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Nacionales - 06-05-2017 / 11:05
RECHAZO DE TRES JUECES FEDERALES Y UNA FISCAL DE LA CORTE

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas
PROMOCIÓN MACRISTA 2X1/SOLO GENOCIDAS. Ya suman cuatro los represores que se apresuraron a pedir ser contemplados en el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte en el caso Muiña. Los represores se adelantaron a pedir el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte, entre ellos el “partero de la Esma”. Pero por ahora ninguno fue aceptado y varios fiscales plantean su inconstitucionalidad. son 278 los condenados en condiciones de reclamar la salida.
Ayer, apenas tres días después de que los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti accedieran a beneficiar con 2x1 a Luis Muiña, acusado por delitos de lesa humanidad, el controvertido fallo de la Corte Suprema cosechó cinco pedidos de excarcelación de cinco represores, el rechazo de un tribunal y el pedido inconstitucionalidad de un fiscal especializado en la materia.
 
Según números preliminares que maneja la Procuración General de la Nación, 278 imputados que se encuentran actualmente detenidos podrían ser beneficiados por el 2x1, lo que representa el 52 % de los condenados bajo arresto. Los represores Alfredo Astiz, Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez, son algunos de los que podrían solicitar la libertad. Para el Gobierno de Macri sólo se podrían beneficiar cuatro represores. Una diferencia sustancial de estimaciones.
 
El primero en presentar su pedido de libertad fue el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Lo hizo el jueves ante el TOF 6 quien corrió vista a la fiscal federal María Ángeles Ramos. Ayer, la fiscal pidió a los jueces que declaren la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del beneficio. Ahora el tribunal tiene cinco días para resolver si lo liberan o no.
 
Poco después se conoció la decisión de fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, que pidió al TOCF 5 que rechace el pedido excarcelación hecho por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. El tribunal aceptó el pedido del fiscal. 
 
Parenti también pidió, en forma subsidiaria, la declaración de inconstitucionalidad de la derogada ley 24.390. El fiscal afirmó que resulta llamativo que la Corte se apoye en el argumento de que la ley del 2 x 1, dictada de 1994, no contenga una referencia expresa a los delitos de lesa humanidad para establecer una excepción "cuando en ese momento estaba totalmente clausurada la posibilidad de juzgar estos delitos".
 
El ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de menores fue otro de los que pidió su excarcelación, al igual que Juan Antonio Azic, apropiador de la diputada Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Azic fue condenado a 14 años por la apropiación de Donda y a 10 por la de Ruiz Dameri. En tanto que en San Juan se registro el pedido del represor Alejandro Lazo, condenado por torturas y privación de la libertad que ya goza de salidas transitorias.
 
La fiscal federal Ramos pidió que se declare inconstitucional el beneficio conocido como 2x1. Ramos está a cargo de la Unidad de Asistencia para causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y argumentó que si se aplica el 2x1 resultaría "violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". En otras palabras, los condenados por delitos menores recibirían castigos peores que los represores. El objetivo es que si el planteo llega finalmente al nivel máximo de la Justicia, la Corte Suprema vuelva a debatir la inconstitucionalidad de su propia decisión.
 
La Opinión Popular

 
NEGARON TRES PEDIDOS DE REPRESORES PARA QUE LOS DEJARAN EN LIBERTAD LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
 
Hacen cola para salir, pero no los dejan
 
"Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi", decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2x1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue.
 
En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia.
 
En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2x1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite.
 
Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco.
 
El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio.
 
El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años.
 
Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema.
 
Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978. 
 
El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en "los supuestos" del "2x1", pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio.
 
Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.
 
El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2x1.
 
El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia.
 
Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.
 
En Mendoza, el TOCF2 rechazó también el pedido de 2x1 de Mercado Laconi, ex oficial de la Unidad Regional II, que está en pleno juicio oral. El fallo de Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso señaló, a coro con la fiscalía, la falta de seriedad del planteo.
 
Destacaron que el abogado defensor incluso admitió que no había leído el fallo de la Corte, pero que igual quiso apurarse a plantearlo a su favor, y que tampoco fundamentó cómo se aplicaría al caso de su defendido. El tribunal dijo que era evidente que no se aplicaba porque se trata de alguien que aún no tiene ninguna condena y está siendo juzgado. Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena habían pedido ocho años de prisión. A última hora el mismo tribunal recibió otro planteo que resolverá la semana próxima.
 
En el caso de Gallo, fue el primero de todos en pedir la reducción. Es el apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores y en 2016 recibió una pena unificada de 25 años. El TOF6 les dio intervención a las partes e incluso Abuelas pidió que, si Gallo es liberado, Francisco reciba protección como testigo.
 
En los tribunales de todo el país, los jueces ya están mentalizados para recibir planteos similares, aunque cada uno tiene su particularidad. Los que se refieren a casos que están en trámite, serán importantes por el criterio que vayan estableciendo.
 
Los fiscales que hasta ahora opinaron, entre ellos Ángeles Ramos, Pablo Parenti y Abel Córdoba, plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del 2x1 en estos casos, ya que afectaría el principio de proporcionalidad de la pena para los crímenes de lesa humanidad.   
 
Según un relevamiento que está realizando la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, cuyos primeros resultados anticipó PáginaI12, 278 condenados que están detenidos, se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte.
 
Representan el 52 por ciento de los condenados bajo arresto. Entre ellos hay nombres muy reconocibles, como los de los represores emblemáticos de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, pero también figuran genocidas como Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Bignone.
 
Por Irina Hauser
 
Fuentes: Página12, Perfil y LOP
 

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22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
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