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Nacionales - 02-07-2017 / 11:07
MIENTRAS DESACTIVAN LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

Macri prepara el ajustazo para después de las elecciones

Macri prepara el ajustazo para después de las elecciones
Si gana la derecha macrista, intentarán un cambio del sistema tributario que beneficiará a los ricos; una alteración de los derechos y condiciones laborales, en contra de los trabajadores, que pondrían en pie de guerra a los gremios; una revisión del esquema previsional que encendería una amplia reacción social, y una reforma política que sacudiría a todos los partidos.
El gobierno de Mauricio Macri prepara una batería de medidas para después de las elecciones. Reforma tributaria para bajarles impuestos a los empresarios, reforma previsional para aumentar la edad de jubilación; reforma política en el financiamiento de campaña para perjudicar a la oposición; cambios en los organismos de control y en el Poder Judicial para perseguir al cristinismo, son algunas de las modificaciones que Macri imagina imponer luego de superado el "obstáculo electoral" que representa derrotar en las urnas al peronismo.
 
Es decir, si gana la derecha macrista, intentarán un cambio del sistema tributario que beneficiará a los ricos; una alteración de los derechos y condiciones laborales, en contra de los trabajadores, que pondrían en pie de guerra a los gremios; una revisión del esquema previsional que encendería una amplia reacción social, y una reforma política que sacudiría a todos los partidos.
 
Para llevar adelante semejante desafío, los estrategas de la alianza Cambiemos juegan distintas partidas. La más maquiavélica de todas es la referida al ajuste neoliberal post-electoral. Porque si bien lo niegan o minimizan en público, al punto de pretender sacarlo de la agenda, en privado reconocen que intentarán hacerlo.
 
"No hay que agitar ni temer fantasmas de grandes ajustes", afirmó Marcos Peña en el Senado, durante su segundo informe sobre el rumbo del gobierno. La frase apuntó a desactivar uno de los argumentos más usados por la oposición, tanto la kirchnerista, como la massista, la randazzista y la de la izquierda. "Van a tratar de corrernos por ahí, pero la gente está entendiendo que es la única forma de salir seriamente. Es doloroso, pero es la única salida que hay, con el desastre que nos dejaron los K", reconoce un alto dirigente macrista.
 
En el gobierno de Macri ven amenazas que podrían poner en peligro esta estrategia electoral: que se desnaturalice la campaña por las protestas de grupos K y/o de la izquierda; que las CGTs se movilicen con apoyo de las CTAs; que se instale la idea de que se viene el ajustazo; que por la polarización, Cristina crezca demasiado; y que esté sobreestimada la capacidad de trasladar la imagen de María Eugenia Vidal a sus ignotos candidatos bonaerenses.
 
Sin logros económicos a la vista, sin "brotes verdes" ni "lluvia de inversiones" por ninguna parte, y con un endeudamiento feroz, el macrismo busca renovar el apoyo del electorado, en especial con esa porción, o al menos una parte, que le prestó el voto en el ballottage.
 
Hace 2 años que están en el poder y no han cumplido con sus promesas. Tienen una franja de sus votantes del ballottage (y algunos de la primera vuelta) que están desilusionados: ante los errores repetidos, las "realizaciones" económicas del neoliberalismo y las denuncias de corrupción. Hasta el año pasado, les resultaba efectivo el pedido de paciencia. Hoy, ese recurso ya no resulta creíble.
 
La Opinión Popular

 
El Gobierno prepara profundas reformas para después de las elecciones
 
Varios ministerios elaboran las medidas para el caso de ganar en octubre; incluye importantes cambios laborales, tributarios, previsionales, judiciales y políticos
 
El condicionante, claro está, existe y es concreto: ganarle las elecciones bonaerenses a Cristina Kirchner, y de ese modo terminar con las dudas de empresarios y políticos, aquí y fuera del país.
 
Optimista en relación con lograr ese triunfo que le otorgue el ansiado respaldo político, el Gobierno prepara una batería de medidas posteriores a las elecciones legislativas, un conjunto de leyes y medidas "para los próximos veinte años de la Argentina", como lo definió el propio presidente Mauricio Macri en su encuentro con empresarios chilenos, el martes pasado en Santiago de Chile.
 
Reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política que incluye cambios en el financiamiento de campaña; cambios en la ley de Etica Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial, son algunas de las modificaciones "de largo plazo" que la Casa Rosada imagina poner en práctica luego de superado el "obstáculo electoral" que hoy representa derrotar en las urnas a la ex presidenta.
 
La obsesión presidencial por el empleo para bajar los índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el empresariado: "bajar el costo argentino" para favorecer inversiones, según lo definió el propio Presidente el jueves, en el encuentro de CAME.
 
En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Jorge Triaca (Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y aplique multas para los empresarios que contraten empleados "en negro", según contaron a LA NACION desde ambos ministerios.
 
"La dejamos para después de octubre por el ruido electoral que genera", afirmaron a LA NACION fuentes del palacio de Hacienda.
 
Aquí, como en las demás iniciativas, será fundamental el apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera "cercanos", para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para iniciativas que pueden despertar polémica y críticas.
 
Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa "reforma previsional" del que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el momento una suba en la edad jubilatoria.
 
Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio Frigerio , prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato.
 
Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas "más duraderas" vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa Carrió, con estos cambios que se vienen.
 
La reforma política trabada en el Congreso, que incluía la boleta electrónica y la homogeneización del calendario electoral, será reimpulsada una vez obtenido el apoyo del electorado.
 
Se le sumarían la derogación de las PASO (anunciada por el Gobierno esta semana a través del jefe de gabinete, Marcos Peña) y un nuevo régimen de transparencia en el financiamiento de campañas en base a recomendaciones de ONG como Cippec y Poder Ciudadanos, frenada por la campaña electoral.
 
"No podemos cambiar las reglas en mitad de una elección", repitió el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que tiene en su despacho el borrador de los cambios en el financiamiento electoral, enviado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.
 
Se suman a este paquete algunas normas hoy trabadas en el Congreso, como las reformas a la ley de ética pública y la norma de responsabilidad penal empresaria, que apoyan "los empresarios honestos que no quieren pagar más coimas", según definió Sánchez a LA NACION.
 
Otras reformas judiciales, que incluirían una reforma del Consejo de la Magistratura y cambios en los tiempos procesales de las sentencias, se mantienen aún bajo llave en los despachos más importantes. Carrió y Sánchez vienen discutiendo estos cambios con Peña y Mario Quintana, uno de los vicejefes de gabinete.
 
"En un país serio hay oficialismo y oposición, pero tiene que haber responsabilidad de ambas partes", afirma Sánchez en un adelanto de lo que será su rol de "coordinación" entre el Ejecutivo y parte de la oposición peronista, con el objetivo de concretar muchos de estos proyectos que el Gobierno se prepara para lanzar horas después festejar lo que espera sea un triunfo en las elecciones de medio término.
 
Por Jaime Rosemberg
 
Fuentes: La Nación, Perfil, Urgente24 y La Opinión Popular
 

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25-04-2018 / 11:04
25-04-2018 / 11:04
25-04-2018 / 10:04
Los gobernadores salieron a responderle al presidente Mauricio Macri, quien eligió poner en foco en los impuestos provinciales sobre los servicios para correr la discusión del desmedido aumento que dispuso el Gobierno y que la oposición quiere comenzar a revertir hoy en una sesión especial en Diputados.
 
Los gobernadores de las principales provincias, como Córdoba o Santa Fe, cuestionaron el planteo del presidente y lo invitaron a ofrecer una rebaja del IVA sobre los servicios. Otros gobernadores eligieron aclarar que su provincia no cobra ningún impuesto adicional. Y un tercer grupo, de oficialistas y afines, se sumó a la iniciativa presidencial.
 
María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron que eliminarán el impuestos en las facturas de agua y gas. Ambos distritos son gobernados por Cambiemos y buscan dar el "ejemplo" al resto de los gobernadores. Pero no sólo es una cuestión de pertenecer al mismo equipo, sino también que los distritos de CABA y la provincia de Buenos Aires cuentan con recursos para afrontar la medida del macrismo.
 
Frente a la reacción adversa de los gobernadores, Macri decidió redoblar la apuesta y envió un proyecto que eliminaría por ley los impuestos en las tarifas, que sólo deberán contener los cargos por el consumo realizado. Rápidamente, desde la oposición tildaron la iniciativa como inconstitucional y detallaron que los esquemas tarifarios son diferentes en las distintas zonas del país.
 
Durante la gestión de Cambiemos, las empresas de gas y luz incrementaron groseramente su patrimonio, a raíz de los tarifazos. El  dueño de Pampa Energía, Marcos Marcelo Mindlin, amigo íntimo de Macri, fue uno de los más beneficiados por los tarifazos. 
El otro es "Nicky" Caputo, dueño de Central Puerto S.A. principal generadora eléctrica privada del país.


A principios de 2017, Mindlin le compró al constructora que era de  Mauricio Macri, IECSA, al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, investigado por maniobras relacionadas con la obra pública, y citado a indagatoria en la causa Odebrecht.
 
En 2015, Pampa Energía ocupaba el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturan en la Argentina, un año después del Gobierno de Cambiemos, se posicionó en el puesto 13. La compañía produce el 10% de la electricidad y el 8% del gas del país. Mindlin también es el dueño de la empresa Edenor, y de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y de una de gas, TGS.
 
Lo que debería entrar en debate son las ganancias de las grandes empresas de servicio y el modelo basado en las privatizaciones. Ese sistema, que permitió enormes negociados a costa del hundimiento de los servicios, no parece estar en discusión. Porque así beneficia Macri a los ricos a costa del bolsillo de los trabajadores y el pueblo.
 
La Opinión Popular

24-04-2018 / 12:04
El gobierno de Mauricio Macri, una alianza política de conservadores y radicales, acaba de pisar, probablemente, la línea que lo separaba de su decadencia política.
 
La pérdida de sintonía fina con el impiadoso e inconmovible aumento de las tarifas, en un contexto de inflación por encima de las metas oficiales, falta de ingreso de inversiones genuinas y sequía que afecta al principal sector, el agroindustrial, que trae dólares para que la economía funcione, encamina la experiencia de Cambiemos al colapso, semejante en proporciones pero muy diferente al que en 2012 marcó el comienzo del final del malabarismo K, apenas un año después de conseguir la reelección de CFK con el 54% de los votos.
 
Y es distinta porque hace seis años la clase media salió a la calle, inéditamente, para decir "basta" a la intolerancia seudo izquierdista del kirchnerismo pero ahora el límite se está gestando sin manifestaciones, lo que, al ser menos visible, es tanto peor para una administración que ha comenzado a despeñarse en la necedad o, peor aún, en practicar la contumacia en el error.
 
Todo lo que hace el Gobierno conspira en contra de la reactivación económica, sin poder domar la inflación. De hecho, una encuesta de la consultora Opinaia encontró que el 45% de la población consideró que este año perderá poder adquisitivo y, como en economía las expectativas juegan un rol relevante, esa constatación puede tener coletazos perversos.
 
Lo cierto es que el manejo gubernamental del macrismo es una proyección del viejo y anticuado management verticalista de las grandes empresas, en cuya armadura no figuran las percepciones sociales ni comunicacionales ni políticas.
 
De ese modo, el gobierno de Cambiemos está encerrado en su lógica y desestima cualquier crítica porque, postula, proviene de la "vieja política", es decir, los viejos trucos de los necrosados partidos, como el peronismo o el radicalismo, o las izquierdas de todo pelaje.
 
Por esas razones, se acumulan los indicios, significativos y contundentes, de que la experiencia Cambiemos de Macri ha iniciado el proceso de pérdida de apoyo de la clase media, lo que comienza a poner en duda la reelección en 2019 y, en cambio, abrir un período de cambios inesperados en el recambio político, ya que la clase media en la Argentina ha demostrado que sus apoyos son solo temporales.

23-04-2018 / 10:04
"Este es el último aumento de tarifas que hay." La frase del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, un dirigente calmo y centrado que suele ser una voz racional en momentos de turbulencia, sonó extemporánea cuando todavía no se acallaron las protestas y los sinsabores del incremento de tarifas que colocaron en tensión al macrismo hacia fines de la semana pasada.
 
Se trata, sin embargo, de un planteo contradictorio con lo anunciado por el propio ministro de Energía, el polémico Juan José Aranguren, quien ya blanqueó que el cronograma de la quita de subsidios terminará recién en octubre de 2019, por lo que hasta entonces continuarán las subas. Además, en mayo está previsto un nuevo incremento del servicio de agua que brinda AySA; y hacia finales de año, entre octubre y noviembre, debería aplicarse el segundo reajuste semestral en las tarifas de gas y de electricidad.
 
Las declaraciones de Pinedo fueron reproducidas por los medios masivos ultra macristas, como Clarín, Las Nación e Infobae, sin ningún cotejo con los anuncios oficiales hechos por el mismo Gobierno.
 
Está claro que lo que Pinedo salió a plantear es parte del libreto duranbarbista del optimismo permanente macrista: que la inflación se va a reducir en el segundo semestre y, por lo tanto, los próximos incrementos van a ir acompasados a ese número sin saltos ornamentales de alturas siderales. Dicho en estas horas, parece más una frase destinada a los anales de la mentira.
 
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