La Opinión Popular
                  15:20  |  Domingo 22 de Abril de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“A los que les guste mucho la plata hay que correrlos de la política. Hay que buscar gente que viva con sencillez, con sobriedad, como la inmensa mayoría de la sociedad”. Pepe Mujica
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Nacionales - 11-05-2017 / 10:05

Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas

Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas
El gobierno de Macri viene impulsando la impunidad para los represores y genocidas, y están tratando de instalar desde el Estado un discurso de relativización de la dictadura militar, de negación del terrorismo de Estado y del genocidio y de reedición de la nefasta teoría de los dos demonios, para ir creando el terreno para justificar la impunidad para los civiles, empresarios y militares que impulsaron el golpe de 1976. El repudio a esta política se convirtió ayer en inmensa multitud. Ciento de miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo contra el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 a genocidas.
Lo de ayer fue una derrota política muy grande para el gobierno de Mauricio Macri. El repudiable fallo de la mayoría macrista en la Corte Suprema, para beneficiar a represores y genocidas, logró movilizar a un amplísimo sector de la sociedad, que se identifica con aquellos que marcharon contra el Gobierno en las complicadas semanas de marzo.
 
El multitudinario rechazo al vergonzoso fallo Pro Genocidas, que ayer el Senado convirtió en ley, se volcó a la Plaza de Mayo por la convocatoria de Madres y Abuelas y desbordó todo el centro de la ciudad con pañuelos blancos. La Plaza se llenó aun antes de que llegaran las multitudinarias columnas gremiales y partidarias. Sobre el final del acto, los organizadores calcularon unas 500 mil personas.
 
Desde la dictadura y en la transición democrática, los derechos humanos tejieron una relación intensa con una franja muy amplia de la sociedad. Si los organismos de DD.HH no hubieran logrado establecer un vínculo con ese amplísimo sector de la sociedad que se expresó ayer en la Plaza de Mayo, no hubiera habido condenas ni juicios, ni nietos recuperados ni políticas de memoria sobre la historia reciente.
 
La vieja Argentina derechista, conservadora y pro milica estuvo ajena a ese proceso. En los primeros años de democracia se resignó a ceder ese espacio. A partir de los levantamientos carapintada, la reacción fue cada vez más visible en los medios tradicionales que comenzaron a ocultar las actividades relacionadas con la defensa de los DD.HH para dar lugar a los defensores de los represores y genocidas.
 
Poco a poco la exigencia de terminar con la revisión del pasado y con las políticas de memoria, verdad y justicia se convirtío en el reclamo abierto de la reacción conservadora y los grandes medios corporativos. En 2015, los militares y los presos de lesa humanidad votaron a Macri con la esperanza que dejara en libertad a los genocidas. El 99,9% de la "familia militar" está con Macri. Es su núcleo duro.
 
Por eso, el Gobierno se mostró demasiado cómodo con el fallo, al que siempre llamó a respetar. Incluso la crítica tardía del presidente Macri fue a la ley por facilitar la liberación de presos comunes. La bandera de los DD.HH fue levantada por la sociedad y es el mayor resguardo que tiene hoy la democracia frente a los intentos autoritarios, provengan de los cuarteles o de los poderes constituidos, Ejecutivo y Judicial.
 
Además, el PRO emana de sectores que siempre se opusieron a los reclamos de los DD.HH, porque ven a los derechos humanos como una revancha de los guerrilleros sobrevivientes contra los militares. Pero, los que piensan que los juicios son una revancha es porque creen que la dictadura estuvo bien o porque fueron beneficiados por ésta.
 
Y mientras piensen así nunca entenderán la importancia que tienen los DD.HH. para una sociedad atrozmente vejada por esos represores. Ese malentendido mandó a la Corte al holocausto. En un solo acto, perdió credibilidad y el Gobierno desgastó una pieza fundamental de su arquitectura de poder. El fallo del 2x1 es la cruz de esos magistrados, cuyas futuras decisiones de aquí en adelante quedarán en entredicho.
 
La Opinión Popular

 
La responsabilidad del gobierno en el 2x1
 
La responsabilidad del gobierno en este tema, seguro no es la que los fabuladores de la oposición le atribuyen. Ellos difunden la idea de una entente entre curas reaccionarios, jueces liberales y una gestión heredera de la dictadura, toda gente horrible cuyo fin sería la impunidad (disfrazada de reconciliación, como en los noventa) y su primer paso el reciente fallo de la Corte. Ignorando que igual criterio se usó en un fallo de 2013, en pleno kirchnerismo, y lo promoviera para más de un caso Raúl Zaffaroni.
 
Y el hecho de que el gobierno de Macri careció de una postura unificada y precisa al respecto dejó, al menos al comienzo, que cada funcionario opinara lo que le parecía. Lo que revela que, más que un oscuro y cuidado plan oficial al respecto, lo que hubo de su lado fue falta de previsión y de política. Igual que con las tarifas un año antes (¿para cuándo la curva de aprendizaje?).
 
Como política de derechos humanos no hay, pero estas cosas pasan y seguirán pasando, el gobierno queda cada tanto en off side, pagando costos por lo que no hace. Tal como con otros asuntos, la oposición insistirá en que hay que movilizarse para detener el "avance de la derecha". Para cuando el oficialismo aclare que no pretendía tal avance ya será tarde, porque aquella podrá decir: "¿vieron?, los frenamos, sigamos así hasta que se vayan".
 
Hay por otro lado ciertas decisiones iniciales que sí comprometen al Ejecutivo. No puede desentenderse del "cambio de clima" en la sociedad y en los tribunales que dio marco al fallo; menos desde que el gobierno nominó a dos de los supremos que lo impulsaron. De allí que la pretensión oficial de sacarle el cuerpo al pasado, evitar la discusión sobre derechos humanos y el trato que merecen los represores, se revele tan inconducente.
 
La posición de Rosatti, Rosencrantz y Highton es, a este respecto, tanto una señal de independencia de los tribunales como de las crecientes tensiones entre lo jurídico y lo político que de ella derivarán. Y para peor ella no estará sola. Se sabe que ha habido muchos abusos procesales en juicios a represores. Cuyas denuncias incluso han llegado a la CIDH. Aunque seguro no encontrarán allí ni un ápice del eco que logran los planteos de los organismos: nadie quiere darle bolilla a estos tipos, algo políticamente comprensible, aunque jurídicamente indefendible.
 
También se sabe que a la corta o a la larga algunos de esos casos de negación de derechos llegarán a la Corte. ¿Qué hará ella entonces? ¿Y qué hará el gobierno al respecto? ¿Se comportará con la imprevisión de estos días o como con el 24 de marzo, que primero quiso mover con criterios turísticos y nulo olfato político y vistas las reacciones generadas decidió ignorar el tema para el resto de su mandato?
 
Sería razonable que empiece por explicar qué significa para él la afirmación de que los derechos humanos son una política de Estado: de qué modo y para qué fines pretende que el mayor número posible de argentinos compartamos una revisión crítica del pasado y una garantía de que no serán tolerados abusos contra esos derechos.
 
Y para lograrlo volver a Alfonsín no sería mala idea. Él tuvo que aceptar límites, sobre todo por inviabilidad política, a la persecución de los responsables de la represión ilegal. Y se planteó entonces como prioritario que los juicios que se pudieran hacer no sólo castigaran los más graves delitos, sino sobre todo aseguraran los principios republicanos básicos, rechazo a la violencia facciosa, respeto a la ley igual para todos, e imperio del derecho por sobre las banderías políticas. Hoy que la viabilidad política de los juicios no tiene límite alguno todavía esos principios distan de estar asegurados.
 
El derecho sigue aplicándose muchas veces con criterios extrajurídicos: a unos les damos prisión domiciliaria a los 75 años y a otros no; a unos se les respetan las garantías procesales - y dejamos que las usen para estirar Ad eternum sus juicios- y a otros nada.
 
Parece que la Corte se abocará a corregir algo de esto, por lo que enfrentará resistencias de todo tipo y puede que cometa errores en el camino (mucha sensibilidad política tampoco tiene, sólo que en su caso eso puede disculpársele). Lo que no se sabe es si el Ejecutivo va a ayudarla o va a mirar las encuestas antes de opinar y luego actuar de modo que el barro de la historia lo ensucie lo menos posible.
 
Por Marcos Novaro
 
Fuentes: La Nación, Página12, Clarín, BAE Negocios y LOP
 

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Histórica movilización a Plaza de Mayo para rechazar el 2x1 Pro Genocidas
Acto en Paraná.
21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
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