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“Lo que veo cada vez más es la cantidad de conflictos de intereses que se producen con las familias de los funcionarios que están en el Gobierno. Esos conflictos son la puerta abierta a la corrupción”. Margarita Stolbizer
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Nacionales - 07-09-2017 / 09:09
BUSCAN DETERMINAR SI EL GOBIERNO OCULTÓ LA DESAPARICIÓN FORZADA DE MALDONADO

La Justicia investiga a Macri y a la Gendarmería por supuesto encubrimiento

La Justicia investiga a Macri y a la Gendarmería por supuesto encubrimiento
POR MIRAR PARA OTRO LADO. Ante una denuncia de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay, el fiscal Federico Delgado resolvió investigar a funcionarios del Gobierno y la Gendarmería. Pidió que el Ejecutivo informe las medidas que tomó para encontrar al joven. Solicitó que se informe qué tareas desplegó la Gendarmería durante el operativo en la Ruta 40. Además, exigió que separen al juez de la causa, Guido Otranto
El operativo político-mediático de encubrimiento con sobreinformación falsa, los 35 días que el Gobierno de Mauricio Macri se mantuvo empecinado en desligar a la Gendarmería de la desaparición de Santiago Maldonado, en descartar la participación del Ministerio de Seguridad en la persecución a la comunidad mapuche y poner en duda la presencia del joven en el territorio empiezan a traerle costos.
 
El fiscal federal Federico Delgado abrió una causa penal y pidió investigar al presidente Macri y a sus funcionarios para saber si encubrieron la desaparición de Maldonado. En este marco, Delgado le solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo del caso, que le pida al magistrado de Esquel, Guido Otranto, "una copia urgente" de la causa por la búsqueda de Maldonado y recomendó que sea apartado, ya que fue él "quien ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos" y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".
 
Además, exigió que la Jefatura de Gabinete "informe en un plazo perentorio todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado". Delgado sostuvo que para comenzar la investigación "es determinante conocer las actividades que se llevaron adelante".
 
La solicitud renueva la acusación por la desaparición forzada del joven y además agrega la teoría de un "encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad".
 
Delgado tomó esta medida tras la denuncia presentada la semana pasada por la agrupación Liga Argentina de Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay. En ella se acusó a Macri, a los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente, y a los responsables de Gendarmería.
 
Los abogados de las ONG señalaron que las autoridades del Gobierno no aportaron a la búsqueda de Maldonado, sino que "han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social". La acusación es por los delitos de encubrimiento por parte de las autoridades públicas, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
 
La denuncia que se radicó en los tribunales federales de Comodoro Py contra el Gobierno incluye también al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La presentación fue radicada el martes y Delgado abrió la causa penal ayer "para chequear la verosimilitud de la denuncia", sin imputar todavía a ningún funcionario.
 
Los acontecimientos se precipitan vertiginosamente para agigantar una crisis política inocultable.
 
La Opinión Popular

 
LA JUSTICIA INVESTIGA AL PODER EJECUTIVO Y A LA GENDARMERÍA POR SUPUESTO ENCUBRIMIENTO
 
El costo de negar la desaparición de Maldonado
 
En Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado impulsó la apertura de una investigación para determinar si funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Gendarmería encubrieron el hecho. Como medidas esenciales, pidió que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informe de manera urgente todas las acciones que desplegó el Estado para encontrar a Maldonado y requirió copia del expediente que tramita en el juzgado federal de Esquel.
 
Por lo pronto, el resultado de la interpelación del martes último al ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, dejó en evidencia a Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la cartera que conduce Patricia Bullrich, al describir que no estuvo por la zona simplemente de paso -como sostuvo ella-, sino que diseñó el operativo contra los mapuches del 1 de agosto, en el que desapareció Santiago, y lo coordinó en una reunión el día previo con otros funcionarios. Él mismo lo había dicho en una radio local, donde agregó que fue "dispuesto por la ministro". Además lo declararon testigos y lo dice un informe de la propia Gendarmería. 
 
Delgado basó su dictamen en una denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay que advertía que "las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".
 
La presentación apuntaba a Mauricio Macri, Peña, Bullrich, Noceti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el director de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y los comandantes de esa fuerza relacionados con los procedimientos contra la comunidad mapuche.
 
Describía una combinación entre un "pacto de silencio" entre los gendarmes que participaron en el despliegue violento, que niegan haber apresado a Santiago, y "una ristra de expresiones de encubrimiento" proveniente de las autoridades "negando que se trate de una desaparición forzada de persona" y "generando una campaña de desinformación" con pistas falsas (como la historia del ataque al puestero Evaristo Jones el 21 de julio, cuyo cuchillo al final no tenía ADN de Santiago), magnificadas por algunos medios de comunicación. Además del encubrimiento, los denunciantes plantean los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
 
El otro punto central de la denuncia advertía que el Gobierno no dio "una respuesta satisfactoria a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", que dictó una medida cautelar para que el Estado busque a Maldonado, ni al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
 
La explicación que envió el Estado argentino a esos órganos internacionales de máxima importancia en la custodia de los derechos humanos apuntó a justificar a la Gendarmería, cuyos argumentos reprodujo, como recordó el martes en una conferencia de prensa junto con la familia de Maldonado, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  Gastón Chillier.
 
Presentaron el operativo en el que fueron perseguidos los miembros de la comunidad que están en un territorio que Benetton se atribuye como un procedimiento legal que se hizo bajo órdenes del juez federal Guido Otranto.
 
Sin embargo, las órdenes del juez eran del 31 de julio y pretendían que se despejara la ruta 40; todo lo que vino después de liberado el camino, o sea la cacería a los mapuches en el territorio en medio de la cual desapareció Santiago, corrió por cuenta de la Gendarmería como respuesta a piedrazos.
 
"Fue un allanamiento ilegal", señaló Chillier. Cuando la fiscalía de Silvina Ávila y el juzgado de Otranto pidieron la nómina de los gendarmes que llevaron adelante el operativo, la fuerza tardó diez días en responder. Primero envió siete nombres. Luego resultó que eran más de un centenar.
 
 
Así es el cambio
 
Si se llegara a investigar seriamente el posible encubrimiento de la desaparición, seguramente será un dato relevante el cambio de posición que tuvo el Gobierno anteayer, después de que declararon bajo juramento cuatro miembros de la comunidad mapuche, uno de los cuales describió en detalle que al joven artesano lo atraparon tres gendarmes cuando huía de la persecución y lo subieron a una camioneta.
 
Hasta ahora los testimonios con igual contundencia habían sido ofrecidos en anonimato, por temor a represalias. Finalmente, Matías Santana aceptó declarar bajo juramento, y esto podría dar pie a otros testimonios de aquí en más.
 
En los primeros días, Bullrich se negó a dar explicaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pero finalmente debió acceder. En sus apariciones públicas negó una y otra vez que se trate de una desaparición forzada.
 
"Está cada vez más claro que no es una desaparición forzada", sostuvo mientras la investigación iba exactamente en sentido inverso, y hasta se la caratuló de ese modo. "No voy a tirar un gendarme por la ventana", "no hay testimonios que responsabilicen a Gendarmería", fueron otras de sus frases.
 
Responsabilizó a los mapuches, los acusó de no colaborar y de ser violentos. También el secretario Avruj defendió a la Gendarmería la semana pasada y dijo que no había pruebas, pero ayer viajó a entrevistarse con el juez Otranto y ofrecer ayuda. Quizá el menos contundente en la defensa propia haya sido Garavano. Y Macri la respaldó a Bullrich incluso después de que la familia de Santiago pidiera su renuncia.
 
Ahora que el tema se convirtió en tópico internacional y que los "focus group" demuestran que la mayor parte de la sociedad está preocupada, además de la contundencia de los últimos testigos, el Gobierno empezó a cambiar la actitud y mostrarse en acción, por ejemplo ordenando un rastrillaje con Policía Federal y Prefectura.
 
El fiscal Delgado le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que abra una causa y le ordene a Peña un informe urgente sobre todas las medidas que se adoptaron desde el Estado para hallar a Santiago. También quiere disponer de una copia del expediente a cargo de Otranto para determinar el papel que tuvieron las fuerzas de seguridad, en el caso y en la investigación, y luego avanzar sobre los funcionarios.   
 
 
Ordenes de arriba
 
Un informe de la propia Gendarmería que está incorporado a la causa revela dos datos sustanciales: que la fuerza no filmó todo el operativo de los días 31 de julio y 1 de agosto alegando falta de medios técnicos; que el día 31 hubo una reunión "de coordinación" en Bariloche con Noceti, el jefe de gabinete de Seguridad.
 
En ese encuentro se mencionaba la presencia del ministro de gobierno de Chubut, Pablo Durán, que por esa razón fue interpelado en la Legislatura provincial. Era una reunión para planificar la ofensiva contra la comunidad mapuche y en particular la Lof de Cushamen, que estaba en la mira por sus protestas en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala.
 
Frente a las preguntas de los legisladores, Durán confirmó la reunión con Noceti el día previo a la desaparición de Maldonado, en la que se planificó el operativo junto con los ministros de Seguridad y jefes policiales de Chubut y Río Negro, los jefes de escuadrones de ambas provincias, más funcionarios de la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
 
Durán sólo procuró defender a la policía provincial. El presidente del bloque del FpV, Javier Touriñan, le preguntó qué hacía Noceti al día siguiente "en el lugar de los hechos". "No le puedo contestar, no soy abogado de Noceti", fue la respuesta. 
 
La presencia del funcionario de Seguridad en el territorio fue señalada por dos testigos en la causa. No estaba de paso por ahí, como había dicho la ministra Bullrich. Peña seguía negando el papel de Noceti hasta ayer mismo en el Senado. Pero el funcionario había hablado por sí mismo ya en medios locales.
 
El 2 de agosto, describió con pelos y señales a Radio Nacional de  Esquel la reunión de coordinación previa al operativo. "Hemos decidido armar un sistema de coordinación con las fuerzas federales y provinciales para detener a todos y cada uno de los miembros del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que produzcan delitos", anunció.  "Van a ser detenidos y judicializados -remató-. Es un tema que fue dispuesto por la ministro."
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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17-01-2018 / 16:01
Esta mañana, el gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo y que, al modificar la representación gremial que se tenía hasta ahora en las negociaciones docentes, en la práctica le quita poder a Ctera. En declaraciones, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, afirmó: "El kirchnerismo, sea Ctera o la Cámpora, cree que son el centro del mundo".
 
La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y su secretario general adjunto, Roberto Baradel, definieron al decreto de Macri como "un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes" y anticiparon que denunciarán la medida ante la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de Educación.
 
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra los gremios, mediante un decreto publicado esta mañana, se eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país y además apuntó contra el gremio de mayor representación, Ctera, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación. Para Baradel, el decreto oficializado esta mañana por el Gobierno es "un mamarracho jurídico".
 
El decreto fijó el piso salarial en un 20% por encima del mínimo, vital y móvil. El monto al que hace referencia es irrisorio. Actualmente el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está establecido en $ 9.500. Es decir, con el decreto firmado por el gobierno, el piso a partir del cual podrían negociar los gobiernos provinciales es de $ 11.400.
 
La modificación macrista implica facilitar los argumentos para negociar los salarios docentes por provincia. Con el cambio, el gobierno de Macri se saca el tema de encima y supone innecesaria cualquier discusión salarial a nivel nacional. Hay que recordar que este fue uno de los motivos por los que se dispararon conflictos con los gremios docentes en los últimos años. 

 
Tras este decreto de Macri, ¿comienzan las clases?
 
La Opinión Popular
17-01-2018 / 11:01
"Pagamos un costo tremendo por apoyar la reforma previsional y ahora nos responden con un DNU", se escuchó, palabas más palabras menos, en los diálogos telefónicos de estos días entre diputados y senadores peronistas que integran los bloques cercanos a los gobernadores.
 
La bronca se materializó en un comunicado del Bloque Justicialista de Diputados, presidido por el salteño Pablo Kosiner; y pronto se conocería otro similar del senador Miguel Pichetto y sus dirigidos. Agustín Rossi, jefe del bloque K, los invitó a unirse para voltear el decreto en recinto.
 
En ese clima, lejano a las tertulias fraternales en la Casa Rosada que cerraron el 2017, los gobernadores planean acelerar el lanzamiento de un candidato a presidente para oficializarlo después del mundial.
 
Juan Manuel Urtubey quiere ser presidente y dice tener a favor una baja imagen negativa. No quieren confluir con Cristina pero aceptan que lo mejor sería una sola primaria peronista con algún dirigente que la represente, como Agustín Rossi o Jorge Taiana.
 
Los nombres no salen de Urtubey y Juan José Schiaretti, aunque el salteño parece más interesado: no tiene reelección en su provincia y exhibe entre los suyos una baja imagen negativa, o sea, todavía puede crecer.
 
"Un 30% todavía no me conoce", se postula, aun golpeado por la derrota electoral de las legislativas, que también arrasó a su par cordobés. Pichetto, que nunca se va de vacaciones, es el más interesado en apurar un candidato e inició una ronda de reuniones con gobernadores para animarlos, todo un desafío. Este martes se vio con el entrerriano Gustavo Bordet.

17-01-2018 / 10:01
En medio de una nueva serie de aumentos desmesurados de precios y mientras los gremios reclaman la aplicación de la cláusula gatillo para los acuerdos de 2017, el gobierno de Mauricio Macri adelantó ayer que buscará ponerle un techo del 15% a las paritarias de este año.
 
"Las paritarias son libres. Lo que sí consideramos es que es muy importante que la sociedad se comprometa con esta meta del 15 %", afirmó este martes Marcos Peña en conferencia de prensa. Los que no se comprometen con la meta son los funcionarios del Gobierno de los Ricos que entraron en una vorágine de anuncios de tarifazos que no tiene pausa. Un sablazo detrás de otro.
 
Como se sabe, por especulación electoral el Gobierno decidió postergar los tarifazos para después de las elecciones. Ahora, ei promedio de las subas en todos los medios de transporte es del 65 %. Las facturas de Edesur y Edenor se incrementan en dos tramos: uno ya se aplicó en diciembre y otro en febrero. Entre ambos tramos, el aumento será de 66% y 67 % para la mayoría de los usuarios. En el caso de Metrogas, para el 55 % de los hogares el promedio de aumento alcanza a 56 %.
 
El gobierno de los CEOs busca este año imponer ese techo en paritarias sin siquiera incorporar la engañosa "cláusula gatillo": con este tipo de acuerdos, mientras durante todos los meses se pierde frente a la inflación, hay un mes puntual -el que se aplica la "cláusula gatillo"- en que se recupera parcialmente el poder de compra. Luego el salario sigue perdiendo frente a la inflación.
 
Evitar poner cláusulas de este tipo probablemente esté vinculado a evitar escenarios como el actual con reclamos de "gatillar" en comercio, bancarios y estatales. Lo cual recalienta el comienzo del ciclo de paritarias. El 15 % que propone el Gobierno está en línea con su meta de inflación (que fracasó tanto en 2016 como en 2017), pero no con la suba real de precios que esperan los analistas del establishment económico, cuyos pronósticos alcanzan hasta el 20 % para 2018.
 
La inflación estimada por Indec para el año 2017 fue de 24,8 %. Pero hay otros cálculos más altos: la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires estimó 26,1% y la CGT 27,1 %. Las paritarias quedaron por detrás: cerraron en promedio en 22,1 %.
 
Cuando el nivel que alcanzará la inflación del 2018 es toda una incógnita, el gobierno de Macri presiona para negociar hacia adelante con un techo del 15% y dar por olvidado lo que perdió el salario hacia atrás. Los gremios anticipan su rechazo y reclaman la cláusula gatillo. A este escenario se le suma el debate postergado sobre la reforma laboral, que ayer el Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa.
 
La Opinión Popular

16-01-2018 / 16:01
La propuesta la hizo el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque K, y pronto encontró eco en el Bloque Justicialista, referenciado en los gobernadores peronistas y en sintonía con el de Miguel Pichetto en el Senado. "Los opositores, si tenemos mayoría y si tenemos 129 votos, podemos hacer sesionar la Cámara de Diputados y convocar a una sesión especial para derogar el DNU", propuso el santafesino y no tardó en recibir respuestas positivas.
 
La principal llegó en un comunicado del Bloque Justicialista, liderado por el salteño Pablo Kosiner, que también preside el interbloque federal junto a referentes de mandatarios provinciales de varios colores políticos.
 
"El DNU 27 atenta contra el rol del Congreso y la transparencia. El Gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos", rechazaron los 19 miembros de esa bancada.
 
Bajo la remanida excusa de agilizar el Estado, el mega-decreto neoliberal esconde la lisa y llana entrega de la soberanía, a partir de la transferencia de la capacidad regulatoria estatal a la voluntad de las corporaciones. Y se ensambla, entre otras, con las reformas previsional y tributaria, para complementar esa transferencia de recursos y atribuciones. Además, al abordar cuestiones tributarias, lo que está expresamente prohibido por la Constitución, es inconstitucional y antidemocrático porque margina al Congreso.
 
La Opinión Popular

16-01-2018 / 16:01
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