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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“El voto electrónico está retrocediendo en todo el mundo porque se puede hackear; Alemania y Holanda lo están dejando atrás. No garantiza la seguridad del sufragio”. Jorge Taiana
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Sociedad e Interés General - 09-08-2017 / 07:08
EFEMÉRIDES POPULARES

Roque Sáenz Peña, el autor de la ley electoral que puso fin a décadas de fraude y exclusión

Roque Sáenz Peña, el autor de la ley electoral que puso fin a décadas de fraude y exclusión
Presidente Roque Sáenz Peña.
El 09 de agosto de 1914, en Buenos Aires, muere Roque Sáenz Peña. Fue un abogado y político argentino, combatiente voluntario del ejército del Perú en la Guerra del Pacífico y Presidente argentino.
 
En febrero de 1905, estalló una revolución radical en distintos puntos del país. La revuelta fue derrotada pero las demandas radicales de limpieza electoral y de un marco jurídico claro y justo siguieron vigentes.
 
Sáenz Peña fue Presidente de la Nación Argentina en 1910 por el sector modernista del Partido Autonomista Nacional, en el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta, y promulgó de la Ley Sáenz Peña o Ley 8.871 que instauró en Argentina el voto universal, secreto y obligatorio. Aunque aún distaba de ser completamente universal: las mujeres​ y los extranjeros -que por entonces eran una gran parte de la sociedad- aún no tenían derecho a voto.
 
El fin del voto cantado y el fraude electoral significó un notable avance hacia la democracia en Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras que habían sido marginadas del sistema por los gobiernos conservadores.
 
La Opinión Popular

 
Sáenz Peña era un demócrata; pensaba que, libre de los políticos profesionales, el pueblo iba a elegir a los mejores para su gobierno. También estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que -alejados de la política- los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo.
 
Por último, temía que la enorme proporción de población extranjera, que no participaba de ningún modo en la política, pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer como un cuerpo extraño en la sociedad. Por todas estas razones apoyó la reforma política basada en el voto universal y libre.
 
Dados los antecedentes de presión sobre los votantes -que votaban en voz alta- la única posibilidad de libertad electoral era el sufragio secreto, por medio de boletas escritas en sobres cerrados. Y para asegurarse que nadie fuera impedido de concurrir a votar, lo hizo también universal y obligatorio. Como padrón electoral se utilizaría el padrón militar.​ Por otro lado, la participación de la población en las elecciones era bajísima, superando apenas el 20% de los electores potenciales.
 
Sáenz Peña presentó el proyecto en el Congreso con estas palabras: "He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar."
 
El encargado de diseñar el proyecto y defenderlo en el Congreso fue el Ministro del Interior, el católico Indalecio Gómez. Debió enfrentar la dura resistencia de los diputados conservadores, cuyos privilegios se veían claramente amenazados por la reforma, y que desconocían otra forma de hacer política. Así, muchos legisladores de los sectores conservadores, aún no oponiéndose abiertamente, obstaculizan la reforma. Tras un mes de discusión en la Cámara de Diputados y una semana en el Senado, la Ley Sáenz Peña fue aprobada y promulgada el 13 de febrero de 1912.
 
La ley fue un gran avance en su tiempo ya que permitía a grandes masas poblacionales participar del acto electoral, aunque aún distaba de ser completamente universal: las mujeres​ y los extranjeros -que por entonces eran una gran parte de la sociedad- aún no tenían derecho a voto. Aunque no votaban, en cambio eran tenidos en cuenta al determinar la población de los distritos y la cantidad de diputados que podían elegirse por cada uno.
 
La primera prueba de la Ley en funcionamiento fue en una elección provincial: la Provincia de Santa Fe fue intervenida por el gobierno, que ordenó celebrar las elecciones de gobernador de acuerdo con la Ley Sáenz Peña; la UCR abandonó el abstencionismo y participó, logrando la victoria. Poco después obtenía una nueva victoria en las elecciones de diputados en la Ciudad de Buenos Aires, en unas elecciones en que la participación popular ascendió al 62.85% del padrón electoral; en las mismas también obtuvo un notable crecimiento el Partido Socialista.
 
Fuente: Wikipedia
 

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17-08-2017 / 19:08
Oscar Alfredo Gálvez nació en Caballito el 17 de agosto de 1913. Fue Campeón en Turismo de Carretera y en Pista (en 1947 y 1948); y en TC en 1953, 1954 y 1961. Adhirio fervorosamente al peronismo.
 
Escribió parte de la historia del automovilismo argentino, junto con su hermano Juan, y el menor Roberto, aunque éste último sólo asomó a este deporte. Hijos de una familia porteña, en que el padre era mecánico, desde chicos sintieron su pasión por los fierros, lo que hizo que Oscar se sintiera "mecánico", y dejara la escuela primaria, después de intentar tres veces cursar el 4º grado.
 
Los hermanos Gálvez fabricaban sus propios autos, rígidos, duros, cuadrados, pesados, prepararon el auto para que Oscar corriera en 1937 las Mil Millas Argentinas, y Juan logró acompañarlo, modificando su documento, pues era todavía menor de edad, y el anecdotario señala que perdieron el segundo puesto por perder tiempo en cambiar la correa que ataba el capot (que se cortaba por ser un cinturón común de pantalones).
 
En 1939 participaron en el Gran Premio Getulio Vargas, en que los Gálvez rompieron el diferencial, lo ataron con alambre y continuaron, pero sobre el final volcaron, se reacomodaron y llegaron segundos, atrás de Juan Manuel Fangio.
 
En 1940 tuvieron un tremendo vuelco al caer a un precipicio, y decidieron comenzar a usar casco. Oscar -lo que son las épocas- consiguió uno de paracaidista y Juan otro de los que usan en los tanques de guerra.  Esos eran los tiempos con anécdotas pintorescas de los pioneros de esta actividad.
 
La Opinión Popular

16-08-2017 / 21:08
16-08-2017 / 21:08
16-08-2017 / 21:08

El 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer (Francia), moría José Francisco de San Martín, un revolucionario americano, que fue un convencido impulsor de la liberación de la Patria Grande. Sus campañas militares fueron un aporte importante a la insurrección contra la colonización hispánica y decisivas para conseguir la Independencia Americana.

En 1816, año en que se concretó nuestra Independencia Nacional, San Martín era el patriota más esclarecido, desde el punto de vista político tanto como del militar, en el Río de la Plata, y conducía los sucesos en función de su estrategia para vencer al colonialismo español en toda América. 
 
En su proyecto para declarar la Independencia, San Martín se impuso militarmente a los españoles y políticamente a aquellos sectores vinculados a la elite de Buenos Aires que ya estaban negociando, tanto con España como con Inglaterra, una nueva dependencia para la Argentina. Esto no se lo perdonaron nunca los unitarios porteños y el Libertador se tiene que ir de nuestra Patria en 1824, perseguido por Rivadavia, y amenazado de muerte.

Desde su Cuartel General de Mendoza, el 4 de septiembre de 1816, nos dejaba una enseñanza siempre vigente: "La Patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los criminales. La Patria no es abrigadora de crímenes". 

Hoy como ayer, la alternativa histórica es entre independencia económica o subdesarrollo y miseria, lo que implica optar entre un país dependiente o luchar por una nación justa, libre y soberana. Por eso, nuestra historia es la conjunción de triunfos y derrotas, de avances y de retrocesos en el camino hacia la liberación nacional. Y por eso, nuestra tradición política es hija de la lucha por la emancipación nacional, que se origina en las más antiguas raíces de la Patria.
 
José de San Martín, el ejemplo más claro a seguir, nos señaló: "Seamos Libres, lo demás no importa nada. Juremos no dejar las armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas, como hombres de coraje". 

Escribe: Blas García

13-08-2017 / 18:08
El Juicio a las Juntas fue el proceso judicial realizado por la justicia civil (por oposición a la justicia militar) en la Argentina en 1985 por orden del presidente Raúl Ricardo Alfonsíncontra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese período.
 
En diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Alfonsín sancionó el decreto 158 por el cual ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas militares.
 
El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a sus criminales. Jorge Rafael Videla Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución. Los demás acusados fueron destituidos de sus cargos.
 
Este juicio, muy importante en la historia mundial, tuvo un alto impacto, tanto político como psicológico, y una trascendencia que puso al presidente Raúl Alfonsín a la vanguardia de su época en derechos humanos.
 
El 14 de agosto de 1998, bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem, los jueces de las más altas instancias deciden "dar carpetazo" (clausurar) a las investigaciones sobre los desaparecidos durante la dictadura. Volverán a abrirse recién durante el Gobierno de Néstor Kirchner.
 
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