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Paraná - 29-05-2017 / 11:05

Luis Garay, el Defensor del Pueblo, rechazó el aumento del 25% del transporte público

Luis Garay, el Defensor del Pueblo, rechazó el aumento del 25% del transporte público
Luís Garay, defensor del Pueblo de Paraná. Foto: Blas García para La Opinión Popular (Permitida su reproducción citando la fuente)
"La Defensoría no puede estar avalando un aumento del boleto por encima del cierre de las paritarias municipales, ni hablar de otros gremios", afirmó Luis Garay. Recordó que el organismo entendía "que no era conveniente darle a esta empresa ningún tipo de aumento hasta tanto no cumpla con lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, que es mejorar el servicio". Y agregó que "se podría haber esperado la nueva concesión".
 
"El transporte es un tema que la Defensoría lo viene trabajando hace mucho tiempo. Nosotros cuando estaba todavía gobernando Halle como intendente, que hubieron tres audiencias públicas en distintos lugares de Paraná, en el Club San Martín, en el club Patronato, y en un CIC de La Floresta, participamos ante la convocatoria del Ejecutivo por el tema del aumento del boleto, pedido por los empresarios, que son los mismos que ahora", analizó el Defensor sobre una de las deudas estructurales de la capital entrerriana.
 
"A partir de allí hicimos una recomendación, en su momento a Halle, después en noviembre de 2013 a la intendenta Osuna, y después a Varisco en febrero de 2016, donde pedíamos que se constituya una mesa de seguimiento al transporte para que haga un control y se acompañe todo el tema del transporte, con representación de los usuarios", precisó Garay.
 
Y detalló que esta participación de quienes utilizan el servicio significa que "en esa mesa estén los sindicatos de empleados estatales, los sindicatos de empleados de comercios, los jubilados, la Unión Tranviarios Automotor, la Federación de Estudiantes Universitarios, los centros de estudiantes secundarios, y comisiones vecinales, para que se discuta estas cuestiones cada vez que hay aumento".
 
Esa comisión multisectorial, con los usuarios representados, nunca logró implementarse. Por el contrario, la Municipalidad convocó a una mesa, en el contexto del marco regulatorio aprobado el año pasado. Este espacio, presidido por la Secretaría de Servicios Públicos del Ejecutivo local no contemplaba a ninguno de los actores detallados por el Defensor del Pueblo.
 
En ese momento, la Asamblea Ciudadana Vecinalista realizó distintas acciones para visibilizar la falta de convocatoria a una de las problemáticas históricas en la ciudad y para reclamar que una legislación que regule el transporte de pasajeros tenía que sumar todas las voces intervinientes.
 
La ordenanza se aprobó pese a las críticas el 12 de septiembre. "El proyecto dentro de lo que fue el marco regulatorio decidió que iba a haber una mesa con una composición distinta, que solamente iba a estar conformada por un representante del sector empresarial, un representante de cada bloque del HCD, un representante de Defensa del Consumidor, el Secretario de Legal y Técnica, el Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, y el Secretario de Servicios Públicos, de la Municipalidad de Paraná", señaló el Garay.
 
Explicó que además se constituía por "la representación de la UTA, de la Defensoría del Pueblo, y por los técnicos convocados por el Ejecutivo y el HCD. Esos profesionales que trabajaron fueron tres, de los cuales el tercero no fue aceptado por la minoría, pero que también trabajó por la parte técnica".
 
El Defensor del Pueblo puntualizó, en declaraciones a Agenda Abierta, que esta comisión tiene por misión "para la nueva concesión hacer un seguimiento". Comentó que fueron convocados "en abril porque en febrero y en enero habían recibido dos pedidos de las empresas, Mariano Moreno y Ersa, por un aumento del boleto".
 
Y destacó que la Defensoría en la primera reunión presentó su postura "diciendo que nosotros no íbamos a apoyar ningún aumento del boleto, hasta tanto no se trate el tema que a nosotros nos preocupa que es la frecuencia, y en general el servicio, por la cantidad de quejas que habíamos tenido de los usuarios".
 
"La comisión siguió adelante, trabajó en el costo del boleto, que fueron los resultados de este 25%, que en definitiva no es como lo plantea el Ejecutivo ya que un boleto plano sería de $7,75 el boleto", puntualizó Garay, quien atribuye la confusión a las distintas tarifas que componen el servicio, como por ejemplo el boleto plano, de jubilados, o de estudiantes.
 
Aclaró que el "costo que manejaron los técnicos es 7,75, por debajo incluso de lo que se aprobó". La versión oficial explica que en realidad el equipo técnico solicitó un aumento a 11,50 y el Ejecutivo local utilizó ese juego de cifras para insistir que el aumento autorizado era menor que el evaluado y sugerido por los especialistas.
 
 
Nueva licitación
 
"Todavía no está la nueva concesión. Si bien se presentó una sola empresa, el Ejecutivo no ha aprobado la nueva concesión, aunque creo que todo indica que la van a aprobar", especificó Garay sobre la casi segura continuidad que tendrán las empresas en el servicio público de transporte.
 
"Vamos a hacer el control para que las condiciones que se hayan exigido en el pliego se cumplan", adelantó el Defensor del Pueblo. Y afirmó que para el organismo es fundamental el desarrollo de esta concesión porque realizaron otra recomendación "pidiendo que sea el 100% de los coches que se incorporen sean adaptados a las personas con discapacidad".
 
Recordó que la Defensoría reclamó en la Audiencia Pública del pasado 29 de diciembre "que no hubiera concesión en este año, sino en el 2018, porque queríamos que coincidiera con los interurbanos, es decir con los colectivos que hacen Colonia Avellaneda- Paraná, San Benito- Paraná y Oro Verde- Paraná".
 
Explicó que no fue por una cuestión caprichosa, sino que "planteábamos que tenía que contemplarse los 190 coches que hoy estarían incorporados en esta nueva licitación, porque no es lo mismo 20% de 190 que de 130".
 
 
Quejas por el servicio
 
"La Defensoría siempre ha recibido quejas", comentó Garay y explicó que "la mesa ha resuelto centralizar todo por intermedio de Defensa del Consumidor. Ya en la gestión anterior hubo un decreto del Ejecutivo que le otorgaba la posibilidad a Defensa del Consumidor de ser el órgano de recepción. Así que se aprobó un formulario para institucionalizar la queja de los usuarios, donde nosotros como Defensoría lo que vamos a hacer es socializarlo, y si es necesario hacer un trabajo en las paradas de colectivos para que la gente sepa que puede quejarse cuando hay un mal servicio".
 
Por último, Garay precisó que hace unos días se encuentran trabajando en un informe pedido por el Poder Judicial "por un juicio entre la Municipalidad y las empresas, por el tema de las multas, que se habían aplicado por el incumplimiento con el tema de frecuencias" Remarcó que "muchas de las denuncias fueron canalizadas por la Defensoría del Pueblo".
 
Fuente: El Diario 
 
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