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Por Natalio R. Botana. Historiador y politólogo
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Entre Ríos - 20-03-2017 / 12:03
EL LEGÍTIMO RECLAMO DE LOS TRABAJADORES OCUPÓ EL CENTRO DE LA HISTÓRICA

Documento de la multisectorial de Concepción del Uruguay contra el ajuste macrista

Documento de la multisectorial de Concepción del Uruguay contra el ajuste macrista
La unidad de los trabajadores hizo vibrar el centro uruguyense cuando este viernes alrededor de las 20 horas, compañeros nucleados en diferentes entidades sindicales unieron su voz para exigir al Gobierno por la educación, la salud, el trabajo y porque deben garantizar un salario que dignifique la vida de todos los trabajadores. El punto de partida elegido fue sobre calle San Martín, frente al Centro Cívico en una marcha que fue convocada por los gremios locales enrolados en la CTA Autónoma Entre Ríos y la CGT. Todos: ATE, Uocra, Alimentación, Luz y Fuerza, Sindicato de Empleados de Comercio, Sadop, STIA, Molineros, Agmer y CGT Uruguay marcharon juntos.
Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales que estamos presentes en esta manifestación pública nos convocamos para dirigir nuestras voces a la ciudadanía con una única consigna, la cual no es otra que la incansable defensa de la Educación, la Salud y el Trabajo, auténticos pilares de toda sociedad que lucha por la igualdad y la justicia social para el conjunto de la población.
 
No es casual para nosotros hablar precisamente de Educación, de Salud y de Trabajo, pues se trata de los ámbitos que en este último tiempo vienen siendo más golpeados por una crisis que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, lejos de querer buscarle soluciones, están colaborando decididamente en su profundización, y con ello, en el crecimiento de los cada vez más alarmantes niveles de desigualdad entre los argentinos.
 
Queremos expresar en primer lugar nuestra profunda solidaridad con la lucha que están sosteniendo los trabajadores docentes, quienes se enfrentan al ninguneo y las persecuciones patronales en una pelea que no es solamente por salarios, sino que también brega por el futuro de la educación pública, a la que reivindicamos como la mejor de las herramientas para transformar la vida de nuestros gurises y generar mayor igualdad de oportunidades.
 
Exigimos al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Educativo y convoque a paritaria nacional, terminando de una vez por todas con las dilaciones y mentiras que tienen al ministro Esteban Bullrich como principal protagonista. Reiteramos una vez más que la discusión salarial debe romper el techo que los gobernadores de diferentes signos políticos, entre ellos Gustavo Bordet, han acordado en consonancia con la bajada de línea del gobierno nacional, techo que dista mucho de corresponderse con el deterioro en el salario real que ha sufrido la docencia entrerriana.

 
Repudiamos enérgicamente la magra recomposición salarial propuesta por el gobierno provincial, la cual contempla apenas un 6% de aumento para el mes de marzo, cifra que se encuentra muy por debajo de la pérdida de poder adquisitivo experimentada como consecuencia del aumento en el costo de vida durante el segundo semestre de 2016 y que, si se suman los tramos restantes, está lejos de contemplar las previsiones inflacionarias para lo que queda de 2017.
 
Al mismo tiempo, denunciamos las prácticas intimidatorias del gobierno provincial, el cual ha enviado a delegados de la Secretaría de Trabajo a las escuelas para recolectar datos sobre los docentes adheridos a la huelga en un claro gesto antisindical que no tiene precedentes en más de tres décadas de democracia.
 
Tampoco podemos decir que el sistema de salud permanezca ajeno a las políticas de ajuste que son implementadas desde diferentes esferas de Estado. Vemos con enorme preocupación los recortes aplicados por el gobierno nacional sobre el Programa REMEDIAR. Este plan sanitario, que surgió hace quince años como respuesta a la emergencia social y sanitaria que dejó la crisis de 2001, tiene como destinatarios a los ciudadanos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y a aquellos que no cuentan con cobertura de obra social, lo cual comprende en total a más de un tercio de la población, aquellos argentinos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social. Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación decidió de manera absolutamente injustificada poner un freno a la provisión gratuita de la mayoría de los medicamentos ambulatorios, lo cual pone en riesgo la continuidad del Programa Remediar y con ello la posibilidad de acceso a estos medicamentos por parte de millones de argentinos.
 
También hacemos manifiesta nuestra indignación ante la aguda crisis que experimentan actualmente los establecimientos de salud pública, siendo el mayor de los problemas la alarmante falta de profesionales y de insumos en los hospitales y centros de salud. Denunciamos que en el último año se han registrado subejecuciones presupuestarias cercanas al 50% de las partidas que el Estado nacional debe destinar a las políticas sanitarias de acuerdo con la Ley de Presupuesto.
 
 Esto va de la mano con una política cómplice del Estado provincial, el cual elude responsabilidades básicas en el mantenimiento y la ampliación de las prestaciones en salud, llegando incluso a ocultar datos estadísticos sobre los indicadores epidemiológicos que atestiguan el progresivo deterioro del sistema sanitario, problemática que encuentra a la clase trabajadora y a los sectores más humildes como principales víctimas
 
Por su parte, otro de los frentes donde seguiremos sosteniendo nuestra pelea contra las políticas de ajuste es en el terreno laboral. Allí denunciamos los despidos masivos que se vienen produciendo en nuestro país, tanto en el sector público como en el privado, los cuales según diferentes estimaciones ascienden a cientos de miles en el último año y medio. Este flagelo conduce de manera indefectible a un alarmante aumento de la desocupación y con ello al crecimiento de la pobreza y la indigencia en nuestro país.
 
En nuestra ciudad, los casos emblemáticos de los trabajadores del frigorífico Tres Arroyos y de la emisora LT11, donde se han realizado descuentos por acciones gremiales o se ha puesto en riesgo la estabilidad laboral, dan cuenta de que este proceso de ajuste no distingue rubros y que afecta tanto a los trabajadores estatales como a los del sector privado, sumándose a ello otros tantos ejemplos en la provincia y en el país.
 
En tal sentido, observamos que las definiciones políticas de los gobiernos nacional y provincial apuntan en dirección opuesta a los intereses de la clase trabajadora y de los sectores más desprotegidos. Tal es así que el presidente no ha vacilado en vetar normas que fueron sancionadas por el Poder Legislativo con el objetivo de paliar los efectos de la crisis, como lo son la ley antidespidos, que buscaba poner un freno a la creciente pérdida de puestos de trabajo, y la ley de expropiación del hotel BAUEN, el cual es administrado desde hace más de una década con dignidad y sacrificio por sus trabajadores luego del abandono por parte de los propietarios originales. En tanto, el gobernador no se ha quedado atrás en el interés por garantizar los negocios de los sectores más privilegiados, manteniendo y en algunos casos profundizando las medidas impositivas que eximen a los grandes empresarios de tributar al Estado, al mismo tiempo que se agudizan los incrementos en las tarifas que debe pagar el grueso de la población, incrementos que no guardan la más mínima correspondencia con las propuestas salariales presentadas a los trabajadores estatales.
 
Por todo lo señalado, el mes de marzo nos encuentra unidos como trabajadores, a través de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales, firmemente dispuestos a pelear por mayor justicia social y por un inmediato cambio en el rumbo de las políticas económicas que no dejan de golpear a los sectores más débiles y vulnerables. Reiteramos que no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste, como lo han decidido tanto Macri como Bordet, y ratificamos nuestra convicción de que la única forma de superar esta alarmante situación que atraviesa la población argentina es a través de medidas económicas redistributivas y de políticas de promoción de la igualdad social que impidan a los sectores más concentrados del capital agropecuario, industrial y financiero seguir garantizándose altas tasas de ganancia a costa del sacrificio de los trabajadores.
 
FUENTE: PRENSA ATE SECCIONAL URUGUAY 
 

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