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Paraná - 10-07-2017 / 11:07

Criminalización de la protesta gremial

Criminalización de la protesta gremial
El secretario adjunto de UPCN, miembro paritario y director del IOSPER, Fabián Monzón, por orden del fiscal Gilberto Robledo, estuvo en prisión preventiva durante 15 días, en su domicilio. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
Los dirigentes del gremio de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Fabián Monzón, José Sarza, Carina Domínguez, Zunilda Ledesma y otros, fueron detenidos cuando se hicieron presentes en el hospital Colonia de Salud Mental de la ciudad de Diamante, a los fines de interiorizarse de por qué habían expulsado de forma arbitraria a una trabajadora, que la actual Ministra ordenó reincorporar.
 
Los sindicalistas fueron detenidos, lo que de por sí implica someterlos a una fuerte presión para que abandonen su reclamo, y están imputados en la justicia. La amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos genera el estigma social de la militancia sindical.
 
El hecho de vincular la protesta gremial con el derecho penal y, fundamentalmente, la tentativa de criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo en la provincia. Se aplicó tiempo atrás a trabajadores de Redengas, quienes fueron acusados por la patronal de "haber impedido la normal prestación del servicio".
 
Ante esta situación, exhortamos a que cesen estas maniobras judiciales que no tienen otro objetivo que paralizar los reclamos justos de los trabajadores estatales, logrando el sobreseimiento definitivo de los compañeros perseguidos por reclamar.
 
La Opinión Popular

 
Este viernes, el doctor Marcos Rodríguez Allende, estuvo en los tribunales de Diamante, para conocer la imputación formal a los dirigentes de UPCN por los hechos acontecidos en el Hospital de Salud Mental.
 
Sobre el tema, el letrado contó: "Estuvimos en Diamante, en la última etapa de la investigación realizada por los Fiscales. Hicieron su acusación, enumerando las supuestas evidencias al juez de Garantías, y la pena que en abstracto estarían pidiendo si llegaríamos a juicio con los delegados gremiales. Específicamente estamos hablando de seis delegados".
 
"Escuchamos atentamente los hechos, las pruebas, las evidencias, y realmente nos sorprendió de manera poco grata algunas cuestiones que evidentemente no se condicen con la realidad de los hechos. Primero, escuchar que los Fiscales van a solicitar una pena que oscila los siete años de prisión, de comprobarse los hechos".
 
"Son dos hechos. Uno el día lunes, donde supuestamente tres delegados increparon a la señora Directora, a los fines de saber e interiorizarse por qué había expulsado de forma arbitraria a una trabajadora, que la actual Ministra ordenó reincorporar, a través de un recurso planteado que pasó por todos los órganos de control. Por esto se imputa el delito de coacción, agravada.
 
"El día miércoles, no solo estos tres delegados, sino acompañados por otros dos, van a notificar la resolución del entonces Ministro de Salud, exactamente igual a la que dictó la actual Ministra. Creo yo que en este caso, UPCN, como gremio damnificado, debería plantear que no se cumplió una orden emanada por el Ministro de Salud".
 
"Cuando van a notificar, se encuentran con 30 policías alrededor del Hospital, y dos fiscales. Yo pregunté si se trataba de delegados gremiales, o piratas del asfalto. Me parecía que estábamos en una película de terror. Sin llegar a verla a la Directora, los fiscales entendieron que ese día hubo coacción, y también resistencia a la autoridad - en el caso de Monzón -. Pero Monzón estaba charlando afuera con uno de los funcionarios policiales, y de esto hay pruebas, hay videos, donde se lo ve charlando perfectamente con el Jefe de Operaciones".
 
"Nosotros hemos planteado, más allá de las pruebas, que si vamos a ir a Juicio, cuales son las evidencias que esta defensa piensa que son acordes a la defensa nuestra. Pero más importante es comenzar a desentrañar el rol que cada delegado pudo haber cumplido".
 
"Por ejemplo, la delegada gremial, Carina Domínguez, imputada por coacción, está probado que el lunes nunca fue a Diamante, sino que estuvo en Casa de gobierno durante toda la mañana. Se hizo una rueda de reconocimiento, y no la reconocieron. Salió absolutamente negativo, por parte de todos: del secretario administrativo y de la Directora", se reveló a Radio La Voz.
 
"Pero no solamente Carina Domínguez no estuvo. Puedo entender que imputen a Domínguez, para desarrollar las pruebas. De ahí, o se confirma lo que hacen ellos, o lo que dice mi defendida. Pero si hago la rueda de reconocimiento de Carina Domínguez, de la otra delegada de apellido Suarez, no entiendo cómo se puede sostener una imputación así".
 
"Cuando lo planteó así, el juez de garantía, sorprendido, pregunta cuál es el hecho que se le imputaba a Carina Domínguez, o con qué razón mantenían la acusación. La razón es que había un llamado telefónico de Carina Domínguez a uno de los delegados, en el mismo horario. Por ese llamado, se quería imputar coacción agravada".
 
"El juez vuelve a preguntar si había alguna evidencia de la presencia de Domínguez en Diamante. No tenían nada", remarcó el abogado. "Esto se va a resolver después de la feria judicial. Carina Domínguez sigue imputada, pero estoy seguro que va a ser sobreseída", afirmó.
 
"No obstante, cuando uno es Fiscal, la estructura es verticalista. Si el procurador General imparte una orden y yo soy fiscal, debo cumplirla", entendió el abogado.
 
Fuente: La Voz
 

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La marcha del 24 de Marzo fue multitudinaria como hacía años no se veía en Paraná, con organizaciones de ex detenidos y familiares de desaparecidos durante la dictadura, movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones culturales y otras entidades nucleadas en la Multisectorial de Derechos Humanos. Más de 30.000 paranaenses recorrieron las calles céntricas de la Capital de la provincia.
 
Manifestar este 24 de marzo fue prioridad para muchos paranaenses, a poco más de 100 días de un gobierno de ultraderecha de Javier "el Loco" Milei. Una multiplicidad de sectores se expresaron en contra del negacionismo y enfrente de un modelo económico neoliberal que supone ajuste, despidos, deserción del Estado y entrega de los recursos naturales.
 
Mientras la mayoritaria Multisectorial se concentró en la plaza Alvear con el escenario ante el Monolito que recuerda a los desaparecidos en Entre Ríos entre 1976 y 1983, el Encuentro por los Derechos Humanos de Ayer y de Hoy, integrado por fuerzas de izquierda y liderado por el MST y el Polo Obrero, se dirigió a Plaza Mansilla y leyó su propia proclama delante de la Casa de Gobierno. Entre los dirigentes políticos, concurrieron a intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el viceintendente, David Cáceres, por el peronismo. Y Lucia Varisco, por el radicalismo.
 
Por su parte, el Consejo Departamental Paraná del Partido Justicialista, que preside Jorge "Kinoto" Vázquez Arrieta, convocó a la militancia a la sede partidaria para luego sumarse a la marcha del 24 de Marzo. En el edificio de calle 9 de Julio se leyó un documento en el cual se abogó por la construcción de un partido "que responda al mandato heredado de quienes enfrentaron la dictadura genocida".


En el acto de la Multisectorial de Derechos Humanos se hizo foco en la violencia institucional en Entre Ríos, particularmente en la muerte violenta de Ariel Goyeneche, estando bajo custodia de la policía. Fue uno de los momentos en que se cuestionó a la gestión provincial de Rogelio Frigerio al que se señaló por el "desmantelamiento de los organismos gubernamentales de la provincia dedicados a llevar adelante las políticas públicas de Verdad, Memoria y Justicia", como el Registro Único de la Verdad y el Programa de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado; y por encolumnarse con el rumbo del ultra derechista Milei.

También se leyó un documento que reivindica que "son 30.000 desaparecidos, fue y es genocidio". "A 48 años del golpe de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, decimos: son 30.000; fue y es genocidio. Y como Milei, Villarruel y La Libertad Avanza niegan esos crímenes y reivindican a la dictadura, repetimos: son 30.000; fue y es genocidio".

Además se señalo que "Para cerrar esta enorme jornada, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia vamos a seguir luchando hasta derrotar el plan de Milei, Villarruel, Bullrich, los gobernadores y el FMI. Y en el camino de las y los 30.000, seguimos levantando las banderas contra este sistema capitalista y patriarcal. Vamos por la liberación nacional y social, con un gobierno de las y los trabajadores, por la revolución y el socialismo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Venceremos!".
 
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