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Nacionales - 18-04-2017 / 09:04
LOS GREMIOS DENUNCIAN “UNA PUESTA EN ESCENA QUE NO RESUELVE EL CONFLICTO”

Continúa el conflicto salarial: Docentes rechazaron la propuesta de Vidal

Continúa el conflicto salarial: Docentes rechazaron la propuesta de Vidal
El gobierno bonaerense propuso a los docentes un aumento del 20% en cuotas con cláusula gatillo por inflación, más un adicional por presentismo de $5.300 pesos en un ingreso promedio para 2017 y una compensación por 2016 de $750 por cargo. Fuentes gubernamentales adelantaron que la oferta es "trianual" y propone un aumento para 2018 equivalente a la inflación más un 10 por ciento, y un adicional por presentismo de $20.000 por todo el período, sujeto a la baja de ausentismo. Asimismo, propone el mismo porcentual para 2019, con un adicional de $32.000 anuales. Para los trabajadores docentes son cláusulas extorsivas para eliminar las paritarias por tres años y castigar a quienes se enferman o hagan paro. Una provocación inaceptable.
Este lunes por la tarde, la reunión entre los referentes de los gremios docentes y los funcionarios del gobierno bonaerense no llegó a buen puerto y los gremios rechazaron la nueva propuesta salarial. Luego de un mes y medio, María Eugenia Vidal ofreció un 1 % más de aumento con relación a la última propuesta, lo que implica $ 98 más por mes. Además, el gobierno de Vidal planteó un "acuerdo educativo a tres años" que garantice el inicio de las clases hasta 2019, lo que significa eliminar las negociaciones paritarias con un gremio de 320 mil trabajadores hasta 2020. Un mal precedente para el resto del movimiento obrero.
 
Concretamente para 2017, la gobernadora propone una compensación por el poder adquisitivo perdido en 2016 que consiste en una suma fija, por única vez y en negro, de $ 750 por cargo, lo que está muy por debajo del 10 % perdido por la inflación. Y agrega un aumento del 20 % en tres cuotas hasta enero 2018 y un adicional de presentismo anual de $ 5.300 en el ingreso promedio (que equivale a $ 500 mensuales). Es decir, que después de 50 días de discusión paritaria Vidal "eleva" la oferta en un 1% y busca castigar a los docentes que por distintos motivos falten o hagan paros.
 
"La reunión dejó un sabor amargo porque realmente esperábamos otro tipo de propuesta. Que se reconociera lo que se venía reclamando. Hubo dos propuestas paralelas: una oferta es hasta 2019 e incluye las subas para 2017 y 2018 y otra que ha circulado en los medios con números que realmente son importantes pero en la original no están", explicó la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini.
 
Por otra parte, el titular de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se diferenció de Petrocini y fue más enérgico en su opinión: "Esto no es un avance de ninguna manera, es un paso más de la estrategia que lleva el gobierno de no modificar la propuesta inicial solo por 1 o 2 %". Además, Baradel afirmó que "no habrá medidas" pero que luego del cuarto intermedio se verá "qué decisiones se toman".
 
A su vez, desde SUTEBA destacaron "con asombro" que, antes de realizarse la propuesta en el ámbito de la Comisión Técnica Salarial frente a los Sindicatos, "funcionarios del Gobierno entregaron a la prensa un documento que expresaba una oferta salarial diferente a la que luego fuera presentada en el ámbito correspondiente". Y calificaron el accionar del Gobierno como una "puesta en escena" que confirma que "prioriza las estrategias mediáticas para crear confusión". La maniobra del gobierno de Vidal busca generar confusión ante la opinión pública intentando quebrar el enorme apoyo que los trabajadores y el pueblo vienen demostrando hacia el conflicto docente.
 
La Opinión Popular

 
EL GOBIERNO BONAERENSE ESTIRÓ EL AUMENTO A LOS DOCENTES OTRO PUNTO MÁS UN PLUS POR PRESENTISMO
 
Otra propuesta que no conformó a los gremios
 
La gobernación bonaerense presentó a los docentes su "nueva" propuesta salarial, que subió en un punto la que había presentado en el anterior encuentro paritario: pasó del 19 al 20 por ciento de aumento. Incluyó además un ítem por presentismo y el planteo de firmar un acuerdo por tres años. Los gremios la rechazaron, tras advertir que se trata siempre del mismo ofrecimiento.
 
No hubo anuncios de nuevas medidas de fuerza, ya que la negociación pasó a un cuarto intermedio. Los dirigentes dijeron que esperarán los resultados del próximo encuentro antes de resolver la continuidad del plan de lucha.
 
"No hubo avances. Lo que hicieron fue dar un paso más en la estrategia de no modificar la propuesta, a no ser en un 1 o 2 por ciento", sostuvo al salir de la reunión de la comisión técnica salarial Roberto Baradel, titular del Suteba.
 
A su vez, Mirta Petrocini, de la FEB, agregó que la oferta "de un punto más significarían agregar en realidad 30 pesos al sueldo básico, y alrededor de 60 pesos en los salarios del mes de octubre", por el pago en tramos.
 
La reunión volvió a sentar a los funcionarios del equipo de Vidal con los dirigentes de los seis sindicatos docentes de la provincia (Suteba, FEB, Sadop, Amet, UDA y Udocba), que vienen coordinando un plan de lucha como Frente de Unidad Gremial.
 
En la nueva propuesta, la gobernación agregó 250 pesos a la suma que compensará la inflación de 2016, que pasó de 500 a 750 pesos. Y un ítem de presentismo de 5.300 pesos para este año, que iría en aumento los dos siguientes, siempre que baje el ausentismo.
 
Los números están lejos de lo que reclaman los docentes, que al inicio de la negociación paritaria pidieron un 35 por ciento -10 para recuperar lo perdido por la inflación de 2016 y 25 para este año-. Ayer, de manera extraoficial, en algunos de los gremios hablaban de un 30 por ciento como número en el rango de lo aceptable -8 por la inflación del año pasado, 22 para la de este año, con una cláusula gatillo de ajuste automático por inflación-.
 
Lo novedoso de la reunión de ayer no fue así el monto del aumento ofrecido, que en el mes y medio de conflicto pasó del 18 al 19 y ahora al 20, manteniendo prácticamente el mismo techo, sino el agregado del ítem por presentismo de 5300 pesos anuales (serían 441 pesos por mes) y el hecho de que la gobernación planteara firmar el acuerdo por los próximos tres años.
 
En este esquema, propuso otorgar en 2018 un 10 por ciento de aumento más que la inflación que registre el Indec y 20 mil pesos anuales por presentismo, sujetos a la baja del ausentismo. Y para 2019, un aumento del mismo orden -10 por ciento por encima de la inflación-, con 32 mil pesos anuales de presentismo.
 
La propuesta fue filtrada a los medios en los minutos iniciales de la reunión, cuando los representantes docentes no habían sido informados de su contenido, en una señal de que los funcionarios estaban enfocados más en impactar a la opinión pública, puertas afuera del ministerio, que en avanzar, puertas adentro, en un entendimiento con los gremios.
 
Luego los sindicatos formularían algunas aclaraciones sobre su contenido. Por ejemplo, cuestionaron que en la propuesta filtrada a los medios la gobernación hable de que un maestro pasará a de cobrar de los 19.220 pesos "promedio" actuales a 23.504 en 2017, 27.795 en 2018 y 30.644 en 2018. Los sindicatos apuntaron que el sueldo promedio alegado no es real, ya que correspondería al de docentes con dos cargos, que no son la mayoría. 
 
La idea de extender el acuerdo a tres años fue calificada como un "disparate". "¿No pueden darnos una respuesta a la pérdida del salarial de 2016 y quieren firmar por tres años?", preguntó el estatal Oscar De Isasi (ATE), gremio que desde este año se integró a la paritaria, al igual que UPCN, por tener entre sus afiliados a los auxiliares de la educación.
 
Durante la jornada, la gobernación oficializó, por otra parte, el pago del premio de mil pesos a los maestros que no hayan adherido a las medidas de fuerza que se realizaron desde el 6 de marzo. 
 
La gobernadora María Eugenia Vidal avanzó con esta "gratificación" a pesar de que un fallo de la jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata, María Ventura Martínez, había intimado a la provincia a abstenerse de pagarlo -así como también de aplicar descuentos a los salarios por los días de paro-. El plus fue denunciado ante la justicia porque se trata de una medida dirigida a romper la huelga, que es un derecho de rango constitucional. Es decir que discrimina entre docentes que ejercieron un derecho y los que no.
 
También el presidente Mauricio Macri hizo su aporte diario al conflicto, al reclamar a los dirigentes docentes que "se sienten en una mesa y discutan" la situación del sistema educativo. "Tenemos un problema serio porque hace más de diez años que la educación pública está decayendo", sostuvo, deslegitimando nuevamente a las escuelas estatales y responsabilizando a los sindicatos.
 
Macri ratificó además que el gobierno nacional no convocará a la paritaria federal, que desde 2006 fijaba, todos los años, el salario inicial de los maestros y era el ámbito donde se resolvía el monto del Fondo Compensatorio -destinado a que las provincias con menores recursos puedan pagar ese piso- y el de Incentivo Docente -que se reparte igualitariamente entre los trabajadores del sector, levantando los sueldos. "Para mí es una prioridad la educación, pero el tema de los salarios lo decide cada gobernador", dijo el Presidente.
 
Por Laura Vales
 
Fuentes: Página12, Urgente24, Clarín, La Izquierda Diario y LOP
 

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21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

20-04-2018 / 16:04
20-04-2018 / 10:04
20-04-2018 / 09:04
Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1600 % para los usuarios, tomando como referencia un consumo residencial promedio. Y la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles. El malestar también tuvo una manifestación en el Congreso en el fallido debate del miércoles.
 
Este jueves, a puertas cerradas, el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot, junto a sus aliados radicales y de la Coalición Cívica, abordaron el tema tarifazos. Pero la conclusión fue lamentable.
 
No hubo debate, sino una puesta en escena para la gilada en la que solo se abordaron las tarifas del gas y se decidió "financiar optativamente" las boletas, para pagar durante el verano los cargos correspondientes a los meses de mayor consumo: mayo-junio y julio-agosto. La "brillante" opción apenas sería sobre un 25% del total de la factura de gas y con un recargo del 20%.
 
El Gobierno aceptó hacer un retoque cosmético en su política de tarifas para demostrar apertura ante sus aliados, radicales y lilitos, e intentar descomprimir el escenario en el que la oposición casi reúne los votos para una sesión especial que podría haber iniciado una modificación del aumento previsto para el gas.
 
Con la idiosincrasia empresarial grabada a fuego, Macri no está dispuesto a perder y, pretende que la modesta concesión de la financiación en cuotas la paguen las provincias. "Que los gobernadores aporten el dinero que supone desdoblar los aumentos". Así se lo hizo saber al gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, autor de la polémica propuesta.
 
Pensando en las ganancias, omitieron tratar las subas en otros servicios básicos como la luz y el agua. Tampoco se contempló la situación de las PyMes, industrias o comercios. La "solución" del tarifazo en cuotas solo alcanza a los usuarios residenciales y deja afuera a un sector cuyo incremento en los costos necesariamente implica un traslado a los precios de venta.
 
El repudio general a las subas exageradas de tarifas golpea sobre la principal política ajustadora que el Gobierno ofrece a los "mercados" a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.
 
En conclusión, una verdadera burla. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Macri no se tocan. Y ahora al negocio energético se le suma el financiero. Los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista.
 
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