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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
“Con la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Macri, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO.
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Nacionales - 06-05-2017 / 11:05
RECHAZO DE TRES JUECES FEDERALES Y UNA FISCAL DE LA CORTE

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas

Rebelión judicial contra el 2x1 pro genocidas
PROMOCIÓN MACRISTA 2X1/SOLO GENOCIDAS. Ya suman cuatro los represores que se apresuraron a pedir ser contemplados en el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte en el caso Muiña. Los represores se adelantaron a pedir el beneficio del 2x1 resuelto por la Corte, entre ellos el “partero de la Esma”. Pero por ahora ninguno fue aceptado y varios fiscales plantean su inconstitucionalidad. son 278 los condenados en condiciones de reclamar la salida.
Ayer, apenas tres días después de que los jueces Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti accedieran a beneficiar con 2x1 a Luis Muiña, acusado por delitos de lesa humanidad, el controvertido fallo de la Corte Suprema cosechó cinco pedidos de excarcelación de cinco represores, el rechazo de un tribunal y el pedido inconstitucionalidad de un fiscal especializado en la materia.
 
Según números preliminares que maneja la Procuración General de la Nación, 278 imputados que se encuentran actualmente detenidos podrían ser beneficiados por el 2x1, lo que representa el 52 % de los condenados bajo arresto. Los represores Alfredo Astiz, Reynaldo Bignone o Luciano Benjamín Menéndez, son algunos de los que podrían solicitar la libertad. Para el Gobierno de Macri sólo se podrían beneficiar cuatro represores. Una diferencia sustancial de estimaciones.
 
El primero en presentar su pedido de libertad fue el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo. Lo hizo el jueves ante el TOF 6 quien corrió vista a la fiscal federal María Ángeles Ramos. Ayer, la fiscal pidió a los jueces que declaren la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad del beneficio. Ahora el tribunal tiene cinco días para resolver si lo liberan o no.
 
Poco después se conoció la decisión de fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado, que pidió al TOCF 5 que rechace el pedido excarcelación hecho por la defensa de Héctor Salvador Girbone, condenado a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Javier Gaona Miranda. El tribunal aceptó el pedido del fiscal. 
 
Parenti también pidió, en forma subsidiaria, la declaración de inconstitucionalidad de la derogada ley 24.390. El fiscal afirmó que resulta llamativo que la Corte se apoye en el argumento de que la ley del 2 x 1, dictada de 1994, no contenga una referencia expresa a los delitos de lesa humanidad para establecer una excepción "cuando en ese momento estaba totalmente clausurada la posibilidad de juzgar estos delitos".
 
El ex médico de la Armada Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de menores fue otro de los que pidió su excarcelación, al igual que Juan Antonio Azic, apropiador de la diputada Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Azic fue condenado a 14 años por la apropiación de Donda y a 10 por la de Ruiz Dameri. En tanto que en San Juan se registro el pedido del represor Alejandro Lazo, condenado por torturas y privación de la libertad que ya goza de salidas transitorias.
 
La fiscal federal Ramos pidió que se declare inconstitucional el beneficio conocido como 2x1. Ramos está a cargo de la Unidad de Asistencia para causas judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y argumentó que si se aplica el 2x1 resultaría "violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional". En otras palabras, los condenados por delitos menores recibirían castigos peores que los represores. El objetivo es que si el planteo llega finalmente al nivel máximo de la Justicia, la Corte Suprema vuelva a debatir la inconstitucionalidad de su propia decisión.
 
La Opinión Popular

 
NEGARON TRES PEDIDOS DE REPRESORES PARA QUE LOS DEJARAN EN LIBERTAD LUEGO DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
 
Hacen cola para salir, pero no los dejan
 
"Tengo miedo. Astiz puede subir a mi taxi", decía el cartel escrito con marcador grueso, pegado en el vidrio de atrás del vehículo. La imagen, que expresa un temor extendido, es una de las que comenzaron a circular ayer por las redes sociales como reacción ante lo que era anunciado tras el fallo de la Corte Suprema que concedió el beneficio del 2x1 a un represor: otros (muchos) acusados por crímenes de lesa humanidad comenzarían a llegar en fila a pedir lo mismo para conseguir la libertad. Y así fue.
 
En menos de 24 horas se presentaron cuatro. Con una rapidez infrecuente, los tribunales le dijeron que no a tres represores. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, condenado por la apropiación de Pablo Gaona Miranda, en un fallo que incluso desafía los argumentos de los supremos; el mismo tribunal con otros jueces le negó la excarcelación al obstetra de la Marina, Jorge Magnacco, pero no se pronunció por la disminución de la pena porque si bien está condenado por robo de niños ahora está en juicio por los crímenes en la ESMA y no es posible hacer un cálculo sin la nueva sentencia.
 
En Mendoza el Tribunal Oral Federal 2 desestimó el 2x1 pedido por el ex policía Norberto Mercado Laconi, quien está en juicio en la actualidad por crímenes en centros clandestinos de San Rafael. Antes, se había presentado el apropiador de Francisco Madariaga, el ex capitán del Ejército Víctor Gallo, aún en trámite.
 
Los fiscales en los distintos casos plantearon la inconstitucionalidad de la ley que estableció que a partir de los dos años de prisión preventiva, cada día de detención sin condena se computa doble, pero en ese punto aún no tuvieron eco.
 
El fallo de la Corte Suprema, que redujo la pena al represor Luis Muiña, acusado de crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, desató cierto estado de ansiedad entre los abogados de los represores, algunos de los cuales salieron corriendo a pedir el beneficio.
 
El defensor de Girbone, el ex juez Guillermo Tiscornia, contó en una entrevista en Radio Con Vos que ni siquiera le preguntó nada a su cliente y se presentó ante el TOF5, que lo había condenado en 2014 a ocho años de prisión por los delitos de ocultamiento y retención de un menor de diez años.
 
Pero la respuesta que obtuvo fue la primera que reveló que no todo será automático y que algunos expedientes darán vueltas y seguramente irán a parar también a la Corte Suprema.
 
Girbone era el encargado de la seguridad perimetral de la guarnición de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina, además de varios centros de exterminio. Fue condenado como entregador de Pablo, que tenía un mes cuando sus padres, Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, fueron secuestrados en 1978. 
 
El fallo del TOF5 que rechaza el planteo del ex militar tiene tres votos distintos pero en igual sentido. La jueza Adriana Palliotti hace notar que fue detenido en septiembre de 2012 y condenado dos años después, pero no llegaría a los dos años de prisión preventiva. Gabriel Nardiello adhiere al fundamento de que el caso no encuadraría en "los supuestos" del "2x1", pero agrega que a su entender los fallos de la Corte Suprema, cuando interpretan normas, no son de acatamiento obligatorio.
 
Por último, Oscar Hergott, también cuestionado a la Corte, sostiene que los aberrantes no son amnistiables, ni susceptibles de indulto ni prescripción, para evitar su impunidad, de modo que no se podría reducir la pena. A lo que suma que la ley en discusión (que permite la reducción tras dos años de preventiva) estaba derogada cuando concluyó el delito y Girbone fue condenado.
 
El mismo TOF5, pero con las firmas de los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia, rechazó un pedido también presentado ayer por el médico Magnacco, que hacía los partos clandestinos en la ESMA. El fallo no tiene extensos fundamentos porque rechaza simplemente excarcelarlo sin ahondar en la cuestión del 2x1.
 
El obstetra había sido condenado por el plan sistemático de apropiación de niños a 10 años de prisión. Ahora está en el banquillo por el juicio sobre los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en la ESMA: las querellas y el fiscal pidieron reclusión perpetua, pero aún no hubo sentencia.
 
Su defensa pidió que lo excarcelen con el argumento de que si le dan la pena máxima, con el tiempo de detención que ya lleva en este caso (diez años y seis meses) más la de robo de menores, ya podría obtener la libertad con el fallo de la Corte. Los jueces resolvieron que por el momento no se pueden sumar tiempos de detención ya que no hubo sentencia, y con lo que lleva detención en ESMA tampoco le alcanzaría para la libertad condicional.
 
En Mendoza, el TOCF2 rechazó también el pedido de 2x1 de Mercado Laconi, ex oficial de la Unidad Regional II, que está en pleno juicio oral. El fallo de Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso señaló, a coro con la fiscalía, la falta de seriedad del planteo.
 
Destacaron que el abogado defensor incluso admitió que no había leído el fallo de la Corte, pero que igual quiso apurarse a plantearlo a su favor, y que tampoco fundamentó cómo se aplicaría al caso de su defendido. El tribunal dijo que era evidente que no se aplicaba porque se trata de alguien que aún no tiene ninguna condena y está siendo juzgado. Los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena habían pedido ocho años de prisión. A última hora el mismo tribunal recibió otro planteo que resolverá la semana próxima.
 
En el caso de Gallo, fue el primero de todos en pedir la reducción. Es el apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel Madariaga, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo, condenado a 15 años de prisión en julio de 2012 en el juicio por el plan sistemático de apropiación de menores y en 2016 recibió una pena unificada de 25 años. El TOF6 les dio intervención a las partes e incluso Abuelas pidió que, si Gallo es liberado, Francisco reciba protección como testigo.
 
En los tribunales de todo el país, los jueces ya están mentalizados para recibir planteos similares, aunque cada uno tiene su particularidad. Los que se refieren a casos que están en trámite, serán importantes por el criterio que vayan estableciendo.
 
Los fiscales que hasta ahora opinaron, entre ellos Ángeles Ramos, Pablo Parenti y Abel Córdoba, plantearon la inconstitucionalidad de la aplicación del 2x1 en estos casos, ya que afectaría el principio de proporcionalidad de la pena para los crímenes de lesa humanidad.   
 
Según un relevamiento que está realizando la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, cuyos primeros resultados anticipó PáginaI12, 278 condenados que están detenidos, se encontrarían en condiciones de pedir la libertad en función del fallo de la Corte.
 
Representan el 52 por ciento de los condenados bajo arresto. Entre ellos hay nombres muy reconocibles, como los de los represores emblemáticos de la ESMA, Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo, pero también figuran genocidas como Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Bignone.
 
Por Irina Hauser
 
Fuentes: Página12, Perfil y LOP
 

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16-12-2017 / 17:12
16-12-2017 / 17:12
16-12-2017 / 11:12
El ajuste sobre las jubilaciones y la seguridad social que procura imponer el Gobierno representa un ahorro fiscal de 100 mil millones de pesos el próximo año. La cifra es equivalente a la pérdida de recaudación que asume el oficialismo por la quita de retenciones al campo, la gran industria y la minería.
 
Si el problema a resolver con la modificación de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales es fiscal, el presidente Mauricio Macri debería explicar por qué el Estado no busca recuperar ingresos cedidos a aquellos sectores en lugar de quitárselos a los grupos sociales más vulnerables.
 
No solo eso. También debería justificar la nueva rebaja del impuesto a los Bienes Personales contemplada en el Presupuesto 2018. Ese gravamen recae sobre los contribuyentes con mayor patrimonio, por lo cual se lo conoce como el impuesto a la riqueza.
 
La alícuota del tributo bajará el año que viene a un insignificante 0,25 por ciento, en una continuidad de la disminución progresiva que aprobó Cambiemos junto con el blanqueo de capitales en 2016. En 2015 la alícuota era del 1,25 por ciento. Si se regresara a ese nivel, el Gobierno podría obtener ingresos adicionales por no menos de 30 mil millones de pesos.
 
La lista de transferencias a sectores empresarios sigue en 2018 con una nueva contracción de las retenciones a las exportaciones de soja del 0,5 por ciento mensual, hasta un total de 6 puntos al año.
 
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, eso implica unos 1000 millones de dólares menos de ingresos fiscales, que supuestamente podrían compensarse en parte con la recaudación de otros impuestos. Aun así, serán alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas. Otra vez.
 
Por qué no postergar ese beneficio a los grandes pools de siembra en lugar de reducir la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuando la indigencia ha vuelto a crecer en el país, de acuerdo al informe de la Universidad Católica Argentina.
 
A todo esto hay que agregar que la reforma tributaria que presentó Cambiemos establece una disminución de contribuciones a la seguridad social, lo cual resulta incomprensible a la luz del grave problema presupuestario que el Gobierno asegura que tiene la Anses. ¿Si al organismo le falta plata, la solución es achicarle la recaudación con baja de aportes empresarios?

16-12-2017 / 10:12
Dicen que la economía estallará si no aplican el sablazo a las jubilaciones. Pero podrían aumentar las retenciones, aplicar un impuesto a las operaciones financieras, o un tributo a las empresas mineras o a los artículos suntuarios o una escala de impuesto a las altas ganancias similar a la de los países nórdicos o aumentar los salarios para que aumente la demanda y el consumo y crezca la recaudación.
 
Pero no pueden sacarle a los ricos porque el credo neoliberal dice que si les sacan, los ricos se enojan, entonces no invierten y se llevan la plata a otra parte. Es la palabra santa que aplica el macrismo desde hace dos años y no solamente no produjo ninguna lluvia de inversiones, sino que aunque los más ricos están más contentos porque ganan mucha plata, se la llevan toda afuera.
 
El gran dato de la macroeconomía es que les sacaron impuestos, les dieron grandes beneficios y a pesar de todos esos privilegios otorgados a los ricos, el macrismo consiguió cifras récord en la fuga de capitales, alrededor de 50 mil millones de dólares en dos años, más o menos la misma cantidad en que Mauricio Macri endeudó a ritmo vertiginoso al país.
 
Para los que se llevan esa plata y los que hacen negocio con esa deuda, el país es una fiesta aunque las cuentas no cierren y el gobierno diga con razón que la economía está a punto de estallar.
 
Pero en vez de apuntar a los que se la están llevando en pala, despoja a los más vulnerables y desprotegidos, los jubilados, los niños pobres, los pensionados y los discapacitados. Parecen burgueses de la Propaganda Roja. Un cuento de terror para pibes. Autocachetazo, perdón por las disgresiones, no es un cuento de terror, es el neoliberalismo, estúpido.
 
Eso fue el trasfondo de las manifestaciones de la semana. La protesta ha sido legítima defensa frente a un gobierno de empresarios dispuestos a saquear el bolsillo de los trabajadores. 

15-12-2017 / 17:12
Luego del fracaso en la sesión de ayer, los mandatarios provinciales fueron convocados a una reunión en la que estarán también los legisladores que avalan la reforma previsional. Buscan negociar el quórum y tratar la ley de saqueo a los jubilados el lunes. El macrismo quiere "disciplinar" a aquellos gobernadores del PJ que no se encargaron de que el pacto, al que habían llegado con el Gobierno, se cumpliera.
 
El macrismo tratará de renovar el acuerdo e intentará que el proyecto sea aprobado en Diputados. Es que además de necesitar el quórum para votar esta medida impopular, el macrismo no quiere ser el único que cargue con el costo político de semejante robo a los jubilados. Si no lo consigue, dice tener ya listo el Decreto de Necesidad y Urgencia para imponer el ajuste de las jubilaciones.
 
Mauricio Macri busca reacomodarse frente a la crisis que el mismo Gobierno desató al fracasar en su intento de sancionar la reforma previsional a como diera lugar en Diputados mientras fuera del Congreso las fuerzas de seguridad reprimían en forma brutal a quienes fueron a manifestar su rechazo a esa iniciativa que recorta sustancialmente las jubilaciones.
 
El decreto de necesidad y urgencia fue la primera alternativa que Macri barajó para avanzar con el ajuste a los jubilados tras la derrota del oficialismo en el Congreso, pero la advertencia de su socia Elisa Carrió de que no convalidaría esa decisión y el aviso de la CGT de que en ese caso haría hoy un paro lo obligaron a dar macha atrás.
 
Macri apuesta ahora a renovar su acuerdo con los gobernadores. Habrá que ver qué resultados tiene esta reunión de "últimatum" del macrismo a los gobernadores. El Gobierno quiere asegurarse el apoyo de todos ellos al proyecto antes de volver a llevarlo el lunes al recinto de Diputados. Nuevamente se encontraran con la movilización popular que se manifestará para impedirlo.
 
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