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Nacionales - 04-05-2017 / 10:05
VERGONZOSO FALLO QUE REDUCE SUS CONDENAS

Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas

Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas
REPUDIABLE FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN FAVOR DE UN GENOCIDA. La aplicación del artículo 2 del Código Penal hoy propugnada por la CSJN, en tanto establece el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna, y por ende, beneficia con el "2×1" a un condenado de delitos de lesa humanidad, no se verifica en el caso, puesto que no solo el encarcelamiento de este personaje fue posterior a la derogación de la ley 24.390; sino que además, la misma no se encontraba vigente al momento del hecho, ni al momento de su detención, ni tampoco al dictarse su condena y mucho menos al momento de calcularse el computo de la misma.
Bronca, dolor, indignación es lo sentimos al conocer el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de la Nación. El fallo es, sin dudas, la confirmación de un cambio de paradigma judicial y político frente a las dictaduras militares y los crímenes del Terrorismo de Estado, que se da con el advenimiento del gobierno de Mauricio Macri.
 
Por las consecuencias que tendrá, podemos compararlo con los indultos de Carlos Menem que consagró la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín. Es un indulto encubierto, que si bien se aplica a un caso particular, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los represores genocidas.
 
La Corte Suprema aceptó aplicar el beneficio de reducción de la pena conocido como "2 x 1" a un condenado por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que el proceso judicial en su contra y su detención fueron posteriores a la derogación de aquella ley que permitía computar dobles los días de detención a quienes no tenían sentencia firme. El argumento es que se debe tener en cuenta la ley más benigna.
 
El fallo de los nuevos jueces propuestos por Macri: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco, quien también le debe su permanencia pos 75 años en el tribunal al Gobierno, que decidió no apelarla, y que se dio vuelta de fallos anteriores; se aplica a Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado "grupo Swat", un represor poco conocido que ya tenía libertad condicional.
 
El caso ha sido elegido con cuidado, los jueces no quisieron pagar el costo de liberar a Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta o a Miguel Etchecolatz. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre. Se termina así con el principio que, con los juicios de lesa humanidad, no había marcha atrás y que eran una política de Estado.
 
Los organismos de DDHH y sus referentes hicieron sentir su firme rechazo a la sentencia que traerá una fila de reclamos de otros represores que intentarán recuperar la libertad con el mismo argumento. El Gobierno de Macri, en cambio, con la excusa de no hacer ninguna crítica aún frente a los pedidos de opinión, le está dando una entusiasta bienvenida.
 
Este fallo es netamente político a favor de la impunidad de los represores genocidas, acorde con los "nuevos aires", conservadores y reaccionarios, que soplan con el macrismo. Es un mamarracho jurídico porque hablamos no de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque esto significaría una conmutación de la pena.
 
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Falso garantismo
 
La ley 24.390, conocida como "del dos por uno", se sancionó en 1994 y se derogó en 2001. Implicaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva. Tanto su aplicación como el desistimiento de hacerlo fueron parches a la problemática de la seguridad.

 
Pero mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña, un civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo que firmó ayer la Corte Suprema, no estaba detenido. Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
 
Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron ayer que a Muiña le corresponde el beneficio del 2x1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque debe aplicarse la ley penal más benigna y el 2x1 estuvo vigente en "el tiempo intermedio" entre la comisión del hecho (1976) y el dictado de la sentencia (2011). Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda señalaron que no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho.

 
Además, recordaron que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena.
 
El fallo de Rosatti, Rosenkrantz y Highton debe aplicarse en principio a Muiña, un represor poco conocido que de hecho ya tenía libertad condicional. El caso parece haber sido elegido con cuidado. Tal vez los jueces no quisieron pagar el costo de firmar el documento que liberaría a Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta o a Miguel Etchecolatz. Pero es lo que hicieron. Porque ése será el efecto de la decisión tomada ayer. Con ese criterio, el dictador Jorge Rafael Videla hubiera quedado libre el día de la sentencia por el plan sistemático de apropiación de niños.  
 
La decisión de la Corte da lugar a -al menos- tres paradojas. En principio, los represores serán beneficiados por el 2x1 por la sencilla razón de que antes fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los Indultos. Sin esas normas, en 1994, cuando se sancionó la ley del 2x1, deberían haber estado presos y esta discusión sería estéril. Por otro lado, quienes participaron de los crímenes del terrorismo de Estado serán a partir de ahora prácticamente los únicos beneficiados por el 2x1.

 
Dado que la norma se derogó hace más de quince años y un homicidio, por ejemplo, prescribe a los doce, es improbable que alguien que sea juzgado ahora por cualquier hecho pueda beneficiarse de la misma forma, porque debería ser un delito cometido antes de 2001. Podrá haber algunos casos, pero serán los menos. De esta forma, lo que este fallo trae no es la igualdad ante la ley para los represores, como quieren argumentar quienes lo firmaron y lo defienden, sino todo lo contrario. Los torturadores y secuestradores de la última dictadura son los presos más privilegiados del país. Y pueden serlo porque consiguieron tener impunidad durante 25 años.
 
Lo ideal sería que los represores no pasaran más de dos años en prisión sin condena (tampoco ninguna otra persona). Algunos, de hecho, han recuperado la libertad por ese motivo. Y he aquí la tercera paradoja: están mucho tiempo en prisión preventiva porque los juicios se demoran. Y mucho. Y los primeros en pedir que se agilicen son las víctimas y sus familiares. El tercer juicio por los crímenes de la ESMA, por caso, lleva más de cuatro años de audiencias; se realizan sólo dos por semana y de tres horas de promedio.

 
Desde que comenzó, más de diez acusados murieron o fueron apartados por problemas de salud. Muchos querellantes, testigos o familiares tampoco llegarán a ver las condenas. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sólo el 25 por ciento de los condenados tiene sentencia firme. Y es la Corte Suprema la que debe confirmar los fallos del resto de los tribunales. 
 
"El régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en esta causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional", dijo Rosatti en su voto. Pero, agregó, "un Estado de Derecho no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y  garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes".

 
Y siguió: "la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado".
 
¿Cuál es el mensaje de Rosatti? ¿Que si no se cambia el criterio que viene sosteniendo la Corte desde 2005 hasta ayer somos igual que los represores? ¿Qué los juicios hasta ahora fueron parciales? ¿Es un nuevo intento de desprestigiar el proceso de Memoria Verdad y Justicia que el Estado inició a partir de 2003 y confirmó la Corte Suprema en 2005?
 
Estos juicios fueron ejemplares. Podría haber habido tribunales especiales, como en otros lugares del mundo, como a los nazis, pero se hicieron con los jueces naturales, con las leyes vigentes. No hay altura moral desde donde interpelar a las Madres, Abuelas y Familiares de Desaparecidos que nunca recurrieron a la violencia, que ante la impunidad solo buscaron más justicia, ya sea ante tribunales nacionales, extranjeros o internacionales.
 
Que soportan las prisiones domiciliarias si así lo deciden los jueces, aunque en muchos casos se comprueba que los informes médicos son fraguados y los represores salen a pasear al perro (literalmente) mientras deberían estar, al menos, recluidos en sus domicilios. Que entienden que 77 represores fueron absueltos, muchas veces porque ya no hay testigos, porque los mismos acusados borraron las pruebas de la represión clandestina.
 
Que saben que hay gente que conoce dónde están los cuerpos de sus hijos y el paradero de sus nietos -vivos pero con otra identidad- y calla. Y a pesar de todo eso el reclamo es el mismo: verdad y justicia. Lo que piden no es que los represores tengan peores condiciones que otros presos, sino un trato igualitario. Que no vayan a cárceles mejores que el resto de los presos, como de hecho ocurre. Que no cumplan condenas irrisorias en comparación con sus crímenes, como ocurrirá a partir de ahora.
 
Por Victoria Ginzberg
 
Fuente: Página12
 

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Impulsado por el macrismo, la Corte Suprema beneficia a los represores genocidas
Mientras la Iglesia intentaba una "reconciliación" imposible, y Madres, Abuelas y Familiares de desaparecidos la rechazaban a cambio de Justicia terrenal, ésta se impuso a través de un fallo de la Corte Suprema que generó aún más rechazos y que terminó por involucrar al Gobierno de Mauricio Macri en un asunto del cual pretendía quedarse a un lado, no por convicción, sino por incapacidad política.
19-02-2018 / 11:02
Un poco con la intención de "hacer los deberes" para Mauricio Macri y mucho porque las cuentas están lejos de cerrarles en las provincias, la mayoría de los gobernadores ofrecerán a los trabajadores estatales de sus jurisdicciones aumentos de no más del 15% en las negociaciones paritarias.
 
El porcentaje de mejora salarial va en línea con el que, también la mayoría de los mandatarios, prevé proponer a los gremios docentes, aunque en el caso de los estatales negocian sin la presión temporal de las fechas del comienzo de clases.
  
La oferta de un porcentaje que está muy por debajo de las previsiones de inflación de los consultores privados, más allá de la meta oficial, tiene una explicación común a casi todas las provincias. Salvo San Luis, todas firmaron el pacto fiscal.
 
El acuerdo con el gobierno nacional, que fue ratificado por las legislaturas de todos los distritos salvo Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero y Chubut, las obliga a recortar el gasto público y siembra incógnitas serias respecto de sus niveles de recaudación.
 
Entre los cambios previstos por el pacto, sobresale la eliminación progresiva del impuesto a los ingresos brutos, que representa más del 80 por ciento de la recaudación de las provincias.
 
Además, con las metas de recorte del gasto se ponen en juego parte de los recursos que la Nación reparte todos los meses entre las provincias. No cumplir con las reducciones acordadas los expone a perder, por ejemplo, las transferencias del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero).
 
Varias provincias, de hecho, ya dispusieron para este año el congelamiento de los salarios de los funcionarios políticos y otras medidas de recorte del gasto, como la prohibición de aumentar las plantas de personal del Estado.

19-02-2018 / 10:02
19-02-2018 / 09:02
La cumbre de Chapadmalal ofreció un retrato acabado del momento que transita el Gobierno de Mauricio Macri. Se evitó el contacto con la prensa de cualquiera de los múltiples funcionarios del área económica y Macri sólo se encendió cuando le tocó hablar del caso del policía.
 
Chocobar y Zaffaroni son los salvavidas a los que se aferran con hambre de náufragos los macristas desde la Casa Rosada, para evitar un debate serio sobre todo lo que no funciona en la macroeconomía luego de dos años de gradualismo. Una pena.
 
Populismo de derecha no deja de ser populismo. Repasemos algunos datos para este año que circulan entre economistas pro mercado, que les gusta lo que escuchan pero no lo que ven: La economía va a crecer más cerca de la franja del 2% al 2,5% que del 3,5% que fijó el Gobierno en el presupuesto.
 
El pronóstico es duro, porque el crecimiento es la gran apuesta de Macri tras la decepción que dejó hasta ahora la lucha contra la inflación. Amenaza con diluirse así la última carta de un relato sostenido en la recuperación económica, que empieza a fugar en silencio al más confortable terreno del manodurísmo.
 
Un 2,5% de crecimiento es muy poco como bandera, si el resto sigue desalineado. Para que se entienda: Ese rango de crecimiento es considerado decepcionante, incluso en economías en desarrollo con una inflación anual abajo de los cuatro puntos como Brasil o México.
 
En la Argentina el consenso de los economistas proyecta para este año una inflación en torno al 20%, pero nadie descarta que termine escalando al menos tres puntos más. Es decir que al menos hasta ahora, el ajuste que hizo la Casa Rosada sobre el final de 2017 de aceptar un poco más de inflación a cambio de crecimiento, no está ofreciendo los beneficios esperados.
 
Luego viene la vida real. Se estima que el año podría cerrar con una pérdida de poder adquisitivo cercana a los 8 puntos contra el 2015, cuando empezó su gestión Macri. Y una caída del consumo superior a los 3 puntos. Tarifazos y aumentos de servicios básicos muy por encima de la inflación, explican buena parte de ese deterioro.
 
El empleo traza una línea de crecimiento vegetativo del empleo y aleja la promesa de reducción drástica de la pobreza. Entonces, la pregunta es simple: ¿Cuál es el saldo a favor de este proceso para la mayoría? Eso es lo que el gobierno de Macri todavía no logra explicar con consistencia y por eso rehúye el debate económico.
 
Por eso, el abrazo a Chocobar es más una necesidad que una convicción. Es el recurso narrativo para alimentar algún entusiasmo en la tropa propia, hasta cruzar el desierto de este 2018, mientras se reza para que el peronismo permanezca dividido.

18-02-2018 / 12:02
El caso del policía Luis Chocobar, felicitado por el Gobierno de Mauricio Macri tras asesinar por la espalda a Pablo Kukoc, hizo estallar dentro de la alianza Cambiemos su propia grieta y desató un gran alboroto en sectores judiciales molestos por las polémicas e inoportunas opiniones públicas de Macri sobre los fallos que procesaron al uniformado y el anuncio de una nueva doctrina según la cual, a entender de la ministra Patricia Bullrich, siempre tienen razón las fuerzas de seguridad.
 
El radicalismo dio esta semana su expresión más clara de que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar: en el diario macrista La Nación, Ricardo Gil Lavedra publicó una columna titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva", que asociaba el uso del tema como parte de un "marketing político" que acarrea el riesgo de multiplicar el delito y la violencia y esquiva el desarrollo de políticas "integrales, estables y serias".
 
Detrás del jurista salieron a cuestionar la postura presidencial varios dirigentes de la UCR, y fue la posición compartida en reuniones de bloque. Gil Lavedra es hoy, además, quien lidera el emprendimiento "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, que entre otras cosas desarrolla un anteproyecto de reforma del Código Penal.
 
La comisión que está en plena confección del texto no tiene intención de flexibilizar la regulación de la llamada "legítima defensa" (que señala las limitaciones en el uso de armas por parte de los agentes) ni la carga de la prueba, que según la ministra de Seguridad debiera eximir a los policías de toda acusación.
 
A los camaristas que agravaron la situación de Chocobar al atribuirle "homicidio agravado" y que fueron criticados por Macri el viernes, les llovieron mensajes de apoyo de colegas y hasta de funcionarios de la propia Casa Rosada.
 
En la Corte Suprema miran el escenario con atención y analizan dar un mensaje que, sin ser condescendiente con el Poder Ejecutivo, los ayude a soñar con contrarrestar la imagen desastrosa (70 por ciento negativa) que le dan las encuestas al Poder Judicial.

18-02-2018 / 12:02
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