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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
"Con todo respeto le decimos al gobierno de Macri que cambie este rumbo, que por acá vamos mal”. Gustavo Bordet
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Nacionales - 04-05-2017 / 10:05
VERGONZOSO FALLO QUE REDUCE SUS CONDENAS

Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas

Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas
REPUDIABLE FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN FAVOR DE UN GENOCIDA. La aplicación del artículo 2 del Código Penal hoy propugnada por la CSJN, en tanto establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, y por ende, beneficia con el "2×1" a un condenado de delitos de lesa humanidad, no se verifica en el caso, puesto que no solo el encarcelamiento de este personaje fue posterior a la derogación de la ley 24.390; sino que además, la misma no se encontraba vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención, ni tampoco al dictarse su condena y mucho menos al momento de calcularse el computo de la misma.
Bronca, dolor, indignación es lo sentimos al conocer el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de la Nación. El fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a las dictaduras militares y los crímenes del Terrorismo de Estado, que se da con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri.
 
Por las consecuencias que tendrá, podemos compararlo con los indultos de Carlos Menem que consagró la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín. Es un indulto encubierto, que si bien se aplica a un caso particular, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los represores genocidas.
 
La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como "2 x 1" a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. El argumento es que se debe tener en cuenta la ley más benigna.
 
El fallo de los nuevos jueces propuestos por Macri: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco, quien también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla, y que se dio vuelta de fallos anteriores; se aplica a Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado "grupo Swat", un represor poco conocido que ya tenía libertad condicional.
 
El caso ha sido elegido con cuidado, los jueces no quisieron pagar el costo de liberar a Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta o a Miguel Etchecolatz. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre. Se termina así con el principio que, con los juicios de lesa humanidad, no había marcha atrás y que eran una política de Estado.
 
Los organismos de DDHH y sus referentes hicieron sentir su firme rechazo a la sentencia que traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno de Macri, en cambio, con la excusa de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le está dando una entusiasta bienvenida.
 
Este fallo es netamente político a favor de la impunidad de los represores genocidas, acorde con los "nuevos aires", conservadores y reaccionarios, que soplan con el macrismo. Es un mamarracho jurídico porque hablamos no de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque esto significaría una conmutación de la pena.
 
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OPINIÓN
 
Falso garantismo
 
La ley 24.390, conocida como "del dos por uno", se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad.

 
Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
 
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2x1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y el 2x1 estuvo vigente en "el tiempo intermedio" entre la comisión del hecho (1976) y el dictado de la sentencia (2011). Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho.

 
Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.
 
El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños.  
 
La decisión de la Corte da lugar a -al menos- tres paradojas. En principio, los represores serán beneficiados por el 2x1 por la sencilla razón de que antes fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos. Sin esas normas, en 1994, cuando se sancionó la ley del 2x1, deberían haber estado presos y esta discusión sería estéril. Por otro lado, quienes participaron de los crímenes del terrorismo de Estado serán a partir de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el 2x1.

 
Dado que la norma se derogó hace más de quince años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los doce, es improbable que alguien que sea juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma, porque debería ser un delito cometido antes de 2001. Podrá haber algunos casos, pero serán los menos. De esta forma, lo que este fallo trae no es la igualdad ante la ley para los represores, como quieren argumentar quienes lo firmaron y lo defienden, sino todo lo contrario. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años.
 
Lo ideal sería que los represores no pasaran más de dos años en prisión sin condena (tampoco ninguna otra persona). Algunos, de hecho, han recuperado la libertad por ese motivo. Y he aquí la tercera paradoja: están mucho tiempo en prisión preventiva porque los juicios se demoran. Y mucho. Y los primeros en pedir que se agilicen son las víctimas y sus familiares. El tercer juicio por los crímenes de la ESMA, por caso, lleva más de cuatro años de audiencias; se realizan sólo dos por semana y de tres horas de promedio.

 
Desde que comenzó, más de diez acusados murieron o fueron apartados por problemas de salud. Muchos querellantes, testigos o familiares tampoco llegarán a ver las condenas. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 25 por ciento de los condenados tiene sentencia firme. Y es la Corte Suprema la que debe confirmar los fallos del resto de los tribunales. 
 
"El régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional", dijo Rosatti en su voto. Pero, agregó, "un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y  garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes".

 
Y siguió: "la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado".
 
¿Cuál es el mensaje de Rosatti? ¿Que si no se cambia el criterio que viene sosteniendo la Corte desde 2005 hasta ayer somos igual que los represores? ¿Qué los juicios hasta ahora fueron parciales? ¿Es un nuevo intento de desprestigiar el proceso de Memoria Verdad y Justicia que el Estado inició a partir de 2003 y confirmó la Corte Suprema en 2005?
 
Estos juicios fueron ejemplares. Podría haber habido tribunales especiales, como en otros lugares del mundo, como a los nazis, pero se hicieron con los jueces naturales, con las leyes vigentes. No hay altura moral desde donde interpelar a las Madres, Abuelas y Familiares de Desaparecidos que nunca recurrieron a la violencia, que ante la impunidad solo buscaron más justicia, ya sea ante tribunales nacionales, extranjeros o internacionales.
 
Que soportan las prisiones domiciliarias si así lo deciden los jueces, aunque en muchos casos se comprueba que los informes médicos son fraguados y los represores salen a pasear al perro (literalmente) mientras deberían estar, al menos, recluidos en sus domicilios. Que entienden que 77 represores fueron absueltos, muchas veces porque ya no hay testigos, porque los mismos acusados borraron las pruebas de la represión clandestina.
 
Que saben que hay gente que conoce dónde están los cuerpos de sus hijos y el paradero de sus nietos -vivos pero con otra identidad- y calla. Y a pesar de todo eso el reclamo es el mismo: verdad y justicia. Lo que piden no es que los represores tengan peores condiciones que otros presos, sino un trato igualitario. Que no vayan a cárceles mejores que el resto de los presos, como de hecho ocurre. Que no cumplan condenas irrisorias en comparación con sus crímenes, como ocurrirá a partir de ahora.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas
Mientras la Iglesia intentaba una "reconciliación" imposible, y Madres, Abuelas y Familiares de desaparecidos la rechazaban a cambio de Justicia terrenal, ésta se impuso a través de un fallo de la Corte Suprema que generó aún más rechazos y que terminó por involucrar al Gobierno de Mauricio Macri en un asunto del cual pretendía quedarse a un lado, no por convicción, sino por incapacidad política.
22-08-2017 / 09:08
22-08-2017 / 09:08
22-08-2017 / 09:08
Los gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y distintos movimientos sociales volverán a marchar hoy a partir de las 15 horas hacia Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas y sociales neoliberales de Mauricio Macri, contra la precarización laboral, el aumento de la edad jubilatoria y en defensa del empleo.
 
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa (CCC) marcharán a Plaza de Mayo junto a la CGT, mientras que la izquierda irá más temprano para reclamar un Paro General. La CTEP llevará sus propios reclamos como la "plena implementación de la ley de emergencia social" y la "sanción de la ley de emergencia alimentaria", para mejorar la alimentación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
 
Pese al alto grado de convocatoria, la dirigencia colaboracionista de los sindicatos de servicios, denominados "Los Gordos", los llamados "independientes" y los sectores del transporte ya descartaron su respaldo a una posible huelga nacional. Se espera que estos gremios estén presentes hoy en la Plaza, pero "sin forzar la convocatoria hasta el extremo", dejaron trascender. No estarán presentes los jerarcas de las 62 Organizaciones Peronistas que prefirieron ir a almorzar con los funcionarios macristas.
 
A más de un mes de la represión y el desalojo de la fábrica de PepsiCo, que fue el motivo original que desencadenó la movilización, uno de los objetivos será que las autoridades nacionales convoquen al diálogo. En caso de que el Gobierno no de una respuesta, está presente la idea de un paro nacional, aunque todavía no se ha confirmado.
 
En este marco, la CGT se encuentra atravesando un momento de pujas internas entre los jefes sindicales, ya que hay múltiples diferencias entre quienes promueven un paro general, como el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, el camionero Pablo Moyano, y otros como "Los Gordos", referentes de los grandes servicios, quienes no quieren movilizar y reducirán al mínimo su participación. 
 
El único orador de la jornada será Juan Carlos Schmid, que codirige la central obrera junto a Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio). Schmid sostuvo que la marcha "consolida a la CGT" y muestra "organización y disciplina" dentro de ella, al tiempo que también demuestra su capacidad de "movilizar y expresar pacíficamente, pero con firmeza" lo que piensan.
 
Se espera para hoy una importante movilización contra el ajuste, la desocupación, la modificación en las condiciones laborales, los cambios en las jubilaciones y la reforma en la ley de ART. Despues de la marcha, en septiembre, se reunirá el Comité Central Confederal que será el encargado de decidir los pasos a seguir.
 
La Opinión Popular

21-08-2017 / 16:08
21-08-2017 / 09:08
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