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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“En cada barrio se repiten las preocupaciones que relatan los vecinos en relación con el empleo. O falta trabajo, o es precario, o tienen temor a perderlo. En todos los casos, la plata no alcanza”. Margarita Stolbizer
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Paraná - 10-07-2017 / 11:07

Criminalización de la protesta gremial

Criminalización de la protesta gremial
El secretario adjunto de UPCN, miembro paritario y director del IOSPER, Fabián Monzón, por orden del fiscal Gilberto Robledo, estuvo en prisión preventiva durante 15 días, en su domicilio. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
Los dirigentes del gremio de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Fabián Monzón, José Sarza, Carina Domínguez, Zunilda Ledesma y otros, fueron detenidos cuando se hicieron presentes en el hospital Colonia de Salud Mental de la ciudad de Diamante, a los fines de interiorizarse de por qué habían expulsado de forma arbitraria a una trabajadora, que la actual Ministra ordenó reincorporar.
 
Los sindicalistas fueron detenidos, lo que de por sí implica someterlos a una fuerte presión para que abandonen su reclamo, y están imputados en la justicia. La amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos genera el estigma social de la militancia sindical.
 
El hecho de vincular la protesta gremial con el derecho penal y, fundamentalmente, la tentativa de criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo en la provincia. Se aplicó tiempo atrás a trabajadores de Redengas, quienes fueron acusados por la patronal de "haber impedido la normal prestación del servicio".
 
Ante esta situación, exhortamos a que cesen estas maniobras judiciales que no tienen otro objetivo que paralizar los reclamos justos de los trabajadores estatales, logrando el sobreseimiento definitivo de los compañeros perseguidos por reclamar.
 
La Opinión Popular

 
Este viernes, el doctor Marcos Rodríguez Allende, estuvo en los tribunales de Diamante, para conocer la imputación formal a los dirigentes de UPCN por los hechos acontecidos en el Hospital de Salud Mental.
 
Sobre el tema, el letrado contó: "Estuvimos en Diamante, en la última etapa de la investigación realizada por los Fiscales. Hicieron su acusación, enumerando las supuestas evidencias al juez de Garantías, y la pena que en abstracto estarían pidiendo si llegaríamos a juicio con los delegados gremiales. Específicamente estamos hablando de seis delegados".
 
"Escuchamos atentamente los hechos, las pruebas, las evidencias, y realmente nos sorprendió de manera poco grata algunas cuestiones que evidentemente no se condicen con la realidad de los hechos. Primero, escuchar que los Fiscales van a solicitar una pena que oscila los siete años de prisión, de comprobarse los hechos".
 
"Son dos hechos. Uno el día lunes, donde supuestamente tres delegados increparon a la señora Directora, a los fines de saber e interiorizarse por qué había expulsado de forma arbitraria a una trabajadora, que la actual Ministra ordenó reincorporar, a través de un recurso planteado que pasó por todos los órganos de control. Por esto se imputa el delito de coacción, agravada.
 
"El día miércoles, no solo estos tres delegados, sino acompañados por otros dos, van a notificar la resolución del entonces Ministro de Salud, exactamente igual a la que dictó la actual Ministra. Creo yo que en este caso, UPCN, como gremio damnificado, debería plantear que no se cumplió una orden emanada por el Ministro de Salud".
 
"Cuando van a notificar, se encuentran con 30 policías alrededor del Hospital, y dos fiscales. Yo pregunté si se trataba de delegados gremiales, o piratas del asfalto. Me parecía que estábamos en una película de terror. Sin llegar a verla a la Directora, los fiscales entendieron que ese día hubo coacción, y también resistencia a la autoridad - en el caso de Monzón -. Pero Monzón estaba charlando afuera con uno de los funcionarios policiales, y de esto hay pruebas, hay videos, donde se lo ve charlando perfectamente con el Jefe de Operaciones".
 
"Nosotros hemos planteado, más allá de las pruebas, que si vamos a ir a Juicio, cuales son las evidencias que esta defensa piensa que son acordes a la defensa nuestra. Pero más importante es comenzar a desentrañar el rol que cada delegado pudo haber cumplido".
 
"Por ejemplo, la delegada gremial, Carina Domínguez, imputada por coacción, está probado que el lunes nunca fue a Diamante, sino que estuvo en Casa de gobierno durante toda la mañana. Se hizo una rueda de reconocimiento, y no la reconocieron. Salió absolutamente negativo, por parte de todos: del secretario administrativo y de la Directora", se reveló a Radio La Voz.
 
"Pero no solamente Carina Domínguez no estuvo. Puedo entender que imputen a Domínguez, para desarrollar las pruebas. De ahí, o se confirma lo que hacen ellos, o lo que dice mi defendida. Pero si hago la rueda de reconocimiento de Carina Domínguez, de la otra delegada de apellido Suarez, no entiendo cómo se puede sostener una imputación así".
 
"Cuando lo planteó así, el juez de garantía, sorprendido, pregunta cuál es el hecho que se le imputaba a Carina Domínguez, o con qué razón mantenían la acusación. La razón es que había un llamado telefónico de Carina Domínguez a uno de los delegados, en el mismo horario. Por ese llamado, se quería imputar coacción agravada".
 
"El juez vuelve a preguntar si había alguna evidencia de la presencia de Domínguez en Diamante. No tenían nada", remarcó el abogado. "Esto se va a resolver después de la feria judicial. Carina Domínguez sigue imputada, pero estoy seguro que va a ser sobreseída", afirmó.
 
"No obstante, cuando uno es Fiscal, la estructura es verticalista. Si el procurador General imparte una orden y yo soy fiscal, debo cumplirla", entendió el abogado.
 
Fuente: La Voz
 

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