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Entre Ríos - 11-07-2017 / 16:07
BUENOS AIRES PLANTEÓ LA DEMANDA EN LA CORTE SUPREMA Y SE CITÓ A 22 PROVINCIAS

Demanda por la coparticipación de Ganancias: “Más que jurídico creo que es un tema político”, dijo Julio Rodríguez Signes

Demanda por la coparticipación de Ganancias: “Más que jurídico creo que es un tema político”, dijo Julio Rodríguez Signes
Demanda por la coparticipación de Ganancias: “Más que jurídico creo que es un tema político”, dijo Julio Rodríguez Signes. Entre Ríos podría ser perjudicada en unos 3.000 millones de pesos, lo que supera a una masa salarial. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
Por la causa del "Fondo del Conurbano" de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema citó a 22 provincias para que "comparezcan a tomar la intervención que pudiera corresponderles en defensa de sus derechos". Entre Ríos es una de las provincias. Es el reclamo de Buenos Aires por la coparticipación del Impuesto a las Ganancias.
 
"Si la sentencia de la Corte Suprema sale en contra de Entre Ríos, la provincia se vería perjudicada en unos 3.000 millones de pesos, lo que es más de una masa salarial completa", graficó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. En ese sentido, dijo que ya se trabaja en la contestación de la demanda, que será los primeros días de septiembre.
 
"A esta situación que nos perjudicaría, hay que sumarle la cantidad de demandas que tiene la provincia en el Corte por parte de empresas que ingresan sus productos a Entre Ríos y reclaman el aspecto diferencial del Impuesto a los Ingresos Brutos", explicó. Advirtió además sobre la posibilidad de que una sentencia de la Corte modifique el sistema de coparticipación y consideró: "Creo que más que un tema jurídico, esto es un tema político".
 
El Estado bonaerense reclamó a la Justicia que declare inconstitucional el techo de 650.000 millones de pesos anuales -o hasta el 10 por ciento de la recaudación- para la coparticipación del Impuesto a las Ganancias que va al Fondo de Recuperación del Conurbano, que actualmente es la Unidad Ejecutora de la Cuenta Especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires, con dependencia directa de la gobernadora María Eugenia Vidal.
 
Buenos Aires reclama porque los porcentajes que le corresponden no se actualizaron al mismo ritmo que la inflación. La demanda ya fue contestada por el Estado nacional, pero ahora le corresponde la citación a las 22 provincias.
 
"Se nos corrió traslado hace dos semanas", indicó Julio Rodríguez Signes al programa A Quien corresponda (Radio De la Plaza). "Tenemos 60 días para contestar, pero el año que viene tal vez pueda recaer una sentencia en el conflicto", estimó y ahondó: "Tenemos un plazo que vence los primeros días de septiembre. En el tema estamos trabajando los abogados de la Fiscalía de Estado. Tenemos la ayuda del ex ministro Economía Diego Valiero y del actual ministro Hugo Ballay. El ex ministro es un hombre que tuvo una intervención intensa en la Comisión Federal de Impuestos y maneja perfectamente este tema".
 
Más adelante, el fiscal de Estado contó que "el año pasado se recaudaron 466.000 millones de pesos de Ganancias y si se diera a Buenos Aires el 10 por ciento de eso, Entre Ríos se vería perjudicada en unos 3.000 millones de pesos, es más de una masa salarial completa. La provincia ya cedió recursos en el año '92; también hubo una cesión de la recaudación por el Impuesto a las Ganancias para la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Con este tipo de decisiones se perjudica a todas las provincias, salvo a Buenos Aires", marcó el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes.
 
A esta situación puntual del reclamo de Buenos Aires, el fiscal de Estado sumó otra: "Actualmente hay varias acciones judiciales en la Corte Suprema contra las alícuotas diferenciales en materia de Ingresos Brutos. Ese es otro problema, porque la industria en nuestra provincia está exenta del pago de Ingresos Brutos. Pero a las empresas que no producen en Entre Ríos e ingresan sus productos se les cobra una tasa de 5 por ciento. Justamente por eso hay muchos reclamos y cautelares en la Corte Suprema contra la provincia, empresas como Mastellone demandan a Entre Ríos porque aducen una suerte de discriminación, sostienen que prácticamente hay una creación de una aduana interna. Nosotros, en cambio, argumentamos que es una facultad de la provincia de Entre Ríos y se realiza así con el objeto de promocionar la industria local. Esto nos preocupa mucho porque si sale en contra de Entre Ríos, sería un impacto de alrededor de 100 millones de pesos".
 
"Si a la situación explicada anteriormente le sumamos lo del conurbano bonaerense, se perjudicaría mucho a la provincia", remarcó Rodríguez Signes y deseó que "el Congreso pueda debatir un nuevo pacto fiscal antes de que una sentencia de la Corte complique las finanzas provinciales".
 
 
En carácter de demandada
 
El fiscal de Estado de la provincia, agregó que "este tema estaba en consideración de la Comisión Federal de Impuestos. Cuando gobernaba Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires, no le dio instrucciones a sus fiscales para que demanden sobre esta cuestión. Pero ahora apareció esta demanda, Buenos Aires primero fue contra el Estado nacional, que se excluyó en la contestación y la Corte Suprema citó entonces a las provincias a una audiencia que no fue precisamente de conciliación. La Corte citó a las provincias en carácter de demandadas. Y hoy estamos en un proceso, porque es una demanda muy en serio que hay que contestar", consideró.
 
Además, descartó que las respuestas de las provincias puedas ser en forma conjunta. "Las respuestas son de cada una de las provincias demandadas y no se puede contestar en conjunto. Si bien hay un foro de fiscales de Estado donde se intercambia información y documentos, las respuestas deben ser de cada provincia", acotó. En el mismo sentido, dijo que el ex ministro de Economía, Diego Valiero, coordinó un grupo de estudios especiales y conoce mucho sobre el tema. "El ex ministro nos da mucho sustento técnico para contestar la demanda. Si bien entre las provincias demandadas hay comunidades de intereses, a nivel de argumentos para contestar".
 
 
"Más que jurídico, un tema político"
 
Rodríguez Signes explicó que el Estado nacional quedó excluido de la demanda, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "Hay una ley de modificación del Impuesto a las Ganancias por la que se asigna un 10 por ciento de esa recaudación nacional a la provincia de Buenos Aires para el fondo del Conurbano. Es ese monto o lo que supere los 650 millones será distribuido entre todas las provincias".
 
En cuanto a la estrategia defensiva, e fiscal de Estado señaló que "la Entre Ríos debe contestar la demanda. Se puede reconvenir, se puede plantear nuestra propia demanda, es una alternativa procesal que tenemos. Pero su vamos a discutir el tope de 650 millones de pesos, bien podemos discutir el 10 por ciento del Fondo de Reparación del Conurbano", deslizó.
 
"El tema de la coparticipación es de tal complejidad que en la Comisión Federal de Impuestos hay un laberinto de coparticipación, que es una especie de manual donde se consignan los canales por donde va la coparticipación. Hay que decir en este aspecto que se han hecho tantos pactos fiscales, que hoy cualquier tema que se toque desequilibra a la jurisdicción. Sin perjuicio de demandas y contestaciones, va a ser muy difícil salir de este laberinto. Todos planteamos nuestros argumentos y son todos atendibles. Pero creo que más que un tema jurídico, esto es un tema político", asentó.
 
En la misma línea argumental, señaló "la reparación a jubilados que en el mismo paquete implicó la aprobación de devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias. Es difícil que a nivel sentencias de la Corte se resuelvan cuestiones que tienen que resolverse en el Congreso", alegó Rodríguez Signes y reconoció que "un poco nuestra argumentación jurídica va por las leyes que asignan recursos". "No se pueden modificar con sentencias de la Corte, es más, la Constitución Nacional establece mayorías especiales para las leyes y los convenios de coparticipación. Son sistemas que no se pueden modificar tan fácil y ese precedente ya fue discutido en causas como las de Santa Fe, San Luis y Córdoba. Así por ejemplo, las asignaciones específicas también requieren de mayorías especiales. No es tan sencillo que la Corte con una sentencia se decida a modificar el régimen de coparticipación", consideró.
 
Fuente: Análisis Digital 
 
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