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Entre Ríos - 15-04-2017 / 17:04

¿Qué "datos sensibles" pretende proteger Urribarri desde la Cámara de Diputados?

¿Qué
Sergio Urribarri preside la Cámara de Diputados.
Sin mediar explicaciones, la presidencia de la cámara baja entrerriana acaba de restringir el acceso a la información pública, en abierta contradicción al artículo 13 de la Constitución Provincial.
 
El Boletín Oficial del 7 de abril dio a conocer una modificación sobre el decreto 58/2006 dictado por la Cámara de Diputados de la provincia y que regula el acceso a la información pública (en adelante AIP) ante la misma. La medida fue dispuesta por el diputado Juan Navarro, vicepresidente primero a cargo de la Presidencia de ese cuerpo legislativo.
 
Invocando una serie de citas ambiguas respecto a la protección de "datos sensibles", la autoridad de la Cámara Baja entrerriana incorporó como obligación que ante cada pedido de información pública, y previo a su eventual otorgamiento, el Área Legal deberá expedirse sobre la "clasificación de los datos requeridos".
 
Si la opinión legal es que la información es "sensible", inmediatamente pasa al pleno de la Cámara, que deberá votar si la entrega o no.
 
Por otro lado, de un plumazo se derogaron los artículos 12 y 14 del decreto 58/2006, en lo que respecta a plazos específicos para la tramitación de los pedidos de AIP. Ahora ya no existirá el plazo de 20 días para la respuesta, con posibilidad de prórrogas, sino que regirán los plazos y recursos de la Ley General 7060 de Procedimientos Administrativos.
 
Es decir, un pedido de AIP recibirá el mismo tratamiento que un pedido o recurso por la aplicación de una multa administrativa, un pedido de ascenso o el cuestionamiento de una sanción en un sumario administrativo.
 
Las modificaciones introducidas por la autoridad de la Cámara (no se han visto objeciones de ningún diputado o bancada), resultan un retroceso lamentable para el sistema de control de los actos públicos, pilar elemental de la República (la que queremos al menos, no la que conocemos, es cierto).

 
¿Qué es un dato sensible? El artículo 2 de la Ley 25.326, llamada Ley de Protección de Datos Personales, los define de esta forma: "Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.".
 
Lo primero que hay que aclarar es que la protección en la materia rige para todos los ciudadanos; ahora bien, cuando la actividad de una persona es la de ser un legislador o funcionario público de cualquier Poder del Estado - es decir, una persona seleccionada por el pueblo en base a sus pensamientos, propuestas, posiciones - sus posturas políticas, morales o filosóficas (o su extracción partidaria o sindical) comienzan a formar parte del "patrimonio público", de libre acceso para los ciudadanos.
 
La Corte Suprema de Justicia en el precedente "Cippec", del 26 de marzo de 2014, había reconocido que no era necesario exigir un interés calificado por parte del requirente de la información cuando se trata de información de carácter público, puesto que ésta no pertenece al Estado sino al pueblo de la Nación.
 
Posteriormente en el fallo "Garrido", del 21 de junio de 2016, al resolver sobre un pedido de información sobre la tramitación de un sumario administrativo a un empleado de AFIP, dijo que el pedido no se relaciona con datos sensibles en los términos de la ley mencionada, sino que atañe exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos del Estado y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la Administración.
 
Expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan supone el reconocimiento de un ámbito de protección de la vida privada más limitado en el caso de éstos. Y señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público, ya que éstos se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el ámbito del debate público.
 
Lo mismo sucedió en la causa "Stolbizer Margarita c/ Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/ amparo Ley 16.986" (1/9/2015)": la Corte Suprema, por unanimidad, rechazó el recurso interpuesto por el Estado Nacional contra la sentencia que lo obligaba a brindar información respecto de un programa implementado en el ámbito del Ministerio de Justicia.
 
Stolbizer había solicitado que se detallara cuál era la competencia y el presupuesto asignado al Programa de Desarrollo Territorial de Políticas Públicas, quién era su coordinador así como el personal que se desempeñaba en él. También había requerido datos sobre los sueldos que se abonaban y la dependencia donde funcionaba el programa.
 
La información pública, como derecho constitucional, también posee como característica central el hecho de que debe ser entregada en forma oportuna.
 
Si el AIP no es inmediato - o contestado en tiempo razonable- deja de cumplir con el objeto de dar al ciudadano un "control" popular sobre los actos de gobierno.
 
El AIP necesita de un tratamiento especial en materia de plazos para su concreción oportuna. Las distintas legislaciones del mundo y locales han adoptado este criterio. Por ejemplo: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 104) provincia de Buenos Aires (Ley 12.475), Córdoba (Ley 8.803), y Tierra del Fuego (Ley 653), entre otras.
 
Por lo tanto, derogar los plazos específicos, incluso sin mencionar la vía judicial mediante acción de amparo ante una arbitrariedad en la negativa o demora sin motivos, es altamente negativo para nuestro sistema de derechos.
 
En síntesis, la restricción mediante un mero decreto de una las Cámaras legislativas no puede volver inoperativa la Constitución Provincial, que en su artículo 13 dice con claridad: "Sólo mediante una ley puede restringirse...".
 
Hagamos caso.
 
(*) Nelson J. Schlotahuer (Abogado, consultor de Accesolibre.org, exprofesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina).
 
Autor: Nelson J. Schlotahuer
 
Fuente: El Entre Ríos
 

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22-02-2018 / 11:02
El Gobierno de los CEOs hizo de cuenta que nada había ocurrido. Según dejaron trascender sus voceros, el presidente Mauricio Macri tuvo un día con una agenda normal, no vio la marcha de los trabajadores por televisión y ni siquiera pidió conocer el número de asistentes (que las usinas oficiales reducían a unos 90 mil).
 
También envió a varios de sus ministros a recorrer los canales de televisión después de la marcha. El libreto que se repitió incluyó recordar las causas judiciales de Hugo Moyano y señalar que la marcha fue política y no tenía un reclamo claro.
 
Más allá de la decisión de sobreactuar "normalidad" el día de la marcha, que iba de la mano con el ninguneo posterior, en el Gobierno de los Ricos tienen decidido no moverse un ápice de su plan de reformas laborales. Ni 90 mil, ni 400 mil personas parece que vayan a hacerlos cambiar de idea en esto, que forma parte del núcleo duro del proyecto proempresario macrista.
 
También hizo un breve viaje a Concordia, Entre Ríos, donde compartió un almuerzo con productores arroceros, visitó a emprendedores que fabrican jugos cítricos y se mostró con el gobernador Gustavo Bordet en una recorrida por una planta potabilizadora de agua que está en construcción.
 
Así, Macri buscó refugio en Entre Ríos para eludir la marcha de trabajadores en su contra. Eso sí, se preocupó por enviar un mensaje velado a los sindicalistas desde allí cuando habló de "soluciones sin aprietes, sin extorsiones, sin comportamientos mafiosos, sin buscar privilegios". Fue la única alusión, dado que el propósito del Gobierno conservador era ningunear la marcha.
 
La Opinión Popular

21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
21-02-2018 / 11:02
20-02-2018 / 17:02
El sermón en la misa de cuerpo presente es la que se dice estando el cadáver del difunto expuesto y preparado para llevarlo después al entierro. Es lo que escuchó el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, del discurso de Bordet en la Asamblea Legislativa, en donde el gobernador le recriminó que le dejó más deudas que haberes.
 
El repaso del mandatario fue contundente: la batería de anuncios fue un examen que puso blanco sobre negro de cómo heredó Bordet la provincia de manos de Urribarri. Garantizar el agua potable, caminos, puertos y una inversión en energía, y el arreglo de la Caja de Jubilaciones, son metas que apuntan a corregir lo que no se hizo en el gobierno anterior.
 
La construcción de las defensas sur y norte en Concordia y Concepción del Uruguay son obras emblemáticas de un trabajo articulado entre Nación y provincia, botón de muestra de que hay cosas que se pudieron hacer, pero que nunca se hicieron a pesar de esos años de bonanza y de la estrecha relación de Urribarri con el gobierno de Cristina.
 
Sin darse por aludido, Urribarri puso esa extraña cara que ponen los perritos cuando "le hacen el amor", e imperturbable seguía el repaso de los problemas, que no son otra cosa que las grandes deudas de su gestión y lo que quedó sin saldar de su "sueño entrerriano", del que ahora deberá dar explicaciones ante la Justicia.
 
En la Asamblea, Urribarri sintió el sabor áspero del ostracismo. El tiempo que prometió Bordet en su discurso, es un futuro que para Urribarri es cada vez más incierto. Por ahora respira tranquilo, ya que cuenta con los votos necesarios como para garantizar sus fueros.
 
Para Urribarri, éstas no fueron las únicas horas adversas de la semana. La Justicia provincial dispuso un embargo de 26 millones de pesos, en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los 24 millones de pesos. Ante una acusación cuyo primer efecto fue el escándalo, el ex gobernador eligió victimizarse, una respuesta de manual para estos casos, pero que no tiene validez siempre.
 
La noticia despertó el interés por el nuevo rumbo que tomó la interna del PJ provincial, con el gobernador fortalecido dentro del Partido y un proyecto de continuidad, y el ex gobernador reculando en chancletas. Tal vez no sea esto definitivo, pero se generó un nuevo clima de transición.
 
Fue llamativo el silencio, tanto del gobernador como del vice, frente a la denuncia que involucró al padrino político de ambos. Las lealtades se miden en las malas porque en las buenas es fácil acompañar. Y Urribarri quedó más solo que loco malo, justo en el momento en que buena parte de la dirigencia nacional del PJ se encamina a la unidad.
 
La necesidad de candidatos para el 2019 con el sello "libre de denuncias", en un partido donde varios de sus referentes tuvieron o tienen que dar explicaciones en la Justicia, hoy es fundamental.
 
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