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Nacionales - 07-04-2017 / 11:04
EL GOBIERNO IMPULSA UNA RENOVACIÓN “DE PREPO” DE LAS CÚPULAS SINDICALES

Macri está decidido a confrontar con los gremios

Macri está decidido a confrontar con los gremios
Macri con gremialistas. Puras sonrisas. Otros tiempos.
Entre muchas cosas que ayer se dijeron, dos tuvieron un significado especial para describir lo que pasó: "No se puede imponer violentamente que alguien pare, pero tampoco se puede imponer un plan económico con balas de goma y gases". "Se preguntan qué adhesión tendría el paro con transporte, pero no qué pasaría si los empresarios no amenazaran a sus trabajadores para que no paren".
 
Los actos aislados de violencia que se registraron ayer, principalmente vinculados a piquetes de la izquierda que limitaron el ingreso de automóviles a la CABA, nada tuvieron que ver con la contundencia del paro, la que, en todo caso, se debe buscar en la adhesión total del sistema público de transporte como no se registró en los últimos paros a la gestión de Cristina Fernández. Es más preocupante si el Gobierno intenta imponer el plan económico con balas y gases.
 
El presidente Mauricio Macri se refirió a los años de violencia política que vivió el país, en un deliberado lenguaje que evitó mencionar el terrorismo de Estado practicado por la última dictadura ("nadie ganó en esta confrontación sistemática que vivió el país", dijo).
 
Esa ambigüedad es una clara definición política en el día que su gobierno decidió aplicar el "protocolo antipiquete" durante un paro nacional de trabajadores para liberar carriles de circulación en la Panamericana, cuando no lo usó hasta ahora para garantizar la circulación por la CABA.
 
Además del modelo económico, la gestión neoliberal de Mauricio Macri tiene muchos puntos en común con el ex presidente Carlos Menem, en especial con la pelea de fondo que encaró para desarticular el movimiento sindical: del ramal que para ramal que cierra a este #YoNoParo cambió los estilos pero no el fondo.
 
La apuesta es más fuerte aún, con las "recomendaciones" sobre la elección de los dirigentes sindicales, que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aclaró que son de cumplimiento obligatorio destinadas a evitar "la conducta extorsiva" en algunos gremios.
 
La disposición -publicada en el Boletín Oficial- tiene una serie de "recomendaciones" que insinuaban una intromisión mayor en la vida interna de los sindicatos: pedido de más regulación para la conformación de las juntas electorales; prohibición de que sean candidatos quienes tienen causas penales; mayor control de las reformas, estatutos y cuentas; y hasta la necesidad del voto electrónico. Una especie de "ley Mucci" del Primer Gobierno Radical.
 
No se trata de la democratización de los sindicatos que intentó Raúl Alfonsín sino de una virtual intervención, condicionando los candidatos y obligando al voto electrónico, un sistema que tiene reparos en todo el mundo y que fue dejado de lado en Alemania y Dinamarca, entre otros, por ser fácilmente violable.
 
Seguramente, el discurso del Presidente de este Tercer Gobierno Radical fue melodía para los empresarios y ejecutivos que lo escucharon en el "mini" Davos.
 
La Opinión Popular

 
El gobierno impulsa una renovación de las cúpulas sindicales
 
En la víspera del primer paro general de la CGT, el Gobierno está dispuesto a tensar al máximo el vínculo con los sindicatos. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ordenó reforzar las auditorías en los gremios en busca de irregularidades en los procesos eleccionarios y detectar casos en los que no se cumpla con el 30 por ciento del cupo femenino. Una suerte de presión para traccionar una eventual renovación en las cúpulas de los sindicatos.
 
Como parte de la misma estrategia, Triaca dio curso a las impugnaciones que cuestionan la conformación del triunvirato de la CGT por un presunto incumplimiento del estatuto interno. De avanzar este expediente, algo que es poco probable, el Ministerio de Trabajo hasta podría invalidar a la cúpula de la central obrera y exigir su regularización.
 
Ambas medidas forman parte de un endurecimiento, cuyo comienzo se dio con una modificación en el reparto de fondos de las obras sociales. Desde hace un mes, Triaca comenzó a tener injerencia casi directa en el reparto a las prestadoras médicas sindicales y en los gremios sospechan que podría haber una distribución discrecional del dinero.
 
La Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a cargo de Horacio Pitrau, anunciará en los próximos días una serie de recomendaciones a los sindicatos en lo relativo a la transparencia y a la institucionalidad. Será una suerte de advertencia para cumplir internamente con los procesos electorales, los cupos y garantizar la participación de las minorías. "No es gratis hacer un paro. Debemos continuar con la gestión", justificó la réplica un ministro de Mauricio Macri.
 
La embestida del oficialismo traza un curioso paralelismo con una de las causas que desencadenaron en el primero de los 13 paros de la CGT al gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en 1983 envió al Congreso el proyecto de ley de reordenamiento sindical, que introducía, entre otros cambios, la participación de las minorías en la conducción de los gremios. La iniciativa no prosperó y derivó en la renuncia de Antonio Mucci, su ministro de Trabajo.
 
Cerca de Triaca rechazaron cualquier tipo de comparación con aquel proyecto. "No estamos discutiendo normativas nuevas, no es un cambio en la ley. Queremos que se cumpla la normativa vigente en cuanto a los cupos femeninos, juntas electorales, asambleas. Hay seccionales de gremios grandes que tienen muchísimas irregularidades", dijo a LA NACION un funcionario del Ministerio de Trabajo.
 
Por Nicolás Balinotti
 
Fuentes: La Nación, BAE Negocios y LOP
 

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24-04-2018 / 12:04
El gobierno de Mauricio Macri, una alianza política de conservadores y radicales, acaba de pisar, probablemente, la línea que lo separaba de su decadencia política.
 
La pérdida de sintonía fina con el impiadoso e inconmovible aumento de las tarifas, en un contexto de inflación por encima de las metas oficiales, falta de ingreso de inversiones genuinas y sequía que afecta al principal sector, el agroindustrial, que trae dólares para que la economía funcione, encamina la experiencia de Cambiemos al colapso, semejante en proporciones pero muy diferente al que en 2012 marcó el comienzo del final del malabarismo K, apenas un año después de conseguir la reelección de CFK con el 54% de los votos.
 
Y es distinta porque hace seis años la clase media salió a la calle, inéditamente, para decir "basta" a la intolerancia seudo izquierdista del kirchnerismo pero ahora el límite se está gestando sin manifestaciones, lo que, al ser menos visible, es tanto peor para una administración que ha comenzado a despeñarse en la necedad o, peor aún, en practicar la contumacia en el error.
 
Todo lo que hace el Gobierno conspira en contra de la reactivación económica, sin poder domar la inflación. De hecho, una encuesta de la consultora Opinaia encontró que el 45% de la población consideró que este año perderá poder adquisitivo y, como en economía las expectativas juegan un rol relevante, esa constatación puede tener coletazos perversos.
 
Lo cierto es que el manejo gubernamental del macrismo es una proyección del viejo y anticuado management verticalista de las grandes empresas, en cuya armadura no figuran las percepciones sociales ni comunicacionales ni políticas.
 
De ese modo, el gobierno de Cambiemos está encerrado en su lógica y desestima cualquier crítica porque, postula, proviene de la "vieja política", es decir, los viejos trucos de los necrosados partidos, como el peronismo o el radicalismo, o las izquierdas de todo pelaje.
 
Por esas razones, se acumulan los indicios, significativos y contundentes, de que la experiencia Cambiemos de Macri ha iniciado el proceso de pérdida de apoyo de la clase media, lo que comienza a poner en duda la reelección en 2019 y, en cambio, abrir un período de cambios inesperados en el recambio político, ya que la clase media en la Argentina ha demostrado que sus apoyos son solo temporales.

23-04-2018 / 10:04
"Este es el último aumento de tarifas que hay." La frase del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, un dirigente calmo y centrado que suele ser una voz racional en momentos de turbulencia, sonó extemporánea cuando todavía no se acallaron las protestas y los sinsabores del incremento de tarifas que colocaron en tensión al macrismo hacia fines de la semana pasada.
 
Se trata, sin embargo, de un planteo contradictorio con lo anunciado por el propio ministro de Energía, el polémico Juan José Aranguren, quien ya blanqueó que el cronograma de la quita de subsidios terminará recién en octubre de 2019, por lo que hasta entonces continuarán las subas. Además, en mayo está previsto un nuevo incremento del servicio de agua que brinda AySA; y hacia finales de año, entre octubre y noviembre, debería aplicarse el segundo reajuste semestral en las tarifas de gas y de electricidad.
 
Las declaraciones de Pinedo fueron reproducidas por los medios masivos ultra macristas, como Clarín, Las Nación e Infobae, sin ningún cotejo con los anuncios oficiales hechos por el mismo Gobierno.
 
Está claro que lo que Pinedo salió a plantear es parte del libreto duranbarbista del optimismo permanente macrista: que la inflación se va a reducir en el segundo semestre y, por lo tanto, los próximos incrementos van a ir acompasados a ese número sin saltos ornamentales de alturas siderales. Dicho en estas horas, parece más una frase destinada a los anales de la mentira.
 
La Opinión Popular

23-04-2018 / 09:04
En línea con el traspié que sufrió el miércoles la oposición en la Cámara de Diputados nacional, tampoco logró prosperar una sesión especial en la Cámara baja bonaerense, impulsada por bloques del justicialismo y del Frente Renovador (FR), para tratar una veintena de proyectos que buscan reducir la carga impositiva en las facturas de gas y luz de los usuarios locales.
 
Pero la polémica por la suba de tarifas no sólo tuvo su correlato legislativo en Buenos Aires. En Santa Fe, la Legislatura provincial se convirtió hace tiempo en una caja de resonancia por este tema. Y hay ejemplos diversos de proyectos que proponen congelar las tarifas. Y en La Pampa, los diputados Espartaco Marín y Lucrecia Barruti, junto a otros legisladores del PJ, presentaron en la Legislatura provincial un proyecto.
 
La Administración Provincial de Energía de La Pampa aseguró que la Provincia tiene que "cubrir los baches que deja Nación" en relación al sistema energético.
 
Sin embargo, quienes viven en la ciudad de Buenos Aires tienen todavía las tarifas más bajas del país. Un usuario promedio de Edenor o de Edesur con un consumo mensual de 150 KWh pagó en diciembre pasado 8,84 milésimos de dólar por KWh (antes de la última tanda de aumentos), según el último informe de la consultora Montamat & Asociados. Al mismo tiempo, un santafesino debía desembolsar por la misma cantidad de electricidad US$141,6 milésimos y un cordobés, US$148,7 milésimos.
 
Así están las cosas con el gobierno centralista de Mauricio Macri.
 
La Opinión Popular

23-04-2018 / 09:04
Marcos Marcelo Mindlin, amigo íntimo del presidente Mauricio Macri, es uno de los que hará punta desde el martes con las Participaciones Público-privadas (PPP), la nueva alquimia a la que apuesta el Gobierno de los Ricos para llegar a las elecciones del año que viene con la obra pública a toda velocidad y, supuestamente, sin gastar un peso del Tesoro.
 
Mindlin, el dueño del mayor conglomerado energético del país, cuyo patrimonio se agrandó al calor del tarifazo de su amigo Macri, que concentró las críticas de opositores y oficialistas, moverá para eso la última pieza que sumó a su tablero: la constructora SACDE. Es el nuevo nombre que él y sus socios le pusieron a IECSA, la histórica constructora de Franco Macri que condujo, en los papeles y para cuidar las apariencias, Ángelo Calcaterra, desde que su primo Mauricio se lanzó a la política.
 
Los contactos fluidos de Mindlin con Macri le da una ventaja difícil de descontar a la hora de quedarse con contratos donde el dinero lo adelanta el contratista y el riesgo ante los prestamistas lo asume el propio Estado, aunque sin que se compute como deuda externa.
 
El mecanismo funciona parecido al de los ferrocarriles construidos por los ingleses a principios de siglo XX: el privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de la propia obra. Si es un tren, lo opera directamente o retiene los pasajes como garantía de cobro. Si es una ruta, cobra el peaje o se asegura que se lo giren. Si no tiene ganancias suficientes, el Estado le garantiza el recupero emitiendo pagarés a su nombre.
 
El puntapié inicial de las PPP argentinas iba a ser hoy, mientras tanto, el Gobierno negocia ventajas de último momento para tentar a los inversores. Ya les condonó el impuesto a las Ganancias y el IVA, aumentó un 50% los peajes en cuatro de los corredores que se licitarán y los habilitó a realizar "importaciones temporarias" de equipos y materiales.
 
Pero lo principal que reclamaban (y obtuvieron) los potenciales inversores es el derecho a litigar en tribunales extranjeros contra el Estado argentino, como hicieron los bonistas buitre que no aceptaron la quita de los canjes de deuda de 2005 y 2010. 
 
Las PPP fueron evaluadas negativamente por el Comité de Auditores de la Unión Europea, que acaba de advertir "demoras y sobrecostos en casi todos los casos" y "deficiencias extendidas" en el mecanismo que se apresta a abrazar el país. Su informe, de 79 páginas, puntualiza que "por el tamaño de los proyectos, pocas empresas pueden hacerlos" y que "el sistema incentiva proyectos más grandes de lo necesario". También calcula que se termina pagando más de lo presupuestado.
 
La Opinión Popular

22-04-2018 / 19:04
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