Una corrosiva cadena en contra de los consumos de los productos de Pepsico envenenando las redes sociales. Trenes conurbanos bloqueados y el centro de la Ciudad de Buenos Aires enloquecido por sindicalistas que adherían a la protesta. La CGT acelerando el llamado a un paro nacional para que no se repita 'el caso Pepsico'. Políticos en campaña circulando alrededor de la planta (más otros desde sus hogares vía Twitter) buscando votos.
 
Una relación con el Gobierno (que entre otras cosas deben autorizarle las importaciones con que se reemplazará parte de lo producido en Florida) absolutamente rota. Y, lo peor, un costo indemnizatorio de más del doble de lo normal, con el costo financiero que esto tendrá para las arcas de la compañía. Seguramente, al tomarse la decisión en Estados Unidos, no se previó que desde Buenos Aires la crisis se manejaría de esta manera.
 
Para colmo, luego del brutal desalojo, la Justicia otorgó un amparo a un grupo de empleados porque la compañía no cumplió con el "procedimiento preventivo de crisis". Le impuso una sanción de 5 mil pesos diarios en caso de que no cumpla con el fallo.
 
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                  08:28  |  Jueves 19 de Julio de 2013  |  Entre Ríos
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“Quienes votaron a Macri aceptaron sacrificarse hoy para estar mejor mañana, pero están cada vez más descreídos. Ahora, lo que va a quedar va a ser peor que lo que dejó Menem”. Beatriz Sarlo
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Nacionales - 15-07-2017 / 11:07
UNA EMPRESA QUE ESTÁ AL MARGEN DE LA LEY

La Cámara del Trabajo le ordenó a Pepsi que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos

La Cámara del Trabajo le ordenó a Pepsi que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos
Brutal desalojo.
"No podemos ser tan boludos", se lamentaba uno de los responsables de la empresa PepsiCo en estrictísimo off the record, que reflexionaba sobre el terreno devastado sobre el que la compañía debe comenzar a trabajar desde hoy.
 
La planta finalmente tomada por 'los troskos', liberada vía gases lacrimógenos. Una corrosiva cadena en contra de los consumos de los productos de Pepsico envenenando las redes sociales. Trenes conurbanos bloqueados y el centro de la Ciudad de Buenos Aires enloquecido por sindicalistas que adherían a la protesta. La CGT acelerando el llamado a un paro nacional para que no se repita 'el caso Pepsico'. Políticos en campaña circulando alrededor de la planta (más otros desde sus hogares vía Twitter) buscando votos.
 
Una relación con el Gobierno (que entre otras cosas deben autorizarle las importaciones con que se reemplazará parte de lo producido en Florida) absolutamente rota. Y, lo peor, un costo indemnizatorio de más del doble de lo normal, con el costo financiero que esto tendrá para las arcas de la compañía. Seguramente, al tomarse la decisión en Estados Unidos, no se previó que desde Buenos Aires la crisis se manejaría de esta manera.
 
Para colmo, luego del brutal desalojo, la Justicia otorgó un amparo a un grupo de empleados porque la compañía no cumplió con el "procedimiento preventivo de crisis". Le impuso una sanción de 5 mil pesos diarios en caso de que no cumpla con el fallo.
 
La Opinión Popular

 
Un fallo de la Cámara del Trabajo le ordenó a la empresa PepsiCo que reincorpore a diez de los trabajadores que fueron despedidos por el cierre de su fábrica en Florida
 
La sala sexta del tribunal concedió una medida cautelar con el argumento de que la empresa no podía despedir a nadie porque no había cumplido con en el llamado "procedimiento preventivo de crisis", una instancia que tramita en el Ministerio de Trabajo que obliga a la compañía a demostrar que sufre una crisis económica y a ofrecer una propuesta a los trabajadores. Ni PepsiCo avanzó en ese proceso ni el ministerio la intimó a hacerlo.
 
En una conferencia de prensa, los despedidos de PepsiCo señalaron que la decisión judicial demuestra que el brutal operativo de desalojo con agentes de Gendarmería y de la policía bonaerense "se podía haber evitado", y que era cuestión de esperar a que evolucionaran las demandas en los tribunales del trabajo, pero que quedó en evidencia -marcaron- la "voluntad de represión que tiene el Gobierno". La resolución advierte que "por cada día de demora" se le aplicará a la firma una "sanción conminatoria" de 5000 pesos. "Debe reabrir y cumplir el fallo judicial", advirtió Edgardo Moyano, uno de los abogados.
 
"Los trabajadores accionantes tienen derecho a mantener su relación de trabajo", definieron los jueces Luis Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo. Es obligatorio que antes de medidas de suspensión o despido de trabajadores las empresas hagan el "procedimiento de crisis". Pero el tribunal señaló que "no surgen elementos" de que se haya hecho ese trámite, que prevé presentaciones, justificación de la situación de la empresa, audiencias y propuestas a sus empleados.
 
Recuerda, por ejemplo, que la presentación inicial de la empresa "debe como mínimo, explicitar las medidas que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos". Pero como nada de eso pasó "los trabajadores están en su derecho de exigir ocupación efectiva de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y por los pactos internacionales que dan enorme tratamiento al derecho al trabajo, que es un derecho humano fundamental (...) la empresa no puede despedir sin el procedimiento de crisis", explicó Raffaghelli, en una entrevista en La Inmensa Minoría, en Radio Con Vos.
 
"Es absolutamente llamativo que en un procedimiento de crisis, que es una herramienta que contempla la ley  para empresas que realmente entren en crisis, haya tenido el desenlace que todos conocemos", dijo. "Nos parece que el derecho al trabajo tiene una jerarquía valorativa superior al derecho de propiedad de la empresa", agregó.
 
El juez Raffaghelli explicó que la Cámara no resolvió nada con anterioridad porque el expediente recién llegó a ese tribunal el miércoles de esta semana. Anteayer, el día del desalojo, firmaron la medida cautelar. Una jueza de primera instancia antes la había rechazado. Este planteo tiene efecto para diez trabajadores. Hay otras presentaciones en pleno trámite en otros juzgados.
 
Los despedidos de PepsiCo son cerca de 600. Se enteraron de su situación de la noche a la mañana, el 20 de julio, por un cartel pegado en la puerta de la fábrica en Vicente López que anunciaba el "cese de operaciones" y que los "libraba de brindar servicio".
 
El cierre de la planta -que producía papas fritas, Doritos, Cheetos y maníes entre otros populares snacks- ocurre en medio de la caída de la actividad industrial, la apertura a la importación y el crecimiento del desempleo.
 
A partir de ese momento, los trabajadores hicieron vigilias, protestas y algunos iniciaron acciones judiciales. Hubo un pedido en el juzgado federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado para que se declare el lock-out patronal, que es un delito. La fiscalía de Matías Di Lello pidió algunas medidas, aún en trámite.
 
Por otro lado, cuando los operarios ingresaron a la fábrica una semana después de los despidos, la empresa hizo una denuncia penal por usurpación y por un supuesto peligro ambiental debido a que dejó de funcionar la planta de efluentes.
 
En el ínterin, "algo más de 400 trabajadores aceptaron indemnizaciones, aunque cerca de un centenar de ellos firmaron una carta en la que dicen que aceptaron ese pago bajo extorsión porque les advertían que de lo contrario corrían riesgo de cobrar mucho menos; nosotros denunciamos un cierre ilícito, los obligaron a negociar una indemnización", explicó Myriam Bregman, referente del PTS, quien acompaña el reclamo de los trabajadores de PepsiCo.
 
También desmintió tajantemente que haya empleados reubicados, una versión que circuló debido a que la empresa también tiene una planta en Mar del Plata y porque fue una opción que mencionó el titular del Sindicato de Trabajadores de la industria de la Alimentación, Rodolfo Daer.
 
"El derecho al trabajo es un derecho esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad ...", dice un tramo del fallo.
 
"En definitiva, cabe recordar que al tener trabajo el ser humano ES pues como bellamente se ha dicho ´Quien no trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure´ (de pleno derecho)", agrega la sentencia de los jueces. En la parte final le ordena PepsiCo cumplir con el "deber de ocupación" en relación a diez personas "bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias a razón de 5000 pesos por cada día de demora".
 
En una conferencia de prensa de los trabajadores de PepsiCo en el Congreso, el delegado Camilo Mones dijo que de acuerdo al fallo "teníamos razón cuando decíamos que la empresa estaba en la ilegalidad y que la represión de ayer (por el jueves) también lo era".
 
"Esa violencia contra los trabajadores se podría haber evitado. Eso se lo habíamos dicho a la jueza y al fiscal, que era un problema de orden laboral, que la empresa hacía lock out y que estaba en la ilegalidad, pero ellos no nos escucharon, no nos dejaron ser parte del expediente ni verlo ni hacer presentaciones, ni siquiera nos aceptaron una entrevista y nos mandaron cientos de policías y gendarmes. Se ve ahora más claramente que fueron los gobiernos de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal los que dispusieron que la represión se efectivice", agregó.
 
La orden de desalojo fue de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty en función de un pedido del fiscal Gastón Larramendi a favor de la empresa. "El fiscal pidió un desalojo porque según él la empresa contamina y en vez de procesar a los que supuestamente contaminan reprimió a los trabajadores para devolver la fábrica a los empresarios que contaminan", señaló Edgardo Moyano, abogado de los obreros.
 
"La empresa debió demostrar que tuvo una crisis económica durante los últimos tres años y presentar una propuesta para los trabajadores. No es que puede despedir cuando quiere porque quiere. Debe decir de qué manera va a proteger el derecho fundamental al trabajo. Hasta ahora tampoco dijo, por ejemplo, qué es lo que va a hacer con la planta de Florida, que es de su propiedad. No dijo si la va a vender. Hay posibilidad de que sea, por ejemplo, un centro logístico y a quienes no aceptaron la indemnización se los podría asignar a una nueva actividad. Esa es una empresa que tiene muchas  variables, no es un kiosco ni una pequeña empresa", explicó Moyano a PáginaI12.
 
Raffaghelli sostuvo que "no es un derecho absoluto" el de una empresa a cerrar de la noche a la mañana porque no le parece rentable. "Es una posibilidad, la empresa tiene una finalidad social y la propiedad también. El derecho debe ser ejercido razonablemente. Con ese criterio cualquier deja en la calle a miles de personas. No es así. Para eso el Estado debe cuidar la equidad social y la justicia social". 
 
El abogado Moyano insistió: "El Ministerio de Trabajo también está en falta porque debió intimar a la empresa primero a que deje sin efecto la medida del cierre y de tareas a los trabajadores porque así lo establece el artículo 6 del decreto 265/2002. Tampoco respondieron nuestros reclamos para que avance el procedimiento de crisis". "Ahora la empresa debe reabrir y cumplir el fallo judicial. Ayer (por el jueves) vimos que para hacer cumplir la medida de desalojo el Estado puso a disposición un operativo de millones de pesos. Se les pegó a los trabajadores y periodistas, para hacer cumplir una media cautelar penal. Esta es una medida cautelar laboral que debe cumplirse. Si no la cumplen -concluyó- es que solo están parados en favor de la empresa".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2018 / 08:07
La afirmación de Mauricio Macri, previo a las PASO, de "llevar la inflación a menos del 10 % en sólo dos años" fue otra falsa promesa. El Indec dio a conocer ayer la inflación de junio, que marcó un 3,7%, el peor registro desde mayo de 2016. El alza de precios minoristas llegó así al 29,5% interanual, y el de los mayoristas, al 44,1%.
 
De este modo, la devaluación mostró su cara visible, impactando, sobre todo, en el precio del transporte y los alimentos, pero también en combustibles y tarifas. Por caso, de acuerdo a los números oficiales, el último mes los alimentos aumentaron 5,2% y, entre ellos, los que más subieron fueron los de la canasta básica, aquellos que consumen los sectores populares más vulnerables: harina, pastas secas y polentas.
 
En el rubro verduras, en tanto, el kilo de lechuga se colocó al top, pasando de los $38,70 de fines del año pasado a los $63,17 de junio, aumento un 67% en los primeros seis meses de 2018. La docena de huevos, por su parte, avanzó un 53% en el mismo lapso.
 
También, entre aquellos alimentos que subieron por encima de la inflación están la naranja, la cebolla, el tomate y la batata, cuyos precios crecieron hasta un 50% en la primera mitad del año; y los fideos secos (31%). Otros alimentos como el arroz y el pollo también crecieron por encima de la media del semestre: 18% y 17%, respectivamente.
 
También tuvieron una escalada fuerte los rubros Transportes, con el 5,9% por el aumento del boleto mínimo; Salud, con 4,3% por los incrementos en las prepagas; y Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con un 4%.
 
Del dato de ayer se desprende que la inflación acumulada del primer semestre llega al 16%, por encima de la irrisoria meta fijada inicialmente por el Gobierno de Macri, del 15%. De continuar el actual ritmo inflacionario durante lo que resta de 2018, la suba de precios habrá alcanzado a fin de año el 32%: la cifra supera la banda inferior del 27% fijada por el FMI y está en el límite de la banda superior.
 
En caso de que la inflación supere el 32% el Gobierno deberá rendir cuentas al Fondo, que podrá optar entre exigir un ajuste mayor  al que ya se implementa o anular el acuerdo alcanzado.
 
Mientras los precios se disparan, los salarios se derrumban. Ante las proyecciones de inflación mayor al 30% anual, y con los aumentos salariales del 15% implicarían como mínimo una pérdida de poder adquisitivo del 12% a fin de 2018. Varios sindicatos cerraron los acuerdos paritarios en un mísero 15 %. El Gobierno de los Ricos, tras el fuerte Paro General prometió establecer un techo alrededor del 25 % y en cuotas. Un aumento insuficiente cuando la inflación tendrá un piso del 30 % este año.
 
La Opinión Popular

18-07-2018 / 07:07
En el mercado ya se está hablando de un tema que se perfila como firme candidato a ir ocupando un espacio cada vez más protagónico en los medios de comunicación. En realidad, este tema viene bajo la forma de una pregunta: ¿el desarme de la "bola de nieve" de Lebac dará lugar a otra "bola de nieve", pero de Letes?
 
Ya son varios los que tienen esta sospecha. Y todo parte de la base de una premisa que un conocido consultor de la City sintetiza de esta manera: "El esquema financiero del Gobierno está atado con alambres". Esta endeblez es lo que lleva a pensar a muchos que para desactivar una bomba se estaría incubando otra no menos peligrosa.
 
Mientras, en Casa Rosada razonan de una forma más pragmática: no todo puede ser resuelto al mismo tiempo, y ahora la prioridad es la de resolver lo más urgente, para luego ir pensando en otras cuestiones. Por lo pronto, una de esas urgencias ha sido lograr un poco de calma con el dólar, luego de semanas muy turbulentas. Claro que solucionar este tipo de cuestiones no es gratis. Tiene sus costos que, por cierto, son elevados.
 
El nuevo brote de preocupación en la City tiene que ver con lo que se está gestando con las Letras del Tesoro en dólares (Letes), un pasivo de corto plazo emitido por Hacienda. Este tipo de "pagaré" empezó ser utilizado para darles a los inversores una alternativa para que puedan dolarizarse sin que necesariamente deban recurrir al mercado de divisas.
 
Responde a esta lógica: quienes tienen sus mentes dolarizadas, en vez de comprar billetes físicos, pueden adquirir deuda de corto plazo que paga tasas de entre 4 y 5,5 por ciento. Esta opción, a todas luces de emergencia, surgió para reducir la fuerte presión cambiaria.
 
Actualmente, el stock de Letes ronda los u$s15.000 millones. Más allá de que el Gobierno tenga que asumir un interés cada vez mayor, el problema es que no logra renovar todo lo que vence.
 
"El aumento de la incertidumbre, tanto en la economía real como en el mercado financiero local, supone serios riesgos respecto de la estructura de repago de la deuda vigente", afirman desde Delphos Investment. Además, la consultora señala que la capacidad para refinanciar los vencimientos de las Letes en el corto plazo es un tema "vital".
 
Esto es así ya que la línea de crédito del FMI se encuentra plenamente asignada al pago de intereses y capital. En este marco, "el excedente de cancelaciones tendrá que ser financiado íntegramente en los mercados", añaden desde Delphos. En otras palabras: si el Gobierno sigue sin poder renovar la totalidad, no le quedará otra que salir a endeudarse en la plaza para conseguir ese incremental de dólares que necesita.
 
¿Y por qué sucede esto? Porque no le alcanzará el dinero que reciba del FMI para pagar todo, en vistas a una tasa de refinanciación de las Letras bastante más elevada.

17-07-2018 / 10:07
En una carta dirigida a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, un amplio conglomerado opositor le advierte al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la deuda pactada entre el organismo y el gobierno de Mauricio Macri es considerada "odiosa o execrable" en términos jurídicos y que agotará todos los mecanismos parlamentarios y judiciales para desconocerla.
 
En la misma semana en que Lagarde visitará la Argentina para reunirse con el Presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el organismo difundió un nuevo informe en el que vaticina una baja en el crecimiento de América Latina, impulsado, entre otros motivos, por la crisis que atraviesa la Argentina. 
 
Los números fríos del FMI recortaron las previsiones de crecimiento económico de la región al 1,6% en 2018 y al 2,6% en 2019, cuatro y dos décimas menos, respectivamente, que lo calculado en abril. En lo que respecta al caso argentino, el FMI puntualizó que "las menores estimaciones reflejan perspectivas más difíciles para economías clave, debido a la constricción de las condiciones financieras y el ajuste necesario de las políticas".
 
El argumento, cínico, perverso, es similar al utilizado por el presidente Macri: "Sufrir hoy, para estar mejor mañana", mientras vemos cómo ese "mañana" nunca llega y la promesa de ese futuro paradisíaco se aleja un poco más, hasta esfumarse. Como si estuviéramos condenados a vivir de prestado, entre la miseria y la dependencia, de rodillas ante el "verdugo" que propone más ajuste y lo disfraza de "necesario".
 
Más bien, habría que decir que nacimos bendecidos en una tierra rica en reservas de agua dulce, con gente dedicada y dispuesta al trabajo, tierra fértil en la que crece lo que tiremos. Y en cambio, desde el gobierno de Macri prefieren sembrar corrupción, miseria, entregar nuestros recursos al mejor postor, poniéndonos de rodillas ante el FMI, que promociona como "necesarias" paritarias del 8%, que promueve despidos y tarifazos.
 
El conglomerado opositor sostiene que, de acuerdo a la Constitución Nacional, le corresponde al Congreso "contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación" y "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".
 
Pero nadie podría acusar de traidor al diablo. La traición, si cabe, viene de aquellos representantes que la mayoría de los argentinos eligió para defender sus intereses y hoy nos ponen de rodillas bajo el yugo de un diablo que nadie votó.
 
La Opinión Popular

16-07-2018 / 16:07
16-07-2018 / 09:07
La industria sufrió un fuerte retroceso en mayo según las estadísticas que reveló la Unión Industrial Argentina (UIA) y que difundirá en las próximas horas. El nivel de actividad fabril cayó por debajo del -2% en la comparación interanual, situación que se verá agravada ante un escenario de crisis generalizada que se observará desde junio en adelante, con sectores clave en pleno descenso, lo que provocará que la producción manufacturera termine el año con un promedio de cero crecimiento.
 
A contramano de esa realidad y sin autocrítica frente a la crisis que cada día golpea con más recesión, devaluación e inflación, el presidente Mauricio Macri, desde la nube de gas en que vive, se empeña en afirmar que "vamos por el camino correcto" hacia "un país pujante e inclusivo".
 
"De eso se trata el cambio que vine a proponerles desde el primer día: de construir una Argentina más justa, transparente, donde se dice la verdad y se trabaja con las manos limpias", dijo ayer Macri aferrándose a la letanía de ese inasequible país virtual, tan distinto de la realidad con la que se convive a diario.
 
Hablan por él y sus "manos limpias", el millonario escándalo por la millonaria deuda (que se niega a pagar) del Correo Argentino, una de sus tantas empresas; o la cantidad de funcionarios (él incluido) con empresas fantasmas en paraísos fiscales para facilitar el lavado de dinero; o las denuncias que salpican a su alfil bonaerense, la gobernadora Mariu Vidal, por solo citar algunos casos.
 
Sin autocrítica frente a la crisis que cada día golpea a cinco de cada diez chicos que viven en la pobreza, que no comen como corresponde y vastos sectores de la clase media que son empujados a la miseria. Mientras se acepta el brutal ajuste que impone el FMI, sin proponer un plan económico que cambie el rumbo neoliberal, con empleo y producción capaz de reactivar la economía.
 
En la misma línea se pronunció el jefe de Gabinete, el inútil Marcos Peña, al postular que, pese a la "economía más fría" y "recesiva" de los próximos meses, lo que se viene tras la "tormenta" es un camino de "crecimiento y desarrollo". Son metáforas de un país virtual. La pregunta sobreviene: ¿En qué mano esconderá Macri la varita mágica que no la vemos?
 
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