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“Quienes votaron a Macri aceptaron sacrificarse hoy para estar mejor mañana, pero están cada vez más descreídos. Ahora, lo que va a quedar va a ser peor que lo que dejó Menem”. Beatriz Sarlo
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Entre Ríos - 09-08-2017 / 15:08
POR LA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE RENTAS MUNICIPALES EN GENERAL CAMPOS CON UNA INSCRIPCIÓN DE ODIO RACIAL

La Justicia Federal de Paraná, rechazó un pedido de probation en un grave caso de antisemitismo

La Justicia Federal de Paraná, rechazó un pedido de probation en un grave caso de antisemitismo
“Haga patria, mate a un judío! General Campos camino al Centenario PUM!!! Raff”. Así se imprimió al final de las boletas de Rentas municipales de esa localidad del departamento San Salvador, en marzo de 2013.
 
La impresión de boletas de Rentas con una leyenda antisemita en General Campos, en 2013, fue un escándalo que alcanzó a los medios nacionales de prensa.
 
Por la inscripción amenazante y fuertemente violenta en contra de toda la comunidad judía, que se reprodujo en numerosas boletas municipales, se imputó a Marta Celina Troche, quien en ese momento era la responsable del área impositiva.
 
Según se informó, la defensa de la mujer pidió la suspensión del juicio a prueba, pero eso fue denegado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. Troche está imputada por infracción a la ley 23.592, que castiga los actos discriminatorios.
 
"Haga patria, mate a un judío! General Campos camino al Centenario PUM!!! Raff". Así se imprimió al final de las boletas de Rentas municipales de esa localidad del departamento San Salvador, en marzo de 2013. Sorpresiva y amenazante resultó la inscripción para la familia Raff de raíces judías, que habita en el pequeño poblado. Quien era secretario del Concejo Deliberante, llevaba ese apellido.
 
La responsable del área de Rentas municipal era Marta Troche, a quien se le inició un sumario administrativo y fue apartada del cargo. La mujer fue imputada en la Justicia Federal por infracción a la ley 23.592.
 
La leyenda ofensiva que recibieron los habitantes de General Campos fue un escándalo en la provincia que repercutió a nivel nacional. Por esos días, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), expresó su más enérgico repudio frente a "un ataque antisemita de una gravedad sin precedentes".
 
Fue un "hecho inédito por su gravedad e implicancias" que "sólo puede merecer la condena unánime de las autoridades y de todos los sectores sociales y la exhaustiva investigación para individualizar a los funcionarios culpables y castigarlos con todo el peso de la ley", pronunció la DAIA.
 
A ese rechazo público se sumaron voces de autoridades políticas y distintos sectores sociales. El entonces presidente del Concejo Deliberante de General Campos, Enrique Mohr, repudió "enérgicamente" lo sucedido y prometió sanciones a los responsables. Manifestó solidaridad con la familia Raff y pidió "disculpas a la comunidad israelita en nombre del cuerpo". Similar actitud asumió el ex diputado nacional Atilio Benedetti (UCR); y el entonces ministro de Gobierno de la provincia, Adán Bahl, entre otros.
 
 
Sin beneficio
 
El caso siguió su curso en la Justicia Federal entrerriana. Y la última novedad en ese sentido es que a Troche le negaron un pedido de probation que realizó. Así lo resolvió el juez Roberto López Arango, integrante del TOF de Paraná, al hacer lugar a la recomendación del fiscal General José Ignacio Candioti y refutar la argumentación de la defensa oficial.
 
La resolución tiene fecha 3 de agosto de este año y responde al pedido del defensor Público Oficial, quien solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para Troche.
 
El defensor argumentó que en la requisitoria fiscal, los hechos se encuadraron en el tercer artículo del segundo párrafo de la ley 23.592, "por lo que en caso de una eventual condena la misma sería de ejecución condicional, puesto que Troche no posee antecedentes penales y este beneficio no le ha sido concedido con anterioridad".
 
Pero el fiscal rechazó ese pedido. En ese sentido, consideró que los hechos investigados son "actos de discriminación por motivos religiosos" a los cuales calificó "de suma gravedad".
 
"La Nación Argentina constituye un país modelo en materia de reconocimiento legal de derechos humanos, y en materia de igualdad y no discriminación, debiéndose ponderar el compromiso asumido por el Estado argentino ante la comunidad internacional al suscribir la 'Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial', por lo que la dilucidación de esta clase de delitos reclama que sea a través de un debate oral y público", fundamentó el fiscal.
 
También se valoró que "la imputada revestía el carácter de funcionario público y cometió el delito en ejercicio de su función", por lo cual pidió que se rechace el pedido de suspensión del juicio a prueba.
 
Considerando la alegación fiscal, el fallo resuelve rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado en relación a Marta Celina Troche.
 
Fuente: Análisis Digital
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17-07-2018 / 00:07
Frente al futuro oscuro que impone el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, los gobernadores del PJ advirtieron, con tonadas y énfasis diversos, que no se someterán dócilmente a los recortes resueltos en la Casa Rosada. Ni de peronismo hablamos: apenas es defensa propia.
 
Aunque, lo real es que la oposición hoy está entre la espada y la pared, ya que si se opone y no aprueba el proyecto 2019, el gobierno de Macri amenaza seguir con el presupuesto 2018, que perjudicará notablemente a las provincias. Por ello, un grupo de gobernadores justicialistas está preparando una propuesta alternativa.
 
En el interior del país, a Horacio Rodríguez Larreta lo llaman irónicamente "el príncipe de Dubai". Grafican de ese modo la riqueza presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires en comparación con las provincias argentinas. Con esa mezcla de humor e intencionalidad política, argumentan que la Capital Federal debe absorber una parte significativa del ajuste que pretende el Gobierno de los CEOs.
 
La mira de los gobernadores y legisladores del interior está enfocada de ese modo no sólo por la histórica demanda federal frente al centralismo porteño, sino también porque la Capital es el distrito de origen del macrismo, su base política. De ahí que se considere que si Macri reclama un fuerte recorte de gastos, entonces el achique "debe empezar por casa".  Y la casa del PRO es Buenos Aires.
 
En números, la pretensión de los gobernadores del interior -un bloque más o menos homogéneo con el que negocia la Casa Rosada- es que la Capital y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de al menos $80.000 millones de los $150.000 millones de ajuste que reclama Macri a las provincias. Una suma idéntica correría por cuenta de la Nación.
 
Vidal y Larreta se enfrentan, en este marco, a una fuerte presión política para que la Nación les traspase las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, y la de aguas Aysa. Además están los $70.000 millones que el año pasado destinó el Estado nacional a subsidios al transporte público -colectivos, trenes-, $ 66.000 millones se aplicaron al área metropolitana de Buenos Aires. La consecuencia es notoria: las tarifas son más caras en el interior del país.
 
Por otra parte, la idea de Macri es que las provincias utilicen créditos de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, para hacer las obras que no financiará más el Gobierno Nacional. Para cortar cintas durante el año electoral habrá que endeudarse. La cuestión es que el aval debe darlo la Nación. Además, se les pedirá a los gobernadores que financien temas que hoy se ejecutan con fondos nacionales, como el pago del Incentivo docente y programas de salud.
 
En resumen, ¿qué implicaría para las provincias acompañar el ajuste del FMI? En principio, recortar el gasto salarial y de bienes y servicios hasta el 1,2% del PBI. Y adaptarse a un tope de aumento de sólo el 8% para los empleados públicos en 2019.
 
La Opinión Popular

16-07-2018 / 17:07
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