Nacionales - 28-06-2017 / 09:06
UNA DEFINICIÓN FAVORABLE A LOS EMPRESARIOS
Macri fijó una mísera suba unilateral del salario mínimo, que llegará a $ 10.000 recién en julio de 2018
En lo que fue considerado como una “burla” por parte de los gremios, el Ministerio de Trabajo decidió incrementar el Salario Mínimo a $8.860 hasta el mes de diciembre. El número propuesto no cubre siquiera el 65% de lo que se necesita para no caer en la pobreza.
En una muestra de desprecio hacia los trabajadores, y a pesar del rechazo expresado por las centrales sindicales a la propuesta oficial, el gobierno de Mauricio Macri determinó anoche, a través del Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca, un incremento del 24% en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en tres cuotas, que se terminarán de pagar recién en julio del año que viene.
De esta manera, el SMVM pasará de $8.060 a $10.000, disponiendo que el mismo se ajuste en tres tramos: $8.860 a partir del 1º de julio, $9.500 a partir del 1º de enero y $10.000 desde julio de 2018. La resolución de Triaca se dio luego de que fracasara la reunión del Consejo del Salario Mínimo que juntó al Gobierno, sindicalistas (la CGT y la CTA) y empresarios.
El pedido gremial era el de un salario de $14.060, lo que representaba un aumento del 75%, mientras que las cámaras empresariales hicieron una oferta que lo elevaba a $9.700, una suba del 20,3%. Ante la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos (que fogoneó el Gobierno), Macri terminó definiendo el futuro del salario mínimo. El ministro Triaca, compartió la propuesta patronal, aunque le sumó un mísero 3%. Con los hechos consagrados, es la primera vez en la historia que el Consejo del Salario no llega a un acuerdo entre las partes.
El aumento solo satisfizo a los empresarios entre los que estaban la UIA, la Bolsa de Comercio, las centrales del campo: Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, Argencon (empresas de servicios externos), FEGHRA (Hoteles y gastronomía), la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción, entre otras.
Este incremento dado por el Gobierno no alcanza siquiera para cubrir el 65% de la Canasta Básica Total que mide el Indec, el cual en el último informe de mayo señala que una familia tipo necesita $14.665,88 para no caer en la pobreza. Así, esta decisión macrista no sirve siquiera para paliar las mínimas necesidades elementales de los sectores populares.
Como si esto fuera poco, durante el primer cuatrimestre del año la tasa de inflación superó el 9%, complicándose así aún más la situación de pobreza e indigencia que se vive en el país. El gobierno de Macri, luego de sus consecutivas y fracasadas promesas de "segundo semestre", "brotes verdes" o "luz al final del túnel", y mientras crecen la inflación y la desocupación, estableció -por decreto- un salario mínimo de pobreza.
Para justificarlo, ahora ensayan una nueva variante del "relato". Los "inversores", los que estarían pensando en poner una fábrica y generar empleo, ven la posibilidad de que vuelva Cristina y dudan. El Gobierno utiliza al fantasma del triunfo electoral K para justificar por qué la economía no arranca, buscando asustar a la gente para que voten los candidatos macristas. Así administra el Gobierno de los Ricos.
La Opinión Popular
NO HUBO ACUERDO EN EL CONSEJO DEL SALARIO Y EL GOBIERNO FIJÓ EL MÍNIMO, QUE LLEGARÁ EN JULIO DE 2018 A 10 MIL PESOS
Una definición para el lado empresarial
La negociación del Consejo del Salario fracasó pero el gobierno nacional se salió con la suya. Ante la falta de acuerdo (que fogoneó) entre empresarios y sindicatos en la mesa de negociación, terminó definiendo o laudando, como se dice técnicamente, el futuro del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, compartió la propuesta patronal, aunque le sumó un 3 por ciento, y anunció que se elevará un 24 por ciento que se abonará en tres cuotas, para que en julio del próximo año llegue a 10.000 pesos.
La decisión fue rechazada por los representantes sindicales de la CGT y las dos CTA que proponían que ascendiera a 15.000 pesos. Estas últimas evaluaban anoche la posibilidad de promover una movilización e incluso un paro nacional para repudiar esta cifra que está por debajo de la canasta básica. La CGT, en tanto, dijo que la próxima semana evaluará los pasos a seguir.
Las reuniones comenzaron en la mañana y ya se preveían complicadas. Las partes integraron las comisiones de Productividad; Empleo; Formación; Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social y, la más importante, Salario.
En esta última, la representación patronal insistió, con el aval del gobierno, en que el nuevo valor del SMVM no supere en mucho el porcentaje de las negociaciones paritarias, esto es alrededor del 21 por ciento. El gobierno, que ya había dejado trascender su coincidencia con los sectores empresariales, movió una ficha y al momento de laudar lo llevó al 24 por ciento.
Los funcionarios de la cartera laboral se manejaron en todo momento con porcentajes. Los sindicalistas lo hicieron con cifras concretas. El recurso del porcentaje no fue inocente porque el 24 por ciento final suena a los oídos del distraído como generoso. Pero cuando se lo traduce en pesos no lo es tanto. Por caso, el actual salario mínimo está valuado en 8.060 pesos y con el porcentaje que decidió el gobierno llegará a los 10.000 pesos en julio de 2018.
Ante esta maniobra, los sectores sindicales hablaron siempre en valores el necesario incremento que lo colocaron en 15.000. El gobierno no aceptó esa propuesta y lo hizo expresándose en su idioma porque, como dice el comunicado del ministerio que conduce Triaca, pedían un aumento del 75 por ciento.
Durante la tarde, las negociaciones se estancaron y hasta se propuso un cuarto intermedio pero la suerte del nuevo SMVM estaba echada y solo satisfacía a los empresarios entre los que estaban la UIA, la Bolsa de Comercio, las centrales del campo Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, Argencon (empresas de servicios externos), FEGHRA (Hoteles y gastronomía), la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara Argentina de la Construcción, entre otras.
Roberto Baradel de Suteba fue parte de las negociaciones y aseguró a Páginað12 que la propuesta de la dupla gobierno-empresarios la rechazaron porque "es absolutamente inaceptable" tanto en lo que hace al monto y sobre todo en las tres cuotas que tendrá.
Para los sectores sindicales el detalle de las cuotas encierra una trampa porque la aplicación de la primera cuota se tomará a partir de julio, 8.860 pesos, que luego ascenderá a 9.500 en enero de 2017 y a 10.000 en julio de ese mismo año.
Sin embargo, como señalaron fuentes gremiales, "se comieron" este mes de junio y por lo tanto el trabajador soltero que recién comienza tendrá que esperar 13 meses para ver el impacto final del nuevo salario mínimo, vital y móvil.
Esto también lo sentirán aquellos que reciben el salario social complementario que se implementó a partir de la sanción de la ley de Emergencia Social. Este punto, en cuanto al impacto fiscal que implica, fue uno de los argumentos que utilizó el gobierno para mezquinar el incremento final.
El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, fue categórico a la hora de evaluar la definición del Consejo del Salario: "Una verdadera vergüenza", dijo y aseguró que "es hora de evaluar una protesta nacional y paros entre todos los sindicatos".
A Micheli le parece que la movilización o el paro debería implementarse el próximo 9 de julio e indicó que "si las tres centrales coincidimos en la propuesta y en el rechazo a lo que decidió el gobierno bien podemos coincidir en la metodología de la protesta". Sobre el mismo tema, Baradel dijo que en la CTA que integra y que lidera Hugo Yasky "tendrá que ser evaluada" la forma de protesta.
Uno de los triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, tuvo una mirada un tanto diferente en cuanto a la posibilidad de una medida de acción directa al señalar, en una entrevista radial, "están los que legítimamente pueden empujar un reclamo y los otros que tienen algún otro tipo de especulación. La semana que vienen vamos a reunirnos a evaluar este tema (el salario mínimo) y también la cuestión preelectoral".
La referencia política de Schmid no es casual. Dirigentes sindicales intermedios afirman que buena parte de los jefes sindicales que integran la CGT no tienen la intención de realizar alguna movilización o paro que, según ellos, pueda favorecer la intención de voto de la ex presidenta Cristina Kirchner o del frente que conduce, la Unidad Ciudadana.
Por Felipe Yapur
Fuentes: Página12, Clarín, La Nación, Diario Hoy, La Izquierda Diario y La Opinión Popular