La Opinión Popular
                  05:54  |  Jueves 22 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
"El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean". Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía
Recomendar Imprimir
Nacionales - 06-05-2017 / 11:05
RECHAZO DE TRES JUECES FEDERALES Y UNA FISCAL DE LA CORTE

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas
PROMOCIÓN MACRISTA 2X1/SOLO GENOCIDAS. Ya suman cuatro los represores que se apresuraron a pedir ser contemplados en el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte en el caso Muiña. Los represores se adelantaron a pedir el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte, entre ellos el “partero de la Esma”. Pero por ahora ninguno fue aceptado y varios fiscales plantean su inconstitucionalidad. son 278 los condenados en condiciones de reclamar la salida.
Ayer, apenas tres días después de que los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti accedieran a beneficiar con 2x1 a Luis Muiña, acusado por delitos de lesa humanidad, el controvertido fallo de la Corte Suprema cosechó cinco pedidos de excarcelación de cinco represores, el rechazo de un tribunal y el pedido inconstitucionalidad de un fiscal especializado en la materia.
 
Según números preliminares que maneja la Procuración General de la Nación, 278 imputados que se encuentran actualmente detenidos podrían ser beneficiados por el 2x1, lo que representa el 52 % de los condenados bajo arresto. Los represores Alfredo Astiz, Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez, son algunos de los que podrían solicitar la libertad. Para el Gobierno de Macri sólo se podrían beneficiar cuatro represores. Una diferencia sustancial de estimaciones.
 
El primero en presentar su pedido de libertad fue el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Lo hizo el jueves ante el TOF 6 quien corrió vista a la fiscal federal María Ángeles Ramos. Ayer, la fiscal pidió a los jueces que declaren la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del beneficio. Ahora el tribunal tiene cinco días para resolver si lo liberan o no.
 
Poco después se conoció la decisión de fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, que pidió al TOCF 5 que rechace el pedido excarcelación hecho por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. El tribunal aceptó el pedido del fiscal. 
 
Parenti también pidió, en forma subsidiaria, la declaración de inconstitucionalidad de la derogada ley 24.390. El fiscal afirmó que resulta llamativo que la Corte se apoye en el argumento de que la ley del 2 x 1, dictada de 1994, no contenga una referencia expresa a los delitos de lesa humanidad para establecer una excepción "cuando en ese momento estaba totalmente clausurada la posibilidad de juzgar estos delitos".
 
El ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de menores fue otro de los que pidió su excarcelación, al igual que Juan Antonio Azic, apropiador de la diputada Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Azic fue condenado a 14 años por la apropiación de Donda y a 10 por la de Ruiz Dameri. En tanto que en San Juan se registro el pedido del represor Alejandro Lazo, condenado por torturas y privación de la libertad que ya goza de salidas transitorias.
 
La fiscal federal Ramos pidió que se declare inconstitucional el beneficio conocido como 2x1. Ramos está a cargo de la Unidad de Asistencia para causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y argumentó que si se aplica el 2x1 resultaría "violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". En otras palabras, los condenados por delitos menores recibirían castigos peores que los represores. El objetivo es que si el planteo llega finalmente al nivel máximo de la Justicia, la Corte Suprema vuelva a debatir la inconstitucionalidad de su propia decisión.
 
La Opinión Popular

 
NEGARON TRES PEDIDOS DE REPRESORES PARA QUE LOS DEJARAN EN LIBERTAD LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
 
Hacen cola para salir, pero no los dejan
 
"Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi", decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2x1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue.
 
En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia.
 
En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2x1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite.
 
Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco.
 
El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio.
 
El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años.
 
Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema.
 
Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978. 
 
El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en "los supuestos" del "2x1", pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio.
 
Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.
 
El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2x1.
 
El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia.
 
Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.
 
En Mendoza, el TOCF2 rechazó también el pedido de 2x1 de Mercado Laconi, ex oficial de la Unidad Regional II, que está en pleno juicio oral. El fallo de Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso señaló, a coro con la fiscalía, la falta de seriedad del planteo.
 
Destacaron que el abogado defensor incluso admitió que no había leído el fallo de la Corte, pero que igual quiso apurarse a plantearlo a su favor, y que tampoco fundamentó cómo se aplicaría al caso de su defendido. El tribunal dijo que era evidente que no se aplicaba porque se trata de alguien que aún no tiene ninguna condena y está siendo juzgado. Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena habían pedido ocho años de prisión. A última hora el mismo tribunal recibió otro planteo que resolverá la semana próxima.
 
En el caso de Gallo, fue el primero de todos en pedir la reducción. Es el apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores y en 2016 recibió una pena unificada de 25 años. El TOF6 les dio intervención a las partes e incluso Abuelas pidió que, si Gallo es liberado, Francisco reciba protección como testigo.
 
En los tribunales de todo el país, los jueces ya están mentalizados para recibir planteos similares, aunque cada uno tiene su particularidad. Los que se refieren a casos que están en trámite, serán importantes por el criterio que vayan estableciendo.
 
Los fiscales que hasta ahora opinaron, entre ellos Ángeles Ramos, Pablo Parenti y Abel Córdoba, plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del 2x1 en estos casos, ya que afectaría el principio de proporcionalidad de la pena para los crímenes de lesa humanidad.   
 
Según un relevamiento que está realizando la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, cuyos primeros resultados anticipó PáginaI12, 278 condenados que están detenidos, se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte.
 
Representan el 52 por ciento de los condenados bajo arresto. Entre ellos hay nombres muy reconocibles, como los de los represores emblemáticos de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, pero también figuran genocidas como Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Bignone.
 
Por Irina Hauser
 
Fuentes: Página12, Perfil y LOP
 

Agreganos como amigo a Facebook
21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
 
En medio de la segunda jornada del paro de 48 horas en la actividad y previo a la movilización del sindicalismo opositor que compartirá con Hugo Moyano, el gremio bancario celebró un fallo judicial que dispuso restituir a entidad sindical la potestad de recaudar el denominado aporte solidario a los trabajadores no afiliados y a la par ordenó a las entidades financieras continuar pagando a su personal los ajustes por inflación determinados en la cláusula gatillo del acuerdo paritario 2017 hasta la firma de un nuevo convenio.
 
La medida cautelar en favor de la Asociación Bancaria (AB), dispuesta por el juez Julián Benito Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 11 de Resistencia, Chaco, será apelada en las próximas horas por el Ministerio de Trabajo, que en enero último había resuelto la nulidad de la cuota solidaria del 1% del salario que el gremio cobrara a unos 45.000 trabajadores no afiliados. En tanto, desde las cámaras empresarias que agrupan a los bancos evitaron ayer anticipar una posición y solo señalaron que evaluarán con sus respectivos asesores letrados el camino a seguir frente la medida judicial.
 
El fallo tuvo lugar en momentos en que la negociación paritaria sectorial está estancada (los bancos ofrecieron una suba salarial de 9% con cláusula gatillo, que fue rechazada por el gremio, que insistió con un reclamo de aumento de 20%) y se profundiza el escenario de conflicto con la amenaza de nuevos paros tras la huelga de 48 horas que culminó ayer. 
21-02-2018 / 11:02
La marcha contra las políticas de ajuste neoliberal del gobierno de Mauricio Macri promete ser multitudinaria. El sector combativo de la CGT y las dos CTA son los convocantes. No será la primera movilización contra la alianza Cambiemos pero abre una nueva etapa político sindical de mayor confrontación contra la política económica que ahoga a trabajadores con la inflación, precariza e incrementa el desempleo.
 
El gobierno de Macri ha intentado por todos los medios desmerecer las razones de la convocatoria como una forma de reducir el caudal de participación popular. El número de gremios que decidieron no participar de la movilización fue difundido por los grandes medios ultra macristas como Clarín, La Nación e Infobae, a modo de presagio negativo de la magnitud de la marcha.
 
Sin embargo, la estrategia macrista sucia anti-Moyano comienza a generar ruido en todo el sindicalismo. En su afán por aislar al líder camionero, el macrismo incurrió en prácticas que el resto de la CGT teme se puedan trasladar al resto de las organizaciones, incluidas las "Macri friendly". El temor compartido por los "gordos", los grandes gremios de servicios e "independientes", colaboracionistas con todos los gobiernos, es que las presiones oficiales sobre el camionero se vuelvan un boomerang contra el resto del sindicalismo.
 
De todos modos y más allá de esta situación gremial, lo real es que el grado de desmoronamiento de la economía llevará no solo a partidos de la oposición, organizaciones de Derechos Humanos sino también a gente sin una afiliación definida a participar de esta concentración.
 
La marcha cuenta con el aval del Consejo Directivo de una CGT en crisis, acordada con las dos CTAs, siendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) uno de los principales sindicatos de esas centrales. Además participará la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene en Sergio Palazzo de Bancarios uno de sus principales referentes.
 
La Ctera, el gremio mayoritario en docentes a nivel nacional, que en la provincia de Buenos Aires a través de Suteba está iniciando la pelea salarial contra el techo del 15% que propone María Eugenia Vidal en las paritarias, también será de la partida.
 
Los movimientos sociales ligados a la conducción espiritual del Papa Francisco también saldrán a protestar: se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.
 
El peronismo, que intenta superar su crisis con iniciativas de reunificación, sumará columnas desde el conurbano bonaerense: Gustavo Menéndez, que está al frente del PJ en la Provincia de Buenos Aires, convocó a participar. Un sector del PJ apuesta a que una movilización masiva contribuya a consolidar una oposición al Gobierno de Macri para el 2019. La intranquilidad del macrismo, los grandes medios oficialistas y el establishment económico es manifiesta.
 
La Opinión Popular

20-02-2018 / 18:02
20-02-2018 / 13:02
El "pañuelazo" convocado por la Campaña por el Derecho al Aborto reunió a miles de mujeres y centenares de hombres de distintas generaciones. En redes, #AbortoLegalYa fue tendencia mundial. Protestaron frente al Congreso para exigir la legalización del aborto, por todas las que mueren cada año en procedimientos clandestinos.
 
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una jornada de reclamos en favor a la interrupción del embarazo que incluye un "pañuelazo" frente al Congreso. "Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia", es la consigna bajo la cual la ONG trabaja desde hace 13 años por los derechos de las mujeres.
 
La exigencia es de "aborto legal ya" a los diputados y senadores, que no aprobaron una ley que mejore la situación de las cientos de mujeres que deben someterse a procedimientos clandestinos cada año. Según Amnistía Internacional, en la Argentina se realizan casi medio millón de abortos por año.
 
La socióloga y Directora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, afirmó: "Las mujeres y las identidades disidentes hemos avanzado mucho en visibilidad en el último tiempo y eso es fruto de la enorme lucha que venimos llevando hace décadas. Sin embargo, todavía falta que ese avance en la agenda mediática se materialice en derechos concretos y la responsabilidad de ello lo tienen quienes están sentados en los recintos del Congreso y en la Casa Rosada".
 
La Opinión Popular

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar