
 

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24-09-2017 / 11:09
Alrededor de treinta colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. Esto sólo ocurre en la Capital. Como se decía antes. La ciudad con más altos ingresos, con mayores niveles de consumo y más conectada con el mundo es la que promueve más alborotos juveniles. Previsible, según algunos sociólogos.
 
En los colegios de enseñanza media del interior, en escuelas donde la pobreza convive con la violencia y los más tortuosos dramas, esta rebeldía no se manifiesta. Tampoco allí se sabe que haya agrupaciones de izquierda, como que esa afición por la revolución o por lo que ellos creen que es la revolución, fuera un lujo de pibes porteños.
 
Es raro. Las rebeliones se expresan en los colegios de mayor excelencia. El Nacional y el Pellegrini, por ejemplo. En los lugares donde debería levantarse una voz de protesta por la pésima calidad de la enseñanza, el deterioro de los edificios escolares, las agresiones contra los profesores, la violencia latente y manifiesta en los claustros y en los patios, el silencio es absoluto.
 
No me preocupan los chicos, me preocupan los grandes. Políticos que sospechan que van a ser diputados o senadores alentando el jolgorio; padres que suponen que se reconciliarán con sus hijos o sus propios sueños juveniles, mostrándose comprensivos y "piolas"; profesores que recuperan la estatura de Peter Pan y la sensualidad de algún personaje de Nabokov, sumándose a la excitación y el alboroto.
 
¿Y los chicos? Los chicos nada. Se divierten, practican la deliciosa y cálida fraternidad de la rebeldía, juegan a la revolución, sabiendo o sospechando que se trata de eso, de jugar, de excitarse, de lastimar y ser lastimados. Supongo que si la decisión de las autoridades educativas de la ciudad de Buenos Aires hubiera sido la opuesta, habrían encontrado motivos para hacer lo mismo que están haciendo, porque lo que importa es contradecir, discutir lo establecido, impugnar a los mayores.
 
Si además, a ese ejercicio se le suman argumentos ideológicos, políticos y estéticos mucho mejor. Siempre es más elegante, más culto, más fino si se quiere, otorgarle al quilombo alguna trascendencia que lo justifique. El Che y Ceratti; Charlie García y Marx; Rimbaud y Trotsky, pueden llegar a ser una ensalada exquisita. Por lo menos, visualmente, el espectáculo es tentador.
24-09-2017 / 11:09
En la Casa Rosada, hasta las paredes lo repiten: "Mauricio Macri está más preocupado por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado que por Cristina Fernández".
 
La afirmación se basa -y a la vez demuestra- en que el Presidente le atribuye una alta credibilidad a las encuestas que lee y a los informes reservados que recibe de sus asesores políticos.
 
Si bien sobre el caso Maldonado esos sondeos indican que no tendrá incidencia significativa en la intención de voto del electorado que irá a las urnas el 22 de octubre, Macri está inquieto por el ruido que esa desaparición hace sobre su imagen en el exterior.
 
Tuvo ya varias alertas y la última fue de la vicepresidente Gabriela Michetti, quien le transmitió lo que se habla en el mundo diplomático tras su paso por la reciente Asamblea de la ONU.
 
Un Macri irritado y molesto se pasó la semana instando a sus funcionarios a actuar con rapidez para revertir la pasividad e ineficiencia que el Gobierno ha mostrado hasta ahora. Esa actitud de firmeza tuvo resultados.
 
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien venía sumando un collar de declaraciones fallidas, desapareció de los medios y se llamó a silencio, como lo reclamaba buena parte del gabinete.
 
La otra consecuencia fue el apartamiento del juez de la causa, Guido Otranto, y la designación en su lugar del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien tendrá dedicación exclusiva en el caso Maldonado.
 
Esa movida fue realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia luego de una serie de conversaciones y pedidos que involucraron desde el ministro de Justicia, Germán Garavano, hasta el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
 
El presidente Macri no quiere entregar trofeos a la oposición, pero tarde o temprano este caso costará sus uniformes a un par de jerárquicos de Gendarmería y, más diluido en el tiempo, Patricia Bullrich tendrá un nuevo destino. 

23-09-2017 / 17:09
23-09-2017 / 10:09
La tasa de empleo, que es aquella que mide el porcentaje de personas ocupadas sobre el total de la población, cayó en el segundo trimestre del año tanto a nivel país como en los principales distritos.
 
Para el agregado nacional, la baja fue de 41,7 a 41,5 por ciento respecto del mismo período de 2016, de acuerdo a los datos del Indec. En el conurbano bonaerense el descenso fue mayor, de 40,5 a 40,0 por ciento, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 51,4 a 51,3.
 
En la región Cuyo el empleo retrocedió de 40,4 a 40,1 por ciento; en el Noreste, de 38,5 a 38,1, y en la Patagonia, de 41,0 a 39,7. La ocupación se mantuvo estable en la región Pampeana, con 41,4 por ciento, y solo aumentó en el Noroeste, de 39,6 a 40,6 por ciento.
 
La información oficial evidencia que la recuperación económica que promociona el Gobierno como si se hubiera ingresado en una fase de fuerte expansión no alcanza siquiera a mantener la proporción de personas con trabajo en la sociedad.
 
Crecimiento del PIB con deterioro del empleo, aumento de la pobreza y agravamiento de la desigualdad social es un escenario que retrotrae a los argentinos a la experiencia de los 90. Finalmente va quedando claro que lo que estaba del otro lado del túnel que hizo célebre Gabriela Michetti era una vuelta a las pesadillas de aquellos años.
 
La posibilidad de que una aceleración del repunte económico revierta ese proceso de pérdidas materiales y simbólicas para las mayorías se desvanece al conocer los planes del Gobierno para 2018, anticipados en el proyecto de Presupuesto, y en las declaraciones públicas de los funcionarios.
 
Los aumentos de tarifas de luz, gas, colectivos y trenes, presumiblemente también del agua y los combustibles, le darán otra vuelta de rosca a la concentración de la riqueza y reducirán los ingresos disponibles para otros consumos. 

22-09-2017 / 17:09
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