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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Entre Ríos - 23-08-2017 / 18:08
EL EX GOBERNADOR FUE CITADO EL 31 DE AGOSTO; ESE DÍA TENDRÁ QUE RESPONDER EN DOS CAUSAS

Ampliación en la causa Aguilera: imputaron a dos publicistas, a una contadora y habrá nuevas indagatorias; entre ellas, la de Sergio Urribarri

Ampliación en la causa Aguilera: imputaron a dos publicistas, a una contadora y habrá nuevas indagatorias; entre ellas, la de Sergio Urribarri
Aguilera, Urribarri y Báez, citados a indagatoria.
 
Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo dispusieron un modificación en la causa por las contrataciones de impresión y cartelería publicitaria en la cual están imputados el ex gobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, entre otros.
 
Ahora se ven implicados los empresarios publicitarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, a quienes se acusa de haber participado de la operatoria a cambio de "retornos" cuya "gestión y seguimiento" estaban, para los fiscales, a cargo de la contadora Corina Cargnel, quien también fue imputada.
 
Según se pudo saber, los tres deberán prestar declaración indagatoria en la causa. También fue citado el ex gobernador Urribarri a comparecer el 31 de agosto, mismo día en que debe declarar en una de las causas por la Cumbre del Mercosur, y el resto de los imputados fueron convocados nuevamente. 

 
Sergio Urribarri y Pedro Báez están imputados como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Para los fiscales, según la modificación de la apertura de la causa a la que accedió ANÁLISIS DIGITAL, ambos "sustrajeron fondos públicos de manera constante, habitual y reiterada, direccionándolos a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del gobierno".
 
"Para ello, otorgaron múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de las empresas Next SRL y Tep SRL de Juan Pablo Aguilera, las cuales figuran inscriptas a nombre de Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada -concubina de Juan Pablo Aguilera- y Alejandro Almada -quienes actúan como testaferros de Aguilera- con el único propósito de beneficiar económicamente a los mencionados", sostuvieron Yedro y Brugo, para quienes esta mecánica fue utilizada entre 2010 y 2015 con numerosas campañas publicitarias del gobierno.
 
"A raíz de estos contratos, los mencionados percibieron periódicamente sumas de dinero abonadas por el Estado Provincial, para lo cual se valieron de ficticias constataciones de su ejecución", indicaron los funcionarios judiciales y aludieron a una pericia fotográfica practicada sobre los expedientes involucrados que, según señalan, fueron firmados algunos por Báez y otros por Báez y Gustavo Tamay, empleado de la cartera también imputado en la causa en razón de su rol de responsable de las certificaciones en la vía pública.
 
Una de las novedades más salientes de la causa es que Yedro y Brugo aseguran ahora que para concretar las maniobras descriptas, participaron y se vieron beneficiados de las mismas los empresarios publicitarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, titulares de las empresas Bustamante José María y Montañana Publicidad. Para los fiscales, ambos obraron "a sabiendas de la irregularidad de los procedimientos, que pretendían simular la real y legítima intervención entre distintos oferentes".
 
El beneficio consistió, según se desprende de la IPP, "en un porcentaje de la publicidad pautada en el contrato pero habiendo acordado previamente que, una vez percibido el cobro de las sumas respectivas, de ese total, un porcentaje era reembolsado a Aguilera a través de la contadora de la empresa". Para los fiscales, a esa maniobra la realizó la contadora Corina Cargnel, ahora también imputada, "quien tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos así como también la percepción de los retornos, siendo su rol fundamental pues era el nexo entre los funcionarios las oficinas del Estado, encargadas de la tramitación de las contrataciones y las empresas antes mencionadas", según figura en el escrito judicial.
 
Otra novedad de relevancia es que Urribarri fue citado a prestar declaración de imputado en la causa. La fecha, 31 de agosto, coincide con el día en que debe comparecer para ser indagado en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación por 28 millones de pesos para la difusión de spots publicitarios a la empresa Nelly Entertainment, propiedad del ejecutivo Jorge "Corcho" Rodríguez. A esa investigación la llevan adelante Brugo y el fiscal Alejandro Cánepa.
 
Las citaciones abarcan también a Báez y Tamay, que ya declararon en la causa, y se convoca nuevamente a Juan Pablo Aguilera, Luciana Almada, Alejandro Almada, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, que ya comparecieron, pero optaron por abstenerse. A la vez, se fijaron fechas para las indagatorias de la contadora Cargnel (25 de agosto), Hugo Motañana (5 de septiembre) y Jesús Bustamante (11 de septiembre).
 
Fuente: Análisis Digital
 

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21-11-2017 / 09:11
21-11-2017 / 06:11
Estos son días de gloria para la alianza Cambiemos"La conquista del poder está terminada". Con estas palabras, Marcos Peña, Mario Quintana Gustavo Lopetegui, que "son yo", como alguna vez dijo Mauricio Macri, definían lo sucedido. En menos de 24 horas, después de muchas presiones y negociaciones, el Gobierno logró acordar con los gobernadores las reformas: fiscal y previsional, y con la cúpula de la CGT, la laboral, que incluye todo tipo de recortes a las conquistas que los trabajadores han conseguido en años de lucha.
 
Nada más y nada menos que los tres objetivos que al día siguiente de las elecciones legislativas colocó el Presidente al tope de la agenda de los "consensos básicos" a alcanzar para llegar a 2019. No requirió de más de tres semanas para lograr que el 42% de los votos pesaran más que el restante 58%, diseminado en una oposición atomizada. Así alineó a gobernadores y a jefes sindicales peronistas.
 
Terminada "la conquista del poder", resta ahora ponerle la frutilla al postre: la aprobación de las reformas por parte del Congreso. Nada hace sospechar que no se logrará en los plazos que impuso la Casa Rosada. La puerta está abierta de la mano del jefe del bloque FPV-PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, administrador legislativo del consorcial peronismo de los gobernadores y de los jefes de la CGT.
 
El pacto firmado incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositiva, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo, aunque persisten incógnitas sobre esos proyectos. Las provincias se comprometen a reducir los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en tanto para los municipios se incluyó la apelación de que sólo cobren por servicios efectivamente prestados.
 
El más irritativo es el cambio del cálculo del aumento del haber de jubilados y pensionados, que se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta norma fija dos incrementos anuales con base en un índice que surge de combinar el aumento de la recaudación con el incremento de los salarios de los trabajadores registrados. En los últimos años, ese porcentaje estuvo por encima de la inflación, que es el indicador que propone Macri, con el objetivo de ahorrar unos 100 mil millones de pesos anuales, a costa del bolsillo de los jubilados.
 
Adherir al Pacto Fiscal implica el congelamiento del gasto público; en la economía real, con una inflación que se mantiene, esto significa un recorte y ajuste real sobre las partidas más sentidas por el pueblo trabajador: las de salud, educación, vivienda o asistencia social.
 
Desde el oficialismo provincial rebuscan argumentos para explicar que el acuerdo podría haber sido peor para la provincia, pero no sólo Buenos Aires se llevó de la mesa de negociación los mejores beneficios, sino que los gobernadores se quedaron sin espacio para la crítica frente a un macrismo antiperonista que impone las reglas de juego.
 
Todo este engranaje extorsivo se da en una la difícil coyuntura económica para las provincias y frente a la tríada de reformas tributarias y tarifazos en los servicios público impulsadas por el gobierno de Macri luego de las elecciones legislativas que ganó Cambiemos.

 
La Opinión Popular

20-11-2017 / 10:11
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20-11-2017 / 09:11
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