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Nacionales - 04-07-2017 / 09:07
CON LA EXCUSA DE UNA VIEJA CAUSA A LA QUE TUVIERON QUE CAMBIAR LA CARÁTULA PARA JUSTIFICAR QUE NO ESTABA PRESCRIPTA

Persecución macrista contra el movimiento sindical opositor

Persecución macrista contra el movimiento sindical opositor
El juez Martínez de Giorgi intervino el Sindicato de Canillitas y procesó a su secretario general, Omar Plaini, con la excusa de una vieja causa a la que tuvo que cambiar la carátula para justificar que no estaba prescripta. La CGT acusó al Gobierno por la “persecución política y gremial”. La decisión tomada por el juez se basa en una denuncia referida a las elecciones del gremio en 2013. Llega en un contexto de ofensiva desde la Casa Rosada a los sindicatos y a los reclamos laborales.
En el transcurso de unas pocas horas el titular del sindicato de los Canillitas, Omar Plaini, fue procesado por falsificación de documento, embargado en 200.000 pesos y desplazado de la conducción de su gremio, que a la vez fue allanado en un megaoperativo de Gendarmería e intervenido con la excusa de una vieja causa a la que tuvo que cambiar la carátula para justificar que no estaba prescripta.
 
Todo fue fruto de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita desde 2013 una causa en la que el líder gremial fue denunciado por irregularidades en la confección de las planillas de la asamblea extraordinaria donde se conformó la junta que organizaría la elección, en la que Plaini resultó electo para el período 2013-2017. El juzgado le indicó al Ministerio de Trabajo que inicie un proceso de normalización y que designe al interventor.
 
La decisión llega en un momento de creciente hostigamiento a los sindicatos, de una sucesión de intervenciones, junto con la demonización desde la Casa Rosada de los reclamos laborales y desacreditación de las resoluciones que no les son favorables. Según dijo Plaini "hay claramente una persecución jurídica y política y un ataque al movimiento sindical".  La conducción de la CGT le dio su apoyo y acusó al Gobierno de Macri por la "persecución política y gremial".
 
Lo concreto es que este tipo de intervenciones en gremios nacionales eran impensadas en otros tiempos en que se dejaba que las irregularidades fueran resueltas por ellos mismos. Ahora se las aplica como parte de una política derechista y antiobrera mezclada con el escenario electoral.

INTERVINIERON EL SINDICATO DE CANILLITAS Y PROCESARON A SU SECRETARIO GENERAL, OMAR PLAINI
 
"Hay una persecución al movimiento sindical"
 
Plaini encabeza el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires en gestiones sucesivas desde el año 2006. Es diputado por Cultura, Educación y Trabajo y es conocido su apoyo a Unidad Ciudadana, la fuerza lanzada por Cristina Fernández de Kirchner, circunstancia con la que vinculó su procesamiento.
 
La causa penal a cargo de Martínez de Giorgi se originó por una denuncia presentada por el apoderado de la Lista Azul, vinculada al Partido Solidario de Carlos Heller, que era la oponente a la Bordó, de Plaini.
 
La denuncia señalaba que durante la asamblea extraordinaria en la que se eligió la junta electoral se habían cometido delitos como la falsificación de firmas en la planilla de asistencia. Decía, por ejemplo, que figuraban más de 600 firmas pero que al lugar habían concurrido "unas 212 personas muchas de las cuales no pertenecían al sindicato, ni siquiera eran conocidos de la actividad e incluso algunos llevaban distintivos del Sindicato de Camioneros o de Uatre (la Unión de Trabajadores Rurales)".
 
La justificación del juzgado de Martínez de Giorgi sobre la dilatación del proceso en cuestión durante casi cuatro años es que estaban esperando que se resolviera un expediente que corría en paralelo en el fuero laboral, donde lo que se cuestionó fue la convocatoria a elecciones en un lugar no habilitado para eso. El Ministerio de Trabajo había suspendido la elección pero la Cámara Laboral sostuvo que la convocatoria era válida y al final del camino la Corte Suprema dejó firme aquel fallo. Aquella decisión suprema es a la que se refirió ayer Plaini cuando hablaba de que "la elección fue ratificada por la Corte".
 
Pero Martínez de Giorgi sostiene que eran cuestiones distintas las que él tenía que analizar, y que se refería a la falsificación de datos en las planillas. En el último año mandó a hacer una pericia caligráfica y a cotejar datos de quienes firmaban y, según argumentó para procesar a Plaini, encontraron firmas falsas, nombres de personas fallecidas, otras ajenas al sindicato o inexistentes.
 
Plaini explicó ayer que, tras el fallo de la Corte que refrendó esas elecciones, el sindicato pidió la prescripción de la causa penal por "falsificación de documento privado", pero que ahora, para evitar la evidente prescripción, el juez le cambió la carátula a "falsificación de documento público"  para mantener vigente la persecución.
 
El allanamiento que mandó ayer el juez con cinco camionetas y efectivos de Gendarmería nacional pretendía, según su resolución, asegurarse toda la documentación que estaba en la sede sindical al momento que llegaban los funcionarios del Ministerio de Trabajo que se harán cargo de la intervención. En teoría, el objetivo es que se haga una asamblea nuevamente y se vuelvan a elegir autoridades. Funcionarios judiciales reconocen que se podría dar la paradoja de que sea electo porque el juez no lo inhabilitó para ocupar cargos.
 
No es la primera intervención sindical que en lo que lleva de gobierno Mauricio Macri determina un juez federal: también lo hizo con el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) a raíz de una causa que instruye contra su ex secretario general, Omar "Caballo" Suárez, quien finalmente incluso fue detenido acusado de asociación ilícita para cometer delitos en perjuicio del gremio.
 
El mes pasado el Ministerio de Trabajo suspendió las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma y ya había intervenido a la Federación de los azucareros. Y en 2016 intervino también el Sindicato de personal de seguridad privada (Upsra). Estos dos últimos fueron revocados por la justicia laboral.   
 
Para Martínez de Giorgi, Plaini está ocupando un cargo de manera irregular y su elección es nula en su origen, por eso le pidió al Ministerio que conduce Jorge Triaca. En el procesamiento el juez dice que se acreditó que hubo una "maniobra" "tendiente a engañar a las autoridades de la Dirección Nacional de Asociaciones sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el objeto de darle apariencia legítima a la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el día 25 de julio de 2013, a los efectos de constituir la junta electoral que llevaría adelante el proceso electoral para la renovación de autoridades del sindicato".
 
Advierte que está "acreditada la falsedad de datos filiatorios de las personas consignadas en las planillas" y "diversas firmas atribuidas a ellas". Eso según el juez "afecta derechos sindicales y la libertad de asociación gremial (...) entorpece la vida interna del sindicato y lesiona directamente los derechos y garantías de los afiliados".
 
"Estas circunstancias, que ponen en evidencia que la actual conducción de Sivendia ha tenido origen en un proceso eleccionario espurio, llevan a que la situación existente no pueda perdurar mas en el tiempo, imponiéndose la medida excepcional de intervenir el sindicato con la finalidad de encausar la vida institucional del mismo, y a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos, el ocultamiento de pruebas y el entorpecimiento de la investigación", concluye la resolución contra Plaini. También fue procesada la escribana María Emilia Rodenas, por validar las planillas y actas, también con un embargo de 200.000 pesos.
 
Plaini dijo que este proceso "se aceleró este último mes por cuestiones puramente políticas". "El sindicato está intervenido, clausuraron la Secretaría General y la Comisión Directiva fue desafectada por un juez que no tiene competencia en lo laboral sino criminal", señaló el dirigente, quien describió los sucesos como parte de "una persecución política y jurídica".
 
También se quejó de que les dictaran falta de mérito a otros referentes y él resultara, junto con la escribana, el único procesado. Agradeció el apoyo de la CGT que acusó al Gobierno de montar una persecución.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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25-04-2018 / 11:04
25-04-2018 / 11:04
25-04-2018 / 10:04
Los gobernadores salieron a responderle al presidente Mauricio Macri, quien eligió poner en foco en los impuestos provinciales sobre los servicios para correr la discusión del desmedido aumento que dispuso el Gobierno y que la oposición quiere comenzar a revertir hoy en una sesión especial en Diputados.
 
Los gobernadores de las principales provincias, como Córdoba o Santa Fe, cuestionaron el planteo del presidente y lo invitaron a ofrecer una rebaja del IVA sobre los servicios. Otros gobernadores eligieron aclarar que su provincia no cobra ningún impuesto adicional. Y un tercer grupo, de oficialistas y afines, se sumó a la iniciativa presidencial.
 
María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron que eliminarán el impuestos en las facturas de agua y gas. Ambos distritos son gobernados por Cambiemos y buscan dar el "ejemplo" al resto de los gobernadores. Pero no sólo es una cuestión de pertenecer al mismo equipo, sino también que los distritos de CABA y la provincia de Buenos Aires cuentan con recursos para afrontar la medida del macrismo.
 
Frente a la reacción adversa de los gobernadores, Macri decidió redoblar la apuesta y envió un proyecto que eliminaría por ley los impuestos en las tarifas, que sólo deberán contener los cargos por el consumo realizado. Rápidamente, desde la oposición tildaron la iniciativa como inconstitucional y detallaron que los esquemas tarifarios son diferentes en las distintas zonas del país.
 
Durante la gestión de Cambiemos, las empresas de gas y luz incrementaron groseramente su patrimonio, a raíz de los tarifazos. El  dueño de Pampa Energía, Marcos Marcelo Mindlin, amigo íntimo de Macri, fue uno de los más beneficiados por los tarifazos. 
El otro es "Nicky" Caputo, dueño de Central Puerto S.A. principal generadora eléctrica privada del país.


A principios de 2017, Mindlin le compró al constructora que era de  Mauricio Macri, IECSA, al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, investigado por maniobras relacionadas con la obra pública, y citado a indagatoria en la causa Odebrecht.
 
En 2015, Pampa Energía ocupaba el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturan en la Argentina, un año después del Gobierno de Cambiemos, se posicionó en el puesto 13. La compañía produce el 10% de la electricidad y el 8% del gas del país. Mindlin también es el dueño de la empresa Edenor, y de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y de una de gas, TGS.
 
Lo que debería entrar en debate son las ganancias de las grandes empresas de servicio y el modelo basado en las privatizaciones. Ese sistema, que permitió enormes negociados a costa del hundimiento de los servicios, no parece estar en discusión. Porque así beneficia Macri a los ricos a costa del bolsillo de los trabajadores y el pueblo.
 
La Opinión Popular

24-04-2018 / 12:04
El gobierno de Mauricio Macri, una alianza política de conservadores y radicales, acaba de pisar, probablemente, la línea que lo separaba de su decadencia política.
 
La pérdida de sintonía fina con el impiadoso e inconmovible aumento de las tarifas, en un contexto de inflación por encima de las metas oficiales, falta de ingreso de inversiones genuinas y sequía que afecta al principal sector, el agroindustrial, que trae dólares para que la economía funcione, encamina la experiencia de Cambiemos al colapso, semejante en proporciones pero muy diferente al que en 2012 marcó el comienzo del final del malabarismo K, apenas un año después de conseguir la reelección de CFK con el 54% de los votos.
 
Y es distinta porque hace seis años la clase media salió a la calle, inéditamente, para decir "basta" a la intolerancia seudo izquierdista del kirchnerismo pero ahora el límite se está gestando sin manifestaciones, lo que, al ser menos visible, es tanto peor para una administración que ha comenzado a despeñarse en la necedad o, peor aún, en practicar la contumacia en el error.
 
Todo lo que hace el Gobierno conspira en contra de la reactivación económica, sin poder domar la inflación. De hecho, una encuesta de la consultora Opinaia encontró que el 45% de la población consideró que este año perderá poder adquisitivo y, como en economía las expectativas juegan un rol relevante, esa constatación puede tener coletazos perversos.
 
Lo cierto es que el manejo gubernamental del macrismo es una proyección del viejo y anticuado management verticalista de las grandes empresas, en cuya armadura no figuran las percepciones sociales ni comunicacionales ni políticas.
 
De ese modo, el gobierno de Cambiemos está encerrado en su lógica y desestima cualquier crítica porque, postula, proviene de la "vieja política", es decir, los viejos trucos de los necrosados partidos, como el peronismo o el radicalismo, o las izquierdas de todo pelaje.
 
Por esas razones, se acumulan los indicios, significativos y contundentes, de que la experiencia Cambiemos de Macri ha iniciado el proceso de pérdida de apoyo de la clase media, lo que comienza a poner en duda la reelección en 2019 y, en cambio, abrir un período de cambios inesperados en el recambio político, ya que la clase media en la Argentina ha demostrado que sus apoyos son solo temporales.

23-04-2018 / 10:04
"Este es el último aumento de tarifas que hay." La frase del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, un dirigente calmo y centrado que suele ser una voz racional en momentos de turbulencia, sonó extemporánea cuando todavía no se acallaron las protestas y los sinsabores del incremento de tarifas que colocaron en tensión al macrismo hacia fines de la semana pasada.
 
Se trata, sin embargo, de un planteo contradictorio con lo anunciado por el propio ministro de Energía, el polémico Juan José Aranguren, quien ya blanqueó que el cronograma de la quita de subsidios terminará recién en octubre de 2019, por lo que hasta entonces continuarán las subas. Además, en mayo está previsto un nuevo incremento del servicio de agua que brinda AySA; y hacia finales de año, entre octubre y noviembre, debería aplicarse el segundo reajuste semestral en las tarifas de gas y de electricidad.
 
Las declaraciones de Pinedo fueron reproducidas por los medios masivos ultra macristas, como Clarín, Las Nación e Infobae, sin ningún cotejo con los anuncios oficiales hechos por el mismo Gobierno.
 
Está claro que lo que Pinedo salió a plantear es parte del libreto duranbarbista del optimismo permanente macrista: que la inflación se va a reducir en el segundo semestre y, por lo tanto, los próximos incrementos van a ir acompasados a ese número sin saltos ornamentales de alturas siderales. Dicho en estas horas, parece más una frase destinada a los anales de la mentira.
 
La Opinión Popular

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