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Nacionales - 21-04-2017 / 11:04

Críticas del movimiento de mujeres al uso macrista del femicidio de Micaela

Críticas del movimiento de mujeres al uso macrista del femicidio de Micaela
Críticas del movimiento de mujeres al uso macrista del femicidio de Micaela.
"Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas". El mensaje es directo. Y llegó a quien tiene que llegar. Ayer, en el salón Arturo Illia, del Senado de la Nación, el colectivo NiUnaMenos presentó su documento para tomar parte, por primera vez convocada al Congreso, en un debate público sobre políticas que atañen a las mujeres o discursos políticos que se levantan en su nombre.
 
Precisamente, el documento de NUM salió a responder "No en nuestro nombre" en torno a la polémica intención del Ejecutivo de modificar la ley de ejecución penal, la 24.660, que rige la progresividad en las excarcelaciones, después de la violación y asesinato de Micaela García.
 
Modificación que propone obstaculizar o impedir las salidas transitorias y libertades condicionales hasta que se cumpla la condena en forma efectiva, como si la prisión (el sufrimiento, porque en estas cárceles se trata de eso) extendida fuera la solución mágica.
 
"No en nuestro nombre", respondió NiUnaMenos al proyecto "punitivista" impulsado por la ministra Patricia Bullrich para endurecer las excarcelaciones. La solución a la violencia machista "no es más penas ni menos libertades sino más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia", aseguraron.
 
NIUNAMENOS PRESENTÓ UN DOCUMENTO EN EL SENADO CONTRA EL PROYECTO DE ENDURECER LAS EXCARCELACIONES
 
Las mujeres dicen basta de soluciones mágicas
 
En ese sentido, el mensaje de NUM fue concreto y comenzó sin medias tintas: "Las enormes movilizaciones que atraviesan el país desde el 3 de junio de 2015 cuando salimos a las calles con la consigna de Ni una menos no piden más penas, no piden menos libertades. Piden más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia." Unas horas antes, pletórica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzaba ante el mismo público, preocupantes cifras sobre reincidencia de condenados por violación, cifras al vuelo y sin citar fuentes (ver aparte).
 
Antes de que el documento de NiUnaMenos fuera leído por las integrantes del colectivo, Vanina Escales y Mariana Carbajal, la antropóloga Rita Segato fijó posición, como especialista en estudios sobre la violencia machista, contra la idea que promueve el proyecto.
 
Con un pin en su solapa en el que se leía "Vivas nos queremos", Segato se declaró "feminista y anti carcelaria aunque parezca una contradicción".
 
Y sostuvo su argumento, que se proyecta sobre el pensamiento de NiUnaMenos: "El violador es un síntoma social. La ley que consigue tipificar el delito de abuso sexual solo captura la punta del iceberg. Y no se puede castigar todos los episodios de violencia machista porque sería imposible para una sociedad. Ni alcanzarían las cárceles", sostuvo Segato y agregó que "la única certeza es que la solución no es ni más pena ni más cárceles".
 
El concepto atacó al riñón de la propuesta de endurecimiento como solución: "Las cárceles son una escuela para generar nuevos violadores".
 
Poco antes de las tres de la tarde, llegó el turno de NiUnaMenos. El título del documento: "No en nuestro nombre. Ni demagogia punitiva ni garantismo misógino ¡Ni Una Menos!".
 
Un detalle a destacar que marca la distancia entre el reclamo de las mujeres y las soluciones punitivistas que hasta la fecha nunca resolvieron el problema: el 3 de junio de 2015, cuando se realizó la primer marcha de NUM, cada 30 horas se cometía un femicidio (a cifras de 2014). Los reclamos fueron precisamente sobre prevención, políticas públicas, más cuidado, más igualdad, más justicia.
 
"Dos años después, seguimos pidiendo lo mismo", sostiene el documento. Que no se atendió ni se atiende el reclamo lo trae a cuenta la cifra que actualizó NUM y que como señala el texto, "es escalofriante": "Cada 18 horas, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer en Argentina".
 
"El endurecimiento de la penalización -sostuvieron las integrantes del colectivo- y la ampliación de condenas no disuade los crímenes contra la vida. Es demagogia punitiva ante la indignación social".
 
También señalaron que ante los operadores de la justicia, las voces de las mujeres víctimas de violencia machista están "bajo sospecha" y "es parte de las complicidades que fundan un garantismo misógino que trivializa y minimiza las violencias que nos afectan", y "el punitivismo" que "no es menos machista: al grito de más cárcel evita el análisis oportuno y preciso que permitiría estrategias de prevención y cuidado que efectivamente salven vidas".
 
El relato sobre el crimen de Micaela, que disparó a los titulares el proyecto legislativo muestra la cotidianeidad con la que se enfrentan las víctimas de violencia machista: "Cuando la familia de Micaela fue a denunciar su desaparición a la comisaría -leyeron las integrantes de NUM-, le dijeron que podía tratarse de un suicidio, el fiscal siguió esa hipótesis. Esas son las respuestas judiciales que nos encontramos cuando pedimos ayuda."
 
El documento enumeró las ausencias del Estado, las que se quieren reemplazar con pintura sobre pintura: "no hay políticas de prevención, la Educación Sexual Integral no se cumple ni tiene un presupuesto acorde. El patrocinio jurídico no se implementa. Ni los operadores judiciales ni las fuerzas de seguridad reconocen la violencia machista como un problema estructural. El Estado, tal como se colige de la propuesta que discute el Senado, reduce el problema a uno penal. Necesitamos licencias por violencia de género, acceso al trabajo para las personas victimizadas dentro del encierro doméstico, acceso a la vivienda. Autonomía económica y soberanía sobre su cuerpo. De esto rara vez se habla".
 
Por Horacio Cecchi
 
Fuente: Página12
 
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21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
20-04-2018 / 09:04
Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1600 % para los usuarios, tomando como referencia un consumo residencial promedio. Y la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
 
Este jueves, a puertas cerradas, el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, junto a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, abordaron el tema tarifazos. Pero la conclusión fue lamentable.
 
No hubo debate, sino una puesta en escena para la gilada en la que solo se abordaron las tarifas del gas y se decidió "financiar optativamente" las boletas, para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de mayor consumo: mayo-junio y julio-agosto. La "brillante" opción apenas sería sobre un 25% del total de la factura de gas y con un recargo del 20%.
 
El Gobierno aceptó hacer un retoque cosmético en su política de tarifas para demostrar apertura ante sus aliados, radicales y lilitos, e intentar descomprimir el escenario en el que la oposición casi reúne los votos para una sesión especial que podría haber iniciado una modificación del aumento previsto para el gas.
 
Con la idiosincrasia empresarial grabada a fuego, Macri no está dispuesto a perder y, pretende que la modesta concesión de la financiación en cuotas la paguen las provincias. "Que los gobernadores aporten el dinero que supone desdoblar los aumentos". Así se lo hizo saber al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, autor de la polémica propuesta.
 
Pensando en las ganancias, omitieron tratar las subas en otros servicios básicos como la luz y el agua. Tampoco se contempló la situación de las PyMes, industrias o comercios. La "solución" del tarifazo en cuotas solo alcanza a los usuarios residenciales y deja afuera a un sector cuyo incremento en los costos necesariamente implica un traslado a los precios de venta.
 
El repudio general a las subas exageradas de tarifas golpea sobre la principal política ajustadora que el Gobierno ofrece a los "mercados" a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
 
En conclusión, una verdadera burla. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Macri no se tocan. Y ahora al negocio energético se le suma el financiero. Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista.
 
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