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Nacionales - 09-09-2017 / 08:09
EL GOBIERNO MULTA A LAS EMPRESAS QUE NO PRESTAN SERVICIO

Se agrava el paro de micros de larga distancia

Se agrava el paro de micros de larga distancia
Mientras los choferes acusan al empresariado de realizar un “lock out patronal”, los transportistas argumentan haber recurrido la resolución ministerial que los obliga a pagar un aumento a los trabajadores. En tanto, los ministerios de Trabajo y Transporte salieron a explicar que la situación se origina por el incumplimiento de un grupo de compañías del acta que dispuso una suba salarial del 21% a los choferes.
El paro iniciado por los choferes de micros de larga distancia, en reclamo del pago de la suba salarial del 21% dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria del sector, devino en un cruce de acusaciones entre empresarios transportistas y trabajadores, que denuncian un "lock out patronal".
 
Según el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, el gremio había decidido llevar adelante la medida de fuerza hasta el martes en cuatro empresas: Flechabus, TATA, Vía Bariloche y San José. "Si no cumplían (con el abono adeudado), ese día pararíamos dos o tres firmas más", puntualizó. Pero, ayer a la mañana en la terminal de Retiro hubo empresas de larga distancia que cerraron los portones y no permitieron salir a ninguna unidad. "En definitiva, es un paro patronal", denunció el representante de los conductores.
 
El portavoz de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), Gustavo Gaona, negó categóricamente que las firmas realizaran un paro patronal, mientras que el titular de la entidad, Mario Verdaguer, argumentó que el sector no puede afrontar los reclamos salariales de los choferes. "Le venimos diciendo al Ministerio de Transporte que la ecuación económica del sector está rota desde hace años", señaló. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno de Macri.
 
Desde la UTA acusaron a los "grupos empresarios grandes" de paralizar el resto de los servicios "para negociar con el Gobierno" de Macri y advirtieron que "primero tienen que cumplir con la ley". "Dicen no tener dinero para pagar los incrementos a sus choferes pero quieren invertir en el sector aerocomercial", cuestionan fuentes oficiales.
 
El conflicto evidencia la crisis del sector transportista; el empresariado confirmó la profunda recesión que golpea a la actividad. "El sector está virtualmente parado porque viene pagando muy mal el salario en los últimos meses, en cuotas, en algunos casos", aseguró Verdaguer, ante el conflicto desatado.
 
Por su parte, Gaona, denunció "el crecimiento sostenido de servicios irregulares bajo la mirada indiferente de las autoridades de control". Además, indicó que otro de los problemas del sector "es el constante aumento de todos los costos que las compañías evitan trasladar a la tarifa para detener la caída de pasajeros" y "la quita irregular de compensaciones, únicamente al ómnibus de larga distancia".
 
Mientras el Gobierno multa a las empresas que no prestan servicio, el paro dispuesto por la UTA en cuatro empresas de micros de larga distancia, se extendió a otras sin haber sido dispuesto por el gremio, y mantiene paralizada la actividad e las principales ciudades del país.
 
La Opinión Popular

 
Se agrava el conflicto en los micros de larga distancia: el Gobierno multa a las empresas que no prestan servicio
 
El Gobierno salió a multar a las empresas de micros de larga distancia que cerraron sus ventanillas y no devolvieron los importes de los tickets a todos los pasajeros afectados por un paro anunciado por el gremio del sector.
 
Si bien la medida de fuerza es impulsada por el personal de un grupo de 10 empresas nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para los ministerios de Trabajo y Transporte los responsables la situación deriva del incumplimiento por parte de estas compañías del pago del aumento salarial del 21% decretado a fin del mes pasado por la cartera que dirige Jorge Triaca.
 
De hecho, desde la UTA también salieron a despegarse del conflicto y a denunciar que estas firmas impiden el normal funcionamiento de los servicios. De todos modos, sus voceros aclararon que la medida de fuerza se debe al incumplimiento empresarial del acta de aumento de salarios ya firmada en Trabajo a fines de agosto.
 
Hasta el momento, una decena de compañías, las más grandes y con la mayor cantidad de oferta de servicios, están afectadas por el quite de colaboración de su personal. Y con el correr del fin de semana más empresas se sumarían al paro.
 
Entre las marcas más reconocidas se destacan Flechabus y Vía Bariloche, casualmente las dos compañías de este sector que también pretenden ingresar al negocio aerocomercial y que el miércoles presentaron sendos pedidos en la audiencia pública organizada por Transporte.
 
"Dicen no tener dinero para pagar los incrementos a sus choferes pero quieren invertir en el sector aerocomercial", cuestionan fuentes oficiales.
 
En este marco, Transporte comenzó a encarar una serie de acciones en las terminales para labrar infracciones y multar a las empresas. A través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se están labrando actas de infracción por incumplimiento del servicio, por ventanilla cerrada y por no devolución de los pasajes.
 
Hasta ahora, las empresas sancionadas son Chevallier,  Ciudad de Gualeguaychú, Flecha Bus, Empresa Argentina, General Urquiza, Pullman, San José, Andesmar, Tata, Costera Criolla, Sierras de Córdoba, Quebus; Micromar, Tigre Iguazú, Cata Internacional, Autotransporte San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan, El Rápido Internacional y Vía Bariloche.
 
En cuanto a las sanciones, desde Transporte explicaron a iProfesional que la CNRT se basa en el Decreto 1395/98 que dispone multas por no devolver el dinero a los pasajeros afectados que van desde el costo de 500 a 5000 tickets mínimos (de $3000 a $30.000).
 
Si se constatan ventanillas cerradas, la sanciones van desde el valor de 500 a 10.000 boletos mínimos. Es decir, de $3000 y $60.000. Y si la infracción es reiterada puede llegar a suspenderse o caducarse el permiso para operar.
 
En cuanto a los pasajeros, la CNRT trata de reubicarlos en otras empresas que estén operando y se los asesora para que realicen las denuncias por incumplimiento del servicio. Se les pide que visiten una delegación del organismo o llamen al centro telefónico de atención al usuario 0800-333-0300. Además un inspector puede acompañarlos y labrar las actas de infracción en el momento por ventanillas cerradas o por no realizar la devolución del dinero del pasaje.
 
Pero más allá de estas medidas, el conflicto promete extenderse si no hay acuerdo entre los choferes y las cámaras empresarias en cuanto a la validez del acta que homologó el aumento.
 
"No vamos a levantar el paro hasta que las empresas abonen lo pactado", sostuvo Mario Calegari, vocero de la UTA, quien también recordó que la suba salarial "forma parte de un acta firmada por nosotros y las cámaras empresarias junto con las autoridades del Ministerio de Trabajo".
 
Pero según las compañías, esta especie de "paritaria forzada" fue avalada por dos organizaciones empresariales de menor envergadura ya que la entidad que agrupa a la mayoría de las empresas de micros de larga distancia desconoció el convenio.
 
Se trata de la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi), que la semana pasada rechazó el acta que habían firmado funcionarios de la cartera laboral con representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
 
Para la Celadi, el aumento salarial no está homologado y por lo tanto no se debe cumplir. Sin embargo, desde Trabajo aseguraron a iProfesional que el acta está vigente y advirtieron a las empresas sobre su obligación de hacer frente al incremento salarial.
 
La discusión gira en torno a la validez de la resolución 595-E/2017, publicada por el Ministerio de Trabajo, y por la cual las compañías deberán incrementar los salarios de su personal un 21% en promedio distribuido en tres tramos. El primero de 8% a partir de este mes, cuando un chofer, por ejemplo, pasaría a cobrar $21.600. El segundo de 15% acumulado, con lo cual es sueldo subiría a $23.000, y el tercero llegaría al 21% en enero del año próximo, momento en el que los ingresos de los conductores deberían estar en los $24.000 por mes.
 
La medida incluye otras sumas complementarias, no remunerativas, de un total de $9900, distribuidos en seis cuotas de $1650 cada una a partir de agosto.
 
Para las empresas nucleadas en Celadi, los aumentos son imposibles de cumplir debido a la actual ecuación económica de crisis que sufren, con caída de la demanda, mayor competencia con las aerolíneas y costos crecientes.
 
En concreto, aseguran que el incremento salarial agravará el complicado escenario en el que se encuentran las empresas de micros, con una ocupación cada vez más baja y que hoy llega al 47% de la capacidad de una unidad. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional.
 
Amenazan también con recurrir a la Justicia para frenar la suba y advierten que se pone en juego la estabilidad laboral de 4000 de los 17.000 trabajadores que emplea el sector y causar la desaparición de varias compañías que aseguran tener fondos para sostener sus actividades sólo hasta fin de año.
 
Por Andrés Sanguinetti
 
Fuentes: iProfesional, Hoy en la Noticia y La Opinión Popular
 

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20-01-2018 / 17:01
Los referentes legislativos de Cambiemos retornaron de sus vacaciones esta semana y volvieron a las playas con una certeza: será difícil dar grandes batallas en el Congreso este año, tras la traumática sanción de la reforma previsional.
 
"Sólo tendremos leyes con debates abiertos y participativos", fue la consigna que los diputados Emilio Monzó y Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Federico Pinedo le comunicaron a sus pocos pares que atendían el martes. Venían de escucharla en la Casa Rosada, en la primera reunión de gabinete ampliada del año. La próxima será en un mes, ya en el retiro espiritual de Chapadmalal.
 
Entretanto, Mauricio Macri echó leña al fuego con nuevos DNUs que enfurecieron al peronismo dialoguista, mote asignado a los bloques referenciados en los gobernadores que le ayudaron estos años a tener leyes, aunque no tanto como él hubiera querido.
 
Desde sus casas o sus remansos vacacionales, los peronistas no K cruzaron llamadas que derivaron en un comunicado del Bloque Justicialista en contra del megadecreto de reforma del Estado. Ya hablan de una mini cumbre informal en Salta, donde trabaja full time Pablo Kosiner, jefe del BJ, artífice de los avatares de la reforma previsional en Diputados.
 
Macri quiere que los legisladores no sean protagonistas y sólo debatan leyes con amplios consensos y sin riesgos. Y está dispuesto a resolver los temas cruciales por decreto. En Cambiemos admiten que Mauri no se acostumbró a la negociación permanente y prefiere ignorarlos todo lo posible.

20-01-2018 / 11:01
Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del presidente Mauricio Macri, vendió la empresa emblema de la familia al Grupo TGLT, propiedad de Federico Weil.
 
En medio de denuncias por preferencias en la polémica adjudicación de obras públicas por parte del gobierno de Cambiemos a Caputo, el blanqueo de 26,5 millones de dólares que realizó el año pasado y luego de haber capitalizado en dos años la empresa en cinco veces su valor, "Nicky" Caputo y el resto de los socios familiares se aleja del negocio de la construcción cediendo en total el 82,32 por ciento en la constructora a otro empresario cercano a Cambiemos.
 
Se trata del vicepresidente de TGLT, Darío Lizzano, quien a través de su fondo de inversión es socio en Genneia de la familia Brito, que se quedó con un parque eólico que tenía en su poder Socma y derivó en una denuncia penal contra Macri.
 
El empresario Nicolás Caputo es el quinto empresario que más ganó en lo que va de la era Macri. Primo hermano del actual Ministro de Finanzas Luis Caputo y amigo íntimo del presidente Macri, su negocio creció sostenidamente en los últimos diez años con obras en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. La capitalización de la firma se disparó con su amigo del alma en la Jefatura de CABA, primero, y en la Presidencia, después.
 
Con la victoria en ballotage de Macri para presidir la Nación, las acciones de Caputo subieron muy fuerte. De los 6,70 pesos que valían en octubre de 2015 pasaron a 33,90 el mismo mes del año pasado, con un alza de 405,9 por ciento.
 
Desde la asunción de Macri como presidente, Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (SAICF) registró una ganancia neta de 143,8 millones de pesos. Pero las denuncias en los últimos dos años de gestión del macrismo no se circunscribieron sólo a ser beneficiado por la obra pública licitada sino que se suma el hecho de haber sido parte del clan presidencial que aprovechó el programa de Sinceramiento Fiscal que lanzó el Gobierno con destino a contribuyentes para blanquear 465 millones de pesos, equivalente a 26,5 millones de dólares.
 
El "hermano de la vida" de Mauricio decidió entonces vender su empresa, en una operación por u$s 109 millones.
 
La Opinión Popular

20-01-2018 / 10:01
Apocalypse now a vuelo de helicóptero con fondo de Simpatía por el diablo, de los Stones. Explosiones y voladuras: la nafta argentina ya es la segunda más cara de la región, sólo detrás de Uruguay, que está entre los diez países del mundo que la tienen más cara. En Estados Unidos está a la mitad. Desde que subió Mauricio Macri subió el cien por ciento.
 
Llamaradas de napalm: con los últimos aumentos del 70 por ciento que se aplicarán entre enero y abril, la electricidad argentina estará entre las diez más caras del mundo y siguen los cortes de luz peor que antes.
 
Incendios y demoliciones: cuando se termine de aplicar el cien por ciento de aumento al transporte público, estará entre los 20 más caros del mundo. En los países donde las tarifas son similares o más caras que en Argentina, el salario promedio es el doble o el triple que aquí.
 
Granadas y metralla, obuses y trazadoras: hay que sumar el 40 por ciento de aumento al gas y el 70 por ciento a los peajes bonaerenses. Los precios se disparan y anuncian paritarias con techo-zócalo del 15 por ciento y sin cláusula gatillo.
 
Dirán que es exagerado pero que le vayan a preguntar a una familia de ingresos medianos o bajos. Es lo más parecido al Infierno, sufrimiento que provocó Cambiemos con los votos que logró en 2015 y en octubre de 2017, muchos de los cuales provinieron de sectores como maestras y jubilados que se erigieron así en artífices de su propia condenación arrastrando al resto de la sociedad.
 
Atenuante: para no espantar ese voto, Cambiemos posdató los aumentos para después de las elecciones de medio término y recién ahora empiezan a sentirse los mordiscones en el salario.
 
Las maestras que votaron a Cambiemos reciben ahora la noticia de que Mauricio Macri anuló la paritaria nacional docente que establecía un piso en todo el país para las paritarias provinciales. Ese voto implicó pérdida de capacidad adquisitiva para sus salarios, pero también funcionó para desfinanciar a la educación pública.
 
Es el gobierno de los Ceos que se formaron en la educación privada que le está dando una clase a esas maestras de cómo se destruye a la educación pública que ellas integran.
 
Los numerosos jubilados que optaron por ese voto se anoticiaron -después de las elecciones- que habían facilitado el camino a Cambiemos para establecer la reforma previsional que modifica el índice de movilidad de sus jubilaciones, pensiones a discapacitados y ex combatientes de Malvinas y la AUH y por lo cual el aumento será menos del que recibían antes.
 
O sea que votaron para que les bajen la cantidad de lo que reciben a fin de mes. Pero la reforma facilitada por sus votos implica también el desfinanciamiento de la ANSES, una condena a mediano plazo. Con los quites legislados, se calcula que para 2022, el sistema tendrá pérdida, dejará de ser autosustentable.

19-01-2018 / 11:01
La compra de dólares para atesoramiento fue el elemento principal de la salida de divisas en 2017. El balance cambiario que entregó ayer el Banco Central indica que el año pasado se registraron compras de moneda extranjera por 47.931 millones de dólares brutos y 22.148 millones en términos netos, es decir, descontando las ventas de billetes en el mercado interno.
 
El documento precisa que en diciembre se perdieron 5515 millones de dólares brutos por compras del sector privado y la fuga fue de 2737 millones en números netos. Se trata de los niveles de fuga más elevados desde agosto de 2009, cuando estalló la crisis financiera internacional.
 
El mes pasado hubo más de un millón de personas (1.040.000) que compraron dólares, cuando en meses anteriores la cantidad de clientes era cercana a los 800.000. El 96 por ciento de los que compraron fueron clientes minoristas.
 
Estos datos ponen en evidencia las consecuencias de la apertura comercial. La industria, por las importaciones, registra un nivel cada vez más deficitario, mientras que los sectores dedicados a la exportación de materias primas siguen siendo los únicos con saldo favorable de comercio. La economía se reprimariza, pierde empleo y capacidad de producir.
 
Las inversiones extranjeras directas sumaron 299 millones de dólares en diciembre y acumularon 2497 millones en el año. La cifra resulta muy baja cuando se la compara contra el ingreso de inversiones de portafolio, que en lugar de tener fines productivos se destina a comprar instrumentos financieros de corto plazo como las Lebac.
 
Este rubro registró una entrada de 1208 millones de dólares el mes pasado y de 15.783 millones en el acumulado del 2017. Esto implica que el país registró la llegada de unas 6 veces más capitales para especular que para invertir en la economía real.
 
En lo que refiere al giro de utilidades, en diciembre las multinacionales enviaron a sus casas matrices 283 millones de dólares y acumularon envíos por 2125 millones en el año. Se trata de otra fuente de pérdida de divisas de la economía local, en la cual se observa una de las fugas de capitales más elevadas en 30 años.
 
Esto se debe a las medidas de desregulación financiera que se tomaron a lo largo del año pasado, para permitirle a distintos sectores comprar moneda en forma ilimitada, entrar y sacar dólares del mercado interno sin tiempos prudenciales y autorizar a los exportadores a dejar de liquidar sus ventas en el país.
 
Por el momento este rojo externo se compensa con un fuerte endeudamiento, que supera los 30 mil millones de dólares.

19-01-2018 / 10:01
Como en sus mejores tiempos, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo juntaron a sindicalistas afines en Mar del Plata y emitieron un duro documento contra el gobierno de Mauricio Macri, que llevarán a sus pares en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la CGT, prevista para febrero.
 
"Hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es el resultado de los dos primeros años de Macri", según una frase del documento que se titula la "Declaración de Mar del Plata", en el que los sindicalistas reclaman derogar la reforma previsional, cajonear la laboral, que las paritarias no tengan tope del 15% y eliminar los decretos de Macri.
 
Apuntaron contra el fin de la inembargabilidad de los salarios y la habilitación a crear fideicomisos con Anses ("no queremos timba financiera con plata de jubilados"), que forma parte del megadecreto de Macri. También cuestionaron la anulación de la paritaria docente, por otro decreto.
 
En esta convocatoria se defendieron de la campaña antisindical del Gobierno y buscaron frenar la receta de Cambiemos de "meter en cana" a sindicalistas en momentos críticos u oportunos, en un contexto en el que la imagen del Gobierno decae por despidos, represión o revisión del plan económico. Todos aspectos de la realidad que buscan tapar o disimular en lo posible.
 
El objetivo es mostrar a los dirigentes sindicales hasta dónde puede llegar el Gobierno. Lo que se busca con este accionar es intimidar a los gremios para frenar las protestas que renacen en la Argentina ante el cierre de empresas, que ha llevado a una creciente desocupación. Se advierte también una campaña destinada a ponerle un freno a las paritarias, a los fines de contener una inflación creciente no resuelta por las autoridades económicas.
 
Dirigentes sindicales con las manos sucias hay unos cuantos. Si han cometido un delito o irregularidad en el manejo de sus sindicatos, el mismo debe ser sometido a los dictámenes de la Justicia, pero eso no significa que se pueda aprovechar esto para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, los cuales se alcanzaron a través de décadas de lucha y muchas vidas.
 
El sindicalismo combativo sostiene que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Macri no hace más que cercenar derechos consagrados de los trabajadores, y que lo que intenta el oficialismo es copiar el modelo chino o el de la India, donde los trabajadores están sometidos a un régimen de semiesclavitud y con nula representación gremial.
 
Si se impone el régimen laboral macrista, quienes terminarán siendo ganadores son los grandes grupos empresarios, y los que acaban perdiendo serán los trabajadores, que verán disminuir sus derechos y sus salarios en forma significativa ante la mirada complaciente del gobierno de Macri hacia las desmesuradas pretensiones empresariales.
 
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