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Nacionales - 19-04-2017 / 11:04
CONTRA LOS TRABAJADORES ESTATALES, A FAVOR DE LOS CEOs

Macri dijo que el Estado no puede ser "un aguantadero", pero aumentó un 25% los cargos políticos del gobierno

Macri dijo que el Estado no puede ser
“ESTADO AGUANTADERO”. La nueva metáfora elegida por los publicistas de Cambiemos enseguida desató una polémica. ¿No está Macri en realidad detrás de un “Estado aguantadero” que, desde que asumió, implementó una transferencia de ingresos impresionante en favor de la oligarquía terrateniente, la agroindustria, las mineras, las concesionarias de las empresas de servicios públicos y la banca, mientras 1,5 millón y medio de personas cayeron en la pobreza?
El presidente Mauricio Macri hizo este martes lo que suele hacer: Enarboló un discurso de línea dura neoliberal de ajuste y eficiencia del Estado, mientras su administración expande el gasto fiscal y aumenta la ya desmesurada burocracia estatal.
 
Buscando el golpe de efecto, rodeado de los gobernadores en el pomposo Salón Blanco de la Casa Rosada, Macri pidió "dejar de lado la intervención nociva que tuvo la política de convertir al Estado en un aguantadero".
 
Lo hizo en el acto de firma del Compromiso Federal para la Modernización del Estado, con trece provincias, que motorizó su ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra, que es una contradicción caminando. Ibarra dice que va a hacer más eficiente el Estado, montando una enorme burocracia que antes no existía. Además, apenas asumió, su mujer fue nombrada con un cargo gerencial en Canal 7.
 
¿No ha sido Macri el que amplió este "Estado aguantadero" al aumentar un 25 por ciento la estructura del Estado, pasando de 16 a 21 ministerios, de 70 a 87 secretarías y de 169 a 207 subsecretarías, con funcionarios millonarios?
 
¿No es un "Estado aguantadero" el que tiene funcionarios que cobran entre 100.000 y 140.000 pesos mientras el promedio salarial es de $7.500 pesos y el 80% de los trabajadores no cubren la canasta familiar?
 
¿No preside Macri un "Estado aguantadero" cuyos cargos han sido ocupados por gerentes de las grandes empresas que lo utilizan como "junta de negocios" en función de sus intereses? ¿A quién "aguanta" la alianza Cambiemos?
 
La Opinión Popular

 
Macri insistió en "volver a jerarquizar al empleado público, lo que significa el acceder al empleo estatal a través de los concursos" y agregó que "tenemos que entender que el Estado no es de aquellos que nos toca gobernar, sino de los ciudadanos, y para eso tenemos que trabajar en mecanismos de transparencia, porque ya producto de las corrupción muchos se han enriquecido, pero una enorme cantidad de argentinos no tiene cloacas, ni agua potable, ni rutas, ni escuelas en buenas condiciones".
 
El presidente prefirió así concentrarse en el lado "amable" de la modernización del Estado y no referirse a un costado donde su administración flaquea fuerte: La reducción de áreas superfluas y burocracia inútil, fusión de áreas que hacen lo mismo y achicamiento del desmesurado gasto del Estado que no para de subir y explica porque la Argentina tiene una presión fiscal récord en el mundo.
 
Este fin de semana se conocieron los datos del primer año de Macri y se supo que su administración aumentó en 25% la estructura del Estado, a partir del crecimiento del número de ministerios, secretarías y direcciones nacionales. Es por eso, como contó La Nación, que en la Rosada se habla del crecimiento a pleno de "la fábrica de ravioles" por el organigrama del Estado.
 
Macri amplió de manera fuerte la estructura del Estado que Cristina ya había engrosado: Hoy tiene 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias de Estado y 687 direcciones nacionales y generales, según lo confirma un estudio de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) y se puede constatar en la página web mapadelestado.modernizacion.gob.ar.
 
Por caso, la cartera de Modernización tiene cuatro secretarías, nueve subsecretarias y 92 direcciones. Presidencia tiene cuatro secretarías, más un Consejo Consultivo de Políticas Sociales y la AFI, 10 subsecretarías y 100 direcciones. La Jefatura de Gabinete, cinco secretarías, más el Plan Belgrano -que creó tres "coordinaciones"- y el Sistema Federal de Medios, más nueve subsecretarías y 79 direcciones.
 
Existen 43 secretarías y subsecretarías de Coordinación, el caballito de batalla de la gestión PRO, que hace de las reuniones de "coordinación" un culto costoso en recursos humanos y tiempo de los funcionarios.
 
Otro tanto ocurre con la multiplicación de dependencias para realizar la misma tarea: Para atraer inversiones se superponen la Agencia Nacional de Inversiones (Producción); la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Cancillería; la Secretaría de Mercados Agroindustriales (Agroindustria) y la Secretaría de Promoción de Inversiones (Cancillería).
 
Incluso ocurre a nivel ministerial. Por fuera de la Cancillería, Macri designó al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, con 2 subsecretarías y 4 direcciones, para que se dedique exclusivamente a las relaciones exteriores. Antes no existía esa dependencia.
 
Mientras que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, también preside un Consejo Nacional de Políticas Sociales en la Presidencia de la Nación que tiene 23 direcciones nacionales, para hacer exactamente lo mismo que hace su cartera.
 
Por eso, cada vez más economistas, incluso los cercanos al gobierno, advierten que en estos términos es imposible que la economía sea sostenible. "La verdadera discusión es que el gasto público es insostenible, como es insostenible genera un sistema impositivo impagable. Y como genera un sistema impositivo impagable las empresas no pueden competir. Entonces no le echemos la culpa al Banco Central", aseguró en una entrevista en radio Mitre, el ex vicepresidente del Banco Nación, Enrique Szewach.
 
Mientras que este martes, José Luis Broda agregó: "El enfermo está grave. Acá no hay plan A ni plan B, esto es insostenible en el largo plazo. No se puede tener creciente déficit fiscal, financiado mangueando ahorro externo y al mismo tiempo una tasa de inflación declinante. Es inestable".
 
Fuente: La Política Online 
 

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21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
20-04-2018 / 09:04
Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1600 % para los usuarios, tomando como referencia un consumo residencial promedio. Y la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
 
Este jueves, a puertas cerradas, el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, junto a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, abordaron el tema tarifazos. Pero la conclusión fue lamentable.
 
No hubo debate, sino una puesta en escena para la gilada en la que solo se abordaron las tarifas del gas y se decidió "financiar optativamente" las boletas, para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de mayor consumo: mayo-junio y julio-agosto. La "brillante" opción apenas sería sobre un 25% del total de la factura de gas y con un recargo del 20%.
 
El Gobierno aceptó hacer un retoque cosmético en su política de tarifas para demostrar apertura ante sus aliados, radicales y lilitos, e intentar descomprimir el escenario en el que la oposición casi reúne los votos para una sesión especial que podría haber iniciado una modificación del aumento previsto para el gas.
 
Con la idiosincrasia empresarial grabada a fuego, Macri no está dispuesto a perder y, pretende que la modesta concesión de la financiación en cuotas la paguen las provincias. "Que los gobernadores aporten el dinero que supone desdoblar los aumentos". Así se lo hizo saber al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, autor de la polémica propuesta.
 
Pensando en las ganancias, omitieron tratar las subas en otros servicios básicos como la luz y el agua. Tampoco se contempló la situación de las PyMes, industrias o comercios. La "solución" del tarifazo en cuotas solo alcanza a los usuarios residenciales y deja afuera a un sector cuyo incremento en los costos necesariamente implica un traslado a los precios de venta.
 
El repudio general a las subas exageradas de tarifas golpea sobre la principal política ajustadora que el Gobierno ofrece a los "mercados" a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
 
En conclusión, una verdadera burla. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Macri no se tocan. Y ahora al negocio energético se le suma el financiero. Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista.
 
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