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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Entre Ríos - 07-09-2017 / 12:09
LOS GOBERNADORES LE PIDEN A LA CORTE SUPREMA QUE SE "ABSTENGA" DE FALLAR SOBRE LA COPARTICIPACIÓN

Reclamo del interior federal contra el centralismo porteño

Reclamo del interior federal contra el centralismo porteño
El reclamo, que venía siendo una bandera de los gobernadores peronistas, ahora sumó el apoyo de los radicales Morales y Colombi, de Lifschitz, el neuquino Omar Gutiérrez y del rionegrino Alberto Weretilneck. Esta vez, incluso, Alicia Kirchner envió a su vice, Pablo González. Estuvieron además Juan Manuel Urtubey, Gildo Insfrán, Lucía Corpacci, Carlos Verna, Domingo Peppo, Hugo Passalacqua y Rosana Bertone. No fue de la partida el chubutense Mario Das Neves, de licencia por enfermedad, ni su vice, Mariano Arcioni.
Los gobernadores peronistas sumaron el respaldo de los radicales Gerardo Morales y Ricardo Colombi en la pelea con María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, y le reclamaron a la Corte Suprema que se abstenga de fallar sobre la coparticipación.
 
Tras la reunión, los mandatarios firmaron un documento de cuatro puntos en el que advirtieron que "la pretensión de la provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios". Los gobernadores solicitaron a la Corte que "no tome resolución alguna hasta tano sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate entre la Nación y las provincias y en el Congreso".
 
Los mandatarios reiteraron que el tema debe ser abordado por el Congreso y no en la Justicia, en una crítica tanto a Vidal como a Mauricio Macri, que apoya a la gobernadora en ese reclamo ante la Corte.
 
A medida que llegaron a la reunión, cada gobernador señaló cuánta plata perdería su provincia respectiva si avanza el pedido de Vidal en la Corte. El entrerriano Gustavo Bordet indicó que su provincia perdería más de 3000 millones de pesos, mientras que el tucumano Juan Manzur habló de 3500 millones y el vice de San Luis, Carlos Ponce, indicó que su provincia perderá 1500 millones.
 
El cordobés Juan Schiaretti, uno de los voceros junto al sanjuanino Sergio Uñac y el socialista santafesino Miguel Lifschitz, se quejó de que entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires reciban 75 mil millones de pesos por año de partidas que le transfiere directamente el Gobierno nacional. Por los subsidios, los habitantes del Conurbano pagan la mitad de lo que pagan el boleto en cualquier provincia, lo mismo ocurre con la luz y el gas.
 
El bloque de gobernadores pretende discutir con la Nación todo el paquete de coparticipación, en un combo que incluye las retenciones y los subsidios. El reparto de los recursos de la coparticipación se convirtió en el instrumento con que el Gobierno de Macri ha intentado disciplinar a los mandatarios provinciales. Pero la exagerada pretensión de Vidal complica esta realidad. Los gobernadores, que se sienten ganadores en sus provincias en las próximas elecciones, marcan la cancha y advierten al Gobierno Nacional y a la Corte.
 
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Con los gobernadores "trabajamos para no perder los recursos que legítimamente nos corresponden", dijo Bordet
 
"No estamos en contra de nadie. Se trata de ponernos de acuerdo para defender nuestros derechos y recursos. Se trata de articular entre todos para llegar a una solución que tiene que resolverse en este marco político, no en el marco judicial", expresó este miércoles el gobernador Gustavo Bordet.
 
El entrerriano, que participó junto a sus pares del peronismo y de otros partidos políticos de un nuevo encuentro para debatir el reclamo de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, dejó en claro que "en última instancia, quien decide sobre los cambios en la estructura de coparticipación de impuestos como lo establece la Constitución, es el Congreso de la Nación".
 
El gobernador Bordet informó que fue una reunión "ampliada, ya que participaron gobernadores, no sólo justicialistas sino también de otros signos políticos".
 
"Entre Ríos tiene que contestar la demanda de la gobernadora de Buenos Aires, es la primera provincia a la que le toca dar su opinión ante la Corte Suprema, el 26 de este mes. En ese sentido, estamos preparando los argumentos de nuestra defensa".
 
"Venir a esta reunión significa tener los elementos necesarios, uniformes entre todos los gobernadores de distintos signos políticos para hacer frente a nuestras demandas y también a nuestros derechos", expresó el gobernador.
 
También precisó que "Entre Ríos perdería entre 3.000 y 3.600 millones de pesos en caso de que la Justicia falle a favor de Buenos Aires. Esto nos dejaría en una situación prácticamente de quebranto financiero y agravaría aún más el déficit que ya tenemos hoy y complicaría mucho nuestras finanzas. Por eso trabajamos para no perder los recursos que legítimamente nos corresponden, sin entrar a polemizar si le corresponden o no a la provincia de Buenos Aires. Hay que encontrar la forma en que se puedan satisfacer todos los reclamos desde la razonabilidad".
 
El mandatario añadió que la Constitución reformada en 1994 establece que hay que ir hacia un nuevo régimen de coparticipación que tiene que darse con el acuerdo de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser ratificado por las legislaturas. "Esto muy difícil pero no es imposible. En esto hay que poner lo mejor de cada uno para lograr los resultados óptimos y tener institucionalmente una Ley de Coparticipación que nos dé previsibilidad y que no tengamos que estar permanentemente discutiendo estos temas. Hay que avanzar en este sentido", señaló.
 
"Nosotros valoramos positivamente que el gobierno en su momento haya hecho la convocatoria, ojalá después de las elecciones pueda retomarse ese vínculo y diálogo", redondeó Bordet.
 

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21-11-2017 / 09:11
21-11-2017 / 06:11
Estos son días de gloria para la alianza Cambiemos"La conquista del poder está terminada". Con estas palabras, Marcos Peña, Mario Quintana Gustavo Lopetegui, que "son yo", como alguna vez dijo Mauricio Macri, definían lo sucedido. En menos de 24 horas, después de muchas presiones y negociaciones, el Gobierno logró acordar con los gobernadores las reformas: fiscal y previsional, y con la cúpula de la CGT, la laboral, que incluye todo tipo de recortes a las conquistas que los trabajadores han conseguido en años de lucha.
 
Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los "consensos básicos" a alcanzar para llegar a 2019. No requirió de más de tres semanas para lograr que el 42% de los votos pesaran más que el restante 58%, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y a jefes sindicales peronistas.
 
Terminada "la conquista del poder", resta ahora ponerle la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que no se logrará en los plazos que impuso la Casa Rosada. La puerta está abierta de la mano del jefe del bloque FPV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, administrador legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes de la CGT.
 
El pacto firmado incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositiva, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo, aunque persisten incógnitas sobre esos proyectos. Las provincias se comprometen a reducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en tanto para los municipios se incluyó la apelación de que sólo cobren por servicios efectivamente prestados.
 
El más irritativo es el cambio del cálculo del aumento del haber de jubilados y pensionados, que se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta norma fija dos incrementos anuales con base en un índice que surge de combinar el aumento de la recaudación con el incremento de los salarios de los trabajadores registrados. En los últimos años, ese porcentaje estuvo por encima de la inflación, que es el indicador que propone Macri, con el objetivo de ahorrar unos 100 mil millones de pesos anuales, a costa del bolsillo de los jubilados.
 
Adherir al Pacto Fiscal implica el congelamiento del gasto público; en la economía real, con una inflación que se mantiene, esto significa un recorte y ajuste real sobre las partidas más sentidas por el pueblo trabajador: las de salud, educación, vivienda o asistencia social.
 
Desde el oficialismo provincial rebuscan argumentos para explicar que el acuerdo podría haber sido peor para la provincia, pero no sólo Buenos Aires se llevó de la mesa de negociación los mejores beneficios, sino que los gobernadores se quedaron sin espacio para la crítica frente a un macrismo antiperonista que impone las reglas de juego.
 
Todo este engranaje extorsivo se da en una la difícil coyuntura económica para las provincias y frente a la tríada de reformas tributarias y tarifazos en los servicios público impulsadas por el gobierno de Macri luego de las elecciones legislativas que ganó Cambiemos.

 
La Opinión Popular

20-11-2017 / 10:11
20-11-2017 / 10:11
20-11-2017 / 09:11
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