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Paraná - 05-05-2017 / 13:05
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE ENTRE RÍOS LO RECHAZARON

Indignación, impotencia y dolor por el fallo de la Corte Suprema que benefició a represores de la última dictadura

Indignación, impotencia y dolor por el fallo de la Corte Suprema que benefició a represores de la última dictadura
Organismos de derechos humanos de Entre Ríos rechazaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admitió el beneficio del 2x1 para represores de la última dictadura. Foto: El Diario
 
Los organismos de derechos humanos de la provincia repudiaron pública y conjuntamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admitió el beneficio del dos por uno para los represores de la última dictadura cívico-militar.
 
Este jueves por la tarde hubo una importante concentración de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para repudiar el fallo de la Corte Suprema, al que calificaron como un "embate de la corporación judicial y política en contra de las conquistas en materia de derechos humanos" y lo vincularon con el discurso del Gobierno nacional y de la cúpula de la Iglesia Católica que hace unos días llamó a la "reconciliación".
 
La manifestación surgió tras el escandaloso fallo del máximo tribunal que aceptó aplicar el beneficio dos por uno a Luis Muiña, un condenado por crímenes de la dictadura.
 
El argumento central del fallo mayoritario -firmado por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- puede resumirse en que se debe tener en cuenta la ley penal más benigna, incluso a pesar de que las investigaciones judiciales y la detención de los represores se produjeron con posterioridad a la derogación de la ley que permitía computar doble los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia.
 
En un documento conjunto, los organismos que integran la Multisectorial de Derechos Humanos manifestaron su "indignación y repudio" por un fallo cuyo objetivo "es lograr la liberación de los genocidas y consagrar la impunidad".
 
Según dijeron, el fallo significa "un golpe de una gravedad inédita porque proviene del máximo órgano judicial del país" porque "le abre las rejas a los gonocidas, a los asesinos, a los torturadores, a los apropiadores de bebés y a los desaparecedores de nuestros compañeros. Podrán volver a caminar por las mismas calles que los sobrevivientes y que las madres, abuelas, hijos y familiares; y esto es exactamente lo que puede suceder en nuestra provincia, donde la mayoría de los genocidas que han sido condenados podrán quedar en libertad más temprano que tarde".
 
Ante esa posibilidad concreta, los organismos de derechos humanos hicieron un llamamiento "a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de impunidad a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia; y a resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelva a reinar el oscurantismo y la injusticia".
 
 
Las voces de la militancia
 
Entre los militantes que se concentraron en la plaza reinaba el dolor ante la posibilidad concreta de que los represores condenados puedan recuperar la libertad en caso de que la Corte Suprema haga extensivo el fallo.
 
Aldo Bachetti, ex detenido político, advirtió que "los poderosos cada vez van subiendo más la apuesta; pero no creímos que fueran a llegar a esto" y trazó un correlato de circunstancias que, a su criterio, fueron preparando el escenario para el fallo de la Corte Suprema: "No creo que sea algo que hayan decidido los tres jueces, sino que viene de la mano de las dos reuniones que mantuvo (el ministro de Justicia, Germán) Garavano con los grupos liderados por Cecilia Pando, ella calladita en los últimos meses y la convocatoria de la Iglesia". Ante eso, llamó a "la movilización para vencer la apatía de aquellos que creen que esto es cosa del pasado".
 
Marta Brasseur, otra ex detenida política, eligió las palabras "desazón" y "tristeza" para expresar lo que le provocó el fallo de la Corte Suprema, y destacó la necesidad de "retomar la lucha, como ocurrió cuando se sancionaron las leyes de obediencia debida y punto final; hay que estar otra vez en la calle y empezar de nuevo", expresó. "Nos han intimidado, revictimizado y hemos sentido la necesidad de mantener los juicios. Esto nos va a potenciar más para seguir en la calle luchando como lo venimos haciendo desde hace más de cuarenta años", aseguró.
 
Alejandro Richardet, otro ex detenido político durante la dictadura, convocó "a dar batalla en todos los frentes" y expuso "la necesidad de plantear el juicio político a estos tres testaferros judiciales por basarse en los alcances de una ley derogada y provocar una ruptura en la política de Estado de los derechos humanos".
 
Por su parte, Darío Olivera, ex detenido político, reconoció su "sorpresa" por el fallo: "Todos suponíamos que el goberino de (Mauricio) Macri iba a avanzar sobre el tema de derechos humanos, pero no la Corte Suprema, que es la misma que estuvo en el gobierno kirchnerista más con la presencia de Horacio Rosatti, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner", por lo que consideró erróneo "atribuir este fallo a un cambio ideológico de la Corte Suprema, porque son los mismos que estaban antes". En cambio, consideró que "es el contexto del macrismo lo que facilita este cambio".
 
Gustavo Piérola, que debió exiliarse durante la dictadura tras la desaparición de su hermano Fernando, aseguró que "este fallo es una continuidad de la política que venimos viendo desde hace muchos años, como lo fue la llamada ley antiterrorista" y apuntó que "duele mucho cuando se mezclan los negocios políticos con estas luchas de cuarenta años por la memoria, la verdad y la justicia", al tiempo que consideró que "esto nos deja mucho dolor, pero hay que seguir luchando".
 
Fuente: El Diario
 
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