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"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
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Nacionales - 11-05-2017 / 10:05

Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas

Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas
El gobierno de Macri viene impulsando la impunidad para los represores y genocidas, y están tratando de instalar desde el Estado un discurso de relativización de la dictadura militar, de negación del terrorismo de Estado y del genocidio y de reedición de la nefasta teoría de los dos demonios, para ir creando el terreno para justificar la impunidad para los civiles, empresarios y militares que impulsaron el golpe de 1976. El repudio a esta política se convirtió ayer en inmensa multitud. Ciento de miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo contra el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 a genocidas.
Lo de ayer fue una derrota política muy grande para el gobierno de Mauricio Macri. El repudiable fallo de la mayoría macrista en la Corte Suprema, para beneficiar a represores y genocidas, logró movilizar a un amplísimo sector de la sociedad, que se identifica con aquellos que marcharon contra el Gobierno en las complicadas semanas de marzo.
 
El multitudinario rechazo al vergonzoso fallo Pro Genocidas, que ayer el Senado convirtió en ley, se volcó a la Plaza de Mayo por la convocatoria de Madres y Abuelas y desbordó todo el centro de la ciudad con pañuelos blancos. La Plaza se llenó aun antes de que llegaran las multitudinarias columnas gremiales y partidarias. Sobre el final del acto, los organizadores calcularon unas 500 mil personas.
 
Desde la dictadura y en la transición democrática, los derechos humanos tejieron una relación intensa con una franja muy amplia de la sociedad. Si los organismos de DD.HH no hubieran logrado establecer un vínculo con ese amplísimo sector de la sociedad que se expresó ayer en la Plaza de Mayo, no hubiera habido condenas ni juicios, ni nietos recuperados ni políticas de memoria sobre la historia reciente.
 
La vieja Argentina derechista, conservadora y pro milica estuvo ajena a ese proceso. En los primeros años de democracia se resignó a ceder ese espacio. A partir de los levantamientos carapintada, la reacción fue cada vez más visible en los medios tradicionales que comenzaron a ocultar las actividades relacionadas con la defensa de los DD.HH para dar lugar a los defensores de los represores y genocidas.
 
Poco a poco la exigencia de terminar con la revisión del pasado y con las políticas de memoria, verdad y justicia se convirtío en el reclamo abierto de la reacción conservadora y los grandes medios corporativos. En 2015, los militares y los presos de lesa humanidad votaron a Macri con la esperanza que dejara en libertad a los genocidas. El 99,9% de la "familia militar" está con Macri. Es su núcleo duro.
 
Por eso, el Gobierno se mostró demasiado cómodo con el fallo, al que siempre llamó a respetar. Incluso la crítica tardía del presidente Macri fue a la ley por facilitar la liberación de presos comunes. La bandera de los DD.HH fue levantada por la sociedad y es el mayor resguardo que tiene hoy la democracia frente a los intentos autoritarios, provengan de los cuarteles o de los poderes constituidos, Ejecutivo y Judicial.
 
Además, el PRO emana de sectores que siempre se opusieron a los reclamos de los DD.HH, porque ven a los derechos humanos como una revancha de los guerrilleros sobrevivientes contra los militares. Pero, los que piensan que los juicios son una revancha es porque creen que la dictadura estuvo bien o porque fueron beneficiados por ésta.
 
Y mientras piensen así nunca entenderán la importancia que tienen los DD.HH. para una sociedad atrozmente vejada por esos represores. Ese malentendido mandó a la Corte al holocausto. En un solo acto, perdió credibilidad y el Gobierno desgastó una pieza fundamental de su arquitectura de poder. El fallo del 2x1 es la cruz de esos magistrados, cuyas futuras decisiones de aquí en adelante quedarán en entredicho.
 
La Opinión Popular

 
La responsabilidad del gobierno en el 2x1
 
La responsabilidad del gobierno en este tema, seguro no es la que los fabuladores de la oposición le atribuyen. Ellos difunden la idea de una entente entre curas reaccionarios, jueces liberales y una gestión heredera de la dictadura, toda gente horrible cuyo fin sería la impunidad (disfrazada de reconciliación, como en los noventa) y su primer paso el reciente fallo de la Corte. Ignorando que igual criterio se usó en un fallo de 2013, en pleno kirchnerismo, y lo promoviera para más de un caso Raúl Zaffaroni.
 
Y el hecho de que el gobierno de Macri careció de una postura unificada y precisa al respecto dejó, al menos al comienzo, que cada funcionario opinara lo que le parecía. Lo que revela que, más que un oscuro y cuidado plan oficial al respecto, lo que hubo de su lado fue falta de previsión y de política. Igual que con las tarifas un año antes (¿para cuándo la curva de aprendizaje?).
 
Como política de derechos humanos no hay, pero estas cosas pasan y seguirán pasando, el gobierno queda cada tanto en off side, pagando costos por lo que no hace. Tal como con otros asuntos, la oposición insistirá en que hay que movilizarse para detener el "avance de la derecha". Para cuando el oficialismo aclare que no pretendía tal avance ya será tarde, porque aquella podrá decir: "¿vieron?, los frenamos, sigamos así hasta que se vayan".
 
Hay por otro lado ciertas decisiones iniciales que sí comprometen al Ejecutivo. No puede desentenderse del "cambio de clima" en la sociedad y en los tribunales que dio marco al fallo; menos desde que el gobierno nominó a dos de los supremos que lo impulsaron. De allí que la pretensión oficial de sacarle el cuerpo al pasado, evitar la discusión sobre derechos humanos y el trato que merecen los represores, se revele tan inconducente.
 
La posición de Rosatti, Rosencrantz y Highton es, a este respecto, tanto una señal de independencia de los tribunales como de las crecientes tensiones entre lo jurídico y lo político que de ella derivarán. Y para peor ella no estará sola. Se sabe que ha habido muchos abusos procesales en juicios a represores. Cuyas denuncias incluso han llegado a la CIDH. Aunque seguro no encontrarán allí ni un ápice del eco que logran los planteos de los organismos: nadie quiere darle bolilla a estos tipos, algo políticamente comprensible, aunque jurídicamente indefendible.
 
También se sabe que a la corta o a la larga algunos de esos casos de negación de derechos llegarán a la Corte. ¿Qué hará ella entonces? ¿Y qué hará el gobierno al respecto? ¿Se comportará con la imprevisión de estos días o como con el 24 de marzo, que primero quiso mover con criterios turísticos y nulo olfato político y vistas las reacciones generadas decidió ignorar el tema para el resto de su mandato?
 
Sería razonable que empiece por explicar qué significa para él la afirmación de que los derechos humanos son una política de Estado: de qué modo y para qué fines pretende que el mayor número posible de argentinos compartamos una revisión crítica del pasado y una garantía de que no serán tolerados abusos contra esos derechos.
 
Y para lograrlo volver a Alfonsín no sería mala idea. Él tuvo que aceptar límites, sobre todo por inviabilidad política, a la persecución de los responsables de la represión ilegal. Y se planteó entonces como prioritario que los juicios que se pudieran hacer no sólo castigaran los más graves delitos, sino sobre todo aseguraran los principios republicanos básicos, rechazo a la violencia facciosa, respeto a la ley igual para todos, e imperio del derecho por sobre las banderías políticas. Hoy que la viabilidad política de los juicios no tiene límite alguno todavía esos principios distan de estar asegurados.
 
El derecho sigue aplicándose muchas veces con criterios extrajurídicos: a unos les damos prisión domiciliaria a los 75 años y a otros no; a unos se les respetan las garantías procesales - y dejamos que las usen para estirar Ad eternum sus juicios- y a otros nada.
 
Parece que la Corte se abocará a corregir algo de esto, por lo que enfrentará resistencias de todo tipo y puede que cometa errores en el camino (mucha sensibilidad política tampoco tiene, sólo que en su caso eso puede disculpársele). Lo que no se sabe es si el Ejecutivo va a ayudarla o va a mirar las encuestas antes de opinar y luego actuar de modo que el barro de la historia lo ensucie lo menos posible.
 
Por Marcos Novaro
 
Fuentes: La Nación, Página12, Clarín, BAE Negocios y LOP
 

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Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas
Acto en Paraná.
19-02-2018 / 11:02
Un poco con la intención de "hacer los deberes" para Mauricio Macri y mucho porque las cuentas están lejos de cerrarles en las provincias, la mayoría de los gobernadores ofrecerán a los trabajadores estatales de sus jurisdicciones aumentos de no más del 15% en las negociaciones paritarias.
 
El porcentaje de mejora salarial va en línea con el que, también la mayoría de los mandatarios, prevé proponer a los gremios docentes, aunque en el caso de los estatales negocian sin la presión temporal de las fechas del comienzo de clases.
  
La oferta de un porcentaje que está muy por debajo de las previsiones de inflación de los consultores privados, más allá de la meta oficial, tiene una explicación común a casi todas las provincias. Salvo San Luis, todas firmaron el pacto fiscal.
 
El acuerdo con el gobierno nacional, que fue ratificado por las legislaturas de todos los distritos salvo Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero y Chubut, las obliga a recortar el gasto público y siembra incógnitas serias respecto de sus niveles de recaudación.
 
Entre los cambios previstos por el pacto, sobresale la eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos, que representa más del 80 por ciento de la recaudación de las provincias.
 
Además, con las metas de recorte del gasto se ponen en juego parte de los recursos que la Nación reparte todos los meses entre las provincias. No cumplir con las reducciones acordadas los expone a perder, por ejemplo, las transferencias del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
 
Varias provincias, de hecho, ya dispusieron para este año el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y otras medidas de recorte del gasto, como la prohibición de aumentar las plantas de personal del Estado.

19-02-2018 / 10:02
19-02-2018 / 09:02
La cumbre de Chapadmalal ofreció un retrato acabado del momento que transita el Gobierno de Mauricio Macri. Se evitó el contacto con la prensa de cualquiera de los múltiples funcionarios del área económica y Macri sólo se encendió cuando le tocó hablar del caso del policía.
 
Chocobar y Zaffaroni son los salvavidas a los que se aferran con hambre de náufragos los macristas desde la Casa Rosada, para evitar un debate serio sobre todo lo que no funciona en la macroeconomía luego de dos años de gradualismo. Una pena.
 
Populismo de derecha no deja de ser populismo. Repasemos algunos datos para este año que circulan entre economistas pro mercado, que les gusta lo que escuchan pero no lo que ven: La economía va a crecer más cerca de la franja del 2% al 2,5% que del 3,5% que fijó el Gobierno en el presupuesto.
 
El pronóstico es duro, porque el crecimiento es la gran apuesta de Macri tras la decepción que dejó hasta ahora la lucha contra la inflación. Amenaza con diluirse así la última carta de un relato sostenido en la recuperación económica, que empieza a fugar en silencio al más confortable terreno del manodurísmo.
 
Un 2,5% de crecimiento es muy poco como bandera, si el resto sigue desalineado. Para que se entienda: Ese rango de crecimiento es considerado decepcionante, incluso en economías en desarrollo con una inflación anual abajo de los cuatro puntos como Brasil o México.
 
En la Argentina el consenso de los economistas proyecta para este año una inflación en torno al 20%, pero nadie descarta que termine escalando al menos tres puntos más. Es decir que al menos hasta ahora, el ajuste que hizo la Casa Rosada sobre el final de 2017 de aceptar un poco más de inflación a cambio de crecimiento, no está ofreciendo los beneficios esperados.
 
Luego viene la vida real. Se estima que el año podría cerrar con una pérdida de poder adquisitivo cercana a los 8 puntos contra el 2015, cuando empezó su gestión Macri. Y una caída del consumo superior a los 3 puntos. Tarifazos y aumentos de servicios básicos muy por encima de la inflación, explican buena parte de ese deterioro.
 
El empleo traza una línea de crecimiento vegetativo del empleo y aleja la promesa de reducción drástica de la pobreza. Entonces, la pregunta es simple: ¿Cuál es el saldo a favor de este proceso para la mayoría? Eso es lo que el gobierno de Macri todavía no logra explicar con consistencia y por eso rehúye el debate económico.
 
Por eso, el abrazo a Chocobar es más una necesidad que una convicción. Es el recurso narrativo para alimentar algún entusiasmo en la tropa propia, hasta cruzar el desierto de este 2018, mientras se reza para que el peronismo permanezca dividido.

18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
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