Una corrosiva cadena en contra de los consumos de los productos de Pepsico envenenando las redes sociales. Trenes conurbanos bloqueados y el centro de la Ciudad de Buenos Aires enloquecido por sindicalistas que adherían a la protesta. La CGT acelerando el llamado a un paro nacional para que no se repita 'el caso Pepsico'. Políticos en campaña circulando alrededor de la planta (más otros desde sus hogares vía Twitter) buscando votos.
 
Una relación con el Gobierno (que entre otras cosas deben autorizarle las importaciones con que se reemplazará parte de lo producido en Florida) absolutamente rota. Y, lo peor, un costo indemnizatorio de más del doble de lo normal, con el costo financiero que esto tendrá para las arcas de la compañía. Seguramente, al tomarse la decisión en Estados Unidos, no se previó que desde Buenos Aires la crisis se manejaría de esta manera.
 
Para colmo, luego del brutal desalojo, la Justicia otorgó un amparo a un grupo de empleados porque la compañía no cumplió con el "procedimiento preventivo de crisis". Le impuso una sanción de 5 mil pesos diarios en caso de que no cumpla con el fallo.
 
La Opinión Popular
'/> La Cámara del Trabajo le ordenó a Pepsi que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos / La Opinión Popular
La Opinión Popular
                  21:56  |  Sábado 20 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Es falso que si los combustibles aumentan en el mercado internacional tienen que hacerlo en el país. El petróleo que consumimos se extrae y se comercializa en la Argentina y debe estar atado a nuestros propios costos”. Pino Solanas
Recomendar Imprimir
Nacionales - 15-07-2017 / 11:07
UNA EMPRESA QUE ESTÁ AL MARGEN DE LA LEY

La Cámara del Trabajo le ordenó a Pepsi que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos

La Cámara del Trabajo le ordenó a Pepsi que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos
Brutal desalojo.
"No podemos ser tan boludos", se lamentaba uno de los responsables de la empresa PepsiCo en estrictísimo off the record, que reflexionaba sobre el terreno devastado sobre el que la compañía debe comenzar a trabajar desde hoy.
 
La planta finalmente tomada por 'los troskos', liberada vía gases lacrimógenos. Una corrosiva cadena en contra de los consumos de los productos de Pepsico envenenando las redes sociales. Trenes conurbanos bloqueados y el centro de la Ciudad de Buenos Aires enloquecido por sindicalistas que adherían a la protesta. La CGT acelerando el llamado a un paro nacional para que no se repita 'el caso Pepsico'. Políticos en campaña circulando alrededor de la planta (más otros desde sus hogares vía Twitter) buscando votos.
 
Una relación con el Gobierno (que entre otras cosas deben autorizarle las importaciones con que se reemplazará parte de lo producido en Florida) absolutamente rota. Y, lo peor, un costo indemnizatorio de más del doble de lo normal, con el costo financiero que esto tendrá para las arcas de la compañía. Seguramente, al tomarse la decisión en Estados Unidos, no se previó que desde Buenos Aires la crisis se manejaría de esta manera.
 
Para colmo, luego del brutal desalojo, la Justicia otorgó un amparo a un grupo de empleados porque la compañía no cumplió con el "procedimiento preventivo de crisis". Le impuso una sanción de 5 mil pesos diarios en caso de que no cumpla con el fallo.
 
La Opinión Popular

 
Un fallo de la Cámara del Trabajo le ordenó a la empresa PepsiCo que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos por el cierre de su fábrica en Florida
 
La sala sexta del tribunal concedió una medida cautelar con el argumento de que la empresa no podía despedir a nadie porque no había cumplido con en el llamado "procedimiento preventivo de crisis", una instancia que tramita en el Ministerio de Trabajo que obliga a la compañía a demostrar que sufre una crisis económica y a ofrecer una propuesta a los trabajadores. Ni PepsiCo avanzó en ese proceso ni el ministerio la intimó a hacerlo.
 
En una conferencia de prensa, los despedidos de PepsiCo señalaron que la decisión judicial demuestra que el brutal operativo de desalojo con agentes de Gendarmería y de la policía bonaerense "se podía haber evitado", y que era cuestión de esperar a que evolucionaran las demandas en los tribunales del trabajo, pero que quedó en evidencia -marcaron- la "voluntad de represión que tiene el Gobierno". La resolución advierte que "por cada día de demora" se le aplicará a la firma una "sanción conminatoria" de 5000 pesos. "Debe reabrir y cumplir el fallo judicial", advirtió Edgardo Moyano, uno de los abogados.
 
"Los trabajadores accionantes tienen derecho a mantener su relación de trabajo", definieron los jueces Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo. Es obligatorio que antes de medidas de suspensión o despido de trabajadores las empresas hagan el "procedimiento de crisis". Pero el tribunal señaló que "no surgen elementos" de que se haya hecho ese trámite, que prevé presentaciones, justificación de la situación de la empresa, audiencias y propuestas a sus empleados.
 
Recuerda, por ejemplo, que la presentación inicial de la empresa "debe como mínimo, explicitar las medidas que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos". Pero como nada de eso pasó "los trabajadores están en su derecho de exigir ocupación efectiva de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y por los pactos internacionales que dan enorme tratamiento al derecho al trabajo, que es un derecho humano fundamental (...) la empresa no puede despedir sin el procedimiento de crisis", explicó Raffaghelli, en una entrevista en La Inmensa Minoría, en Radio Con Vos.
 
"Es absolutamente llamativo que en un procedimiento de crisis, que es una herramienta que contempla la ley  para empresas que realmente entren en crisis, haya tenido el desenlace que todos conocemos", dijo. "Nos parece que el derecho al trabajo tiene una jerarquía valorativa superior al derecho de propiedad de la empresa", agregó.
 
El juez Raffaghelli explicó que la Cámara no resolvió nada con anterioridad porque el expediente recién llegó a ese tribunal el miércoles de esta semana. Anteayer, el día del desalojo, firmaron la medida cautelar. Una jueza de primera instancia antes la había rechazado. Este planteo tiene efecto para diez trabajadores. Hay otras presentaciones en pleno trámite en otros juzgados.
 
Los despedidos de PepsiCo son cerca de 600. Se enteraron de su situación de la noche a la mañana, el 20 de julio, por un cartel pegado en la puerta de la fábrica en Vicente López que anunciaba el "cese de operaciones" y que los "libraba de brindar servicio".
 
El cierre de la planta -que producía papas fritas, Doritos, Cheetos y maníes entre otros populares snacks- ocurre en medio de la caída de la actividad industrial, la apertura a la importación y el crecimiento del desempleo.
 
A partir de ese momento, los trabajadores hicieron vigilias, protestas y algunos iniciaron acciones judiciales. Hubo un pedido en el juzgado federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado para que se declare el lock-out patronal, que es un delito. La fiscalía de Matías Di Lello pidió algunas medidas, aún en trámite.
 
Por otro lado, cuando los operarios ingresaron a la fábrica una semana después de los despidos, la empresa hizo una denuncia penal por usurpación y por un supuesto peligro ambiental debido a que dejó de funcionar la planta de efluentes.
 
En el ínterin, "algo más de 400 trabajadores aceptaron indemnizaciones, aunque cerca de un centenar de ellos firmaron una carta en la que dicen que aceptaron ese pago bajo extorsión porque les advertían que de lo contrario corrían riesgo de cobrar mucho menos; nosotros denunciamos un cierre ilícito, los obligaron a negociar una indemnización", explicó Myriam Bregman, referente del PTS, quien acompaña el reclamo de los trabajadores de PepsiCo.
 
También desmintió tajantemente que haya empleados reubicados, una versión que circuló debido a que la empresa también tiene una planta en Mar del Plata y porque fue una opción que mencionó el titular del Sindicato de Trabajadores de la industria de la Alimentación, Rodolfo Daer.
 
"El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad ...", dice un tramo del fallo.
 
"En definitiva, cabe recordar que al tener trabajo el ser humano ES pues como bellamente se ha dicho ´Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure´ (de pleno derecho)", agrega la sentencia de los jueces. En la parte final le ordena PepsiCo cumplir con el "deber de ocupación" en relación a diez personas "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de 5000 pesos por cada día de demora".
 
En una conferencia de prensa de los trabajadores de PepsiCo en el Congreso, el delegado Camilo Mones dijo que de acuerdo al fallo "teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión de ayer (por el jueves) también lo era".
 
"Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, que era un problema de orden laboral, que la empresa hacía lock out y que estaba en la ilegalidad, pero ellos no nos escucharon, no nos dejaron ser parte del expediente ni verlo ni hacer presentaciones, ni siquiera nos aceptaron una entrevista y nos mandaron cientos de policías y gendarmes. Se ve ahora más claramente que fueron los gobiernos de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal los que dispusieron que la represión se efectivice", agregó.
 
La orden de desalojo fue de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty en función de un pedido del fiscal Gastón Larramendi a favor de la empresa. "El fiscal pidió un desalojo porque según él la empresa contamina y en vez de procesar a los que supuestamente contaminan reprimió a los trabajadores para devolver la fábrica a los empresarios que contaminan", señaló Edgardo Moyano, abogado de los obreros.
 
"La empresa debió demostrar que tuvo una crisis económica durante los últimos tres años y presentar una propuesta para los trabajadores. No es que puede despedir cuando quiere porque quiere. Debe decir de qué manera va a proteger el derecho fundamental al trabajo. Hasta ahora tampoco dijo, por ejemplo, qué es lo que va a hacer con la planta de Florida, que es de su propiedad. No dijo si la va a vender. Hay posibilidad de que sea, por ejemplo, un centro logístico y a quienes no aceptaron la indemnización se los podría asignar a una nueva actividad. Esa es una empresa que tiene muchas  variables, no es un kiosco ni una pequeña empresa", explicó Moyano a PáginaI12.
 
Raffaghelli sostuvo que "no es un derecho absoluto" el de una empresa a cerrar de la noche a la mañana porque no le parece rentable. "Es una posibilidad, la empresa tiene una finalidad social y la propiedad también. El derecho debe ser ejercido razonablemente. Con ese criterio cualquier deja en la calle a miles de personas. No es así. Para eso el Estado debe cuidar la equidad social y la justicia social". 
 
El abogado Moyano insistió: "El Ministerio de Trabajo también está en falta porque debió intimar a la empresa primero a que deje sin efecto la medida del cierre y de tareas a los trabajadores porque así lo establece el artículo 6 del decreto 265/2002. Tampoco respondieron nuestros reclamos para que avance el procedimiento de crisis". "Ahora la empresa debe reabrir y cumplir el fallo judicial. Ayer (por el jueves) vimos que para hacer cumplir la medida de desalojo el Estado puso a disposición un operativo de millones de pesos. Se les pegó a los trabajadores y periodistas, para hacer cumplir una media cautelar penal. Esta es una medida cautelar laboral que debe cumplirse. Si no la cumplen -concluyó- es que solo están parados en favor de la empresa".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
20-01-2018 / 17:01
Los referentes legislativos de Cambiemos retornaron de sus vacaciones esta semana y volvieron a las playas con una certeza: será difícil dar grandes batallas en el Congreso este año, tras la traumática sanción de la reforma previsional.
 
"Sólo tendremos leyes con debates abiertos y participativos", fue la consigna que los diputados Emilio Monzó y Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Federico Pinedo le comunicaron a sus pocos pares que atendían el martes. Venían de escucharla en la Casa Rosada, en la primera reunión de gabinete ampliada del año. La próxima será en un mes, ya en el retiro espiritual de Chapadmalal.
 
Entretanto, Mauricio Macri echó leña al fuego con nuevos DNUs que enfurecieron al peronismo dialoguista, mote asignado a los bloques referenciados en los gobernadores que le ayudaron estos años a tener leyes, aunque no tanto como él hubiera querido.
 
Desde sus casas o sus remansos vacacionales, los peronistas no K cruzaron llamadas que derivaron en un comunicado del Bloque Justicialista en contra del megadecreto de reforma del Estado. Ya hablan de una mini cumbre informal en Salta, donde trabaja full time Pablo Kosiner, jefe del BJ, artífice de los avatares de la reforma previsional en Diputados.
 
Macri quiere que los legisladores no sean protagonistas y sólo debatan leyes con amplios consensos y sin riesgos. Y está dispuesto a resolver los temas cruciales por decreto. En Cambiemos admiten que Mauri no se acostumbró a la negociación permanente y prefiere ignorarlos todo lo posible.

20-01-2018 / 11:01
Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" del presidente Mauricio Macri, vendió la empresa emblema de la familia al Grupo TGLT, propiedad de Federico Weil.
 
En medio de denuncias por preferencias en la polémica adjudicación de obras públicas por parte del gobierno de Cambiemos a Caputo, el blanqueo de 26,5 millones de dólares que realizó el año pasado y luego de haber capitalizado en dos años la empresa en cinco veces su valor, "Nicky" Caputo y el resto de los socios familiares se aleja del negocio de la construcción cediendo en total el 82,32 por ciento en la constructora a otro empresario cercano a Cambiemos.
 
Se trata del vicepresidente de TGLT, Darío Lizzano, quien a través de su fondo de inversión es socio en Genneia de la familia Brito, que se quedó con un parque eólico que tenía en su poder Socma y derivó en una denuncia penal contra Macri.
 
El empresario Nicolás Caputo es el quinto empresario que más ganó en lo que va de la era Macri. Primo hermano del actual Ministro de Finanzas Luis Caputo y amigo íntimo del presidente Macri, su negocio creció sostenidamente en los últimos diez años con obras en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. La capitalización de la firma se disparó con su amigo del alma en la Jefatura de CABA, primero, y en la Presidencia, después.
 
Con la victoria en ballotage de Macri para presidir la Nación, las acciones de Caputo subieron muy fuerte. De los 6,70 pesos que valían en octubre de 2015 pasaron a 33,90 el mismo mes del año pasado, con un alza de 405,9 por ciento.
 
Desde la asunción de Macri como presidente, Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (SAICF) registró una ganancia neta de 143,8 millones de pesos. Pero las denuncias en los últimos dos años de gestión del macrismo no se circunscribieron sólo a ser beneficiado por la obra pública licitada sino que se suma el hecho de haber sido parte del clan presidencial que aprovechó el programa de Sinceramiento Fiscal que lanzó el Gobierno con destino a contribuyentes para blanquear 465 millones de pesos, equivalente a 26,5 millones de dólares.
 
El "hermano de la vida" de Mauricio decidió entonces vender su empresa, en una operación por u$s 109 millones.
 
La Opinión Popular

20-01-2018 / 10:01
Apocalypse now a vuelo de helicóptero con fondo de Simpatía por el diablo, de los Stones. Explosiones y voladuras: la nafta argentina ya es la segunda más cara de la región, sólo detrás de Uruguay, que está entre los diez países del mundo que la tienen más cara. En Estados Unidos está a la mitad. Desde que subió Mauricio Macri subió el cien por ciento.
 
Llamaradas de napalm: con los últimos aumentos del 70 por ciento que se aplicarán entre enero y abril, la electricidad argentina estará entre las diez más caras del mundo y siguen los cortes de luz peor que antes.
 
Incendios y demoliciones: cuando se termine de aplicar el cien por ciento de aumento al transporte público, estará entre los 20 más caros del mundo. En los países donde las tarifas son similares o más caras que en Argentina, el salario promedio es el doble o el triple que aquí.
 
Granadas y metralla, obuses y trazadoras: hay que sumar el 40 por ciento de aumento al gas y el 70 por ciento a los peajes bonaerenses. Los precios se disparan y anuncian paritarias con techo-zócalo del 15 por ciento y sin cláusula gatillo.
 
Dirán que es exagerado pero que le vayan a preguntar a una familia de ingresos medianos o bajos. Es lo más parecido al Infierno, sufrimiento que provocó Cambiemos con los votos que logró en 2015 y en octubre de 2017, muchos de los cuales provinieron de sectores como maestras y jubilados que se erigieron así en artífices de su propia condenación arrastrando al resto de la sociedad.
 
Atenuante: para no espantar ese voto, Cambiemos posdató los aumentos para después de las elecciones de medio término y recién ahora empiezan a sentirse los mordiscones en el salario.
 
Las maestras que votaron a Cambiemos reciben ahora la noticia de que Mauricio Macri anuló la paritaria nacional docente que establecía un piso en todo el país para las paritarias provinciales. Ese voto implicó pérdida de capacidad adquisitiva para sus salarios, pero también funcionó para desfinanciar a la educación pública.
 
Es el gobierno de los Ceos que se formaron en la educación privada que le está dando una clase a esas maestras de cómo se destruye a la educación pública que ellas integran.
 
Los numerosos jubilados que optaron por ese voto se anoticiaron -después de las elecciones- que habían facilitado el camino a Cambiemos para establecer la reforma previsional que modifica el índice de movilidad de sus jubilaciones, pensiones a discapacitados y ex combatientes de Malvinas y la AUH y por lo cual el aumento será menos del que recibían antes.
 
O sea que votaron para que les bajen la cantidad de lo que reciben a fin de mes. Pero la reforma facilitada por sus votos implica también el desfinanciamiento de la ANSES, una condena a mediano plazo. Con los quites legislados, se calcula que para 2022, el sistema tendrá pérdida, dejará de ser autosustentable.

19-01-2018 / 11:01
La compra de dólares para atesoramiento fue el elemento principal de la salida de divisas en 2017. El balance cambiario que entregó ayer el Banco Central indica que el año pasado se registraron compras de moneda extranjera por 47.931 millones de dólares brutos y 22.148 millones en términos netos, es decir, descontando las ventas de billetes en el mercado interno.
 
El documento precisa que en diciembre se perdieron 5515 millones de dólares brutos por compras del sector privado y la fuga fue de 2737 millones en números netos. Se trata de los niveles de fuga más elevados desde agosto de 2009, cuando estalló la crisis financiera internacional.
 
El mes pasado hubo más de un millón de personas (1.040.000) que compraron dólares, cuando en meses anteriores la cantidad de clientes era cercana a los 800.000. El 96 por ciento de los que compraron fueron clientes minoristas.
 
Estos datos ponen en evidencia las consecuencias de la apertura comercial. La industria, por las importaciones, registra un nivel cada vez más deficitario, mientras que los sectores dedicados a la exportación de materias primas siguen siendo los únicos con saldo favorable de comercio. La economía se reprimariza, pierde empleo y capacidad de producir.
 
Las inversiones extranjeras directas sumaron 299 millones de dólares en diciembre y acumularon 2497 millones en el año. La cifra resulta muy baja cuando se la compara contra el ingreso de inversiones de portafolio, que en lugar de tener fines productivos se destina a comprar instrumentos financieros de corto plazo como las Lebac.
 
Este rubro registró una entrada de 1208 millones de dólares el mes pasado y de 15.783 millones en el acumulado del 2017. Esto implica que el país registró la llegada de unas 6 veces más capitales para especular que para invertir en la economía real.
 
En lo que refiere al giro de utilidades, en diciembre las multinacionales enviaron a sus casas matrices 283 millones de dólares y acumularon envíos por 2125 millones en el año. Se trata de otra fuente de pérdida de divisas de la economía local, en la cual se observa una de las fugas de capitales más elevadas en 30 años.
 
Esto se debe a las medidas de desregulación financiera que se tomaron a lo largo del año pasado, para permitirle a distintos sectores comprar moneda en forma ilimitada, entrar y sacar dólares del mercado interno sin tiempos prudenciales y autorizar a los exportadores a dejar de liquidar sus ventas en el país.
 
Por el momento este rojo externo se compensa con un fuerte endeudamiento, que supera los 30 mil millones de dólares.

19-01-2018 / 10:01
Como en sus mejores tiempos, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo juntaron a sindicalistas afines en Mar del Plata y emitieron un duro documento contra el gobierno de Mauricio Macri, que llevarán a sus pares en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo de la CGT, prevista para febrero.
 
"Hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es el resultado de los dos primeros años de Macri", según una frase del documento que se titula la "Declaración de Mar del Plata", en el que los sindicalistas reclaman derogar la reforma previsional, cajonear la laboral, que las paritarias no tengan tope del 15% y eliminar los decretos de Macri.
 
Apuntaron contra el fin de la inembargabilidad de los salarios y la habilitación a crear fideicomisos con Anses ("no queremos timba financiera con plata de jubilados"), que forma parte del megadecreto de Macri. También cuestionaron la anulación de la paritaria docente, por otro decreto.
 
En esta convocatoria se defendieron de la campaña antisindical del Gobierno y buscaron frenar la receta de Cambiemos de "meter en cana" a sindicalistas en momentos críticos u oportunos, en un contexto en el que la imagen del Gobierno decae por despidos, represión o revisión del plan económico. Todos aspectos de la realidad que buscan tapar o disimular en lo posible.
 
El objetivo es mostrar a los dirigentes sindicales hasta dónde puede llegar el Gobierno. Lo que se busca con este accionar es intimidar a los gremios para frenar las protestas que renacen en la Argentina ante el cierre de empresas, que ha llevado a una creciente desocupación. Se advierte también una campaña destinada a ponerle un freno a las paritarias, a los fines de contener una inflación creciente no resuelta por las autoridades económicas.
 
Dirigentes sindicales con las manos sucias hay unos cuantos. Si han cometido un delito o irregularidad en el manejo de sus sindicatos, el mismo debe ser sometido a los dictámenes de la Justicia, pero eso no significa que se pueda aprovechar esto para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, los cuales se alcanzaron a través de décadas de lucha y muchas vidas.
 
El sindicalismo combativo sostiene que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Macri no hace más que cercenar derechos consagrados de los trabajadores, y que lo que intenta el oficialismo es copiar el modelo chino o el de la India, donde los trabajadores están sometidos a un régimen de semiesclavitud y con nula representación gremial.
 
Si se impone el régimen laboral macrista, quienes terminarán siendo ganadores son los grandes grupos empresarios, y los que acaban perdiendo serán los trabajadores, que verán disminuir sus derechos y sus salarios en forma significativa ante la mirada complaciente del gobierno de Macri hacia las desmesuradas pretensiones empresariales.
 
La Opinión Popular

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar